Los Dossieres / E. S.
Informe CES: su arraigo contrasta con su peor posición en el mercado de trabajo
Mitos y realidades de la inmigración en España
La inmigración lleva más de una década siendo objeto de debate político y materia de confrontación electoral entre los partidos que, tras los cambios en la dirección del PP, primero, y la irrupción de Vox en las instituciones, después, han avivado muchas de las fake news que circulan en torno a un fenómeno que forma parte de la realidad socioeconómica del país. Un reciente estudio del Consejo Económico y Social titulado Informe sobre la inmigración en España: efectos y oportunidades analiza todas las variables que confluyen en este fenómeno. A continuación publicamos un extracto del documento, donde se confirma la estabilidad de la gran mayoría de residentes, la peor posición en el mercado de trabajo en los mismos niveles de cualificación y su presencia en el sistema de prestaciones entre moderada y testimonial.

El Consejo Económico y Social analiza en un informe las condiciones laborales y sociales de los inmigrantes comparándolas con las del resto de la población. / EUROPA PRESS
Tras 20 años de cuantiosas entradas en el total de población extranjera en España, el apreciable arraigo de una parte mayoritaria de la inmigración se evidencia en un elevado flujo de nacionalizaciones, que contabilizan un promedio anual de 120.000 en el periodo 2009-2017, con un total cercano al millón de personas. Desde el punto de vista laboral, esto es importante porque ya no se trata, para la mayor parte de la población de origen inmigrante en España, de personas recién llegadas, sino que cuentan ya con un plazo largo de asentamiento, lo que debería traducirse en una situación laboral más parecida a la de los autóctonos (a igualdad de otras condiciones, en especial el nivel y el ámbito de las cualificaciones poseídas), más aún al atender a los que en ocasiones se denominan “segunda generación”, esto es, los hijos de los migrantes, nacidos aquí o fuera pero crecidos en España y que ya están entrando en volúmenes importantes en el mercado de trabajo.
Un dato procedente de la propia Encuesta de Población Activa permite ver que, efectivamente, la mayor parte de la población extranjera en edad laboral cuenta ahora con un mayor número de años de residencia (gráfico 23). En 2005, un 57 por 100 del total (en números redondos) de los extranjeros en edad laboral llevaba menos de cinco años de residencia en España y otro 27 por 100 entre cinco y nueve años; en 2018 la distribución por años de residencia está más repartida, pero la mayoría se sitúa en periodos de residencia de diez o más años, con un 58 por 100 del total entre diez y diecinueve años.
Esto permite subrayar la importancia, en la situación laboral de la población de origen inmigrante, de los datos que permitan apreciar una trayectoria de integración. No obstante, es preciso recordar que en esa situación sigue influyendo, en especial en los primeros años desde la llegada, el marco normativo que regula el acceso de los extranjeros al empleo, por lo que conviene recordar los cambios habidos en ese marco y entrar después en la descripción de la evolución de la población inmigrante desde el punto de vista de su relación con el empleo.
El empleo, motor de arraigo
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POBLACIÓN EXTRANJERA EN EDAD LABORAL POR AÑOS DE RESIDENCIA EN ESPAÑA
(Porcentajes, segundo trimestre)
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| Fuente: Explotación propia de microdatos de INE, Encuesta de Población Activa. |
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También conviene recordar ya aquí el peso que ha alcanzado la población inmigrante en el mercado laboral español, que, pese al impacto de la crisis, no ha mostrado signos de retroceso. Entre 2002 (primer año disponible en la serie homogénea de la EPA) y 2007 el peso en la población activa de las personas de nacionalidad extranjera y las de doble nacionalidad (que en su mayor parte recogen personas nacionalizadas en los últimos 15 años) pasó del 6,9 al 14,6 por 100; en 2013 se situó en el 15,2 por 100 y en 2018, impulsado por la mayor presencia de personas con doble nacionalidad en la población activa, en el 15,6 por 100. Entre los varones ese peso supone en 2018 un 14,7 por 100 y entre las mujeres, un 16,6 por 100, con una importancia aún mayor en los grupos más jóvenes (21,2 y 22,4 por 100, respectivamente, en los menores de 25 años en 2018), asociada al peso ya en ellos de la segunda generación.
