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 Nº 1282. 22 de febrero de 2019

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Los Dossieres / Pedro Antonio Navarro

Se reforma la Ley de Propiedad Intelectual con el descontrol de la SGAE de fondo

Derechos de autor bajo sospecha

La entidad de gestión, recaudación y reparto de los rendimientos de los derechos de autor de la creación artística en nuestro país parece cada vez más ‘la casa de los líos’. Continuamente en entredicho por sus prácticas, y bajo una gruesa lupa tras el estallido del escándalo ‘Saga’, en 2011, finalmente va a ser intervenida por el Estado, al ser incapaz de adaptar sus normas internas a lo establecido en el nuevo marco legal.


La SGAE acumula años de sospecha sobre su gestión. / EUROPA PRESS

Los escándalos y las sospechas llevan ya muchos años persiguiendo a las sucesivas direcciones de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), une entidad privada que nacía en 1988 bajo el paraguas de la Ley de Propiedad Intelectual, y cuya finalidad era y es la de gestionar el pago de los derechos de autor en nuestro país a los autores en diversos ámbitos de la creación artística, siguiendo la estela de sus predecesoras Sociedad de Autores Españoles (SAE) (1898-1931) y Sociedad General de Autores Españoles (SGAE) (1932-1995).

Desde el comienzo se organiza en torno a cuatro grandes ‘familias’: Pequeño Derecho (músicos), Gran Derecho (artes escénicas), Audiovisual y Editores. Entre las cuatro eligen a los miembros de los distintos colegios que forman el Consejo de Dirección (14) y la Junta Directiva (estos 14 más otros 25); es decir, 39 integrantes de la directiva.

Pero la historia de sus públicos problemas de gestión y las sospechas sobre el manejo de sus dineros arrancaba con fuerza en 2011, cuando su máximo responsable, Eduardo ‘Teddy’ Bautista, después de 30 años al frente de la entidad, era detenido junto a varios de sus directivos acusado de desvío de fondos en la filial digital de esa entidad en el llamado ‘caso Saga’, por el que se le solicitan 7 años de cárcel.

Tras su detención, la SGAE iniciaba una nueva etapa por cuya presidencia han pasado Santiago Moncada, Antón Reixa, José Luis Acosta, José Miguel Fernández-Sastrón y, desde noviembre pasado, el gaitero José Ángel Hevia.

Eduardo ‘Teddy’ Bautista, el ‘eterno’ presidente de la SGAE era detenido en 2011 acusado de varios delitos. / EP

El nuevo escándalo que ahora remueve los cimientos de esta Sociedad y que está a punto de costarle una intervención del Estado es conocido como ‘la rueda de las televisiones’, una práctica que fue denunciada por primera vez en 2013 ante la Fiscalía Anticorrupción por el expresidente Antón Reixa.

Tiempo después, en junio de 2016, por orden del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, la policía judicial iniciaba una operación contra el fraude en el cobro de derechos de autor de piezas musicales que se emitían en cadenas de televisión en horario nocturno y que podía ascender a 100 millones de euros.

Esta práctica tuvo su origen también en la presidencia de Teddy Bautista, cuando se impulsó la programación de conciertos de compositores sinfónicos con la intención de compensar a un perfil de socios que apenas generaban dinero en comparación con los autores de música moderna.

‘La ‘Rueda’ reparte sus beneficios a tres niveles. Por un lado, hay una red de creadores que son los responsables de grabar miles de canciones por encargo de una serie de intermediarios. A veces son temas nuevos, otras se trata de obras de dominio público con apenas unos arreglos. Los intermediarios registran los temas en la SGAE, atribuyéndose la autoría o aprovechando testaferros y familiares que a menudo no son músicos. Según el sumario, en la trama colaboran empleados de varias televisiones tanto nacionales como autonómicas, encargándose de adquirir canciones y de copar la programación nocturna con estas composiciones. De este modo, las cadenas perciben un 50 por ciento de los ingresos generados por el uso de esos temas, compensando así la cantidad fija que deben reportar a la SGAE por el repertorio. 

