En este año marcado por la incomprensión de la situación que nos ha tocado vivir, los ministros y ministras del Gobierno comparten en el Especial por nuestro 29 aniversario sus deseos de construir un futuro unido y comprometido. Un futuro basado en el diálogo y el consenso para alcanzar una recuperación sólida que acabe con la incertidumbre de los pasados meses y ponga como prioridad la salud de las personas.
Solidaridad y responsabilidad social
Carmen Calvo
Vicepresidenta Primera y Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática
En primer lugar quiero felicitar a todo el equipo de El Siglo de Europa en el aniversario de la publicación, deseando que continúen con su labor informativa por muchos años más y agradeciéndoles el mero hecho de seguir adelante, en estos momentos en los que estamos atravesando una situación tan difícil para todo el mundo.
Es importante que, en la medida de las posibilidades de cada cual, continuemos con nuestras actividades, aprendiendo a convivir con todas las excepcionalidades hasta que encontremos una solución definitiva a la expansión del virus. Todo el planeta está combatiendo la COVID-19, pero yo estoy especialmente orgullosa de nuestra sociedad y de nuestro país. Hemos dado una lección de comportamiento ejemplar ante una pandemia global que ha desbordado todas las previsiones económicas y sociales de este año.
No va a ser fácil remontar esta situación y nos espera un año 2021 que no va a ser nada fácil para nadie, pero desde la responsabilidad que me ocupa, puedo asegurar que el Gobierno de España va a mantenerse firme, proporcionando todos los recursos y tomando las decisiones que sean necesarias para garantizar nuestra seguridad y nuestra salud, y para que entre todas y todos salgamos más fortalecidos como país y como sociedad de esta preocupante coyuntura mundial.
Hemos pasado un duro confinamiento, muchas y muchos hemos pasado la enfermedad, hemos perdido a seres queridos y asistimos a un desplome mundial de la economía que también nos afecta. Pero también hemos reaccionado con valor y con la prudencia requerida ante estas circunstancias inéditas en la historia de la humanidad y hemos sido responsables como sociedad y como país, aunque las actitudes de algunos pocos y de algunas formaciones políticas hayan sido y sigan resultando a todas luces incomprensibles.
Hemos conseguido que Europa, en una reacción sin precedentes, haya tomado con determinación el necesario camino de la solidaridad y de la responsabilidad social y política para tratar de que, ante esta eclosión vírica, también inaudita y excepcional, no se quede nadie atrás y podamos blindar la protección social que precisamos, actuando como las democracias y sociedades avanzadas y consolidadas que somos, garantes de los derechos y libertades de nuestras sociedades abiertas y plurales.
Con el ánimo, con el tesón y el esfuerzo que hemos demostrado durante este duro año, y ejerciendo el verdadero y auténtico patriotismo -que no es otro que el de la preocupación que cada una de nosotras y nosotros demostramos en nuestro día a día por nuestra sociedad y por nuestro entorno- estoy convencida de que dejaremos atrás estos complicados meses, y que los recordaremos como una experiencia difícil, pero de la que aprendimos a ser mejores, a identificar las cosas que son realmente importantes, a superar unidos contingencias tan graves como las que estamos atravesando, y también a valorar el gran país del que todas y todos formamos parte.
De grave crisis a gran oportunidad
José Luis Ábalos Meco
Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
Nunca habíamos enfrentado una crisis tan grave y al mismo tiempo tan susceptible de convertirse en una oportunidad de cara a las transformaciones y desafíos inaplazables. Carecemos de experiencias útiles frente a un desplome económico mundial como consecuencia de una emergencia sanitaria global. Sin embargo, la pandemia está siendo una implacable maestra a la hora de evidenciar debilidades y subrayar algunas necesidades perentorias. La importancia de la gestión de datos para contener la progresión de los contagios y garantizar una movilidad segura y la necesidad de desburocratizar la respuesta sanitaria y mejorar la coordinación de las administraciones han quedado patentes y sirven de guía a la hora de resetear nuestras prioridades.
La digitalización, la emergencia climática y la mejora de nuestra capacidad adaptativa no admiten dilaciones. Debemos y podemos anticiparnos. España lleva décadas requiriendo un modelo productivo más competitivo y con más peso del sector industrial. Al mismo tiempo, tenemos grandes retos nacionales como son la desigualdad, la despoblación y el robustecimiento del estado del bienestar, empezando por la sanidad y la dependencia. Las certezas respecto de qué debemos hacer para convertir la adversidad en una oportunidad son tozudas. Por otro lado, la llegada de 140.000 millones del Fondo de Recuperación Europeo, así como los avances médicos en busca de la vacuna del COVID-19, resultan perspectivas esperanzadoras.