En este mismo periodo el peso de la población de origen inmigrante (entendiendo por tal la de nacionalidad extranjera y la doble nacionalidad) sobre el empleo pasó del 6,7 al 14,4 por 100, con una distribución de ese peso por edades acorde con la mayor presencia de personas relativamente jóvenes en dicha población. En el paro, a su vez, la presencia de personas de origen inmigrante pasó del 8,4 al 21,9 por 100, con una sobre representación muy marcada que, a tenor de los datos correspondientes a 2007, 2013 y 2018 no se asocia sólo o en primer lugar a la coyuntura económica, lo cual podría apuntar a problemas de inserción o –sobre todo- a una relación más inestable con el empleo.
Estas cifras se traducen en la presencia, en el conjunto de la población activa en España en 2018, de 3,6 millones de personas de origen inmigrante (733.000 de ellas con doble nacionalidad). De ellas, 2,8 millones tenían empleo y las 766.000 restantes estaban en paro. En todos los casos, el reparto por sexo era más equilibrado que hace diez y quince años por sexo (el 48 por 100 de los activos son mujeres, frente al 45 y el 44 por 100 en, respectivamente, 2002 y 2007) en los extranjeros, y más aún en los de doble nacionalidad (donde el 57 por 100 de los activos en 2018 son mujeres, frente al 48 por 100 en cada uno de los dos años citados).
Una población de origen inmigrante que es, por tanto, cada vez mayor en volumen y en peso en el mercado laboral y que presenta además, en concordancia con lo que se explicó en la caracterización sociodemográfica, dos rasgos diferenciales básicos: su mayor juventud (su menor edad, en promedio), que no ha variado mucho en el periodo contemplado; y su creciente heterogeneidad por otras circunstancias personales (orígenes, grado de cualificación…) con impacto en su situación laboral. Esta última probablemente no sólo como reflejo del cambio en la composición de los flujos migratorios más recientes, sino por la propia evolución de quienes llevan ya un periodo muy largo de residencia en España y, sobre todo, por el impacto de la segunda generación.
La brecha salarial de género
El carácter marcadamente laboral de la inmigración en España determina que los salarios percibidos en el mercado de trabajo constituyan la principal fuente de renta de la mayoría de los hogares encabezados por inmigrantes, cuando no la única. Esta dependencia de las rentas del trabajo es superior a la que presentan los hogares autóctonos con un perfil de edades similar, de ahí la importancia de considerar en primer lugar esta variable para analizar las condiciones de vida de la población extranjera.
Los datos basados en la Encuesta de Estructura Salarial (EES) correspondientes a 2016 muestran que existen brechas salariales importantes entre los españoles y el resto de las nacionalidades. Así, la ganancia media anual de los nacionales de países de la Unión Europea distintos a España apenas llega al 80 por ciento de la de los españoles, un porcentaje que se reduce al 68 por 100 en el caso de los asalariados del resto de Europa, al 62 por 100 para los trabajadores latinoamericanos y al 59 por 100 para los nacionales del resto del mundo.
Por otro lado, los datos por nacionalidades considerando el total para ambos sexos ocultan importantes brechas salariales de género. Desagrupando a los trabajadores de cada nacionalidad por sexo, con la misma fuente se observa que los salarios de las mujeres son siempre sensiblemente más bajos que los de los hombres de su mismo grupo. La mayor brecha salarial se da entre los nacionales del resto del mundo, donde la ganancia de las mujeres se limita al 71,7 por 100 de la de los hombres, y la menor distancia se observa entre los españoles, donde la retribución de las mujeres se sitúa en el 77,1 por 100 de la de sus homólogos varones.
