Sin Maldad / José García Abad
La cuestión catalana ha estado siempre presente en la CEOE. Su primer presidente fue el catalán Carlos Ferrer Salat. Su sucesor, su presidente de máxima duración, José María Cuevas, castellano de origen palentino, marcó una cultura beligerantemente “españolista”, hasta que, invalidado su delfín Gerardo Díaz Ferrán por sus delitos que le llevaron a la cárcel, tuvo que tragar con Joan Rosell, catalanista próximo a Unión Democrática de Cataluña, marcado estrechamente por el vasco españolista Antonio Garamendi.
Éste, que perdió las elecciones frente al catalán por unos pocos votos, encabezó la oposición madrileña durante el mandato de Rosell, a quien sucedió en el sillón de la madrileña sede de la calle Diego de León, cuando éste se retiró en 2018. Ahora se da la paradoja de que Garamendi, con su declaración en favor de los indultos, se haya convertido en la bestia negra de Pablo Casado, envuelto en la bandera española.
Garamendi trata de moverse con pies de plomo en este embrollo limitándose a apelar a la Constitución y a la legislación vigente. «Lo que hay que hacer –me comentó en una charla para mi libro ‘Las Caras y los caras del capitalismo español’– es lo que está dentro de la ley, que es igual para todos, pero dentro de ese espacio cabe todo. Hay que dialogar evitando planteamientos cortoplacistas».
Insiste Garamendi en que la CEOE no es política, pero no puede abstraerse de lo que afecta al interés general e insiste en la necesidad de pactos de Estado por encima de los intereses partidarios
«Si las cosas se normalizan, bienvenidos sean» –sostuvo en una entrevista en RTVE–. Explicó que los indultos son una herramienta que se encuentra reconocida en nuestro marco jurídico y que es una facultad del Ejecutivo concederlos. «Hay opiniones diversas –reconoció– pero los indultos están dentro del Estado de Derecho».
Garamendi afeó al presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, que no estuviera presente en la cumbre de España e Italia en Barcelona organizada por la propia CEOE y Foment del Treball Nacional, la patronal catalana de la que fue dirigente Rosell, integrada como una organización territorial más en la Confederación Española y cuyo presidente, Josep Sánchez Llibre, nacionalista moderado próximo a lo que fue Unión Democrática de Cataluña, es vicepresidente de CEOE.
Foment es la patronal más importante de Cataluña, la más antigua de Europa, fundada en 1771. Ha sido siempre una referencia catalanista pero no separatista, aunque hay dentro de la misma empresarios que sí lo son. Y es, ciertamente, como el brazo catalán de la CEOE.
Ante el alboroto organizado, Garamendi matizó sus palabras en los cursos que organiza la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) en la Universidad Menéndez Pelayo, de Santander. Negó que la patronal apoye la concesión de los indultos y, remarcó que la CEOE “no ha hablado ni va a hablar sobre ello”.
La cuestión catalana
Las grandes asociaciones empresariales catalanas están divididas en razón de sus respectivas posiciones acerca del independentismo, una división agudizada tras la sentencia del ‘procés’ que encarceló a los dirigentes independentistas por sedición. La Cámara de Comercio, ‘la Cambra’, la Feria de Comercio, ‘la Fira’, de Barcelona, son beligerantes a favor del independentismo y el Cercle de Economía a favor del mantenimiento de la legalidad. Las cámaras no son en sentido estricto asociaciones empresariales. Son organismos de entidad pública en las que participan los empresarios, que tienen una regulación estatal que dependen de la Secretaría de Estado de Comercio.
Obviamente, la Confederación Española de Asociaciones Empresariales no puede estar ajena al problema catalán. No lo estuvo en tiempos del madrileño José María Cuevas, del catalán Juan Rosell ni puede estarlo en los del vizcaíno Antonio Garamendi, en un momento en que han huido de Cataluña más de 4.000 empresas, incluida Caixabank, el primer banco de España.
Garamendi trata de moverse con pies de plomo en este embrollo limitándose a apelar a la Constitución y a la legislación vigente. “Lo que hay que hacer –me comentó en una charla para mi libro ‘Las Caras y los caras del capitalismo español’– es lo que está dentro de la ley, que es igual para todos, pero dentro de ese espacio cabe todo. Hay que dialogar evitando planteamientos cortoplacistas. Insisto en que hay que primar lo que nos une sobre lo que nos separa”.
CEOE no es política pero adopta posiciones que sí lo son
“Nos ocupamos de los convenios –me explicó en dicha entrevista– pero como institución que entiende que su principal función es la defensa de los intereses de los empresarios también nos consideramos una institución de la sociedad civil empeñados en el bienestar de todos los españoles. De hecho, estamos convencidos de que el interés de los empresarios es el bienestar de todos, empezando por la paz social. Por eso hablamos no sólo de convenios, sino también de medio ambiente, de energía, de política industrial, de estabilidad política, de educación, y sostenemos que hay que poner a las personas en el centro de todas las políticas”.
Insiste Garamendi en que la CEOE no es política, pero no puede abstraerse de lo que afecta al interés general e insiste en la necesidad de pactos de Estado por encima de los intereses partidarios. “Cómo no vamos a interesarnos por las pensiones y lamentar que el Pacto de Toledo haya saltado por los aires, una cuestión de largo alcance que hay que afrontar dialogando con serenidad. O de cómo gestionar la inmigración. O de la necesidad de llegar a un consenso para una reforma profunda de la educación abordando seriamente la formación dual, la formación continua… E incluso debemos abordar otros aspectos que parecen ajenos a la economía pero que repercuten en la confianza ciudadana, como la renovación del Tribunal Constitucional, la CNMC o el Consejo General del Poder Judicial.
Insiste en que en CEOE no son políticos pero tienen mucho que decir y que aportar siempre desde tres grandes requisitos que expresa de la siguiente forma: “Primero: independencia para ser libres y decir lo que queremos. Segundo: con sentido de Estado. Nos podemos equivocar pero que nadie pueda decir que lo hemos hecho con mala fe. Y tercero, lo que es un punto clave que está faltando en España y que yo lo pongo siempre encima de la mesa: lealtad. Somos leales al presidente del Gobierno sea quien fuere, el que decidan los españoles. Nuestra obligación como institución que representa una parte fundamental de la sociedad civil es ser leal con el Estado”.
Lleva ejerciendo la profesión de periodista desde hace más de medio siglo. Ha trabajado en prensa, radio y televisión y ha sido presidente de la Asociación de Periodistas Económicos por tres periodos. Es fundador y presidente del Grupo Nuevo Lunes, que edita los semanarios El Nuevo Lunes, de economía y negocios y El Siglo, de información general.
