Ángel Gabilondo está al frente de la Oficina del Defensor del Pueblo que, con el respaldo parlamentario, investigará los casos de pederastia en el seno de la Iglesia. Javier Cremades pilotará la auditoría independiente encargada por el Episcopado al bufete de abogados Cremades & Calvo Sotelo. Dos respuestas, la de la política y la de la jerarquía católica, a un clamor amplificado por el Vaticano que ha obligado a asumir responsabilidades. Tarde y mal, se quejan las víctimas, que recelan del excandidato socialista por su pasado como religioso y del abogado y ‘amigo’ del Ibex 35 por su presente en el Opus Dei.
Con la única oposición de Vox y UPN, el pleno del Congreso aprobaba el 10 de marzo la proposición no de ley del PSOE y PNV para abrir una investigación sobre los casos de pederastia en el seno de la Iglesia liderada por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, que contará con una comisión independiente de expertos de la que también formarán parte las víctimas y a la que se ha invitado a participar a los eclesiásticos.
El 22 de febrero, la Conferencia Episcopal (CEE) informaba en rueda de prensa del proyecto encargado al bufete de abogados Cremades & Calvo Sotelo para que realice una auditoría independiente acerca de los informes e investigaciones sobre los casos de abusos a menores en el seno de la Iglesia española.
Gabilondo ha asegurado que trabajará con “transparencia” y “discreción” por respeto a las víctimas
La iniciativa política salía adelante con un amplio acuerdo; Unidas Podemos, ERC y EH Bildu desistían de su propuesta para crear una comisión parlamentaria y, tras días de negociaciones, alcanzaron un pacto con socialistas y jetzales al que acabó sumándose el PP. Ese acuerdo llegaba semanas después de que el Episcopado tomara la delantera con un anuncio que pretende responder no sólo a la demanda de las víctimas, a las que acababan de recordar que “hay casos en federaciones deportivas, ¿se ha pedido una investigación general al COE o a la FIFA?”, dijo el portavoz de la CEE, Luis Argüello. Sobre todo pretendía responder a la presión del Vaticano que, el pasado diciembre, tras recibir el informe de El País con al menos 1.237 víctimas y 251 clérigos responsables de los abusos, iniciaba su propia investigación en España.
Así las cosas, no hay una sino dos investigaciones en marcha. Sin embargo, aunque las víctimas celebran que por fin se asuma una tarea largo tiempo ignorada, recelan de la vinculación con la Iglesia de sus protagonistas, que confían en las palabras de Jesús en el Evangelio según San Mateo –“por sus obras los conoceréis”– para acabar ganándose su confianza.
Miembros de una Iglesia
A Ángel Gabilondo se le conocía su trayectoria profesional como profesor de Metafísica y rector –llegó a ser presidente de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE)– y su experiencia política como Ministro de Educación, como portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid y como candidato socialista en las dos últimas convocatorias electorales en la región. Pero desde que el presidente Sánchez pusiera en manos del ahora Defensor del Pueblo la comisión de investigación sobre la pederastia en el seno de la Iglesia, en su currículo destaca su pasado religioso.
Gabilondo fue hermano de la orden del Sagrado Corazón hasta finales de los 70 y profesor en sus colegios de Vitoria y Madrid en la época en que tuvieron lugar los abusos de antiguos alumnos. “Yo no tuve conocimiento de ningún caso”, de haberlos conocido “los hubiera denunciado”, declaraba a Europa Press cuando las víctimas alertaron de esta trayectoria personal y profesional y hablaron de una posible falta de “independencia”.
Algo parecido ha ocurrido con Javier Cremades, presidente del bufete a cargo de la auditoría encargada por el Episcopado. En la rueda de prensa donde acompañó al presidente de los obispos, Juan José Omella, para anunciar la iniciativa, el abogado se apresuró a decir que es “católico, miembro del Opus Dei. Por eso tengo pleno convencimiento de que la Iglesia debe ir hasta el final, hasta el fondo, investigar, pedir perdón si es necesario y rectificar todo aquello que sea necesario”. Su vínculo con la institución católica, insistió, no implica que “haya un conflicto ni dificultad”.
Él fue quien creó, con el entonces todopoderoso presidente de la CEE, Antonio María Rouco Varela, la Fundación Madrid Vivo. Fue en 2006 y, entre los dos, recabaron el apoyo de las grandes fortunas del país para financiar la Jornada Mundial de la Juventud que trajo a Madrid a Benedicto XVI en 2010.
