Tribuna / Julio Rodríguez López Tiempos de hoy

 
   

 Nº 1287. 29  de marzo de 2019

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Tribuna / Julio Rodríguez López

De la VPO a la vivienda social

EUROPA PRESS

La puesta al día de la normativa de VPO debe establecer que las viviendas protegidas lo sean para siempre y se las demande sólo para que presten un servicio y no para que el adquirente haga negocio con la compra

En el mercado de vivienda actual, el instrumento sobre el que se basó durante casi medio siglo la política de vivienda en España, la vivienda de protección oficial (VPO),  desempeña ahora un papel reducido y hasta perturbador.

La crisis presente, caracterizada por el exceso de demanda en el mercado del alquiler, requiere adoptar nuevas medidas en materia de política de vivienda. Entre ellas, la reforma del sistema de vivienda protegida ocupa un puesto destacado.
Según las Naciones Unidas, “la vivienda social es parte del sistema de vivienda diseñada para atender a las necesidades de los hogares que no pueden acceder a la misma en las condiciones del mercado”. En las viviendas sociales destaca el predominio del alquiler, la asequibilidad de la vivienda y el impulso a su creación por las administraciones públicas.

En España, lo más parecido a las viviendas sociales han sido las viviendas de protección oficial. Sobre el papel, los adquirentes de estas viviendas no debían de superar unos determinados ingresos, las viviendas tenían que destinarse a residencia habitual, la superficie máxima era de 90 m2 y el precio de venta no debería de superar un determinado nivel.
Desde la segunda mitad del siglo pasado y hasta 2008, la política estatal de vivienda descansó en la promoción y venta de nuevas VPO. La inmensa mayoría de estas viviendas se han destinado a la venta. Entre 1952 y 2016 se construyeron en España casi siete millones de VPO, el 35% de las viviendas principales. Hasta 2001, el 70% de los hogares españoles accedió a una vivienda a través de una VPO.

La orientación de las viviendas protegidas hacia la propiedad, fomentada sobre todo por el régimen de Franco y apenas corregida tras la llegada de la democracia, es la principal causa explicativa de la reducida presencia del alquiler en España, la más baja entre los países occidentales.

La desaparición de la VPO de los planes de vivienda ha reducido las posibilidades de acceso a la vivienda a amplios sectores de la población de España. Pero la normativa de las VPO necesita de una puesta al día. Los plazos legales previstos para la descalificación de una vivienda como protegida se han acortado de forma significativa. Se ha abusado de la discrecionalidad en las autorizaciones de descalificación.

En este momento la descalificación de una VPO implica el logro de una significativa plusvalía para el propietario. La demanda de viviendas protegidas tiene así el aliciente de la rápida venta de la misma para percibir la diferencia entre el precio de mercado y el precio legal al que se adquirió. Los precios de tasación en el último trimestre de  2018 indicaban que el precio medio de una vivienda libre superaba en un 45% al precio medio de una vivienda protegida.

El parque de viviendas sociales de alquiler en España se ha estimado en unas 275.000 viviendas, el 1,5% del total de viviendas existentes en España. Los siete millones de VPO construidas en medio siglo se han transformado en viviendas libres. El parque de viviendas sociales de España sólo supera en presencia relativa a los de Rumanía, Letonia y Chipre (C. Trilla y J. Bosch, ‘El parque público de viviendas en España’, Fundación Alternativas, 2018).

Entre 2013 y 2017 los alquileres han crecido en España en un 30%, mientras que los salarios lo han hecho slo en un 2,1%. El problema de acceso se ha endurecido. Falta un parque social de viviendas para cubrir las necesidades de numerosos hogares. La política de vivienda debe de reforzarse, lo que exige la puesta al día de la normativa de VPO. Esto debe de hacerse de forma que las viviendas protegidas que se construyan lo sean para siempre y se las demande sólo para que presten un servicio y no para que el adquirente haga  negocio con la compra. En síntesis, que las VPO sean viviendas sociales

 

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Colaboradores

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José García
Abad

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Miguel Ángel
Aguilar
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Inmaculada
Sánchez
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Cristina
Narbona

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Belén
Hoyo

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Idoia
Villanueva

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Sergio
del Campo

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Carles
Campuzano

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Cristina
Antoñanzas
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Elena
Blasco
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Miguel Ángel
Paniagua

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Bruno
Estrada

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José Antonio
Pérez Tapias

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José Luis
Centella

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Joan
Navarro
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José M. Benítez
de Lugo
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Carlos
Berzosa

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Graciano
Palomo

,

Julio Rodríguez
López

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Mauro
Armiño

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Pere
Navarro

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Julius
G. Castle

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Carmen
Calvo
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Joan
Tardà

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Ignacio
Aguado

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Julio Rodríguez
Fernández
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Pablo
Bustinduy

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Jesús
Lizcano

   

 

Firma:

Vocal del Consejo Superior de Estadística del INE. Doctor en CC. Económicas por la UCM (1977). Es Estadístico Superior del Estado, en situación de excedencia, y Economista Titulado del Banco de España, en situación de jubilación. Ha sido consejero de Economía de la Junta de Andalucía, presidente del Banco Hipotecario de España, presidente de Caja de Ahorros de  Granada, presidente del Consejo Social de la Universidad de Granada y gerente de la Universidad de Alcalá de Henares. Actualmente es miembro de Economistas frente a la Crisis.

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