La Quincena Judicial / José Mariano Benítez de Lugo Tiempos de hoy

 
   

 Nº 1287. 29  de marzo de 2019

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La Quincena Judicial / José Mariano Benítez de Lugo

Cadena perpetua o prisión permanente revisable

        
EUROPA PRESS

Estamos lamentablemente acostumbrados a que elevadísimas penas de prisión por muy graves delitos se salden con lo que en anteriores ocasiones hemos llamado “calderilla carcelaria”

Al hilo de la reciente Sentencia que el Tribunal Internacional de La Haya ha dictado contra el líder político serbio Karadzic por considerarle autor intelectual de crímenes de genocidio contra la población musulmana y croata en la antigua Yugoslavia, condenándole a cadena perpetua, sentencia que en opinión del magistrado español De Prada, que ha formado parte del Tribunal, “se ha quedado corta”(‘El País’ de 26-3-2019), creo que procede recordar el fuerte debate que existe en nuestro país sobre la prisión permanente revisable y su idoneidad humanitaria, cuando curiosamente en el caso de la citada condena a perpetua prisión ninguna voz se ha alzado contra ella.

Y es que el tema no es una discusión en nuestro país sobre si cabe tal dura condena para según qué tipo de delito, sino si como principio resulta admisible una prisión permanente (revisable) como establece nuestro Código Penal, o una cadena perpetua (¿revisable?)  según la normativa del citado Tribunal Internacional, para cierto tipo de execrables delitos. Y a la luz de nuestra Constitución y de su artículo 25.2, muchos juristas rechazan la prisión permanente (aunque revisable) establecida en los artículos 33.2 y 36.1 de nuestro Código Penal, por –se supone- atentar contra el constitucional principio del objetivo de las penas carcelarias, cual es la reinserción social.

Y en este tema se echa de menos contemplar también lo que nuestra Constitución dice (sus artículos 117 y 118) acerca de que los jueces deben ejecutar las sentencias que dicten y que lo que en éstas se decida debe cumplirse, y se echa en falta, porque estamos lamentablemente acostumbrados a que elevadísimas penas de prisión por muy graves delitos se salden con lo que en anteriores ocasiones hemos llamado “calderilla carcelaria”, pudiéndose poner como ejemplo de que tal percepción es con la que operan algunos peligrosos delincuentes, con la carta que el asesino de Diana Quer dirigió a sus familiares diciéndoles que aunque estaba condenado a muchos años de prisión, en siete años conseguiría ya permisos de salida.

La duración de las penas por la comisión de delitos es tema harto debatido sobre si ella tiene efectos preventivos en la conducta de los eventuales delincuentes. A este respecto, ese gran penalista que es Gimbernat (‘El País’ de 29-6-2018), tuvo la valentía de decir que “el miedo al castigo consigue disminuir en gran medida la comisión de hechos delictivos, algo empíricamente demostrable”. Y es que, en efecto, el terreno de la discusión no debería hallarse tanto en la gravedad de la prisión permanente revisable, sino en cuándo procede que se revise a efectos de no desnaturalizar la necesaria fuerte represión ante graves delitos.

Es conocido que los delincuentes confían, primero, en que no los van a descubrir, y en última instancia, que de serlo sus penas se verán ‘abaratadas’ en todo caso. Por ello es nuestro criterio que, aparte de la posible reconsideración sobre cuándo debe ser revisable una pena de prisión ‘permanente’ (¡vaya contradicción, por cierto!), no es menos importante que las penas se cumplan y que el posible delincuente tenga esa doble convicción: que será descubierto y que cumplirá de forma efectiva la pena a la que sea condenado, porque si no se produce esto último, el miedo a la pena desaparecerá.

 

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Colaboradores

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José García
Abad

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Miguel Ángel
Aguilar
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Inmaculada
Sánchez
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Cristina
Narbona

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Belén
Hoyo

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Idoia
Villanueva

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Sergio
del Campo

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Carles
Campuzano

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Cristina
Antoñanzas
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Elena
Blasco
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Miguel Ángel
Paniagua

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Bruno
Estrada

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José Antonio
Pérez Tapias

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José Luis
Centella

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Joan
Navarro
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José M. Benítez
de Lugo
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Carlos
Berzosa

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Graciano
Palomo

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Julio Rodríguez
López

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Mauro
Armiño

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Pere
Navarro

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Julius
G. Castle

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Carmen
Calvo
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Joan
Tardà

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Ignacio
Aguado

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Julio Rodríguez
Fernández
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Pablo
Bustinduy

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Jesús
Lizcano

   

 

Firma:

Es miembro del Colegio de Abogados de Madrid desde 1963 y Medalla de Honor de dicha institución concedida en 2016. Está en posesión de la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort por méritos a la Justicia y es presidente honorario de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa y patrono de la Fundación Justicia y Paz.

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