En el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana estamos impulsando una nueva estrategia de movilidad e implementando los objetivos de desarrollo sostenible en materia de vivienda. El objetivo es ir desarrollando un sistema de infraestructuras altamente tecnificado, perfectamente integrado en las ciudades, mucho menos contaminante y que sirva como palanca del desarrollo económico, la cohesión territorial y el bienestar de los ciudadanos. Estamos convencidos de que la colaboración público-privada va a ser un elemento dinamizador de esta nueva estrategia de movilidad, clave para la creación de empleo.
El cambio de paradigma respecto de las respuestas dadas a crisis precedentes debe determinar un nuevo contrato político y social. La solidaridad, la cooperación, la distensión y las políticas anticíclicas deben desplazar a la insolidaridad, el unilateralismo, la confrontación y los recortes en gasto social de épocas caducas. Todas estas prioridades y actitudes se plasmarán en unos Presupuestos Generales del Estado cuya aprobación es una cuestión de interés general, pues la ordenación de las cuentas públicas debe ser el correlato de la llegada de la ayuda comunitaria. El mundo está cambiando aceleradamente y en nuestra mano está que esa profunda transformación redunde en el bien común.
Razones para el optimismo
Reyes Maroto
Ministra de Industria, Comercio y Turismo
Qué duda cabe de que la pandemia de la COVID-19 ha supuesto uno de los mayores retos a los que nos hemos enfrentado en las últimas décadas. La crisis sanitaria y las medidas de contención han perturbado profundamente nuestras vidas y alterado las perspectivas de la economía mundial.
Sin embargo, hay razones para el optimismo. Desde el Gobierno hemos impulsado los mecanismos de respuesta más urgente a las necesidades que la crisis sanitaria ha provocado, asentando, al mismo tiempo, las bases para la recuperación económica y social.
Tenemos que convertir el desafío de la recuperación en una oportunidad histórica para afrontar el doble reto de la transición digital y ecológica como palancas para modernizar sectores estratégicos como la industria, el comercio y el turismo y contribuir a la cohesión social y territorial.
En primer lugar, la revolución tecnológica está provocando cambios disruptivos en los paradigmas heredados del siglo XX, y la pandemia ha acelerado todos estos procesos. Conscientes de ello, desde el Gobierno vamos a impulsar la Agenda España Digital 2025 que actuará como hoja de ruta para el impulso de las capacidades de nuestros trabajadores y trabajadoras y también del potencial tecnológico de nuestras empresas, sobre todo de las PYMES.
En segundo lugar, la transición ecológica, porque la protección de la biodiversidad, las mejoras de la calidad del agua, el aire y el suelo, la reducción de los gases de efecto invernadero vinculada al cambio climático o el desarrollo de tecnologías limpias representan un extraordinario impulso económico que ahora necesitamos más que nunca.
Por último, la cohesión social y territorial, cerrando las brechas que provoca la desigualdad; y la necesidad de sumar a estas transformaciones a todos y todas, porque el virus pasará, pero no podemos permitir que nadie quede atrás.
Estas tres premisas guiarán el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia que estamos elaborando en el Gobierno, que trazará la hoja de ruta para la recuperación y responderá a los retos de la próxima década. Un plan que se inspira en la Agenda 2030, muy presente en las políticas del Gobierno, y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados por Naciones Unidas.
De esta pandemia hemos aprendido lecciones importantes y extraído muchas conclusiones. En este sentido, el reforzamiento de sectores estratégicos como la industria, el comercio y el turismo, que han resultado clave en la fase de resistencia, se hace indispensable en la fase de recuperación y se configuran como protagonistas del plan de futuro que España necesita.
Fuertes ante las crisis
Luis Planas
Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación
España debe afrontar su futuro desde la unidad y el compromiso, con valentía y altura de miras, aprovechando todos los instrumentos que tenemos a nuestro alcance para favorecer la recuperación sólida y el crecimiento sostenible.
La Unión Europea ha puesto sobre la mesa el presupuesto más ambicioso de su historia, para impulsar la recuperación y las transformaciones que necesitamos, de forma que podamos volver a crecer, cuanto antes, de forma robusta.
El Pacto Verde Europeo es la hoja de ruta para modernizar nuestras economías, con un nuevo modelo productivo y de consumo, sin dejar a nadie atrás.
Dentro de ese nuevo modelo productivo, el sector agroalimentario y el medio rural son estratégicos, no sólo por el carácter esencial de los bienes y servicios que proporcionan a la sociedad, sino también por su importante papel económico, social y ambiental. Además, se trata de un sector que ya ha mostrado su fortaleza en la anterior crisis, y lo sigue haciendo desde que comenzó la pandemia. De hecho, en el último año móvil hasta junio de 2020 las exportaciones agroalimentarias crecieron un 5,6%, suponiendo más de 54.000 millones de euros.
