Solbes lo frenó
AMNISTÍA FISCAL, EL PLAN
FALLIDO DE LOS 'NEOPROG'
La posibilidad de ejecutar una amnistía fiscal no ha surgido durante las últimas
semanas, al calor del desastre financiero internacional. Según ha podido saber
EL SIGLO, el Gobierno ya manejaba esa opción desde antes de las elecciones a
propuesta de la Oficina Económica de Moncloa, el núcleo duro de la iniciativas
neoprog, cuando todavía estaba dirigida por David Taguas. Sin embargo, las
enormes resistencias que el plan encontró en el Ministerio de Economía y en el
Banco de España dieron al traste con él. Podría decirse, por tanto, que los neoprog
han perdido su pulso en esta cuestión con el sector del Gobierno liderado por
Solbes. Pero Zapatero nunca ha dado un no definitivo.
Por M.C.
Las bolsas de dinero negro en España han aumentado de forma exponencial durante los últimos años gracias a la burbuja inmobiliaria.
Unas cantidades ingentes que se hace muy difícil blanquear si la actividad económica sufre un retroceso importante. Por ello, antes de las elecciones, cuando la crisis era todavía una "desaceleración", desde la Oficina Económica de Moncloa se pensó que una amnistía fiscal para esos capitales sería una buena fuente de liquidez para un sistema financiero que comenzaba a perderla a chorros. Las previsiones del equipo de David Taguas, íntimo amigo de Miguel Sebastián, cifraban en 80.000 millones de euros el total de dinero ilegal en España, con lo que la amnistía fiscal podía convertirse en una herramienta tan buena "que nos iba a sacar de la crisis", según se argumentaba desde la Oficina Económica. Y es que no hay que olvidar que el plan diseñado por Zapatero esta pasada semana para socorrer a la banca española y ensanchar el flujo de créditos es de 30.000 millones ampliable a 50.000.
Cuando el plan llegó a la mesa del presidente, Solbes se plantó. Al vicepresidente económico, los neoprog, liderados por el ahora ministro de Industria le colaron el gol de la devolución de los 400 euros en el IRPF durante la campaña electoral (ver EL SIGLOn°800, 'Solo frente a los neoprog). Pero Sol-bes, apoyado por su secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, y el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordoñez, estaba radicalmente en contra de la amnistía fiscal. Primero, por el coste político que una medida de ese calibre puede tener, premiando en cierta forma a los defraudadores y mostrando a la opinión pública que no importa realizar actividades ilícitas porque tarde o temprano el Estado legalizará el dinero obtenido en esas operaciones oscuras. Pero también porque consideraban que gran parte de ese dinero estaba domiciliado en paraísos fiscales y, por muchos incentivos que se les ofrecieran, esos capitales no iban a retornar a España. En este sentido, los neoprog argumentaban que en los paraísos fiscales también existen problemas de liquidez, por lo que esos capitales regresarían en buena parte. Imposible saber cuánto con exactitud, pero partiendo de esa estimación de 80.000 millones de euros, con que volviera un porcentaje significativo
de ese dinero el beneficio para el sistema financiero sería importante en cualquier caso.
La batalla estaba servida y Zapatero no se atrevió a dar luz verde al plan porque despertaba una fuerte oposición en el núcleo duro del Gobierno. Incluso los ministros de más peso que no forman parte del área económica no veían con buenos ojos las intenciones de la Oficina Económica de Moncloa, a causa de sus evidentes implicaciones éticas. Así que el asunto se planteó seriamente en las más altas esferas del Gobierno, pero quedó descartado en primavera. Con lo que Solbes se apuntaba, por lo menos de momento, porque Zapatero nunca se ha manifestado radicalmente en contra de la amnistía, una victoria importante en su pulso con los 'sebastianistas'.
Y es que es evidente que, de entrada, es difícil que una amnistía fiscal al dinero originado en oscuras operaciones despierte simpatías. El propio Miguel Ángel Fernández Ordóñez, la semana pasada, se ha mostrado públicamente en contra de esa posibilidad porque "hay que pensar en el conjunto, en la mayoría, aunque perdamos algunos euros".
