El Acento/ Inmaculada Sánchez.
Ya me he referido en más de una ocasión, en esta columna, al desproporcionado poder de los jueces de nuestro país, en comparativa con los otros dos que componen la arquitectura institucional de una democracia liberal como la que nos dimos en nuestra laureada Transición. El desequilibrio con el Ejecutivo y el Legislativo, ambos alumbrados por el voto de los ciudadanos, resulta aún más preocupante dada la apabullante mayoría de magistrados de ideología conservadora y origen social acomodado que décadas de renovación democrática en el cuerpo social y político del país no han conseguido remover. Del retrato de tan inamovible y endogámico gremio dan fe numerosos informes, datos y estadísticas sobre el acceso a la carrera de juez o fiscal, a la que resulta difícil incorporarse sin años de exclusiva dedicación muy por encima de cualquier otro puesto del alto funcionariado, por no mencionar la indispensable agenda y los necesarios contactos para que tan esforzado estudio resulte rentable.
Me viene a la tribuna, de nuevo, la reflexión, vista la perseverancia de uno de nuestros ‘jueces estrella’ -termino acuñado en su día para Baltasar Garzón, expulsado del olimpo de la magistratura tras osar investigar los crímenes del franquismo-: el conocido Manuel García Castellón. Esta semana hemos sabido de su nuevo y rápido carpetazo a la petición de la Fiscalía de continuar investigando a la exsecretaria general del PP, Maria Dolores de Cospedal, exonerada por él mismo antes del verano en la pieza del caso Kitchen, ante la aparición de nuevas grabaciones que apuntan a su connivencia con el excomisario Villarejo para borrar pruebas contra el partido.
El mismo magistrado que ha investigado con incomprensible constancia todo tipo de infructuosas querellas contra Podemos y sus dirigentes ahora vuelve a dar carpetazo a la petición de la Fiscalía para seguir investigando a Cospedal. El poder de las grandes energéticas palidece ante el de estos jueces capaces de modular el mapa político del pais
Los detalles los habrán leído en distintos medios. Lo llamativo es que se trate del mismo magistrado que ha imprimido sello de tesón y constancia a la hora de investigar todo tipo de querellas contra Podemos y sus dirigentes presentadas, además, mayoritariamente por el entorno de la ultraderecha. Hasta el punto de que la propia Audiencia Nacional ha tenido que obligarle a desistir de tanta indagación sin resultado por una falta de indicios que podía rozar la prevaricación. Nada nuevo en el mundo de los togados, ahora que, incluso, se ven obligados a convivir con el primer gobierno de coalición de izquierdas de este país desde antes del franquismo.
Sigue sorprendiendo, no obstante, que la derecha política, e incluso algunas voces del progresismo, insistan en dar categoría a la independencia judicial como sostén del sistema, cuando el gobierno de los jueces lleva cuatro años secuestrado por los magistrados que fueron designados cuando el PP tenía mayoría absoluta en el Congreso., como si nadie hubiera votado desde entonces.
Al ciudadano de a pie le puede resultar tediosa la machacona referencia a la renovación del Consejo del Poder Judicial cuando le acecha una inflación insostenible o la amenaza de un invierno de desabastecimientos, pero cuando conocemos la decisión sobre Cospedal de García Castellón, coincidiendo en los tiempos en que el PP se mueve en las encuestas con el viento de cola del «efecto Feijóo», es preciso indignarse y poner en cuestión el poderío de algunos jueces, por mucho que se envuelvan en la bandera de la independencia.
El nuevo episodio de insumisión a la ley de los jueces conservadores del Poder Judicial, incumpliendo esta misma semana el plazo estipulado por el Gobierno para proponer sus candidatos a las vacantes del Tribunal Constitucional, vuelve a recordarnos esa supremacía de las togas sobre el poder popular, consagrado origen de nuestra democracia.
A los magistrados que cubran esas vacantes tocará decidir sobre recursos pendientes contra leyes y derechos tan importantes como la actual regulación del aborto, la legalidad en la votación de la actual reforma laboral… o, también, el recurso presentado por la familia del expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán para que no ingrese en prisión. Repasando esos temas que tienen en sus manos tan altos e independientes jueces es más fácil entender su resistencia a cumplir los plazos y leyes previstos para su sustitución. Pedro Sánchez señala últimamente con reiteración al oscuro poder de las grandes corporaciones, financieras o mediáticas, como freno a los avances sociales que promueve su Gobierno. Comparado con el que tienen los jueces palidece hasta el de las eléctricas.
Periodista y directora de ‘El Siglo’ desde 2011, revista que contribuye a fundar, en 1991, formando parte de su primer equipo como jefa de la sección de Nacional. Anteriormente trabajó en las revistas ‘Cambio 16’ y ‘El Nuevo Lunes’ y en la Cadena Ser. Actualmente también participa asiduamente en diferentes tertulias políticas de TVE y de Telemadrid.