Al conocerse estos hechos, dos asociaciones de editores musicales, AEDEM y OPEM, llevaron a la SGAE ante un arbitraje de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), que decretó que las entidades de gestión no debían recaudar un porcentaje superior al 20 por ciento proveniente de las televisiones por la música nocturna. 

Además, la aprobación de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual obliga a la SGAE a incluir esa norma en sus estatutos.


‘La Rueda’ fue denunciada por Antón Reixa cuando presidió la entidad. / EP

Después de la denuncia de Reixa ha habido tres juntas directivas; la de José Luis Acosta, que dimitió en 2016, José Miguel Fernández-Sastrón, hoy imputado por este caso, y la de José Ángel Hevia, elegido en las últimas elecciones de octubre.

Tras comprobar que esta última directiva tampoco ha atendido lo requerido por el Ministerio de Cultura en materia de reparto de los ingresos y en el sistema de votación - no se permite el voto electrónico y el sistema de votos es todavía ponderado-, el ministro del ramo, José Guirao, tomaba la decisión de solicitar al juez la intervención parcial de la SGAE para hacer cumplir los puntos que se le vienen requiriendo desde hace meses: aprobación de los estatutos, cambio del sistema de reparto e implementación del voto electrónico. 

El ministerio ha solicitado a la Audiencia de manera cautelar el cese de los 35 socios que componen actualmente la Junta directiva y que estos sean sustituidos por una gestora interina formada por expertos.  Esta situación se extendería durante seis meses, prorrogables a otros seis.

Entre las primeras medidas de esa comisión estará el estudio pormenorizado de las cuentas de la entidad, además del objetivo ya expresado de  “regularizar el funcionamiento institucional de la entidad, clarificar su gestión e implantar cuantas medidas resulten necesarias para el cumplimiento de las obligaciones legales previstas en la normativa vigente en materia de propiedad intelectual”.

El camino hacia la intervención se aceleraba en junio de 2017, cuando la Policía Nacional entraba en la sede de la SGAE y detenía a 18 personas dentro de las investigaciones del caso de la ‘rueda de las televisiones’. También se producían 16 registros y 20 requerimientos de información.


El ministro de Cultura ha decidido finalmente pedir al juez la sustitución de la directiva de la SGAE por una gestora. / EP

Rebelión interna
Un numeroso grupo de artistas tomaron contacto con el PSOE a comienzos de 2018 para que exigiese en el Congreso la intervención de la entidad, pero entonces, la mayoría del PP se opuso a esa demanda. Tras la moción de censura que llevó a los socialistas al poder, este grupo de artistas volvía a solicitar una reunión con el nuevo ministro de Cultura.
El 21 de junio de 2018, la SGAE celebró su asamblea anual, en la que el entonces presidente Fernández-Sastrón –hoy imputado en la trama de la ‘rueda’- recibía la reprobación del 61 por ciento. La oposición mostraba su disconformidad con los estatutos y con el sistema de reparto de los ingresos que, según ellos, seguía privilegiando a los autores cuya música se emite en horario nocturno. Los representantes de los colegios Audiovisual y Gran Derecho (teatro) también expresaban su malestar.


El gaitero José Ángel Hevia es el último presidente de la sociedad de gestión, y se enfrenta a la petición de intervención. / EP

Apenas diez días después de esta asamblea, las grandes discográficas amenazaron con retirar todo su catálogo de la SGAE, aduciendo los fraudes e irregularidades de la rueda y la inexistencia de un pleno control de las cuentas. También por la relación -en proceso de investigación- de las televisiones (principalmente Atresmedia) con la SGAE y los contratos para la emisión de la música nocturna, con sospechas de fraude.

Se estima que los ingresos por los derechos que mueven las discográficas suponen alrededor del 40 por ciento de lo que ingresa la SGAE (en 2017 fueron 246 millones de euros).