Según explicó durante su comparecencia en el Congreso, los avances en planes de prevención del fraude de los últimos años han permitido que "cantidades de españoles" estén ya "pagando religiosamente" sus obligaciones, motivo por el que consideró que no se debe dar "una oportunidad" a los que se enriquecieron hace tiempo. Además, tanto los inspectores como los técnicos de Hacienda han mostrado también su oposición total a una medida de esta naturaleza.
Y en la misma línea, durante una entrevista en VEO Televisión, se ha manifestado Mariano Rajoy, subrayando que lo que tiene que suceder es que funcione "de la mejor manera posible la inspección del Estado. Eso ya se hizo en su día con el Partido Socialista, hace muchos años y yo, desde luego, estoy en contra".
Iniciativas de este tipo han existido dos en la historia reciente de España, las dos tomadas con Felipe González como presidente del Gobierno. La primera fue ejecutada por el Ministerio de Economía dirigido por Miguel Boyer a través de la emisión de pagarés del Tesoro, ideados para sufragar el cuantioso déficit público con el que España contaba cuando el PSOE llegó a la Moncloa en 1982. La lucha contra el fraude fiscal naufragaba, el sistema tributario era incapaz de sostener por sí solo el aumento del gasto público y las herramientas tradicionales para dotar de fondos al Estado, como la captación de crédito exterior o las emisiones clásicas de deuda pública, también se mostraban insuficientes. Así que el gobierno socialista recurrió a una emisión masiva de estos pagarés como la forma más rápida para engrasar las maquinarias financieras del Estado.
La adquisición de esos bonos, 'blindaba' fiscalmente el dinero invertido en ellos, que llegó a superar los 3 billones de pesetas, o sea, los 20.000 millones de euros. Además, el propietario recibía los intereses de los pagarés sin que el Tesoro ejecutara ninguna retención fiscal, por lo que no había ninguna necesidad de que esos rendimientos de capital fuesen incluidos en la declaración de la renta. Esto provocó que no sólo el dinero procedente de actividades más o menos irregulares fuese a parar a los pagarés del Tesoro, sino que cualquier ciudadano podía invertir su dinero de esta forma e incurrir en el 'pecadillo fiscal' de no declarar los intereses recibidos.
La cuestión de los pagarés del Tesoro y de las grandes cantidades de dinero negro depositadas en ellos seguía pendiente a principios de los 90. Su labor a la hora de financiar el déficit público había sido muy importante, pero su estatus fiscal era cada vez más criticado y más indefendible. Así las cosas, fue en 1991 cuando el sucesor de Boyer en la cartera de Economía, Carlos Solchaga, llevó a cabo un proceso más profundo de regularización de capitales, suavizando mucho los cuentas pendientes de éstos con el Estado.
Tras la discusión con las fuerzas políticas del Congreso sobre los términos de la reforma fiscal, el Gobierno decidió conceder dos herramientas a quienes deseaban dar legalidad a su dinero. El primero de ellos consistió en ofrecer a los tenedores de esos títulos 'pasar por caja' a través de declaraciones de la renta complementarias, sin sanción, exentas de intereses y con algunas facilidades relativas al pago de la deuda tributaria. La otra opción consistió en transferir el dinero de los pagarés a otra clase de títulos públicos que ofrecían una rentabilidad mucho menor, la denominada Deuda Pública Especial, que vencía a los cinco años. Después de esos cinco años, el capital quedaba perfectamente legalizado porque las deudas con Hacienda prescribían en ese plazo.
Está claro, por tanto, que no sería la primera vez que un gobierno socialista toma una medida de este tipo, tan injusta socialmente, por los menos en apariencia. Y es que, al margen de su verdadero impacto en el sistema financiero, sería muy difícil hacer presentable para los ciudadanos un plan que bendice los tejemanejes del sector inmobiliario, que han contribuido a situar el precio de las viviendas por las nubes. Con el plan lanzado por el Gobierno, la amnistía fiscal parece que se queda en el cajón. Pero si la situación continúa agravándose, es probable que los neoprog vuelvan a la carga. |