Por otro lado, para dar idea de la magnitud combinada de las brechas salariales por género y por nacionalidad, en el gráfico 31 se expresa la ganancia media anual de cada colectivo de hombres y mujeres de cada grupo de nacionalidad con relación a la de los hombres españoles, el colectivo mejor remunerado. En estos términos, son las mujeres del Resto de Europa, de América Latina y del Resto del mundo las que obtienen rentas salariales más bajas, con porcentajes que se limitan al 51, el 46 y el 41 por ciento de las de los hombres españoles, respectivamente. Las españolas, con un 77 por 100 de la ganancia de los hombres españoles, son, entre las mujeres, las mejor retribuidas y ganan también más que los hombres de nacionalidad extranjera, con excepción de los nacionales de países de la Unión Europea, que se sitúan por delante.
| La doble brecha de la mujer inmigrante |
GANANCIA MEDIA ANUAL POR NACIONALIDAD Y SEXO, 2016
(Hombres españoles 26.545 euros = 100)
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| Fuente: INE, Encueta anual de Estructura Salarial. |
Utilizando esta misma desagregación por nacionalidades y sexo, se puede observar la evolución de estas brechas salariales durante la crisis comparando el dato de 2008, el primero que ofrece la serie, con el de 2016. Tomando siempre como referencia el nivel salarial de los hombres españoles, que es el más alto, se constata que durante el periodo solo ha mejorado la posición relativa de los hombres y las mujeres de la Unión Europea y de los hombres del Resto de Europa. En cambio, para el resto de los colectivos se registra un aumento de la brecha salarial durante la crisis respecto a los hombres españoles, incluyendo, aunque en menor grado, a las mujeres españolas.
Descontando el efecto del aumento del IPC en el periodo, que fue del 7,9 por 100, los salarios de todos los colectivos, salvo los extranjeros de la Unión Europea y los hombres del Resto de Europa, perdieron poder adquisitivo, incluidos los hombres y mujeres españoles. La caída de los salarios reales fue especialmente acusada entre los extranjeros del resto del mundo, tanto mujeres (-9,7 por 100) como hombres (-7,4 por 100), así como entre las mujeres del resto de Europa (-6,2 por 100).
Los datos de la EES de 2017 muestran que los asalariados extranjeros se concentran en los deciles de salario más bajos. Concretamente, en los cinco primeros deciles de salario se concentra el 74 por cien de los extranjeros y el 76 por 100 de los asalariados con doble nacionalidad (gráfico 32).
Conviene recordar en este punto que, según se desprende de la misma fuente, la reducción salarial registrada desde el inicio de la crisis ha afectado más negativamente a los trabajadores con salarios más bajos, donde los inmigrantes se hallan sobrerepresentados. De este modo, tomando en cuenta los salarios reales deflactados con el IPC anual, se constata que entre 2008 y 2017 se produjo una caída casi generalizada del poder adquisitivo de los salarios, pero la magnitud del descenso ha sido mucho mayor en el caso de los deciles de salario más bajos, destacando el desplome del salario medio real del primer y segundo decil, que alcanza el 16 y el 12 por 100, respectivamente.
Esta prevalencia de los salarios bajos entre los trabajadores de nacionalidad extranjera responde a la elevada concentración de estas personas en ramas de actividad y ocupaciones que presentan niveles salariales claramente por debajo de la media, tal y como se desprende de los datos de empleo y salarios de la EPA correspondientes al año 2017.
