Cristina Narbona
La comparecencia del presidente del Gobierno en el Senado, para explicar el Plan Nacional de Ahorro y Eficiencia Energética, ha facilitado el primer debate de cierta envergadura entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo.
De hecho, más allá de las cuestiones relativas a la energía, casi no quedaron cuestiones por confrontar: desde la política de alianzas del actual gobierno de coalición a la política fiscal de cada uno de los dos partidos políticos, desde la necesaria renovación del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial a la evolución del mercado de trabajo… Pero, a mi juicio, el núcleo de las intervenciones fue la comparación entre la solvencia de uno y otro líder, de la que el flamante presidente del PP no salió en absoluto bien parado. Tanto que la reiteración de la pregunta “¿insolvencia o mala fe?”, –formulada por Sánchez al hilo de las numerosas declaraciones erróneas de Feijóo durante los últimos meses–, resultaba absolutamente justificada. Resulta difícil creer que cuestiones tan básicas como la diferencia entre la prima de riesgo y los tipos de interés, o el supuesto cómputo de las pensiones en la regla de gasto… sean desconocidas no sólo para Feijoo, sino para su equipo, en el que se supone la participación de personas preparadas en materia económica.
Resulta inconcebible, en el momento actual, que alguien que aspira a llegar a la Moncloa demuestre una total falta de conocimiento –¿o de sintonía?– con las instituciones europeas y los planteamientos de los gobiernos de los Estados miembros, muchos de ellos liderados por partidos conservadores
Y más aún teniendo en cuenta que Feijóo ha llegado a la primera línea de la política nacional con la imagen de buen gestor como presidente de la Xunta de Galicia durante 13 años. Es cierto que un repaso más detallado de su trayectoria, como el que se escuchó en el Senado, permite evidenciar fallos importantes tanto desde el punto de vista económico – véase la evolución de la deuda pública de la Xunta durante su mandato–, como desde el punto de vista social –reducción de las partidas presupuestarias destinadas a la educación y a la sanidad pública– … e incluso desde el punto de vista de la transición energética, objeto principal del debate: Feijóo paralizó las inversiones en energía eólica durante su largo mandato, a pesar de que ahora urge al gobierno de Sánchez para que acelere el despliegue de las energías renovables.
Por otro lado, resulta inconcebible, en el momento actual, que alguien que aspira a llegar a la Moncloa, demuestre una total falta de conocimiento –¿o de sintonía?– con las instituciones europeas y los planteamientos de los gobiernos de los Estados miembros, muchos de ellos liderados por partidos conservadores.
Feijóo insistía en el debate en la ausencia o en la inadecuación de las propuestas de Sánchez en materia energética y económica en el contexto de la Unión Europea (UE). La realidad es que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), así como el Plan Nacional para la Recuperación, Transformación y Resiliencia (PNRTR), elaborados por el Gobierno de España, han sido valorados de manera muy favorable por parte de la Comisión Europea (presidida por una correligionaria de Feijóo), igual que las medidas recientemente aprobadas del Plan Nacional de Ahorro y Eficiencia energética. Asimismo, la mayoría de los países de la UE han implementado o están implementando impuestos sobre los beneficios de las grandes corporaciones energéticas, financieras y tecnológicas, tan criticados en nuestro país por el Partido Popular (PP).
Pero quizás lo más notable es la incapacidad de Feijóo de ir más allá de algunas propuestas en materia de energía que ya han sido aprobadas por el Gobierno –y votadas en contra por el PP, como la bajada del IVA de la luz–, o de insistir en la necesidad de prolongar la vida de las centrales nucleares –cuando el primer cierre está previsto para 2027, y cuando está evidenciándose la vulnerabilidad de Francia por su excesiva dependencia de la energía nuclear–. No hubo una sola propuesta de Feijóo sobre cómo debería reformarse el mercado eléctrico a escala europea, superando el modelo marginalista que, al retribuir a todas las fuentes energéticas al precio del gas, está provocando efectos socialmente devastadores en términos de inflación y de aumento de la desigualdad y de la pobreza.
El Gobierno de España fue el primero que planteó ante la Comisión Europea, meses antes de la invasión de Ucrania, la necesidad de revisar la regulación comunitaria relativa al mercado eléctrico. En ese momento, los “beneficios caídos del cielo” generados en dicho mercado parecían un tema tabú; y el PP participaba de esa posición mayoritaria, aprovechando para descalificar como “radical” a Sánchez. Pero hoy ya nadie niega la existencia de dichos beneficios extraordinarios, ni en la Comisión Europea ni en muchos países miembros… Nadie salvo el PP, que, como ayer definió Eva Granados, la portavoz socialista en el Senado, constituye la “excepción europea”; y lamentablemente no sólo en esta materia, a la vista de su permanente posición contraria ante cualquier medida adoptada por el Gobierno para garantizar la protección social de los más afectados por la situación económica.
Presidenta del PSOE, partido del que es miembro desde 1993. Vicepresidenta Primera del Senado. Doctora en Economía por la Universidad de Roma, ha sido, entre otros cargos, secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda (1993-1996) y ministra de Medio Ambiente (2004-2008), así como embajadora de España ante la OCDE (2008-2011). Desde enero de 2013, y hasta su elección como presidenta del PSOE, ha sido consejera del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Es miembro del Global Sustainability Panel del secretario general de Naciones Unidas (2010-2012), de la Global Ocean Commision y de la Red española de Desarrollo Sostenible. También forma parte del colectivo Economistas frente a la Crisis.
