Alba del Prado.
A pocos les gusta que les enmienden la plana. Y al bloque de Unidas Podemos en el Gobierno no le ha sentado nada bien cómo intenta resolver el lado socialista del Ejecutivo la reforma de la polémica ley del ‘solo sí es sí’. Porque, lo que iba a ser ajustar aquellos aspectos que permitían la rebaja de penas y la salida de la cárcel de delincuentes sexuales, se ha convertido, al fin y a la postre, en la preparación de una ley con un articulado tan nuevo que la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha llegado a rebajar públicamente sus (presuntas) lineas rojas al mero hecho de que el consentimiento explícito de la mujer no se toque. Pero por delante queda un ‘calvario’ de duras negociaciones en leyes clave pactadas en el programa del Gobierno de coalición.
Si, como dicen, a caminar se aprende andando; parece que el primer gobierno de coalición de la democracia asume que a gobernar coaligado se aprende… discutiendo.
Después de las diferencias de criterio ampliamente expresadas y publicadas por la propia Irene Montero y la ministra de Justicia, Pilar Llop, las cosas han tomado un cariz cada vez menos amistoso dentro del propio Ejecutivo, ‘animadas’ por la proximidad de las elecciones. Tanto, que el pasado fin de semana el Ministerio de Igualdad pedía una reunión a Justicia para negociar la reforma de la ley de libertad sexual, el proyecto estrella de Montero y de Unidas Podemos.
Ese clima de tensión al alza se ha trasladado, como es obvio, a las sedes de los partidos del Gobierno. En el barrio madrileño de Ciudad Lineal, los dirigentes de Podemos, con Ione Belarra al frente, han optado por la devolver al PSOE el gesto de dejar en evidencia a sus ministros y desempolvar proyectos de leyes aparcados desde hace casi tres años.
Podemos, con Ione Belarra al frente, ha optado por devolver al PSOE el gesto de dejar en evidencia a sus ministros y desempolvar proyectos de leyes aparcados desde hace casi tres años
La formación que lidera la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra ha sacado un largo listado de leyes pendientes cuya tramitación lleva parada (o prorrogada vía ampliaciones de plazo de presentación de enmiendas) hasta casi tres años.
Es el caso de las leyes de Bebés Robados, de Secretos Oficiales, de Morosidad, de Seguridad el Paciente, de Libertad de Expresión, de Salud Mental o la ley de la ELA. Normas clave y de gran incidencia social, política y económica cuya tramitación no ha logrado el acuerdo entre los dos bloques gubernamentales y duermen el sueño de los justos a la espera de la llegada de nuevos tiempos.
Y, por delante de todas ellas, la tan traída y llevada nueva Ley de Vivienda.
Topes al alquiler
Es evidente que no conviene irritar a tus socios si quieres que la alianza dure.. pero la llamada de las urnas suele generar una necesidad de diferenciación tal que se olvida hasta lo más evidente.
Eso queda claramente reflejado en las presiones de Unidas Podemos para que la nueva Ley de Vivienda reduzca a la mitad el umbral para considerar a un inversor “gran propietario” y tengan dicha calificación los dueños no ya de diez pisos como hasta ahora sino de cinco. La aprobación de la ley que se da por hecha de forma inminente en ambos lados del Gobierno será posible por la mediación de otros socios del Ejecutivo en grandes normas como los Presupuestos Generales del Estado. La mediación de ERC y EH Bildu ha sido clave para desbloquear las posiciones de PSOE y Unidas Podemos especialmente en lo que se refiere a la exigencia de la formación morada de introducir topes a los alquileres; un asunto especialmente delicado en estos últimos meses en los que la subida de la inflación y el encarecimiento del precio del dinero dificulta el acceso a la vivienda de las clases medias y trabajadoras.
Si todo acaba como parece, la primera ley de vivienda de la democracia incluirá medidas propuestas por las dos formaciones en el Gobierno: topes en los alquileres para grandes propietarios (Podemos), incentivos fiscales para los caseros particulares (PSOE) y todo ello dentro de las denominadas ‘áreas tensionadas de precios’, cuya declaración depende de las comunidades autónomas (influencia de los partidos nacionalistas).
