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Tribuna / Julio Rodríguez López
Elementos precisos de la política de vivienda
EUROPA PRESS
Para la actualización anual no vale cualquier índice, pues al arrendatario no se le puede castigar con variaciones derivadas de índices extravagantes que podrían conducir a situaciones de insolvencia, con el consiguiente desahucio posterior
Ante la convocatoria de elecciones para el 28 de abril próximo, el Gobierno parece apelar a los reales decretos leyes para regular cuestiones relevantes antes de la fecha electoral. Tales normas deberían ser convalidadas en el último Pleno del Congreso o hacerlo después en la Diputación Permanente de las Cortes. La regulación de los alquileres aparece entre los temas en los que el Gobierno parece dispuesto a legislar. En la práctica apenas existe política de vivienda.
El frustrado Real Decreto Ley 21/2018 suponía un paso importante para paliar los desequilibrios surgidos en el mercado de alquiler. Sin embargo, dicha norma mantenía la regla establecida en 2013 por el Gobierno del Partido Popular en materia de actualización anual de los alquileres. Según dicha regla de 2013, los contratos de alquiler se actualizan mediante un índice acordado por las dos partes del contrato de alquiler.
Si desde el Gobierno se vuelve a legislar sobre este asunto, debería quedar claro que todos los contratos deben actualizarse anualmente con la variación registrada por el Índice de Precios de Consumo (IPC), tal y como aparecía en la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, emanada del entonces Gobierno socialista. Para la actualización anual no vale cualquier índice, pues al arrendatario no se le puede castigar con variaciones derivadas de índices extravagantes que podrían conducir a situaciones de insolvencia, con el consiguiente desahucio posterior.
Un segundo aspecto preocupante ha surgido estos días. Sin que exista todavía un índice público de precios del alquiler en España (se puede obtener sólo con aportar recursos al INE), desde Podemos insisten en el control de los alquileres en las denominadas “zonas tensas” de las ciudades. En ausencia de una estadistica pública de precios del alquiler en España, es imposible establecer a corto plazo estadísticas de precios para pueblos y barrios de los mismos.
Si desde el Gobierno se plantea apoyar el control de alquileres en los datos procedentes de los portales idealista.com y fotocasa.es, carece de sentido dejar en manos de las autonomías el tope a establecer a los precios del alquiler, al estilo de la medida adoptada para los taxis. Los niveles de precios y de alquileres son variables de gran relevancia macroeconómica, puesto que inciden sobre el valor de la riqueza de los hogares (la vivienda habitual de los hogares supone el 49,5% de los activos reales de la economía) y su evolución tiene un valor predictivo sobre el comportamiento futuro de la economía. La política monetaria de la Eurozona concede gran relevancia a la evolución de precios y de alquileres de viviendas a nivel nacional para conseguir la mayor estabilidad macroeconómica posible.
Por otro lado, se advierte que las viviendas protegidas, una vez vendidas, desaparecen del mercado y no aumentan la oferta social de viviendas. Se debería de modificar la normativa que las regula, dando carácter permanente a dicho tipo de viviendas. En este momento cada autonomía fija un plazo para la descalificación. De este modo, en algunos casos a los tres años se puede descalificar una vivienda protegida y conseguir un buen pelotazo al venderla a precios de mercado. Además, en la presente situación de exceso de demanda en el mercado de alquileres, deberían destinarse al alquiler cuantas viviendas protegidas se iniciasen.
Por último, destaca el papel creciente de los pisos turísticos, donde la plataforma AirBnB está transformando, sin freno político alguno, pisos de alquiler a largo plazo en dicho tipo de pisos (el centro de la ciudad de Madrid ha perdido 15.000 residentes y el flujo de turistas hacia barrios como Leganés, que están cambiando de forma visible). Debería mantenerse la exigencia de que basta con el 60% del voto en las comunidades de propietarios para impedir la presencia de dicho tipo de viviendas en un edificio.
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Vocal del Consejo Superior de Estadística del INE. Doctor en CC. Económicas por la UCM (1977). Es Estadístico Superior del Estado, en situación de excedencia, y Economista Titulado del Banco de España, en situación de jubilación. Ha sido consejero de Economía de la Junta de Andalucía, presidente del Banco Hipotecario de España, presidente de Caja de Ahorros de Granada, presidente del Consejo Social de la Universidad de Granada y gerente de la Universidad de Alcalá de Henares. Actualmente es miembro de Economistas frente a la Crisis.





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