ESPECIAL Presidencia Española de la UE / Nuria Díaz.
La Agenda Verde es uno de los asuntos troncales de la política europea y su impulso lo será de la presidencia española de la UE que comienza el próximo 1 de julio. Un gran reto, sobre todo en lo energético, para conseguir una menor dependencia energética que además camine en paralelo a la transición ecológica y la lucha contra el cambio climático. Para alcanzarlo se ha puesto en marcha un paquete de medidas, “Objetivo 55”, que todos los países miembros han de implementar y que conlleva negociaciones, no siempre fáciles, con distintos sectores, pero imprescindibles en la nueva Europa.
El principal punto sobre el que pivota el Pacto Verde Europeo es el plan de crecimiento a largo plazo de la UE para lograr que Europa sea climáticamente neutra de aquí a 2050. Un convencimiento estratégico que se ha reforzado a raíz de la guerra de Ucrania, que ha puesto en peligro el suministro en varios países. Este objetivo queda recogido en el Reglamento Europeo sobre el Clima a raíz del compromiso adquirido por la UE y sus Estados miembros con la firma del Acuerdo de París en 2015.
Como etapa intermedia hacia su consecución, Bruselas ha acordado reducir en más de la mitad (con respecto a los niveles de 1990) las emisiones de gases de efecto invernadero de la UE para 2030. Para alcanzar ese objetivo, que supone una reducción de al menos un 55%, ha sido necesario revisar la normativa europea de energía y clima. Por ello, en julio de 2021 la Comisión Europea presentó un conjunto de propuestas legislativas, conocido como “Objetivo 55” (“fit for 55” en inglés) encaminadas a actualizar la legislación de la UE y poner en marcha nuevas iniciativas.
El paquete incluye normas sobre energía, transporte, comercio de derechos de emisión y reducciones, uso de la tierra y silvicultura que han de ponerse en marcha en todos los países miembros y que conllevan una negociación a veces con Bruselas, a veces a nivel nacional con los distintos sectores, que en algunos casos está siendo ardua.
Bajar las emisiones de CO2
En concreto, la Comisión ha propuesto, por ejemplo, revisar las normas en materia de emisiones de CO2 de turismos y furgonetas estableciendo mayores objetivos de reducción en la UE de aquí a 2030 y fijando un nuevo objetivo del 100 % para 2035. En la práctica, esto implica que a partir de 2035 ya no será posible comercializar en la UE turismos o furgonetas que tengan un motor de combustión interna.
Además, ha puesto en marcha el Reglamento de reparto del esfuerzo (REE), que actualiza los objetivos de reducción de emisiones de los Estados miembros para 2030 en diversos sectores económicos. Sectores como el transporte, los edificios, la agricultura, la pequeña industria y los residuos, que representan en torno al 60% de las emisiones totales de la UE, se incorporarán a la aplicación del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE.
En tercer lugar, se propone la eliminación del CO2 de la atmósfera mediante su captura en el suelo y en los bosques contribuye a reducir el volumen total de emisiones de gases de efecto invernadero de la UE, ayudando a alcanzar la neutralidad climática. Por ello, el Reglamento del Uso de la tierra y silvicultura (UTCUTS) exige a cada estado miembro que vele por que las emisiones del sector del uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura se compensen con absorciones como mínimo equivalentes durante el período 2021-2030 (compromiso de “deuda cero”).
Transporte más sostenible
El cuarto grupo de medidas van encaminadas a reducir el consumo de combustibles fósiles en el transporte para hacerlo más sostenible es fundamental para que la UE alcance la neutralidad climática en 2050. Por este motivo, es necesario que en la UE haya suficientes puntos de recarga y puntos de repostaje de combustibles alternativos como el hidrógeno o el metano licuado para los turismos, aviones y buques que hagan uso de ellos y que la cobertura en toda la Unión Europea sea lo suficientemente buena como para evitar el miedo a la falta de autonomía.
En quinto lugar, el paquete ‘Objetivo 55’ contempla un Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (MAFC), un nuevo Reglamento que creará incentivos para que los productores de fuera de la UE reduzcan sus emisiones. Se prevé que sirva para contrarrestar la fuga de carbono que se produce cuando las empresas con altas emisiones de gases de efecto invernadero trasladan su producción a territorios fuera de la Unión Europea con normativas menos estrictas en materia de política climática.
Bruselas ha propuesto revisar las normas en materia de emisiones de CO2 de turismos y furgonetas estableciendo mayores objetivos de reducción en la UE de aquí a 2030 y fijando un nuevo objetivo del 100 % para 2035
Además, se prevé un Fondo Social para el Clima que proporcionará financiación para apoyar a los grupos vulnerables y empresas más afectados por la introducción de un nuevo régimen de comercio de derechos de emisión aplicable a los edificios, el transporte por carretera y los combustibles en otros sectores. El fondo ayudará a combatir la pobreza energética y mejorar el acceso en la UE a sistemas de movilidad y transporte de emisión cero o de baja emisión.
A esto hay que sumar las iniciativas ReFuelEU Aviation y FuelEU Maritime, que promueven la utilización de combustibles más ecológicos y sostenibles en los sectores marítimo y de la aviación, que actualmente utilizan casi exclusivamente combustibles fósiles. El impacto de este tipo de medidas será significativo, ya que el transporte aéreo y marítimo representan respectivamente el 14,4% y el 13,5% de las emisiones de gases de efecto invernadero del transporte de la Unión Europea.
La fiscalidad de la energía
Además, se ahonda en el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE), uno de los mayores mercados de carbono del mundo y la principal herramienta de la UE para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. El RCDE pone precio al carbono emitido a la atmósfera, y cada año las entidades cubiertas por el régimen deben comprar los derechos correspondientes a sus emisiones de gases.
Por otro lado, se pone el acento en la fiscalidad de la energía para contribuir a alcanzar los objetivos climáticos y medioambientales de la Unión Europea al fomentar la transición hacia una energía más limpia y una industria más ecológica. De esta forma la UE velará porque los combustibles más contaminantes se graven con los tipos impositivos más elevados, ofreciendo incentivos a productores, usuarios y consumidores para que adopten prácticas más sostenibles.
Aumentar la eficiencia energética es otro de los imperativos que permitirá ahorrar energía y reducir de manera efectiva las emisiones de gases de efecto invernadero durante la transición al uso de energías renovables y menos contaminantes. La nueva directiva de eficiencia energética acordada por el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo en marzo de 2023, que pronto entrará en vigor, permitirá duplicar las reducciones de consumo de energía (1,5%) que estaban alcanzando los estados miembros con la normativa vigente (0,8%).
Y, por último, el empuje de todo lo relativo a las energías renovables. La transición hacia formas de energía más limpias es una condición indispensable para alcanzar la neutralidad climática, por lo que la mayor parte de la energía que se consuma en la UE deberá proceder de fuentes renovables. Concretamente, con el paquete de medidas “Objetivo 55”, la Unión Europea tiene previsto impulsar la cuota de energías renovables de aquí a 2030 por encima del objetivo actual acordado en 2018.
Así, la industria, «en tanto que sector consumidor de energía clave», destaca la UE, debe cumplir un objetivo de aumento de un 1,6% anual en el uso de energías renovables. Además, debe cumplir el «objetivo vinculante de que el hidrógeno renovable represente el 42% del consumo total de hidrógeno en la industria de aquí a 2030».
