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Iberdrola venderá el 80% de sus activos de generación en México por 6.000 millones de dólares, unos 5.479 millones de euros, a una empresa estatal mexicana. Con esta operación, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, conocido por sus iniciales, AMLO, logra un golpe de efecto en pro de su campaña indigenista que ataca a la colonización española que había llegado al extremo de pedir a Felipe VI que pidiera perdón en nombre de Hernán Cortés. Al tiempo que, con la foto del abrazo con el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, evita que se sitúe a su Gobierno como poco seguro para los inversores extranjeros.

Por su parte, Galán reduce su presencia en un país con un Gobierno que no cesaba de atacarle, con lo que la continuidad en el mismo no era muy prometedora. Los 6.000 millones de dólares obtenidos en la operación los aplicará ampliando su presencia en Estados Unidos y Europa.
Iberdrola ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que sus filiales Iberdrola Generación México e Iberdrola Renovables México han suscrito un acuerdo de intenciones con la sociedad participada por el Estado mexicano Mexico Infrastructure Partners (MIP) para que un fideicomiso privado gestionado por esta empresa adquiera la totalidad del capital de varias sociedades que son titulares de centrales de generación. La capacidad instalada total sujeta a la transacción es de 8.539 megavatios (MW), de los que 8.436 se corresponden a ciclos combinados de gas y 103 a un parque eólico terrestre.
Los activos que forman parte de la transacción son los ciclos combinados de gas Monterrey I y II, Altamira III y IV, Altamira V, Escobedo, La Laguna, Tamazunchale I, Baja California y Topolobampo II y III, además del parque eólico terrestre La Venta III. Todos ellos operan bajo el régimen de Productores Independientes de Energía contratados con la Comisión Federal de Electricidad.
Se incluyen también los ciclos combinados de gas privados Monterrey III y IV, Tamazunchale II y Enertek. Con esta operación, Iberdrola se limita a la propiedad de 2.427 MW de los casi 11.000 que tenía en el país. 1.166 MW de ellos se corresponden a centrales de ciclo combinado, 202 MW a cogeneración y 1.059 MW a renovables.
“Por el rescate de la soberanía”
En la campaña electoral y de forma precisa en su libro ‘2018. La salida. Decadencia y renacimiento de México’, que lo llevaron a ganar las elecciones en julio de 2018 y a alcanzar el poder en diciembre del mismo año, Andrés Manuel López Obrador apostó por una nacionalización de la energía que cambiaba de sentido la reforma privatizadora de sus antecesores, Enrique Peña Nieto y Enrique Calderón, a quienes denuncia con frecuencia ásperamente.
Una política nacionalizadora que el presidente une a la lucha contra la corrupción, dirigida especialmente contra las empresas españolas, que representan el segundo inversor en México. No es, pues, una reforma, sino más bien una contrarreforma. Y, sobre todo, una pieza ideológica fundamental basada en el nacionalismo inspirado en su interpretación de la historia bajo el lema: “Por el rescate de la soberanía”, para lo que cuenta con la aportación de su esposa, la historiadora Beatriz Gutiérrez.
Arremete contra Hernán Cortés y pide a Felipe VI que pida perdón. Procede a una vuelta de tuerca patriótica y regeneracionista en la que integra su proclamada lucha contra la corrupción que atribuye a las empresas españolas.

Una vez instalado en el histórico Palacio Nacional, parecía haberse calmado a este respecto y no insistió en sus denuncias electorales, lo que permitió respirar a las compañías españolas, especialmente a Iberdrola, que entendían que una vez en el poder el presidente actuaría con realismo comprendiendo que las fuertes inversiones de esta compañía y las nuevas previstas mejorarían la capacidad energética mexicana.
Sin embargo, se manifestó con claridad respecto a sus intenciones al tiempo que arremetía contra Iberdrola, que domina el negocio de la venta de energía a la Comisión Federal de Electricidad, que, aseguraba López Obrador, había recibido “jugosos contratos” durante el gobierno de Calderón, quien fue nombrado por Galán miembro del Consejo de Administración de Avangrid, filial estadounidense de Iberdrola. Lo que le daba pie a AMLO para citar a Bertolt Brecht, quien aseguraba que el peor de los bandidos “es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de empresas nacionales y multinacionales”.
Ataques que provocaron la decisión de Ignacio Galán, cuya empresa lleva más de veinte años en México, de congelar las nuevas inversiones que tenía previstas dentro de su ambiciosa política de incrementar su presencia.
Sus bestias negras: OHL, Repsol e Iberdrola
El presidente de México se quejaba en su libro de que “los gobiernos y las empresas extranjeras de los países considerados desarrollados no han cumplido en sus relaciones comerciales y de negocios con México, con los estándares mínimos de moral internacional. Las más deshonestas en este aspecto han sido autoridades y empresas españolas, las cuales no sólo hacen tráfico de influencias –‘lobby’, lo llaman, con políticos conservadores y de la supuesta izquierda–, sino que sobornan con dinero y acciones a integrantes mexicanos de la mafia del poder”.