J.Q.
La semana no ha sido fácil para el gobierno castellanoleonés. La jornada del lunes se saldó con once policías heridos y un detenido en la protesta ganadera llevada a cabo en Salamanca, a las puertas de la delegación de la Junta de Castilla y León en la provincia, que los manifestantes intentaron asaltar. Los ganaderos dejaron claro durante la protesta que boicotearían los saneamientos (inmovilización y sacrificio de reses) contra la tuberculosis bovina a partir del próximo 12 de junio si las Administraciones no modifican los actuales protocolos. La violenta protesta llegaba después de que la consejería de Agricultura, dirigida por Vox, les hiciera creer que podía revertir la legislación sanitaria, tanto española como europea, al respecto y que la justicia lo impidiera.
Tan sólo un par de días después, el presidente del Sindicato Veterinario de Castilla y León, Manuel Martínez, exigió la dimisión del consejero de Agricultura de Vox, Gerardo Dueñas, por los “graves perjuicios” provocados al sector ganadero y por poner en riesgo “la salud pública” al rebajar los controles a la tuberculosis bovina. Medida que, por otro lado, ha sido rectificada ya por el Gobierno central. “Si la Junta hubiera seguido el consejo de los veterinarios y la ciencia no se habría llegado a este lugar”, han explicado los veterinarios.
El Sindicato, además, ha advertido de las multas que la UE podría imponer a España en caso de incumplir la normativa europea de sanidad animal. Asimismo, los veterinarios cifran en casi cuatro millones de euros las pérdidas que ya han sufrido los ganaderos en los diez días que la cabaña de seis provincias ha estado inmovilizada por orden ministerial al no cumplir con los requisitos sanitarios.