En España contamos con dos importantes instrumentos para impulsar la transformación de nuestro sector agroalimentario hacia un modelo más sostenible y competitivo. Por un lado el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con el fondo Next Generation EU, para impulsar la digitalización del sector agroalimentario o inversiones que faciliten su transición ecológica al tiempo que mejoran la competitividad. Y a medio y largo plazo contamos con la próxima Política Agrícola Común (PAC), cuya aplicación en España se define en un Plan Estratégico en el que ya estamos trabajando junto con las comunidades autónomas y los representantes sectoriales. Este Plan Estratégico nos permitirá movilizar más de 50.000 millones de euros en 7 años para acompañar al sector agrario y el medio rural en esta transformación, además de contribuir a generar oportunidades en el medio rural para jóvenes y mujeres.
Instituciones sólidas e inclusivas
Carolina Darias San Sebastián
Ministra de Política Territorial y Función Pública
Nuestro país ha padecido, en poco más de una década, dos situaciones críticas que han dificultado la convivencia y han puesto a prueba la solidez tanto de las instituciones públicas como de las organizaciones privadas. Por un lado, la crisis económica provocada por el hundimiento de los mercados financieros. Por otro lado, la actual pandemia sanitaria provocada por la expansión del virus Covid-19 que ha causado miles de muertos y cuyas consecuencias económicas y sociales están condicionando nuestro futuro.
En ambos casos, ha quedado de manifiesto un hecho esencial: la enorme importancia que tiene para un país disponer de instituciones sólidas e inclusivas. Este hecho, es tan relevante que puede marcar la diferencia entre una u otra forma de superar las situaciones críticas.
Al destacar este hecho, quiero llamar la atención sobre una cuestión: no se trata sólo de que nuestras instituciones públicas nos ayuden a resistir las consecuencias de las situaciones críticas, sino que deben ser un soporte para superarlas con éxito. Esto es precisamente lo que el presidente Sánchez ha reiterado en numerosas ocasiones, tanto en la Conferencia de Presidentes, como en sus intervenciones en sede parlamentaria.
Las instituciones sólidas e inclusivas, tal y como han sido definidas en la Agenda 2030, presentan algunas características que es importante conocer. Ante todo, se trata de instituciones abiertas a la participación de la ciudadanía, por tanto, basadas en una concepción del poder menos excluyente que las instituciones extractivas. Además, son instituciones orientadas a la protección de los bienes comunes y al logro del interés general, que es lo que necesita la gente de nuestro país.
Nadie duda que estamos ante el mayor reto del país en décadas, para lo cual necesitamos respuestas de país. De ahí la importancia de contar con instituciones públicas inclusivas que asuman como propios algunos valores esenciales que contribuyan a salir de esta situación en mejores condiciones de las que entramos. Como tales valores propios de las instituciones inclusivas, conviene destacar los siguientes: igualdad ante la ley, imparcialidad, equidad, transparencia e integridad. Estos valores no se oponen a otros como la eficiencia, la eficacia, o la efectividad, pero los sitúan en sus justos términos.
España necesita progresar, necesita un horizonte de esperanza que ofrezca una salida a la ciudadanía de este país. Hay muchas formas de hacerlo. Yo solo conozco una, desde el mínimo común entendimiento que, junto a instituciones sólidas e inclusivas, nos permita avanzar en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que está impulsando el Gobierno de España con el apoyo de las instituciones europeas.
Trabajar en lo urgente
Salvador Illa
Ministro de Sanidad
La pandemia por Covid-19 ha supuesto, y sigue suponiendo, la mayor crisis sanitaria global a la que nos hemos enfrentado en el último siglo. Sin duda, se trata de un enorme desafío para todos los sistemas sanitarios del mundo.
Uno de los aprendizajes que nos está dejando es que aunque nuestro Sistema Nacional de Salud (SNS) ha mostrado una gran capacidad de resistencia, tenía retos pendientes que han sido más evidentes durante la emergencia sanitaria. Por ello, es necesario abordar su futuro para que siga ofreciendo una cobertura sanitaria universal y de calidad. Para que siga cuidando, en definitiva, de la salud de toda la población española.
Debemos, para ello, trabajar a corto y a largo plazo. Por una parte, en lo urgente, tenemos que adaptar el sistema para convivir con el virus durante un tiempo todavía imposible de cuantificar. Y en segundo lugar, tenemos la obligación de fortalecer el sistema sanitario público e impulsar un cambio hacia un modelo más robusto, flexible y resiliente.
La transformación y el refuerzo del SNS era ya uno de los retos estratégicos prioritarios a abordar en esta legislatura. La pandemia ha acelerado un proceso que pasa por estar preparados para hacer frente a futuras pandemias o segundas olas; colocar a las personas en el centro del sistema y adaptar el sistema a las necesidades sociales; cuidar a los que nos cuidan y mejorar las condiciones de nuestros profesionales. En definitiva, afianzar la sanidad pública como un servicio esencial del Estado del Bienestar para las próximas décadas.