En las últimas elecciones del pasado mes de octubre –que finalmente ganaría la candidatura de Hevia y Teo Cardalda (vicepresidente)- llegó a presentarse Teddy Bautista, imputado en el caso SAGA por apropiación indebida en 2011.

 

‘La rueda de las televisiones’


El expresidente de la entidad, José Miguel Fernández Sastrón, está investigado por ‘La Rueda’.

Tras la denuncia efectuada en 2013 por Antón Reixa y posteriores actuaciones policiales, en septiembre del año pasado, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno citaba como investigados en el caso de la ‘rueda de las televisiones’ a ocho personas, entre ellas el anterior presidente de la SGAE, José Miguel Fernández Sastrón.

El magistrado está investigando un posible fraude de 100 millones de euros en el cobro de derechos de autor por piezas musicales emitidas en televisión en una práctica conocida como ‘la rueda’, solo entre 2011 y 2016.

Acudían a declarar en calidad de investigados José Arturo Morales Rodríguez, Juan Manuel Muruve Valle, Raquel Camins Cruxent, Antonia Prieto Ragel, Fernández-Sastrón, José Luis Rupérez Cebolla, María Sanz Núñez de Villavicencio y Carlos Salazar Murillo.

El juez enviaba a prisión eludible bajo una fianza de 100.000 euros a tres socios de la SGAE: Rafael Tena, Manuel Carrasco y Fernando Bermúdez, quienes abonaron la cantidad y no ingresaron en la cárcel.

El “entramado”, según la instrucción del togado, consistía en crear “música de baja calidad” y que se registraba con “falsos arreglos” sobre obras musicales de dominio público para después ponerlas a nombre de testaferros y empresas editoriales.

El objetivo era emitirlas en programas nocturnos de diferentes cadenas de televisión y generar derechos de autor, lo que el juez considera, un enriquecimiento “injusto” a través del pago de estos derechos por parte de la SGAE en sus liquidaciones.

Siempre según la instrucción, para conseguir esos contratos de emisión de sus piezas musicales contaban con personas en el seno de las televisiones que los facilitaban a cambio de la cesión de determinados porcentajes de derechos y/o una contraprestación económica.

Como ya se ha explicado, esta trama fue denunciada por primera vez en 2013 ante la Fiscalía Anticorrupción por el expresidente de la SGAE, Antón Reixa. Ese mismo año se filtró una lista de ‘implicados’ en ‘la rueda’, entre los que aparecían un productor de ‘La Voz’ que había registrado 11.000 obras en 5 años o la madre de otro que desde 2007 había inscrito 275 obras sinfónicas.

Además, todo indica que el nuevo presidente de la entidad, José Ángel Hevia habría ingresado casi dos millones de euros (1.842.857) entre 2010 y 2018. 1.842.857 por larueda de las televisiones’.

En el auto que el juez Moreno instruyó en junio de 2017 se considera fraude la obtención de una mayoría en su junta directiva para imponer en las televisiones “acuerdos abusivos para perpetuar sus intereses con evidente ánimo de lucro, en perjuicio del resto de los socios y sin que aporte beneficio alguno a la sociedad”.

Esta repartición de derechos de autor no solo pretendía obtener ganancias de dinero, sino también situar en altos cargos a los suyos.

Pese a todo ello, Hevia resultaba elegido presidente de la SGAE durante la primera reunión de su junta directiva por 20 votos a favor, 2 en contra y 12 abstenciones. La junta surgida de estas elecciones, que registró la más baja participación de su historia (7,5 por ciento), eligió asimismo como vicepresidentes a Antonio Onetti (colegio Audiovisual), Fermín Cabal (Gran Derecho), Teo Cardalda (Pequeño Derecho) y Clinton J. Williams, en representación de Alabama Music Business (Editores Musicales).

El Consejo de Dirección lo forman los Editores, Laura Prieto, en representación de Editorial Arambol; Gonzalo Fernández, en nombre de El Retiro Ediciones Musicales y Clifton J. Williams, de Alabama. Por Gran Derecho están Fermín Cabal y Yolanda García Serrano; por Audiovisual, Antonio Onetti, Manuel Meliveo y Carlos Navarro, y por Pequeño Derecho Virginia Glück, Josemi Carmona, Teo Cardalda, Pablo Pinillo, Inma Serrano y Hevia.

