Opinion Centella Tiempos de hoy

 
   

 Nº 1277. 18 de enero de 2019

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Tribuna / José Luis Centella

Los ‘chalecos amarillos’ en Francia urgen a una reflexión de la izquierda

Las causas de la frustración popular se hallan en la profunda insatisfacción de los franceses ante el retroceso social y un incierto futuro, además del recurso a la violencia policial frente a las protestas

La crisis social y política en Francia que se referencia en la llamada revuelta de los ‘chalecos amarillos’ es otro episodio más del malestar que arrastra desde hace más de una década una Unión Europea que impulsa leyes regresivas e impopulares incapaces de dar una perspectiva de futuro a la gente común.

Si el detonante para el inicio de esta protesta fue el aumento del impuesto sobre la gasolina, las causas de la frustración popular se hallan en la profunda insatisfacción de los franceses ante el retroceso social y un incierto futuro, además del recurso a la violencia policial frente a las protestas, lo que provocó un efecto rebote, tal y como ocurrió con nuestro 15-M.

Mandatado por las instituciones europeas, Macron apareció ante los franceses para liquidar los sectores aún en manos del Estado, aprobando al mismo tiempo la supresión del impuesto sobre la fortuna, la reducción del 50% al 30% del tributo fijo sobre ingresos de capital, mientras plantea la reducción de ayudas sociales a los más pobres y al aumento de los impuestos para la mayoría de la población. Todo ello representa más dificultades para trabajadores, estudiantes y jubilados, que contrastan con los beneficios fiscales que Macron otorga a los grandes empresarios y fortunas, en una carrera para disminuir el peso del Estado, de la sanidad, educación y servicios públicos, y seguir la senda de la privatización de los sectores públicos.

El desempleo atenaza a casi la cuarta parte de los jóvenes, que contemplan un futuro de suburbio, mientras los empresarios se benefician de exenciones fiscales, tretas de ingeniería tributaria y fraude fiscal para reducir la contribución a la que les obligan las leyes de la República, causando un grave perjuicio a los ingresos del Estado. El fraude fiscal de las empresas francesas llega a casi cien mil millones de euros anuales: es la constatación del egoísmo social y de la irresponsabilidad de la burguesía.

La crisis de la República Francesa ilustra el fracaso de la política neoliberal que han seguido todos los gobiernos, desde Sarkozy y Hollande hasta Macron, y la insensatez de una voraz derecha política, que incluso incorpora propuestas de la extrema derecha de Marine Le Pen.

En esta situación de desapego popular, la extrema derecha ha intentado apoderarse de la movilización de los ‘chalecos amarillos’. Si bien en su inicio contempló gestos minoritarios de xenofobia, después ha incorporado exigencias populares que están en consonancia con las demandas de la izquierda francesa, desde el aumento del salario mínimo a 1.500 euros, y de las pensiones más bajas a 1.200 euros, la limitación de los contratos temporales y de los precios abusivos de los alquileres, el mantenimiento en manos del Estado de las grandes infraestructuras del país, hasta la exigencia de un plan para perseguir el fraude fiscal de empresas y grandes fortunas.

Pero, en paralelo, esta revuelta que muestra el fracaso de Macron e interpela a la Unión Europea liberal también debe de hacer reflexionar a todas las fuerzas de izquierda europea para que analicen los motivos del éxito de la insistencia de los laboratorios ideológicos de la derecha neoliberal y de la prensa conservadora en presentar a los sindicatos y a los partidos de izquierda como los restos de un pasado que no puede ya representar a los trabajadores. También de que haya personas afectadas por la crisis que no encuentran referentes organizados que los represente.

Esta revuelta muestra las dificultades de las fuerzas de la izquierda social, sindical y política para canalizar y encabezar la rabia y la desolación que aprisiona a millones de trabajadores, jubilados y jóvenes en toda Europa. Urge, por tanto, una reflexión colectiva para recuperar esa capacidad.

 

 

Firma:

Coordinador de la Asamblea Político y Social de Izquierda Unida y presidente del Partido Comunista de España (PCE), partido del que ha sido secretario general entre 2009 y 2018. Maestro de profesión, fue concejal en el Ayuntamiento de la localidad malagueña de Benalmádena, provincia donde inició su actividad política y por la que fue elegido diputado al Congreso en 1993, 1996 y 2000. En la X Legislatura (2011-2015) volvió a la Cámara Baja como diputado por Sevilla, ocupando la portavocía del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA-La Izquierda Plural. 

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