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Ione Belarra: la ‘fontanera’ de Podemos llega al Gobierno

por Manuel Capilla
31 marzo, 2021
de Portada
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Ione Belarra ha asumido el cargo de ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030. / EP

Ione Belarra ha asumido el cargo de ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030. / EP

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Con la salida de Pablo Iglesias del Ejecutivo, se oficializa el relevo en el Ministerio de Derechos Sociales por parte de una Ione Belarra que ha estado en el meollo de casi todas las negociaciones clave en las que se ha embarcado Unidas Podemos. Muy cercana a Irene Montero, con quien coincidió en sus estudios de psicología, tiene por delante el reto de desencallar una Ley de Vivienda que puede ser una de las causas que termine acercando las elecciones generales. Como número dos, en la secretaría de Estado de Agenda 2030, Belarra tendrá al secretario general del PCE y miembro de la cúpula de IU, Enrique Santiago, una de las personas más alineadas con Iglesias en Unidas Podemos.

Con Ione Belarra, entra en el Gobierno la persona que ha sido uno de los soportes principales de la actividad institucional y política de Unidas Podemos. Diputada desde enero de 2016, con sólo 28 años, ella ha llevado el peso de organizar y coordinar las tareas del grupo parlamentario en las últimas legislaturas, consolidándose como una persona clave por su capacidad de trabajo y organización.

De hecho, Belarra ha estado en prácticamente todas las negociaciones clave que ha afrontado Unidas Podemos en los últimos tiempos. En el otoño de 2018, junto a Nacho Álvarez y Pablo Echenique, negoció los Presupuestos que terminó tumbando Esquerra Republicana. También fue una de las encargadas de llegar a un acuerdo de investidura durante el verano de 2019, con Carmen Calvo y Adriana Lastra al otro lado de la mesa. Y, ya como secretaria de Estado de Agenda 2030, ha formado parte del equipo que cerró el Ingreso Mínimo Vital con los colaboradores de José Luis Escrivá en Seguridad Social.

Esta pamplonesa es amiga de Irene Montero desde que ambas coincidieran durante sus estudios de Psicología en la Universidad Autónoma de Madrid. Especializada –como Montero- en el ámbito de la psicología de la educación, su politización arranca con la defensa de los derechos de las personas migrantes tras participar en organizaciones como SOS Racismo y Cruz Roja. De ahí, en 2014, es elegida en primarias para formar parte del primer Consejo Ciudadano de Podemos.

 

El azote de Margarita Robles

Belarra ha acusado a la ministra de Defensa de “alinearse con la derecha”, después de que Robles dejara caer que Unidas Podemos “cuestiona las instituciones” por insistir en que el Congreso investigue las tarjetas opacas del rey emérito

Desde la secretaría de Estado de Agenda 2030 ha ejercido una cierta coordinación de los ministerios de Unidas Podemos, puliendo cuestiones que han pasado por la Comisión de secretarios de Estado y Subsecretarios antes de ser debatidas en el consejo de ministros. Pero ‘extraoficialmente’ también ha jugado un papel de ‘azote’ de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que nunca se ha ahorrado críticas hacia Iglesias y hacia Unidas Podemos.

Robles ha recibido tanto guiño, público y privado, por parte de las derechas -hasta del propio Pablo Casado- que más de un miembro del Gobierno ha arqueado la ceja. La inquietud la sintetizó Belarra, cuando la acusaba directamente de “alinearse con la derecha”, después de que Robles dejara caer que Unidas Podemos “cuestiona las instituciones” por insistir en que el Congreso investigue las tarjetas opacas del rey emérito. La escalada de tensión forzó la intervención de Sánchez, para subrayar que la lealtad de Robles está fuera de duda. La ministra de Defensa ha aprovechado la salida de Iglesias del Gobierno para volver a tensar al consejo de ministros, subrayando sus diferencias con Iglesias, criticando su anuncio de abandonar el Gobierno cuando Pedro Sánchez estaba en Francia rindiendo homenaje a los republicanos españoles -“la comunicación es importante siempre y me parece que no era el momento más adecuado para poner el foco en irse del Gobierno»- y afeándole “que no se pueden cuestionar las instituciones, como puede ser la Monarquía, que está perfectamente representada por Felipe VI”.

El otro ‘enemigo’ de Belarra en el consejo de ministros va a ser José Luis Ábalos. Y no porque el ministro de Transportes albergue esas críticas hacia Iglesias y Unidas Podemos, al contrario. Ábalos es uno de los ministros socialistas que tiene una relación más correcta con los líderes morados y uno de los dirigentes del PSOE que más fervientemente defendió el acuerdo con Unidas Podemos a lo largo de 2019. Sin embargo, la Ley de Vivienda se está enquistando mucho más de lo previsto y, aunque ha habido acercamientos, especialmente en relación a limitar los desahucios, sigue habiendo cuestiones en las que las diferencias son muy profundas y no se avistan puntos de encuentro.

 

Los escollos de la Ley de Vivienda

Belarra y su equipo subrayan que las desgravaciones fiscales que propone Ábalos son insuficientes, en una posición que ha respaldado Gestha, el sindicato de Técnicos de Hacienda

El principal nudo a desatar en las negociaciones sigue siendo cómo se frena el aumento disparatado de los precios del alquiler en las grandes ciudades españolas. Unidas Podemos apuesta por limitarlos, como se ha hecho ya en ciudades como Berlín o París. Pero desde la secretaría general de Vivienda, encabezada por David Lucas, señalan que esas limitaciones pueden abrir frentes judiciales –en Alemania, la legislación está recurrida ante el Constitucional- y, además, restringirían la oferta. Por tanto, apuestan por un sistema de desgravaciones fiscales.