Segregación por empleos
El 76 por 100 de los hombres y el 81 por 100 de las mujeres extranjeras se ocupan en ramas de actividad con niveles salariales inferiores a la media, unos porcentajes que en el caso de los asalariados y asalariadas españoles, incluidos los que tienen doble nacionalidad, se limitan al 48 y el 45 por 100, respectivamente. En el caso de las asalariadas de nacionalidad extranjera, destaca su elevada concentración relativa en dos ramas con niveles salariales marcadamente por debajo de la media: servicio doméstico, donde se ocupa el 30 por 100 y que presenta el nivel salarial más bajo, equivalente al 41 por 100 de la media; y hostelería, donde se concentra el 22 por 100 y que registra un nivel salarial respecto a la media del 62 por 100. Por su parte, los hombres extranjeros presentan una mayor concentración relativa en dos ramas con salario claramente inferior a la media: agricultura y pesca, donde se ocupa el 16 por 100 con un nivel retributivo del 64 por 100 y hostelería, donde se concentra otro 16 por 100 con un salario similar.
No obstante, a diferencia de las mujeres los hombres presentan también una gran concentración en construcción (15 por 100) e industrias manufactureras (14 por 100), dos ramas con mejores salarios relativos que las anteriores, del 95 y el 116 por 100, respectivamente.
Atendiendo a la distribución de los asalariados extranjeros por ocupaciones, se constata que el 88 por 100 de los hombres y el 87 por 100 de las mujeres están en ocupaciones con salarios inferiores a la media, unos porcentajes que en el caso de los hombres y las mujeres de nacionalidad española, se limitan al 66 y el 64 por 100, respectivamente.
Destaca la elevada concentración de los extranjeros en ocupaciones elementales (el 29 por 100 de los hombres y el 46 por 100 de las mujeres), que presentan un nivel salarial muy bajo, equivalente al 57 por 100 de la media, y que incluye a los trabajadores y trabajadoras no cualificados del sector servicios, así como a los peones de la agricultura, la pesca, la construcción, las industrias manufactureras y el transporte. También es muy elevada la presencia de extranjeros en servicios de restauración, personales, protección y vendedores, donde se agrupan el 18 por 100 de los hombres y el 31 por 100 de las mujeres, y cuyo nivel salarial se limita al 71 por 100 de la media. En el caso de los hombres extranjeros, otro 23 por 100 se trabaja como artesanos y trabajadores cualificados de industrias manufactureras y construcción, unas ocupaciones con mejor retribución relativa que las anteriores (93 por 100) pero también por debajo de la media (cuadro 24).
Riesgo de pobreza
La mayor vulnerabilidad relativa de los extranjeros en el mercado de trabajo español, tanto en términos salariales como de mayor incidencia del subempleo y el desempleo, explica en buena medida las importantes brechas que existen entre las condiciones materiales de vida de inmigrantes y autóctonos, así como el mayor riesgo de los primeros de pertenecer al grupo de los llamados “trabajadores pobres” y de sufrir situaciones de pobreza y exclusión social, tal y como se desprende de la información que ofrece la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), cuyos principales indicadores se ofrecen a continuación.
La sobre-representación de los extranjeros dentro de la población de baja renta se traduce en tasas de riesgo de pobreza muy superiores a la de la población española. Así, con datos de 2017 y considerando la población de 16 y más años, puede afirmarse que más de la mitad de los nacionales del resto del mundo y el 40 por 100 de los nacionales de la Unión Europea vive por debajo del umbral de la pobreza, definido como el 60 por 100 de la mediana de los ingresos anuales por unidad de consumo, mientras que en el caso de la población española esta tasa se limita al 18 por 100. Si a la renta se le imputa el alquiler estas brechas aumentan de manera que la tasa de riesgo de pobreza de los nacionales del resto del mundo es casi cuatro veces mayor que la de la población española. Tomando los datos registrados desde 2008, se observa que a lo largo de la crisis se ha reducido la pobreza relativa de los nacionales de la Unión Europea, mientras que ha aumentado algo en el caso de la población española, pero sobre todo entre los nacionales del resto del mundo, y ello a pesar de la contracción de la población extranjera registrada a raíz de la crisis.