Estatutos ‘parche’
Antes de producirse la solicitud de intervención a la SGAE por parte del Gobierno, la nueva directiva había anunciado su propósito de “salvar la sociedad”  con la presentación de una reforma estatutaria de mínimos y que introduce la creación de una comisión de supervisión para controlar a los órganos de gobierno.

Los miembros de la junta directiva coincidían en afirmar que se trataba de una reforma estatutaria que se había hecho en tan solo cinco semanas, por lo que resultaba “precipitada”.  “Al final lo que estamos haciendo es parchear los estatutos a base de cambios. Es una salida razonable en este momento, cambiar solo los puntos que pida la ley con la consciencia de que habrá que llevar a cabo reformas estatutarias más profundas”, explicaba entonces Hevia.

Entre las novedades más significativas de la reforma está la creación de la mencionada comisión de supervisión, un nuevo órgano cuyo objetivo es el “control permanente de los órganos de gobierno” y que estaría formado por cinco socios de la entidad ajenos a su junta directiva (dos del colegio de Pequeño Derecho, uno del Audiovisual, uno de Gran Derecho y otro del colegio de Editores). El sexto integrante sería externo, elegido por los cinco socios electos y ratificados por la Asamblea General y, de forma paralela, el presidente de la junta directiva perdería poder ejecutivo.

Según los datos ofrecidos por Hevia en el reparto realizado el pasado mes de diciembre (se realiza otro en junio) los socios de la SGAE se repartieron un total de 100 millones, de los cuales 18 fueron destinados a la música emitida en la franja nocturna -de esos, la mitad va destinado a autores y la otra mitad a editores musicales-.

Este es uno de los puntos en los que entra la nueva ley de propiedad intelectual, que establece un tope del 20 por ciento a la recaudación de cada autor por la emisión de su obra en un horario con “ausencia de audiencia significativa”, es decir la que se emite en horario nocturno.

El dramaturgo Fermín Cabal, vicepresidente del Colegio de Gran Derecho, criticaba abiertamente el reparto a esta franja horaria en la que se ha producido presuntamente la trama de ‘la rueda de las televisiones’. Cabal declaraba que su colegio está “a favor” de que el ministerio de Cultura les ‘tutele’: “Hasta la fecha estamos cumpliendo con sus requerimientos”. 

Pero la situación en que se encuentra la SGAE es muy delicada. Tanto, que la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC) decidía a comienzos de diciembre pasado iniciar un “proceso sancionador” contra la Sociedad General de Autores y Editores  que podría acabar con su expulsión por no cumplir con los reglamentos internacionales.

En un comunicado aseguraban que “en vista del fracaso de la SGAE en remediar las violaciones del reglamento de la CISAC, el consejo directivo ha decidido iniciar un procedimiento sancionador. Este podría resultar en varias sanciones y medidas, incluyendo la expulsión de la SGAE de la CISAC”.

De hecho, la CISAC había ya retirado a la SGAE del consejo en marzo de forma preventiva para evitar un potencial conflicto de intereses durante la investigación de sus prácticas de conducta y gestión –denunciadas por la Confederación Internacional de Editores de Música (IMCP)– que suscitaban “serias preocupaciones”.

Tampoco van mejor las cosas en el campo judicial. A finales de diciembre de 2018 –ya con Hevia como presidente-, el Juzgado de Primera Instancia número 54 de Madrid anulaba el reparto de las cantidades ingresadas por derechos de autor realizado por la Junta directiva de la SGAE en noviembre de 2017 y la reforma de un artículo de su Reglamento que fijaba las tarifas y horarios de emisión de música en televisión.

