Destacado Económico / N. L.
De lo poco que ha quedado meridianamente claro en los “acuerdos de Gobierno” para toda la legislatura, firmados el pasado 30 de diciembre entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, que nadan en la abstracción y la ambigüedad, es que el primero ha aceptado la exigencia del segundo de derogar prácticamente en la totalidad la reforma laboral de Mariano Rajoy.
El otro aspecto importante, el de los Presupuestos, es perfectamente ambiguo: “Los Presupuestos Generales del Estado que se desarrollarán a lo largo de la misma [de la legislatura] –reza el documento– se elaborarán tomando como base este documento y los consensos adquiridos en los últimos tiempos, adaptándolos al nuevo contexto macroeconómico”.
Iglesias se ha atrincherado en su línea roja negando la posición inicial socialista que encontraba aspectos positivos en la ley vigente conformándose con algunos retoques, al tiempo que se trataba de diluirla en su día, un día lejano, en las entrañas de un nuevo Estatuto de los Trabajadores. Esta es la posición que mantenía firmemente Nadia Calviño, la vicepresidenta económica ‘in pectore’. Iglesias sabía que si no llevaba la derogación al papel que rige el compromiso entre ambos partidos, Calviño ganaría la partida. Sánchez ha tenido que tragar generando el principal escollo que se prevé con el empresariado. O mejor dicho: con los grandes empresarios, pues la posición de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), presidida por Antonio Garamendi, era más propicia a pactar el asunto con los sindicatos, tal como intentó inútilmente su antecesor, Juan Rosell, en aras de la paz social que proclaman como objetivo supremo de la Confederación.
Recuperar el poder sindical perdido
Un punto caliente requerido por los sindicatos e impuesto por Iglesias es la supresión que hace la reforma Rajoy/Báñez de la prioridad de los convenios sectoriales sobre los de empresa, lo que suponía un palo para los sindicatos, que perdían gran parte de su poder. Iglesias cumple con la exigencia sindical, en cuyos dirigentes se apoyó para forzar la coalición. El otro punto caliente es el de la eliminación de la ultraactividad de los convenios, un término utilizado para señalar la vida eterna de los mismos, más allá de la fecha de vigencia.
El acuerdo firmado que aparece en el punto 1.3 del Acuerdo no tiene nada de ambigüedad: “Derogaremos la reforma laboral. Recuperaremos los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral de 2012. Impulsaremos en el marco del diálogo social la protección de las personas trabajadoras y recuperaremos el papel de los convenios colectivos. En concreto y con carácter urgente:
-Derogaremos la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad.
-Derogaremos las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo, haciéndolo llegar más allá de las previsiones contenidas en el mismo, tras la finalización de su vigencia y hasta la negociación de uno nuevo.
-Derogaremos la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales. Asimismo,
-Modificaremos el art. 42.1 del Estatuto de los Trabajadores sobre contratación y subcontratación laboral a efectos de limitar la subcontratación a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa.
-Limitaremos la capacidad de modificación unilateral de las condiciones del contrato por parte de la empresa.
-Revisaremos el mecanismo de inaplicación de los convenios colectivos, orientándolo a descuelgue salarial vinculado a causas económicas graves”.
Salario mínimo y Estatuto de los Trabajadores, en la niebla
La futura subida del salario mínimo, que era otra de las exigencias de Iglesias que exhibe como su gran conquista: conseguir que Sánchez lo elevara a los 900 euros, ha quedado cubierta por la niebla en el punto 1.4: “Subiremos el Salario Mínimo Interprofesional hasta alcanzar progresivamente el 60% del salario medio en España tal y como recomienda la Carta Social Europea. Se convocará la Mesa del Diálogo Social al objeto de promover un acuerdo que será la base para la propuesta del Gobierno. Se creará una Comisión asesora del Ministerio de Trabajo y a disposición del Diálogo Social, compuesta por profesionales de reconocido prestigio, académicos y representantes de los sindicatos y empresarios, que estudiará la evolución del Salario Mínimo Interprofesional. Para su análisis se tendrán en cuenta, entre otras cuestiones, el índice de precios de consumo, la productividad media nacional alcanzada, el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional, y la coyuntura económica general”. Si un asunto no está maduro lo recomendable es crear una Comisión lo más amplia posible en la que participen los más sabios del lugar.
El Estatuto de los Trabajadores no entraña urgencia alguna aunque aparezca en el punto 1.2, anterior al de la reforma laboral. Tienen todo un siglo para promulgarlo. Reza así: “Elaboraremos un nuevo Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI. Elaboraremos, previo diálogo con los agentes sociales, un nuevo Estatuto de los Trabajadores que compagine la protección de los trabajadores y trabajadoras frente a los desafíos sociales, tecnológicos y ecológicos del siglo XXI y el reconocimiento de nuevos derechos de los trabajadores propios de la realidad económica, social y laboral actual, con la necesaria competitividad empresarial y el papel de la negociación colectiva como elemento de reequilibrio necesario. A tal efecto, se podrá constituir un grupo de trabajo para su redacción, integrado por expertos y expertas de reconocido prestigio, del ámbito académico y profesional.