Privaciones y carencias
Por otro lado, dentro de los indicadores de inclusión social, la Encuesta de Condiciones de Vida ofrece información directa sobre un amplio elenco de dimensiones relacionadas con la condiciones de vida que permiten complementar la dimensión monetaria con indicadores de privación material, relacionadas con el acceso de los hogares a determinados bienes y actividades y con sus dificultades financieras. La proporción de personas que experimentan carencias es siempre superior en los hogares extranjeros que en el resto de hogares, con porcentajes significativamente más elevados en el caso de extranjeros que no son nacionales de la países de la UE.
Concretamente, entre los nacionales del resto del mundo, el 48 por 100 no puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año, el 8 por 100 no puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días, el 19 por 100 no puede permitirse mantener la vivienda a una temperatura adecuada, el 66 por 100 no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos, el 23 por 100 ha tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda, el 23 por 100 no puede permitirse disponer de un automóvil, el 15 por 100 no puede permitirse disponer de un ordenador personal y el 16 por 100 llega a final de mes con mucha dificultad.
Estos indicadores evidencian la persistencia de situaciones de vulnerabilidad muy extendidas entre la población extranjera, y ello a pesar de la mejoría que por regla general se observa en los últimos años, coincidiendo con la recuperación económica, tras los años de crisis en que los indicadores aumentaron sensiblemente.
En cuanto a la evolución de la población en riesgo de pobreza o exclusión social según el indicador AROPE que tiene en cuenta la dimensión monetaria, las carencias y dificultades materiales y la intensidad en el empleo, los datos muestran una evolución muy negativa del indicador desde 2008, al menos hasta 2015, tanto para la población española como para la del resto del mundo, no así para los nacionales de la UE que presentan cierta mejoría. En todo caso, en 2017 el riesgo de exclusión social de los extranjeros de la UE ascendía al 41 por 100 y el de los nacionales del resto del mundo nada menos que al 59 por 100, un porcentaje dos veces y media más alto que el que presenta la población española (23 por 100), ya de por sí muy elevado.
Prestaciones sociales
A notable distancia del trabajo, aparecen las prestaciones por desempleo como modalidad que más frecuentemente representa la principal fuente de ingresos de los hogares extranjeros cuyo sustentador principal se encuentra en edad activa (en el 8,2 por 100 de los casos), algo por encima de lo observado en los hogares españoles (5,3 por 100). Ello resulta coherente con la mayor frecuencia de episodios de paro entre los trabajadores extranjeros.
La alta participación laboral de las personas extranjeras en España se ha manifestado con rotundidad en la evolución de su contribución a la Seguridad Social. En 2017 se registró una media anual de 1,8 millones de personas de nacionalidad extranjera afiliadas en alta al sistema. Las tasas de afiliación de trabajadores extranjeros a la Seguridad Social han pasado del 2,3 por 100 en 1999, registrando una acusada evolución ascendente hasta su máximo en 2008, año en que se registró una media anual de 2 millones de trabajadores extranjeros afiliados y un 10,8 por 100, para situarse alrededor del 10 por 100 en los últimos años, tras los descensos experimentados en la fase más aguda de la crisis, (gráfico 39).
| A más trabajo, más contribución al sistema |
AFILIACIÓN EXTRANJERA Y ESPAÑOLA A LA SEGURIDAD SOCIAL, 1999-2017
(En procentajes)
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| Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. |
En segundo lugar, destacan algunas peculiaridades de la afiliación de las personas extranjeras en cuanto a su distribución por regímenes. La mayoría de las personas de nacionalidad extranjera afiliadas a la Seguridad Social pertenecen al Régimen General (61,7 por 100), aunque éste es menos preponderante que entre los españoles. Ello es debido al peso entre los extranjeros del encuadramiento en el S.E Agrario (el 11,6 por 100) y en el S.E. Hogar (10,2 por 100). Asimismo, resulta destacable la proporción de los afiliados al R.E de Autónomos entre los extranjeros (el 16,3 por 100), muy cercana a la que supone entre los españoles (17,9 por 100), (gráfico 40).