 

Cronología de una intervención


El cineasta Pedro Almodóvar es uno de los creadores que pidió al ministro de Cultura que actuara en la crisis. / EP

La Asamblea General Extraordinaria de la Sociedad General de Autores y Editores decidía el 27 de diciembre del año pasado, con 9.220 votos en contra, rechazar la reforma estatutaria a la que la entidad está obligada para adaptarse a la nueva Ley de Propiedad Intelectual.

La reforma estatutaria, que tenía que ser aprobada con una mayoría necesaria de dos tercios, no salía adelante después de que de un total de 22.536 votos, 9.220 se expresaban en contra y 13.034 a favor.

Con este resultado, la entidad no estaría cumpliendo el requerimiento impuesto por el ministerio de Cultura, quien según el artículo 192 de la Ley de Propiedad Intelectual está capacitado para iniciar los procedimientos para intervenir a la SGAE.

Durante la asamblea general extraordinaria los socios de la Sociedad sí dieron su apoyo a la normativa de reparto de derechos de autor con 12.022 votos a favor (el 54,74 por ciento), 9.755 en contra (el 44,42 por ciento) y 185 abstenciones.
Con este resultado la entidad aceptaba lo que marca la nueva Ley de Propiedad Intelectual: poner un tope del 20 por ciento a lo recaudado por cada autor por la emisión de su obra en un horario nocturno, la denominada ‘rueda de las televisiones’. Se trata del mismo tope impuesto por el laudo emitido en 2017 por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

La no aprobación de la reforma estatutaria era ‘respondida’ por el ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, que planteaba a finales de enero la posibilidad de pedir la intervención de la SGAE en el plazo de ·unas dos semanas”, ante la falta de definición de la nueva dirección de la entidad.

El 1 de febrero, Guirao anunciaba que enviaría en una semana un escrito al juez solicitando la intervención parcial de la Sociedad tras “incumplir” los requerimientos de su departamento. Aclaraba que la intervención se centraría en los tres puntos que ya se incluían en los requerimientos: la modificación de los Estatutos, la revisión de los criterios del reparto de derechos y la habilitación del voto electrónico para socios en elecciones. “Cultura no va a pedir la intervención total, sino solo en aquellos puntos que no se cumplen, el resto lo seguirá gestionando la SGAE”, confirmaba el ministro.

La otra opción que barajaba su Departamento, la retirada de licencia, quedaba descartada de momento. “Lo más normal sería pedir la intervención para problemas puntuales al juez, pero se puede alargar la eficacia de esta medida porque al tener que ir por vía judicial nos podíamos ir a un año. Luego hay otra que nos gusta menos, que es quitar la licencia de manera más inmediata, pero que es más traumática”, explicaba Guirao.

Pocos días antes, el 28 de enero, Pedro Almodóvar e Isabel Coixet, entre otros artistas como Álvaro Urquijo, Miguel Ríos, Coque Malla o Montxo Armendáriz, pedían al Ministerio de Cultura que solicitara judicialmente la intervención de la SGAE, así como que cese de su presidente y junta directiva y la revisión de los repartos de derechos de junio y diciembre de 2018.

Según informaba la ‘Coalición Autoral’ - una plataforma que representa a alrededor de 400 socios de la SGAE-, estos autores, que completan una lista de más de un centenar entre los que también están Quique González o Pau Donés, pedían una “urgente y necesaria” actuación del Ministerio de Cultura en “defensa de los derechos de autor y de los socios de la SGAE”. “Si el ministerio opta por intervenir y aplicar la Ley con decisión, solicitando al juez la intervención temporal de la SGAE, tendrá todo nuestro apoyo y colaboración”, expresaban ante la prensa.

Además, la Audiencia Nacional rechazaba paralizar, como pretendía la SGAE, el apercibimiento que el ministerio de Cultura había hecho a la entidad de derechos de autor para instarle a que ajustara sus “reglas de funcionamiento” a la legislación, especialmente sus estatutos y normas de reparto.

Según la sentencia del juez de la Audiencia Nacional Francisco de la Peña no ha lugar a suspender la ejecución de la resolución recurrida por la SGAE, “ni de la obligación de constituir en un plazo de tres meses una nueva Junta Directiva a través de un proceso electoral en el que se incluya el derecho al ejercicio del voto electrónico que se interesa con carácter subsidiario”.

