Gobierno de coalición, legislatura de negociación

Manuel Capilla y Virginia Miranda.

 

Esta vez parece que irá la vencida y Pedro Sánchez conseguirá salir victorioso de su tercera sesión de investidura, tras los intentos frustrados de julio y de marzo de 2016. Y lo hará con el primer Ejecutivo de coalición desde la II República, una victoria política para un Pablo Iglesias que ha defendido esa fórmula contra viento y marea –y las dudas de algunos de sus socios y compañeros-. El líder de Podemos ocupará la vicepresidencia que demandaba tras las elecciones de abril –y tras las de diciembre de 2015- y conseguirá, según prevén quienes conocen las condiciones de la negociación, una representación proporcional de Unidas Podemos en el Consejo de Ministros. Es decir, además del propio Iglesias, habría otros cuatro ministros de Unidas Podemos.

A cambio, los negociadores socialistas han impuesto su criterio en cuestiones sensibles y llamativas que los morados incluían en su programa. Por ejemplo, la de mayor impacto habría sido la de evitar la privatización de Bankia, algo a lo que Bruselas se habría opuesto y que desde luego no contaba con el plácet de la ministra –y vicepresidenta económica in pectore- Nadia Calviño, al igual que la creación de una empresa pública de energía, con la que Unidas Podemos esperaba abaratar el recibo de la luz.

En materia de pensiones, aunque el acuerdo contempla ligarlas al IPC, los morados iban más allá y apostaban por incrementar las mínimas y las no contributivas. Su compromiso era hacerlo mediante un Ingreso Básico Garantizado de, al menos, 600 euros por persona. El acuerdo suscrito finalmente incluye un a priori menos ambicioso Ingreso Mínimo Vital como “un mecanismo general de garantía de renta para familias sin ingresos o con ingresos bajos”.

 

Empleo, con el sello morado

La letra de Iglesias en el texto del acuerdo está principalmente en la política de empleo, que además fue una de las principales causas de desencuentro en julio. No sólo porque presumiblemente quedará en manos de la diputada de Galicia En Común Yolanda Díaz, muy cercana al propio Iglesias, sino porque lleva al PSOE un poco más lejos de lo que a priori estaba dispuesto a ir y porque deja fuera cuestiones como la implantación de la famosa mochila austriaca, incluida por la ministra Calviño en el último plan presupuestario remitido a la Comisión Europea.

Así las cosas, el desguace de la reforma laboral diseñada por Fátima Báñez será profundo. Aunque, eso sí, no habrá una derogación total de la ley, sino que se reformarán los artículos más lesivos como proponía el PSOE. El acuerdo se compromete a atender las demandas de los sindicatos sobre los convenios, uno de las cuestiones más novedosas de la reforma laboral y que más ha hecho por la precarización del trabajo y la reducción de los salarios. Así, entre otras cosas, el texto señala que se pondrá punto final a la primacía del convenio de empresa sobre el sectorial y que se prolongará la vigencia de los convenios que venzan hasta su renovación y que se limitarán las subcontratas.

El texto también apuntala una de las cuestiones por las que más ha peleado Unidas Podemos: elevar el Salario Mínimo Interprofesional al 60% del salario medio, que cerró 2018 en 1.944 euros brutos al mes, según los datos publicados hace pocas semanas por el INE. Este año, el SMI lo arranca en los 900 euros que ya pactaron en su día Sánchez e Iglesias, pero ese compromiso significa que tendría que ascender a lo largo de la legislatura –el acuerdo no fija un calendario para las subidas- al menos hasta los 1.166 euros al mes. Con los niveles actuales de IPC, el SMI tendría que terminar la legislatura por encima de los 1.200 euros brutos al mes.

 

Frenazo a la subida de los alquileres

En materia de vivienda, Unidas Podemos se ha colgado una medalla que de no estar incluida en el acuerdo le habría provocado fuertes tensiones de puertas para adentro. Y es que aunque las coincidencias eran amplias entre PSOE y Unidas Podemos en la mayoría de asuntos –por ejemplo, en la movilización de suelo público para viviendas de alquiler social o a precios asequibles- y las competencias seguirán encuadradas en Fomento –en julio se manejó la posibilidad de crear un Ministerio de Vivienda que quedaría en manos de los morados-, los negociadores morados han logrado la inclusión en el acuerdo del impulso a “medida normativas necesarias para poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler en determinadas zonas de mercados tensionados”.

A través del índice de precios que está desarrollando Fomento, los ayuntamientos podrán declarar zonas de “mercado tensionado” para frenar esa subida de precios. Una medida que ha sido muy aplaudida desde el equipo de Ada Colau en el Ayuntamiento de Barcelona y muy demandada también, durante la legislatura anterior, por el gobierno de Manuela Carmena en Madrid.

 

Una política fiscal ortodoxa

En materia fiscal no hay sorpresas, con un texto en línea con los Presupuestos Generales del Estado que presentó María Jesús Montero a principios del año pasado. Habrá tasa Google para las tecnológicas, Tasa Tobin para las transacciones financieras y una subida del IRPF para las rentas superiores a los 130.000 euros –a pesar de que desapareció del programa electoral del PSOE-.

