La Quincena judicial / José Mariano Benítez de Lugo
NO, no me estoy refiriendo a esas enfermedades brutales que a veces se ceban en pequeños chavales/as y no abandonan hasta derrotarlos, hasta matarlos. No, me quiero referir hoy al “asesinato” judicial de una niña, Virginia, de pocos años, que por la increíble decisión de un juez, va a ser desahuciada, echándola de la vivienda que habita con sus padres en el distrito de Carabanchel incluso mucho antes de que ella naciese. Y todo, por un lado, por la legislación difusa y arcaica española, y por otro, por la falta de perspectiva jurídico-social y humana en su aplicación por parte de un juez.
Se me humedecen los ojos al escribir estas tristes líneas en el día cero del desahucio, ante la auténtica crueldad de personas que por su función (los jueces) deberían tener como bandera la protección de los débiles
En efecto, la familia M. habitaba en su vivienda social, protegida y de promoción pública, de 75 metros cuadrados que les había sido adjudicada allá en el año 2006 por la Empresa Municipal del Suelo de Madrid a la vista de la precaria economía familiar. Pero los nubarrones de un temporal se volcaron sobre ésta y 1.859 familias más, cuando la alcaldesa Botella decidió vender en el año 2013 esas viviendas a un llamado ‘fondo buitre’ (Blackstone), nubarrones que se convirtieron en una horrible tormenta en la que la llamada ‘justicia’, utilizó sus rayos y truenos para, so pretexto de que había terminado su contrato de arrendamiento, lanzarles (¡qué palabra más terrible y gráfica utiliza el legislador!) a la calle, y de nada nos ha servido alegar al juez que la justicia europea ha dicho que antes de echar a una familia de su casa, se debe aclarar en profundidad el impacto de ello, especialmente si habitan en la vivienda menores de edad, como es el caso que estamos refiriendo.
Tampoco ha incidido un ápice en la brutal decisión del señor juez su conocimiento documental de que sus padres han obtenido (con la modesta participación mía como abogado), y tras un largo proceso de retracto, que otros jueces, la Sección 10ª de la Audiencia Provincial de Madrid, hayan sentenciado que sus padres (y otros muchos inquilinos) fueron injustamente ignorados a la hora de transmitir las viviendas que tenían arrendadas y les haya reconocido el derecho a comprarla en el muy asequible precio que el Ayuntamiento de Madrid se las vendió a dicho fondo, dándose con ello el sinsentido de que hoy, 18 de febrero, esa familia será echada de su casa, y sin embargo, el día de mañana (¿cuándo?) después de varios años, otros jueces les confirmarán su derecho a volver a ella. No se si llamar a esta situación kafkiana, o berlanguiana, o simple y llanamente, INJUSTA.
Se me humedecen los ojos al escribir estas tristes líneas en el día cero del desahucio, ante la auténtica crueldad de personas que por su función (los jueces) deberían tener como bandera la protección de los débiles. Me llena de coraje tras 58 años como abogado constatar que hay jueces que en modo alguno merecen tener el poder del Estado de administrar Justicia, pues lo que hacen es jurídica y moralmente injusto.
Y si su arcaica noción de lo justo no les aboca a otra solución como la que vengo censurando, que al menos su conciencia les impulse a ello, y si su conciencia tampoco responde positivamente, lo que deben hacer es cambiarla porque está notablemente podrida.
Es miembro del Colegio de Abogados de Madrid desde 1963 y Medalla de Honor de dicha institución concedida en 2016. Está en posesión de la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort por méritos a la Justicia y es presidente honorario de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa y patrono de la Fundación Justicia y Paz.