Igualmente, cuando se considera la distribución dentro de cada uno de los distintos regímenes y sistemas especiales, lo más destacable es la fuerte concentración de trabajadores extranjeros en el S.E Hogar (el 43,4 por 100 de las personas afiliadas a este régimen) y, en menor medida, en S.E Agrario (el 27 por 100 de la afiliación de este régimen) (gráfico 41).
Esta importante presencia de trabajadores extranjeros ha sido una constante con ligeras variaciones a lo largo de los últimos diez años. Así, el llamativo descenso de la afiliación extranjera en el Régimen de Hogar desde 2013, al haberse acompañado de un prácticamente correlativo aumento de afiliación de nacionalidad española, podría deberse a la intensidad de los procesos de nacionalización en los últimos años, puesto que las estadísticas de la Seguridad Social no ofrecen información por país de origen sino solo por nacionalidad de las personas afiliadas.
Las pensiones
En cuanto al impacto de los flujos migratorios en el esquema de prestaciones y subsidios de carácter económico, valga referirse en primer lugar a las pensiones contributivas de la Seguridad Social, como primer gran programa público de sustitución de rentas del trabajo, tanto por el peso que representan en el conjunto del gasto público (en torno al 12 por 100 del PIB) como por su importancia en las condiciones de vida de las personas mayores de 65 años, para las que suelen representar su principal fuente de ingresos. En 2017, el volumen de pensionistas del nivel contributivo se elevaba a 8,6 millones de personas. El grueso de las pensiones en vigor provenía de jubilación (61,2 por 100) y viudedad (24,8 por 100), seguidas de la incapacidad permanente (10 por 100) y, a distancia, las pensiones de orfandad (3,6 por 100) y a favor de familiares (0,4 por 100).
La participación de la población extranjera como beneficiarios de esta dimensión principal del sistema de protección social es prácticamente testimonial en España. Ello resulta coherente con su escaso peso (el 3,4 por 100) en el conjunto de la población mayor de 65 años en España. Así, el 98,5 por 100 de los beneficiarios del total de 9,7 millones de pensiones contributivas en vigor en 2018 eran de nacionalidad española mientras que los extranjeros suponían únicamente el 1,5 por 100 del total de beneficiarios.
| El hogar y la agricultura, sus sectores de actividad |
POBLACIÓN EXTRANJERA POR REGÍMENES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(Porcentaje de trabajadores extranjeros en alta dentro de cada Régimen o Sistema Especial)
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| Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. |
Resulta prácticamente testimonial la presencia de extranjeros entre los beneficiarios de las pensiones no contributivas de la Seguridad Social por jubilación e invalidez (PNC), el bloque más importante de la protección social no contributiva orientada a paliar situaciones de necesidad. A falta de datos más actualizados, en 2015, los perceptores de PNC de jubilación de nacionalidad extracomunitaria representaban el 4 por 100 del total, mientras que los comunitarios apenas llegaban al 1 por 100 del total de esta modalidad. En cuanto a los perceptores de PNC de invalidez, los beneficiarios extracomunitarios suponían el 2,5 por 100 y los comunitarios el 1,2 por 100. En conjunto, el sistema contaba con un 4,5 por 100 de beneficiaros extranjeros de PNCs.
La cobertura de las PNCs en relación a la población mayor de 65 años se situaba alrededor del 5 por 100 tanto entre la población autóctona como entre la extranjera en esas edades, si bien entre la población extracomunitaria, las PNCs alcanzaban al 15 por 100 de este grupo de edad, una proporción más elevada que la media pero inferior al riesgo de pobreza que afecta a este colectivo. Cabe recordar que entre los requisitos de acceso a este tipo de prestaciones se exige la acreditación de la carencia de recursos, además de la residencia durante al menos diez años en España, dos de los cuales inmediatamente anteriores a la solicitud, en el caso de la jubilación y cinco en el de la invalidez.