Fuera del acuerdo han quedado varias de las medidas fiscales que proponía Podemos en su programa electoral, como el impuesto extraordinario a la banca para recuperar los 60.000 millones de euros que costó el rescate y el Impuesto del Patrimonio del 1% para las grandes fortunas que, curiosamente, sí estaba incluido en el acuerdo presupuestario que Sánchez e Iglesias firmaron en su día. El acuerdo se limita a señalar la voluntad de “estudiar la fiscalidad de las grandes fortunas al objeto de que contribuyan a un sistema fiscal más justo y progresivo”. En este sentido, sí que está incluido en el acuerdo para incrementar la presión fiscal sobre las rentas de capital superiores a los 140.000 euros.

 

Nuevos derechos y más memoria histórica

Las principales novedades del acuerdo radican en la ampliación de la cartera de derechos sociales, especialmente en Sanidad. Por ejemplo, se incluirá la salud bucodental en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud y quedarán derogados los copagos que introdujo el gobierno de Mariano Rajoy a partir de 2012, sobre todo en relación a “los pensionistas y a los hogares en situación de vulnerabilidad”. Además, el acuerdo señala que se fijarán “garantías” para que no se puedan introducir otros nuevos que no atiendan el nivel de ingresos de los afectados. En Educación, además de derogar la Lomce, el acuerdo se propone la generalización de la educación infantil, de 0 a 3 años, la creación de una asignatura de Religión voluntaria y no evaluable y la gratuidad de los libros de texto.

En Memoria Histórica, el acuerdo ‘completa’ el recorrido de la ley que se aprobó bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. Entre otras, el documento se compromete a declarar nulas las condenas y todo tipo de decisiones con valor jurídico que se produjeron durante la Guerra civil y la dictadura por motivos políticos ideológicos o de orientación sexual. También se implantará un programa de exhumaciones de los represaliados por la dictadura y se auditarán los bienes expoliados para “devolverlos a sus legítimos titulares”.

Los negociadores socialistas han impuesto su criterio en cuestiones sensibles y llamativas que los morados incluían en su programa, como la de evitar la privatización de Bankia

Además, se instaurará el 31 de octubre como día de recuerdo a las víctimas del franquismo –el mismo día en que se aprobó la Constitución en el Congreso y la propia Ley de la Memoria Histórica- y el 8 de mayo como el de reconocimiento a los que padecieron el exilio –ese día es el fijado por la ONU para rendir homenaje a quienes perdieron su vida en la II Guerra Mundial, como los republicanos españoles que lucharon con los Aliados-.

Fuera del acuerdo se queda el establecimiento de una fiscalía especial para los crímenes del franquismo, como llegó a proponer Podemos. Otra reivindicación morada, la de retirar las medallas a Billy el Niño, se concreta en estudiar “todas las vías legales” para retirar las condecoraciones y prestaciones a las personas que “protagonizaron crímenes no juzgados durante el franquismo”.

Los otros protagonistas de la investidura

La negociación para que los 13 diputados de ERC se abstuvieran en la investidura de Pedro Sánchez y permitir un Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos ha sido la que más tiempo y cesiones ha requerido por parte de los negociadores socialistas. Y, aun así, el voto de los diputados regionalistas podrían frustrar el resultado de la votación. Por eso sus reivindicaciones tendrán tanto peso en la nueva legislatura les guste o no guste el acuerdo con los independentistas. Un acuerdo imprescindible para la gobernabilidad que abre un nuevo tiempo, inexplorado e impredecible, en la política española.

El Consell Nacional de ERC aprobaba la tarde del jueves, a poco más de 24 horas de la primera sesión, el acuerdo con el PSOE para abstenerse en la segunda votación del pleno de investidura del líder socialista.

Un acuerdo que contempla la creación de una mesa de negociación entre el Gobierno central y el de la Generalitat en un plazo de 15 días tras la investidura con el objetivo de «alcanzar acuerdos» y someterlos a una consulta entre los catalanes siguiendo «los mecanismos previstos o que puedan preverse en el marco del sistema jurídico-político», y que podría pasar por la reforma del Estatuto de Autonomía.

El acuerdo PSOE-ERC, que contempla una mesa de negociación de gobiernos y una posterior votación, ha puesto en pie de guerra a la derecha

Basado en la búsqueda de una “solución democrática” al “conflicto político”, tal y como dice el documento, el pacto con los independentistas ha tensado las relaciones del PSOE con el resto de partidos. Fundamentalmente de la derecha, donde hablan de “golpe de Estado” (Vox) o “vender España” (PP) y donde esperan azuzar la división en el socialismo apelando a sus barones (Ciudadanos). Pero también con otras formaciones necesarias para hacer presidente a Sánchez.