Enterrar la Ley Mordaza del PP
La norma que acabe con la polémica ley que aprobó el gobierno de Mariano Rajoy en 2015 lleva acumuladas 59 ampliaciones del plazo de enmiendas desde septiembre de 2021. En la tramitación de la nueva ley ha sido clave también la participación de PNV, ERC, EH Bildu y Junts per Catalunya.
El proyecto de reforma de la ley de Seguridad Ciudadana cuenta con cuatro puntos de discordia entre PSOE y Podemos; aunque no son los únicos partidos de la discusión. El primero de ellos se centra en el uso de material antidisturbios por las Fuerzas de Seguridad y, más en concreto, la utilización del material antidisturbios como las pelotas de goma contra las algaradas callejeras (artículo 23 de la Ley de Seguridad Ciudadana en vigor).
El proyecto de reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana cuenta con cuatro puntos de discordia entre PSOE y Podemos; aunque no son los únicos partidos de la discusión
Las fricciones han incluido también a los partidos nacionalistas muy críticos con las sanciones (entre 601 y 30.000 euros) por “la desobediencia o resistencia a la autoridad o a sus agentes” incluidas en el artículo 36.6 de la ley en vigor. La cuestión es especialmente sensible para varios de esos partidos ya que fue utilizado por el Ministerio del Interior durante el estado de alarma de 2020.
A esos dos asuntos se unen las sanciones por faltas de respeto a los agentes (artículo 37.4), y la disposición adicional que avala las conocidas como ‘devoluciones en caliente’, es decir, el rechazo en las fronteras de Ceuta y Melilla de los inmigrantes ilegales.
El cuarto apartado que ha suscitado más polémica se refiere a las sanciones por faltas de respeto a los agentes de las fuerzas de seguridad. Podemos ha encontrado en el PNV un apoyo para ‘aterrizar’ esas “faltas de respeto” genéricas de la ley del PP. La redacción acordada por ambas formaciones habla de “expresiones o actos humillantes, despectivos y ofensivos” que desacrediten “objetivamente” a los policías durante el desempeño de sus funciones.
En este asunto, el PSOE se ha abierto a valorar la propuesta, aunque ERC, Junts y EH Bildu consideran insuficientes las modificaciones al considerar que la nueva redacción sigue sin evitar el uso arbitrario de la norma.
Derecho a la información
La negociación de la nueva Ley de Secretos Oficiales es otra de las asignaturas pendientes que Unidas Podemos pretende agilizar para conseguir su aprobación en la legislatura. La tramitación del proyecto iniciada en septiembre de 2021, acumula 97 ampliaciones del plazo de enmiendas.
La diferencia de criterios entre las dos formaciones es tal en la Ley de Secretos Oficiales que los socialistas prefieren dejar sin derogar una norma que data de la dictadura
Aquí la postura del PSOE está clara y fue expresada recientemente por la ministra de Defensa, Margarita Robles: “desde el punto de vista del Ministerio de Defensa estamos siempre abiertos a cualquier reforma legislativa, pero creo que en este momento hay otras prioridades”.
Y es que la diferencia de criterios entre las dos formaciones del Gobierno es tal en este asunto que los socialistas prefieren dejar sin derogar una ley de origen franquista (fue promulgada en 1968) que ha sufrido leves modificaciones y que en sus casi 55 años de vigencia apenas ha desclasificado documentos en ocho ocasiones.
Castigo a los morosos
Con 92 ampliaciones del plazo de enmiendas acumuladas desde octubre de 2020, la reforma de la ley de 2004 actualmente en vigor parece lejana.La clave, especialmente para autónomos y pequeñas y medianas empresas (pymes) es que el proyecto de norma que sigue congelado incluirá la reducción real de los plazos de pago. Diversas asociaciones de damnificados por los plazos de pago reales (y largos) de grandes compañías o, incluso, de administraciones públicas reclaman que se establezca un régimen sancionador que penalice con multas a las empresas morosas. “
La Sanidad, en campaña
Dentro de las leyes para cuya aprobación presiona Podemos, el ámbito sanitario es, sin duda, la estrella con tres normas clave para la prestación futura de esta asistencia, como son la Ley de Seguridad del Paciente, la Ley de Salud Mental y la Ley de la ELA.