Protección por desempleo y asistencial
Las prestaciones por desempleo, derivadas del trabajo previo y sus cotizaciones asociadas, constituyen el tipo de prestaciones sociales al que con más frecuencia acceden las personas de nacionalidad extranjera, en coherencia con la centralidad del trabajo como principal fuente de ingresos de los hogares extranjeros y con la etapa del ciclo vital en que se encuentra la mayoría de esta población. Con todo, su peso sobre el conjunto de beneficiarios es modesto en comparación con la elevada participación en el mercado laboral (en 2017, el 72,7 por 100 eran activos frente al 57,8 por 100 de los nativos) y la incidencia del desempleo en este colectivo (en 2017, el 23,8 por 100 según la EPA). Además, presenta características diferenciadas respecto a los beneficiarios españoles, sobre todo en cuanto a su distribución por modalidades de protección.
En 2017, los trabajadores extranjeros constituían el 11,7 por 100 de los parados registrados en el SEPE (el 12,5 por 100 de los varones y el 11,09 por 100 de las mujeres). En cuanto a su situación respecto al sistema de protección por desempleo, en 2017 eran de nacionalidad extranjera el 9,7 por 100 del total de personas perceptoras de prestaciones por desempleo en media anual. Los trabajadores extranjeros representaban el 11,2 por 100 del total de varones y las trabajadoras extranjeras suponían el 8,4 por 100 del total de perceptoras.
Es mayor su presencia en el nivel contributivo (12,7 por 100 del total de perceptores) que en el asistencial (7,4 por 100), donde se concentran en su gran mayoría en el subsidio por desempleo (8,9 por 100 del total de perceptores de esta ayuda). Teniendo en cuenta la elevada presencia de extranjeros en el sector agrario y en el sistema especial agrario (donde constituyen el 27 por 100 de los afiliados), resulta llamativa la escasa proporción de extranjeros entre los perceptores de renta agraria (el 3,4 por 100) y entre los perceptores del subsidio de trabajadores eventuales agrarios (1,2 por 100 del total).
En cuanto a las ayudas económicas a las personas desempleadas que complementan programas de políticas activas, las personas de nacionalidad extranjera suponían el 9,2 por 100 de los beneficiarios de la renta activa de inserción así como el 9,9 por 100 de los participantes en el programa de activación para el empleo. Teniendo en cuenta los problemas de empleabilidad que según se ha visto afectan a una parte importante de los trabajadores extranjeros, llama la atención su escasa participación en este tipo de programas. Las iniciativas dirigidas a las personas desempleadas extranjeras que se pusieron en marcha durante los años de la crisis, orientadas a subvencionar su retorno a los países de origen apenas han tenido acogida, lo que corrobora el importante arraigo de la población extranjera en España y la necesidad de reforzar los programas dirigidos a mejorar su empleabilidad.
La principal diferencia entre perceptores de nacionalidad española y extranjera radica en la distribución de cada grupo en los dos principales niveles de la protección. Mientras los perceptores extranjeros aparecen con mayor frecuencia en el nivel contributivo (51 por 100) y en menor medida en el nivel asistencial (37 por 100), las proporciones en el caso de los españoles son prácticamente a la inversa: la mitad (49,7 por 10) de los perceptores de nacionalidad española se sitúan en el nivel asistencial y el 37,7 por 100 en el nivel contributivo. De este modo, el proceso de asistencialización de la protección por desempleo del que se viene hablando desde hace varios años parece más intenso entre los perceptores de nacionalidad española lo que puede responder entre otros motivos, una vez más, a su más elevada media de edad y la importancia del subsidio de mayores de 55 años dentro del nivel asistencial.
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