La recta final de la negociación de los Presupuestos ha permitido a Unidas Podemos colocarse como la gran defensora del derecho a la vivienda y de la regulación de los alquileres. No ha conseguido incluirlo en los Presupuestos, como pretendía, pero ha conseguido un compromiso temporal sobre la redacción de la nueva Ley de Vivienda y, además, se asegura participar en su elaboración, algo que, por competencias, le correspondería en exclusiva al Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos. Un guiño a su electorado y una victoria frente a las posiciones defendidas por la vicepresidenta Nadia Calviño.
A lo largo del lunes, desde Unidas Podemos se filtraba a la prensa que el acuerdo de los Presupuestos no estaba cerrado, por mucho que el presidente lo asegurase. Que todavía quedaban algunos cabos sueltos por soluciones, con la regulación de los alquileres y la mejora del Ingreso Mínimo Vital a la cabeza. Nunca hubo un temor real en el Gobierno a que no hubiera fumata blanca y los Presupuestos no pudieran llegar al consejo de ministros al día siguiente. Las cuentas estaban atadas al 99% y las cuestiones por resolver no eran estrictamente presupuestarias. Pero Iglesias no dio su placet hasta haber conseguido compromisos concretos, negro sobre blanco, y reforzar su imagen de vigilante de un PSOE perezoso en ciertas cuestiones, en un momento en el que los morados retroceden ligeramente en las encuestas.
Iglesias lanza así un guiño a los suyos y logra una victoria frente a las resistencias que había encontrado hasta ahora en el Gobierno. Es decir, las de la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño. “Hay distintas ciudades que están experimentando en esa línea, estableciendo límites, no con mucho éxito”, dijo el pasado mes de enero.
Entre Iglesias y Ábalos hay sintonía política, mucha más que con otros miembros del Ejecutivo. Pero habrá que ver cómo conducen la redacción de una ley de la que ambos serán responsables
José Luis Ábalos, precisamente, ha sido uno de los principales aliados de Iglesias en el pulso con Calviño a lo largo de los últimos meses. Ábalos, como Iglesias, defendió la implantación del estado de alarma en marzo, cuando la vicepresidenta económica trataba de frenarlo por el impacto que tendría en la economía. También estuvo en el mismo bando del presidente cuando se discutía un gasto público ambicioso para afrontar las consecuencias de la pandemia, frente a las voces que pedían estar más pendientes del impacto que eso tendría en las cuentas públicas.
Entre Iglesias y Ábalos hay sintonía política, mucha más que con otros miembros del Ejecutivo. Pero habrá que ver cómo conducen la redacción de una ley de la que ambos serán responsables y que el ministro de Transportes quería retrasar hasta que fueran patentes los efectos de la pandemia sobre el mercado inmobiliario . No es la primera vez que el vicepresidente tensa la cuerda con un ministro con el que ha estado defendiendo posiciones políticas similares. Ya le sucedió con José Luis Escrivá, cuando le apremió para poner en marcha el Ingreso Mínimo Vital.
Con el acuerdo sobre los alquileres, Iglesias le lanza un cable a ERC y allana el camino para que los republicanos puedan aprobar las cuentas públicas. Y es que la nueva ley de vivienda aprobada en Cataluña hace pocas semanas, que limita los precios de los alquileres, podría ser inconstitucional por invadir competencias estatales. Eso es lo que opina el Consell de Garanties Estatutàries. Y la posibilidad de plantear un recurso ante el Constitucional está ahí.
Gabriel Rufián afirmaba hace pocos días que regular los alquileres es “trascendental” y condición “sine qua non” para poder negociar las cuentas
En este escenario, Gabriel Rufián afirmaba hace pocos días que regular los alquileres es “trascendental” y condición “sine qua non” para poder negociar las cuentas. La futura Ley de Vivienda estatal serviría para amparar el texto catalán y el resto de medidas en materia de vivienda que ya están tomando otras autonomías. Por ejemplo, en Comunidad Valenciana, el Constitucional ha admitido a trámite el recurso del PP contra el decreto ley que otorga el derecho de tanteo al Consell en la compra de viviendas. Una medida con la que el Ejecutivo liderado por Ximo Puig busca frenar los movimientos especulativos en los precios e incrementar el parque público de vivienda. Fue así cómo pudo comprar 218 pisos que el Sabadell tenía previsto vender a un fondo de inversión.
Transportes ya estaba poniendo los cimientos de la ley, que se encuentra en estos momentos en fase de información pública. Y el pasado mes de junio presentaba su Sistema Estatal de Índices de Alquiler de Vivienda -con datos de la Agencia Tributaria y los depósitos de fianzas de las comunidades, en otras fuentes-, que debe servir de referencia nacional para declarar las zonas de “mercado tensionado” en las que se haya producido “un incremento abusivo y sostenido de las rentas del alquiler”, según reza el acuerdo difundido el martes, para aplicar las limitaciones de precios. Unas zonas tensionadas que son, según este índice: la Comunidad de Madrid, las áreas metropolitanas de Barcelona, Valencia, Sevilla y Málaga y los archipiélagos de Canarias y Baleares.
Iglesias ha conseguido el compromiso concreto de llevarla al consejo de ministros en tres meses y al Parlamento en cuatro. Un tiempo en el que se avecinan roces por la paternidad del texto entre los equipos pilotados por David Lucas, secretario general de Vivienda, y la secretaria de Estado de Agenda 2030, Ione Belarra, ya que hay detalles espinosos por cerrar. Por ejemplo, el acuerdo suscrito esta semana entre PSOE y Unidas Podemos señala que, en las zonas tensionadas, “se establecerán mecanismos de contención o eventualmente bajada de los precios, tanto de los nuevos contratos como de los contratos existentes”. Para los nuevos contratos, las limitaciones son más factible, pero ¿cómo se rebajan los alquileres de contratos en vigor? Algunas informaciones señalan que la única posibilidad serían incentivos fiscales, pero habrá que ver cómo se concreta en las negociaciones.