Por si fuera poco, las recientes manifestaciones de los profesionales de la Salud en Madrid, en defensa de una Sanidad Pública digna aumentan el interés de la formación morada por agilizar este paquete de normas.
La Sanidad es, sin duda, la estrella con tres normas clave para la prestación futura de esta asistencia, como son la Ley de Seguridad del Paciente, la Ley de Salud Mental y la Ley de la ELA
La actual Ley de Seguridad del Paciente, de 2002, establece que haya un máximo de seis pacientes por cada enfermera en los hospitales con la posibilidad de ampliarlo hasta ocho. En los centros de salud, la población asignada a cada enfermera queda limitada a los 1.500 habitantes.
La tramitación de la nueva ley, tal como ha denunciado el sindicato de enfermeros Satse, se ha visto paralizada en los últimos doce meses por el PSOE. El proyecto contabiliza 79 ampliaciones del plazo de enmiendas desde febrero de 2021.
Sea como fuere, las ratios máximas que establezca la norma son la causa del enfrentamiento entre los dos bloques en el Gobierno que han mostrado diferentes niveles de exigencia respecto al número de pacientes y población que se asigna a los sanitarios para asegurar una dotación adecuada en los centros sin, por ello, generar cargas excesivas a los profesionales.
La futura Ley de Salud Mental (parada desde octubre de 2021 con 52 ampliaciones de plazo de enmiendas) incluye también ratios mínimas de profesionales de la salud mental y la creación de un órgano coordinador que vigile la ejecución de las políticas en esta materia. Las presiones específicas de IU señalan la necesidad de establecer una norma garantista para la salud mental de los ciudadanos. La política estrella en la que se han desarrollado algunas tímidas iniciativas antes de la nueva norma, es la prevención del suicidio, que se muestra como uno de los más graves entre la población más joven junto al de las adicciones.
Finalmente, la nueva Ley de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), aunque es uno de los proyectos más recientes (abril de 2022) suma ya 34 ampliaciones del plazo de enmiendas. El objetivo de la nueva norma es garantizar el derecho a una vida digna de las personas con esta enfermedad degenerativa, así como la de sus familias. Para ello incluye medidas como reconocer una discapacidad del 33% a los enfermos desde el momento del diagnóstico; además de introducir una atención preferente para que los pacientes cuenten con recursos técnicos y humanos especializados, la posibilidad de acogerse al bono social eléctrico en los casos avanzados que necesiten ventilación mecánica para respirar y un servicio domiciliario que garantice la atención fisioterapéutica y especializada las 24 horas del día.
Secuestros de la dictadura
Finalmente, la futura Ley ‘de bebés robados’ cuya tramitación se inició en septiembre de 2020 aunque entró en el Congreso en 2018, deberá reactivarse después de las 97 ampliaciones del plazo de enmiendas acumuladas hasta la fecha.
La ley que debe aportar luz a las víctimas de un sistema de secuestros infantiles organizado durante la dictadura franquista, en el que participaron segmentos de toda la estructura política y social de la época, desde sanitarios a miembros del Ejército o el Clero. Por ello, la futura norma prevé reconocer y asegurar los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición de estos crímenes.
La Ley de ‘bebés robados´ debe aportar luz a las víctimas de un sistema de secuestros infantiles organizado durante el franquismo
Para ello establece medidas como garantizar el acceso a los archivos, la realización de exhumaciones con cargo a fondos públicos, la atención médica, jurídica y psicológica gratuita y la realización de campañas de información y difusión a cargo de los poderes públicos.
La ley refuerza el acceso a la justicia de las víctimas quienes defienden que el robo de bebés fue un delito de lesa humanidad y que, por tanto, no prescribe y puede ser juzgado como tal. Por ello, el proyecto normativo incluye la creación de una Fiscalía Especial, una Unidad especial de Investigación dentro de la Policía Judicial ; además de una Comisión Estatal por el Derecho a la Identidad y una base de ADN nacional.