Las “identidades territoriales” del PNV

Con quien los términos del acuerdo no han supuesto un problema es con los nacionalistas del PNV, los primeros en suscribir el pacto de las izquierdas sin tener que esperar a conocer el arreglo al que llegaron con Esquerra; cómodo con las reivindicaciones territoriales de los republicanos, el líder jetzale, Andoni Ortuzar, fue el primero en firmar con Pedro Sánchez el acuerdo que le garantiza el voto afirmativo de sus seis diputados con el compromiso de impulsar el diálogo entre partidos e instituciones para “adecuar la estructura del Estado al reconocimiento de las identidades territoriales”. En declaraciones a la prensa desde el Congreso se refirió concretamente a las reformas legislativas “necesarias” para buscar una solución “al contencioso en Cataluña” y la negociación de un nuevo Estatuto vasco que atienda “a los sentimientos nacionales de pertenencia”.

Algo parecido ha dicho el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, a favor de que se abstengan los cinco diputados de la formación en la Cámara ante lo que denomina “ventana de oportunidad para revertir los recortes sociales y para vertebrar el Estado” desde el reconocimiento el derecho a la autodeterminación. En una entrevista en Radio Euskadi, el coordinador general anunciaba así que la dirección de la coalición había aprobado por unanimidad el sentido de su voto en la investidura de Sánchez a falta de ser ratificado por las bases.

Volviendo al PNV, a nivel práctico, el que siempre ha demostrado con gobiernos del PP y del PSOE, su pacto incluye “apostar de manera urgente, firme y decidida” por las infraestructuras, particularmente por la Y vasca. Y, avanzando la que será una constante a lo largo del tiempo que dure el nuevo periodo de sesiones, el documento especifica que el Gobierno habrá de “acordar previamente con EAJ-PNV” las medidas fiscales “que quiera proponer a las Cortes”.

Si difícil ha sido para Sánchez alcanzar apoyos de investidura, difícil será también encontrarlos para aprobar sus proyectos de ley

Porque si difícil ha sido para Sánchez alcanzar apoyos de investidura, difícil será también encontrarlos para aprobar sus proyectos de ley, requiriendo cada uno de ellos la búsqueda previa de apoyos que no tienen necesariamente que pasar por los del 7 de enero; a pesar de sus duras críticas al acuerdo con ERC y de estar convencido de que los socialistas no les buscarán en la tramitación parlamentaria, el PP no ha retirado su oferta para llegar a pactos de Estado en materias como infraestructuras o Defensa.

El poder de un voto

Pocas veces los partidos con representación unipersonal en el Congreso habían tenido tanta fuerza; si se caen de la ecuación, a Pedro Sánchez no le salen las cuentas.

El único diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, se comprometía este pasado jueves a votar a favor de la investidura del candidato socialista tras cerrar un acuerdo en el que el Gobierno se compromete a que la reforma de la financiación autonómica sea “justa y constitucional” para los valencianos. Los socialistas, dispuestos a cumplir vía Presupuestos la cláusula de inversiones territorializadas introducida en el Estatuto de Autonomía valenciano, también han firmado la ampliación del puerto de Valencia o el impulso de estructuras hídricas en la Albufera y Alicante.

El Partido Regionalista de Cantabria fue el primero en firmar un acuerdo de investidura el pasado junio para impulsar una serie de infraestructuras, relativas fundamentalmente al tren que une Madrid con Santander.

Ese acuerdo, según explicaba a ‘El Siglo’ su diputado José María Mazón, seguía vigente tras la celebración de unas segundas elecciones, pero ha dejado de tener validez cuando la formación de Miguel Ángel Revilla ha conocido los términos acordados por PSOE y ERC y anunciaba su ‘no’ a Sánchez, que gracias a la abstención de EH Bildu no necesita ya de todos los regionalistas.

Qué hay de lo mío

A escasos días del arranque de la sesión de investidura, Teruel Existe aún no había cerrado un acuerdo con los socialistas, con los que se reúnen el viernes antes de dar una respuesta. Entre las demandas del recién llegado al Congreso, la solución a la pérdida de puestos de trabajo por el cierre de la central de la localidad de Andorra o el desbloqueo de infraestructuras paralizadas desde hace decenios para permitir la vertebración de la provincia.

Lo mismo ocurre con el BNG y los canarios de CN y NC. La víspera de la sesión de investidura, los gallegos decían estar entre el voto en contra y la abstención, supeditándola a un compromiso con la “agenda gallega” que, entre otras cosas, habla de transferir a Galicia la AP-9, mantener los puestos de trabajo en la industria electro intensiva o modernizar la red ferroviaria.

NC y CC también han ido a las reuniones con los socialistas portando la agenda canaria, que contempla inversiones fundamentalmente en infraestructuras turísticas y educativas. Los primeros, que han estado de partida a favor del voto favorable, han mostrado sus discrepancias con los segundos porque, desde que se concretó el preacuerdo de PSOE y Unidas Podemos y comenzaron las negociaciones con ERC, la diputada Ana Oramas ha hecho públicas sus reticencias a apoyar la investidura y, según la formación de Pedro Quevedo, las abstenciones de ERC y EH Bildu pueden hacer que los intereses insulares se queden por el camino.

Un camino plagado de baches desde que se conociera el resultado del 10-N y que, tras la formación del Gobierno de coalición, desembocará en una legislatura de negociación igual de tortuosa e incierta. Nadie le dijo a Pedro Sánchez que fuera a ser fácil. El reto, al menos, le merece la pena.