M. C.
A Yolanda Díaz le empieza a costar sacar adelante los acuerdos con patronal y sindicatos. La ministra de Trabajo es el principal activo político de Unidas Podemos en el Gobierno, la que más y mejores noticias ha proporcionado, engrasando un Diálogo Social, especialmente con la CEOE de Antonio Garamendi, que empieza complicarse. Díaz ha tenido que rebajar sus pretensiones para cerrar un acuerdo sobre el teletrabajo y todavía queda mucho por negociar para lograr un acercamiento sobre los ERTE, a punto de vencer. En Trabajo sospechan que Garamendi y su equipo empiezan a tomar posiciones para el meollo de este curso político: la ‘contrarreforma’ laboral.
“Quizás esta ha sido la negociación más difícil y más compleja de las que hemos llevado adelante”. Así se expresaba Yolanda Díaz sobre el acuerdo para regular el teletrabajo que el consejo de ministros aprobaba esta semana. La ministra de Trabajo lo achacaba a la complejidad técnica de la norma, pero no es menos cierto que en las últimas semanas la patronal, liderada por Antonio Garamendi, ha subido el listón en las conversaciones con el ministerio y con CCOO y UGT.
El Diálogo Social funciona, sí. Pero está costando cada vez más sacar adelante los acuerdos, y el relativo al teletrabajo tenía muchas papeletas para enquistarse si Díaz y su equipo no hubieran transigido con algunas cuestiones centrales favorables a los intereses de la patronal
Desde el ministerio se defiende que son ya cinco los acuerdos que se han forjado con los agentes sociales. El diálogo social funciona, sí. Pero está costando cada vez más sacar adelante los acuerdos, y el relativo al teletrabajo tenía muchas papeletas para enquistarse si Díaz y su equipo no hubieran transigido con algunas cuestiones centrales favorables a los intereses de la patronal. La principal es que la nueva norma no se aplicará al teletrabajo que se ha puesto en marcha a causa de la pandemia. La empresa deberá dotar a los trabajadores de los medios necesarios, sí, pero será en la negociación colectiva donde se fije cómo se compensan los gastos en que se incurra.
El texto final también incluye otra demanda de la patronal: el porcentaje de horas desempeñadas fuera del lugar de trabajo para que se considere así. El decreto contempla que sea un mínimo del 30% de las horas, un porcentaje superior al que se contemplaba inicialmente. En otras palabras: será necesario teletrabajar más de un día a la semana para que se considere así, con lo que se quedan fuera las empresas que ya venían teletrabajando así antes de la pandemia, algo relativamente frecuente sobre todo entre las más importantes. Así las cosas, la empresa dejaría de tener obligaciones con respecto al empleado a la hora de asumir costes, entre otras cuestiones.
Garamendi, al ataque
La semana pasada, Garamendi intervenía en la asamblea de la patronal madrileña, CEIM, y concedía varias entrevistas en las que dejaba claro que ha pasado a la ofensiva, que la docilidad y la buena disposición con la que asumió la subida del SMI cuando el gobierno tomó posesión ha quedado atrás. El líder de la CEOE criticaba que el Gobierno está abriendo “muchos melones” sobre los que no es momento de hablar, como el teletrabajo.
“No compartimos ese ansia por legislar ya el teletrabajo. Deberíamos gestionar esa ley con más tranquilidad”, apuntaba el líder empresarial. La única forma de conjugar la prisa de Trabajo y los sindicatos por legislar con la desgana de la patronal sobre este asunto ha sido poner el listón bajo, como señalan fuentes conocedoras de la negociación, haciendo concesiones a CEOE. Además, Garamendi demandaba al ministerio que informe convenientemente del coste de los ERTE, tanto en prestaciones como en exoneraciones, para poder negociar su prórroga. Trabajo, por su parte, niega la mayor y asegura que la patronal ha dispuesto de esa información desde el primer momento.
Pero según Garamendi, había todavía algo “más grave”: que el Gobierno esté anunciando cambios en la reforma laboral, creando inseguridad jurídica cuando lo que se necesita es confianza. “No sabemos si van a cambiar una norma u otra. Esto es ir en la dirección contraria a lo que debiéramos”, ha avisado. Todo esto lo decía Garamendi en una asamblea, la de CEIM, en la que coincidía con el líder del PP, Pablo Casado, con el que asegura que mantiene una interlocución frecuente.
El escollo de la reforma laboral
En Trabajo aseguran que las diferencias que existen entre las tres patas del diálogo social se solventarán y habrá acuerdo en pocos días sobre los ERTE. Hoy por hoy las diferencias giran en torno a quién recibiría mayores exoneraciones -si los trabajadores que entran o los que salen de los ERTE- y si hay que compartimentar los ERTE por sectores y en qué grado. Una propuesta, la sectorialización, que, por cierto, partió de la patronal y que ahora la propia CEOE está abandonando ante la presión interna en la organización de las empresas y sectores que corren el riesgo de quedarse fuera. Un elemento éste, la presión interna que explicaría en buena medida la dureza que está exhibiendo Garamendi en las últimas semanas.
En el sector morado del Gobierno tienen claro que la patronal no es una institución unívoca, que la organización en Andalucía no es igual que la patronal catalana, la madrileña o la vasca, por ejemplo. Y que Garamendi tiene que gestionar presiones de todo tipo. Además, en Trabajo asumen que la posición de la CEOE es la lógica para estirar las negociaciones y arañar algún elemento favorable en el acuerdo final. Pero también tienen claro que en las negociaciones del acuerdo del teletrabajo y de los ERTE -que se prevé cerrado en los próximos días- se están tomando posiciones para el plato fuerte del curso político: la reforma laboral.
El Gobierno y, en especial, Unidas Podemos se juegan mucho en la negociación de la reforma laboral. Es una de las banderas del Ejecutivo de coalición y las hipotéticas concesiones que pueda recibir la patronal para cerrar el acuerdo pueden erosionar gravemente su capital político y la relación con los sindicatos. La posición de partida es prácticamente común entre Trabajo, CCOO y UGT. El ministerio y las centrales sindicales tienen claro que los ejes de la contrarreforma laboral pasan por recuperar el papel de la negociación colectiva y limitar las posibilidades de descuelgue de las empresas de los convenios. Pero la negociación será larga y con muchas curvas.
En la vicepresidencia segunda ven complicado que Garamendi asuma una posición de bloqueo. A lo largo de estos meses, en el sector morado del Gobierno han percibido en la patronal voluntad de llegar a acuerdos. Garamendi quiere influir, no quedarse fuera de los acuerdos. Pero la negociación va a ser larga y, hoy por hoy, todas las opciones están abiertas.