Finalmente, el pasado 18 de febrero, el ministro de Cultura solicitaba formalmente a la Audiencia Nacional autorización para intervenir la SGAE y, de forma cautelar, la remoción de los órganos de gobierno de la entidad. Guirao, según el comunicado de Cultura, solicitaba estas medidas a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, a través de la Abogacía General del Estado.

El ministro, además advertía de que durante los próximos seis meses se verá “si se encuentran otras cosas que hagan ir al juez por otros motivos”.

Si la Audiencia Nacional autoriza su petición, Guirao nombrará un gestor interino constituido bajo la forma de una comisión, según establece la ley. Esa comisión, que asumiría las funciones legales y estatutarias de los órganos de gobierno de la entidad removidos, tendría como objetivo “regularizar” el funcionamiento institucional de la entidad, “clarificar” su gestión e “implantar” las medidas necesarias para cumplir “las obligaciones legales previstas en la normativa vigente en materia de propiedad intelectual”.

Tras recordar que la SGAE recauda entre 250 y 300 millones de euros cada año, Cultura recordaba que esta decisión se adoptaba conforme al artículo 192.9 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (TRLPI), y que formarán parte de la comisión interina de intervención “el subsecretario del Ministerio de Cultura, una subdirectora general de Hacienda y un juez de lo mercantil en excedencia actualmente en un bufete privado de Madrid”.

El ministro resaltaba la unanimidad entre los todos los partidos políticos de adoptar medidas ante la situación de la SGAE y recordaba que este procedimiento fue iniciado por su antecesor en el cargo, Íñigo Méndez de Vigo.
Eso sí, el mismo día que se tomaba esta decisión, el ministro aún dejaba una puerta abierta, explicando que si la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) se “pone al día” antes de que el juez de la Audiencia Nacional decida sobre la petición de intervenir este organismo, todo quedará solucionado.

Guerra’ interna
Justo un día antes, la directiva de la SGAE había denunciado ante la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid a varias sociedades vinculadas a los artistas Joaquín Sabina, Alejandro Sanz y Pau Donés, entre otros profesionales del ámbito de la música, por evasión fiscal. La denuncia cifra en 70 millones de euros el posible fraude de las entidades. Aunque la denuncia no cita textualmente el nombre de los tres artistas, sí se citan los nombres de las sociedades con las que cobran la liquidación de sus ingresos.

También estimaban la posibilidad de un delito de falsedad documental mercantil, puesto que estas sociedades, creadas por las multinacionales, carecen de una entidad jurídica real. Por otro lado, también consideran el delito de administración desleal al constatar que varios miembros responsables de la dirección de las multinacionales involucradas formaban parte, a su vez, de la dirección de las entidades, lo que implica un conflicto de intereses. 

Pero el 12 de este mes de febrero, la Fiscalía Provincial de Madrid acordaba el archivo de las diligencias de investigación abiertas a raíz de esta denuncia, aunque pese al archivo, remitía la denuncia a Hacienda por si se pudiera derivar alguna infracción tributaria.

La nueva Ley de Propiedad Intelectual


La ‘ley Sinde’ del Ministerio de Cultura podía eliminar contenidos de sitios web que no cumpliesen la normativa sobre derechos de autor.

El pasado 27 de noviembre de 2018, la Comisión de Cultura del Congreso aprobaba la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, no sin una ardua negociación previa para sacar adelante el primer punto del artículo 159 del informe elaborado por la ponencia sobre la reforma de la Ley, que adapta la norma española a la directiva europea.

Hasta el último instante, el PP trataba de ‘suavizar’, a través de una enmienda, lo referido al control de la música emitida en horario nocturno, la práctica conocida como la ‘rueda de las televisiones’. Una enmienda que era rechazada por Unidos Podemos y PSOE, con la abstención de Ciudadanos y PdCAT.