En nuestra visión de transformación, y esta pandemia lo ha evidenciado de manera clara, la Salud Pública tiene que ser prioritaria. Es necesario dotarla de adecuadas estructuras y recursos, no solo para la vigilancia epidemiológica, que ahora es un imperativo. Sino también para promover la salud y la educación para la salud, para impulsar estilos de vida saludables, para, en definitiva, lograr un sistema más preventivo, que genere salud y no solo sanidad.
Y para ello no podemos actuar de forma aislada desde el sistema sanitario asistencial sino desde un enfoque de salud en todas las políticas con base en Atención Primaria. Si queremos ser efectivos, nuestra Sanidad debe estar cerca de las personas y las familias, en los domicilios, en los barrios, en la escuela, en los centros de trabajo, en la movilidad de las ciudades, en las residencias de mayores y de atención a personas dependientes. La atención sanitaria debe así transformarse en una atención a la salud que contemple la continuidad de cuidados a lo largo de la vida de las personas en condiciones de equidad e igualdad.
Y en este proceso de transformación las comunidades autónomas juegan un papel fundamental porque en nuestro sistema autonómico son ellas las que tienen la competencia de gestión de los servicios que forman el SNS. Esta organización es una fortaleza para el sistema por lo que debemos ser capaces de seguir avanzando hacia el futuro con respuestas coordinadas, cohesionadas y unidas de todas las administraciones.
El consenso como respuesta a la pandemia
José Luis Escrivá
Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
Hace ya nueve meses que tomé posesión como ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y nada entonces hacía presagiar que íbamos a vivir unos meses como los que hemos vivido. Apenas unas semanas después de iniciar los trabajos en el ministerio, la pandemia nos puso a todos a prueba, con situaciones inéditas en tiempos de paz, como un confinamiento que durante varias semanas dejó prácticamente congelada nuestra economía. En pocos días, el Gobierno tuvo que centrarse en proteger las rentas de los trabajadores y el tejido productivo a través de un ambicioso paquete de medidas, que se han demostrado eficaces mientras se recuperaban los niveles de actividad. Estas medidas de protección de renta han centrado buena parte de nuestro trabajo en estos primeros meses, al tiempo que han demostrado que las heridas que puede dejar una crisis de la gravedad de la vivida pueden ser menos profundas si los responsables públicos acompañan a los agentes sociales y van de la mano en el diseño de redes de protección.
El futuro que se atisba tras un ‘ciclón sanitario’ como este va a exigir de todos nos continuemos esforzando por lograr acuerdos y consensos que den seguridad a la ciudadanía. Aunque el ruido y la confrontación lo hagan parecer imposible, no lo es. Lo hemos logrado, por ejemplo, a la hora de aprobar el Ingreso Mínimo Vital sin ningún voto en contra en el Congreso, una política esencial reclamada desde hace mucho tiempo por las instituciones europeas, y que aspira a corregir el problema estructural de pobreza severa que arrastra nuestro país. O a la hora negociar con los agentes sociales cómo modulábamos el diseño de los ERTE para proteger a las empresas y trabajadores que los necesitaban y a su vez contribuir al proceso de reactivación económica, o cómo armábamos nuevas prestaciones para proteger los ingresos de los trabajadores autónomos. Hay que ahondar y buscar puntos de acuerdo en materias tan importantes como las pensiones, un tema sobre el que sólo un amplio consenso permitirá dar certidumbre y tranquilidad tanto a los actuales como a los futuros pensionistas. Y también, pensando en el futuro, es relevante buscar un punto de encuentro en migraciones: vivimos con una Ley de Extranjería de hace veinte años, pensada para una realidad migratoria y demográfica muy diferente de la actual a, y que por tanto, es necesario reformar en busca de un nuevo modelo que facilite la migración legal, segura y ordenada.
Como a casi todos, la pandemia ha alterado nuestros planes y previsiones, pero también nos ha servido para ratificar cuáles han de ser nuestras prioridades. Ya en febrero, al presentar las líneas de actuación para la legislatura, señalé que mi objetivo para estos cuatro años era lograr tres consensos, uno por cada área de mi departamento: Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Estos pactos, que ya en febrero eran deseables, son ahora imprescindibles. La pandemia ha multiplicado la incertidumbre de una sociedad que ya antes vivía desasosegada por las incertidumbres asociadas a transformaciones económicas, sociales y medioambientales a las que los estados no estaban dando suficiente respuesta. La pandemia ha agravado la necesidad de contrarrestar las legítimas preocupaciones de los ciudadanos con políticas públicas estables, inclusivas y sostenibles, que sirvan para dibujar un país en el que todos nos sintamos reconocidos y representados. Construir esas políticas ha de ser nuestro trabajo.