El Siglo detallaba entonces cómo articularon una de las más selectas listas de patronos. Primero fue Iñigo de Oriol, presidente ejecutivo entonces presidente de la Fundación Iberdrola. Después vendrían Emilio Botín (Santander) y César Alierta (Telefónica) y, en poco tiempo, se fueron sumando gran parte de los 35 del Ibex. Al patronato se sumaron Rodolfo Martín-Villa, entonces presidente del Consejo de Administración de Sogecable y la Fundación Endesa; Juan Abelló, presidente de Torreal –aún sigue en el patronato–; Santiago Ibarra, consejero de Vocento; Felipe Benjumea, presidente de Abengoa; Isidro Fainé, presidente de La Caixa; o Isabel Estapé, miembro del consejo de Administración de Criteria Caixa Corp.
Hoy en día, el presidente de honor de la Fundación Madrid Vivo es el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, Cremades es el presidente ejecutivo y en el patronato aparecen nombres como los de Jacobo González Robatto, expresidente de Pescanova y padre del senador de Vox del mismo nombre; Baldomero Falcones, expresidente de FCC; Jaime de Jaraíz, Presidente y CEO en LG Electronics; Tomás Pascual Gómez-Cuétara, presidente de Pascual; Juan Luis Cebrián, exdirector de El País y Prisa; o los expolíticos del PP José María Álvarez del Manzano, Alberto Ruiz-Gallardón y José Antonio Vera.
Los últimos serán –o no– los primeros
Omella ha anunciado que las investigaciones en marcha contarán con la colaboración de la Iglesia para aportar la información de la que disponga. Tarde para muchas víctimas –hay delitos que han prescrito– y para una institución que hace tiempo que empezó a asumir su culpa en el resto del mundo.
España es, con Italia, el único país de fuerte arraigo católico donde la Iglesia se ha resistido a atender las denuncias de abusos a menores. La única investigación sobre la pederastia perpetrada por religiosos contra niños, niñas y adolescentes es la ya mencionada de El País, que dio comienzo en 2018 y en la que sólo han colaborado nueve de 31 diócesis involucradas.
Cremades ha defendido que no habrá “conflicto ni dificultad” en la auditoría porque él sea católico
En la vecina Francia, la Comisión Independiente sobre Abusos en la Iglesia Católica (Ciase) hacía público su informe final el pasado mes de octubre, reportando al menos 216.000 menores víctimas de pederastia en el seno de la Iglesia católica en los últimos 70 años, 330.000 teniendo en cuenta a verdugos laicos como profesores, catequistas o responsables de movimientos juveniles. Unos datos “abrumadores” que, sin embargo, representan una “estimación mínima”, decían sus autores durante la presentación.
La primera de las grandes investigaciones, que arrancó en 2002 en el periódico The Boston Globe –da cuenta de ella la estremecedora película Spotlight–, continuó en una universidad de Nueva York y se remontó al año 1950, identificó a 10.667 personas que acusaban a 4.392 religiosos de la Iglesia católica de Estados Unidos de haber abusado de ellas siendo menores. Fue un escándalo que impactó en los cimientos del Vaticano –se demostró que conocía algunos de los casos y no hizo nada– y acabó con indemnizaciones de miles de millones a las víctimas y la acusación del excardenal Theodore McCarrick, que abusó de un joven de 16 años en 1974.
Lo próximo será la investigación en Portugal. El pasado mes de noviembre, la Conferencia Episcopal lusa decidía en su Asamblea Plenaria la creación de una comisión para abordar un “estudio histórico” sobre los abusos a menores y personas adultas vulnerables en el seno de su Iglesia. En el mes de enero, anunciaba una comisión independiente que investigará todos los casos de pederastia cometidos por religiosos desde 1950 hasta 2022.
Un psiquiatra coordina un grupo de trabajo del que forman parte un exministro de Justicia, una cineasta, una socióloga, una terapeuta familiar y otro psiquiatra. Su objetivo es concluir el estudio antes de fin de año y remitir los casos a la Fiscalía General. Porque de eso se trata. En Portugal y en España. Si el resultado de la investigación no acaba en manos de la Justicia, no habrá una reparación real y digna de las víctimas.