La SGAE, con la reforma aprobada no podrá repartir más de un 20 por ciento de lo recaudado por cada autor por la emisión de su obra en un horario con “ausencia de audiencia significativa”.

A partir de ahora se establece también un mayor control a las entidades de gestión que recaudan más de 100 millones de euros, lo que afecta únicamente a la SGAE, ya que es la única que alcanza anualmente estas cifras en España.

La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual tiene su razón de ser originaria en la trasposición de varias directivas europeas y la adecuación del régimen de la gestión colectiva de los derechos de propiedad intelectual, en manos de las entidades de gestión, como la SGAE, Cedro, EGEDA o AIE.

Pero también se endurece la lucha contra los intercambios no autorizados de material protegido por derechos de autor. Un aspecto en el que durante su tramitación parlamentaria ha quedado manifiesta la sintonía entre grupos parlamentarios aparentemente irreconciliables, como los del PSOE, PP y Ciudadanos.

El  resultado es una normativa que aumenta significativamente el control de la red por parte del gobierno de turno y establece un nuevo régimen de retirada de contenidos de Internet que vulneren los derechos de autor.

Con la ‘ley Sinde’, el Ministerio de Cultura tenía la potestad de eliminar contenidos de un sitio web a petición de los titulares de los derechos de autor. Hasta ahora, para ello se necesitaba siempre el visto bueno del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo.

Con la nueva reforma, esa figura judicial desaparece para algunos supuestos de bloqueo de archivos, concretamente cuando la conducta vulneradora sea reiterada (modificación del artículo 195.6 b de la LPI). Esto implica que si en un sitio web aparece una obra que ya había sido retirada, el propio Ministerio, a través de la Comisión de la Propiedad Intelectual, Sección Segunda, ordenará la retirada de esos contenidos sin control judicial previo.

Es una medida polémica porque abre la posibilidad a una suerte de censura administrativa. La Constitución prohíbe expresamente la censura previa (art. 20.2) y establece que solo un juez puede acordar el secuestro de alguna publicación (art. 20.5).

Otra de las medidas para agilizar el proceso de bloqueo o retirada de contenidos infractores se recoge en el artículo 195.3, que excluye al servicio de intermediación no infractor del procedimiento administrativo para retirar contenidos pirateados. Hasta ahora uno de los principales escollos para poder aplicar la retirada de contenidos ha sido la dificultad para obtener una respuesta de estas empresas intermediarias, en muchas ocasiones porque están fuera de España. Un intermediario puede ser Google, un operador de telefonía, de ADSL o de fibra óptica, pero también un foro abierto o un servicio de ‘hosting’, en la medida en que no son partes directamente infractoras pero pueden alojar o distribuir material ilícito de terceros.

Estas empresas, además, quedan obligadas por el mismo precepto a cumplir con lo que dictamine la Comisión de la Propiedad Intelectual, bajo amenaza de multa que puede llegar a los 600.000 euros.

Sobre la negociación de las tarifas entre los usuarios de la propiedad intelectual (radios y televisiones) y entidades de gestión, se incluye una regulación en caso de desacuerdo entre ambas partes. Así, los usuarios deberán pagar, en todo caso, el cien por cien de la última tarifa acordada o, a falta de un acuerdo anterior, el 50 por ciento.

En cuanto a la organización y gestión de las entidades de gestión, cambian sus estatutos y sus órganos de control interno. En este último caso, se determina que aquellas que recauden anualmente una cifra igual o superior a 100 millones de euros en el ejercicio anual anterior estarán obligadas a nombrar como miembros del organismo de control a un número de terceros independientes igual al número de miembros de la entidad de gestión que integren dicho órgano.
Acerca de los estatutos, se establece que el régimen de voto no permitirá que se produzcan concentraciones mayoritarias en poder de un número reducido de miembros.

Además, se deberá velar porque aquellos titulares de derechos que pertenezcan a empresas usuarias no ocupen puestos en los órganos de gobierno, ni participen en las tomas de decisión en que pudiera existir un conflicto de intereses.

 

 

 

 

 

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