Mientras, Belarra y su equipo subrayan que esas desgravaciones son insuficientes –señalan el ejemplo de Portugal, donde se han adoptado medidas en ese sentido-, en una posición que ha respaldado Gestha. El sindicato de Técnicos de Hacienda ha elaborado un informe en el que afirman que las deducciones, tal y como las ha planteado el equipo de Ábalos –una deducción del 90% si el propietario accede a rebajar el precio un 10%-, “no benefician a los propietarios medios, por lo que la medida propuesta, tal como está conocida, no logrará los objetivos previstos en las zonas tensionadas”. Además, Gestha señala que las deducciones fiscales aumentan la regresividad, porque “benefician más a quien más gana”.

Otra de las cuestiones espinosas es la definición de gran propietario. Unidas Podemos busca rebajar a cinco propiedades la barrera por encima de la cual se estaría incluido dentro de esa figura, aunque en otras normas que ha aprobado el Gobierno, como las de las ayudas a los alquileres, el corte para esa figura estaba por encima de las diez propiedades. En Transportes perciben esta propuesta como un elemento que se desmarca del criterio aplicado hasta ahora y que viene a enredar aún más la elaboración de la ley.

Definir la figura del gran tenedor es relevante porque sería a quienes la ley podría imponer ciertas obligaciones o cargas. Por ejemplo, Belarra trasladó a Lucas, su propuesta de obligar a estos grandes tenedores a sacar al mercado el 30% de sus viviendas para dedicarlas a alquiler social. Según los cálculos de la vicepresidencia segunda, esa medida supondría sacar al mercado, de forma inmediata, entre 140.000 y 150.000 viviendas. En Transportes, consideran estas propuestas prácticamente expropiatorias y van por otro camino a la hora de incentivar la salida al mercado de las viviendas vacías. Según la propuesta que trasladaban hace pocos días a la vicepresidencia de Derechos sociales, sí proponen un recargo en el IBI sobre todas aquellas casas que pertenezcan a un propietario con al menos cuatro viviendas en propiedad y que lleve desocupada durante más de dos años.

 

El PCE gana peso en el Gobierno

Enrique Santiago es uno de los dirigentes más cercanos a Iglesias. / EP
Enrique Santiago es uno de los dirigentes más cercanos a Iglesias. / EP

La persona que va a asumir el peso de las negociaciones de la Ley de Vivienda a partir de ahora será el nuevo secretario de Estado de Agenda 2030, Enrique Santiago. El secretario general del PCE es una persona muy cercana tanto a Yolanda Díaz como al propio Iglesias, que anunció su nombramiento en Twitter señalando que el Gobierno “gana un jurista de prestigio internacional, comprometido con los derechos humanos”. Este abogado, experto en derechos humanos, que lideró la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y tomó parte en las negociaciones entre las FARC y el gobierno colombiano de Juan Manuel Santos, es un histórico del comunismo español. Fue secretario de la Unión de Juventudes Comunistas de España en los noventa y estuvo cerca de arrebatar el cargo de coordinador general de IU a Gaspar Llamazares en 2004.

Con la llegada de Cayo Lara al liderazgo de IU en 2008, Santiago se hizo cargo de la secretaría de Refundación y Movimientos Sociales. Y en 2018 asumió el testigo de José Luis Centella en la secretaría general del partido. Desde entonces, ha sido una de los dirigentes de Unidas Podemos más alineado con las posiciones de Iglesias. Por ejemplo, jugó un papel determinante en el verano de 2019, cerrando filas con el objetivo de entrar en el Gobierno, en el momento en el que líderes como Alberto Garzón empezaron a defender la oportunidad de suscribir un acuerdo de legislatura, sin ministros de Unidas Podemos, para evitar la repetición electoral. Santiago es también uno de los dirigentes de IU más partidarios de avanzar en una alianza orgánica y estable con Podemos.

 

Sánchez e Iglesias seguirán en contacto

Pedro Sánchez posó el martes con las cuatro vicepresidentas, de izquierda a derecha, Yolanda Díaz, Carmen Calvo, Nadia Calviño y Teresa Rodríguez. / EP
Pedro Sánchez posó el martes con las cuatro vicepresidentas, de izquierda a derecha, Yolanda Díaz, Carmen Calvo, Nadia Calviño y Teresa Rodríguez. / EP

Pablo Iglesias seguirá ejerciendo como secretario general de Podemos que es, y seguirá en contacto con Pedro Sánchez. Así lo han acordado entre ellos, pero la relación será diferente a la que venían manteniendo hasta ahora, también porque sus encuentros se habían ido espaciando en el tiempo a lo largo de los últimos meses. En el arranque de la legislatura sus comidas y entrevistas tenían una frecuencia prácticamente semanal, desde el verano el vínculo se ha ido haciendo más laxo. Eso sí, tanto Iglesias como Sánchez se han comprometido a estar disponibles cuando haya cuestiones enquistadas que desencallar.

Y las habrá, porque aunque Sánchez siempre insiste en que el Gobierno llegará hasta 2023 y agotará la legislatura, a corto plazo hay varios nudos gordianos por desatar. La Ley de Vivienda puede suponer el principio del fin del de la unidad que ha primado en el Gobierno –como el propio Sánchez destacaba en su declaración del martes- si la revisión de la reforma laboral, la subida del SMI o la Ley Trans no terminan llegando a buen puerto. En la parte morada del gobierno advierten de que si Moncloa y los ministros socialistas esperan que la salida de Iglesias facilite las negociaciones internas del Ejecutivo, auguran que “habrá un día en el que se acuerden de él”, porque quienes ahora asumen más protagonismo son rocosas y tenaces políticas como Yolanda Díaz o como Ione Belarra.

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