Lo que en principio trataba solo de ajustarse a los requerimientos de Bruselas en la lucha contra la desinformación, definiendo en el BOE un procedimiento para actuar contra ella, se ha convertido en un enredo del que el Gobierno está tratando de salir airoso. Las incógnitas que abre en torno a la libertad de expresión e información en los medios y, sobre todo, las mejorables explicaciones que se dieron desde el Gobierno han convertido en problema lo que, por otro lado, no es sino otra muestra de la capacidad de influencia de la que disfruta Iván Redondo. El jefe de gabinete del presidente del Gobierno suma otra área de decisión para disgusto de algunos en Ferraz.
“La desinformación y la intoxicación son armas potentísimas que han difuminado de manera muy clara nuestro campo de batalla”. Así se expresaba María Dolores de Cospedal en su etapa al frente del Ministerio de Defensa, advirtiendo al mismo tiempo de que se estaba preparando al ejército para combatir en esta “guerra”, como ella misma la llamaba. Y es que la preocupación por este tipo de injerencias extranjeras, tanto en forma de manipulación como de ciberataques, llevan tiempo en las mesas de los gobiernos occidentales. Tal es así que la Comisión Europea creó en 2018 un plan europeo contra la desinformación.
La gran novedad es la creación de una Comisión Permanente contra la Desinformación, coordinada por la secretaría de Estado de Comunicación, liderada por Miguel Ángel Oliver e integrada en la estructura monclovita que trabaja a las órdenes de Iván Redondo
A estas directrices de Bruselas pensaba ajustarse el Gobierno con la orden ministerial que publicó la semana pasada en el BOE. Una orden que establece un mecanismo para “monitorizar y detener” de forma temprana las campañas de desinformación y que, como principal novedad, introduce una Comisión Permanente contra la Desinformación. Una comisión coordinada por la secretaría de Estado de Comunicación, liderada por Miguel Ángel Oliver, e integrada en la estructura monclovita que trabaja a las órdenes de Iván Redondo. De esa comisión también formará parte el Departamento de Seguridad Nacional (también integrada en el organigrama del gabinete presidencial), el CNI (Defensa), el gabinete de estudios de la secretaría de Estado de Seguridad (Interior), la dirección general de Comunicación, Diplomacia Pública y Redes (Asuntos Exteriores) y la Secretaría de Estado de Transformación Digital e Inteligencia Artificial (Economía).
Además, la orden ministerial añade que “podrán ser convocados en calidad de expertos otros representantes de la Administración General del Estado”, así como representantes del sector privado y “aquellas personas que, en su condición de expertos, su contribución se considere relevante”.
Esto es todo. El texto no establece sanciones, ni ningún tipo de prohibición, limitaciones o recomendaciones. Y por no tener no tiene ni rango legal, como orden ministerial que es. Es simplemente un plan de organización. Así que en Moncloa más de uno levantó la ceja cuando la oposición y su órbita mediática se rasgaron las vestiduras clamando contra el nuevo ‘Ministerio de la Verdad’ orwelliano que el maquiavélico Redondo se sacaba de la manga. Una reacción que se agarraba a unas declaraciones de la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, que tras explicar que la orden obedece a las directrices europeas afirmaba que “se trata de limitar que se puedan vehicular falsedades a través de radios, televisiones y también las plataformas digitales que falsean el debate público, que manipulan a la población y que pueden causar un gran quebranto a la democracia. De eso se trata”.
El Gobierno se dio prisa en explicarlo, señalando que “en ningún caso se vigilará, censurará o limitará el libre y legítimo derecho de los medios a ofrecer sus informaciones”. Además, aparte de dejar claro que se trata de una respuesta a la petición de Bruselas para desarrollar y coordinar planes nacionales contra la desinformación, “tiene como finalidad evitar la injerencia extranjera en asuntos de interés nacional, así como detectar campañas promovidas desde el exterior que puedan dañar los intereses nacionales de nuestro país”. Se trata, según la nota difundida por Moncloa, de “aumentar la transparencia con respecto al origen de la desinformación y a la manera en que se produce y difunde”.
La polémica ha quedado casi totalmente desactivada después de que Bruselas haya terciado y haya manifestado que no tiene “razones para pensar” que el plan del Gobierno suponga un ataque a la libertad de prensa o la libertad de expresión. Así se expresaba el lunes el portavoz comunitario Johannes Bahrke, asegurando que la Comisión está al corriente de la orden ministerial, que aporta “herramientas y actores” para asegurar que España pueda participar “en los diferentes instrumentos previstos en el Plan Europeo de Acción contra la Desinformación de 2018 para fortalecer respuestas coordinadas y conjuntas”.
En un briefing organizado por Moncloa para explicar la orden a los periodistas, se dejó claro que el nuevo mecanismo en ningún caso va en contra de los medios, porque de lo que se trata es justo de lo contrario, de conseguir su complicidad para neutralizar estas campañas de desinformación masiva. “¿Cómo se desmonta una campaña?” Se preguntaban los representantes monclovitas en este briefing: “Buscando el apoyo de los medios de comunicación”, porque “no hay forma humana de que se pueda emplear este procedimiento para otra cosa. Estamos hablando de seguridad nacional. Las campañas de desinformación se combaten con campañas de comunicación”.
En un ‘briefing’ organizado por Moncloa para explicar la orden a los periodistas, se dejó claro que el nuevo mecanismo en ningún caso va en contra de los medios, porque de lo que se trata es justo de lo contrario, de conseguir su complicidad para neutralizar estas campañas de desinformación masiva
Sea como fuere, el episodio sirve como muestra de que las acciones de Iván Redondo siguen cotizando alto en el parqué de Moncloa. El jefe de gabinete del presidente gana una nueva área de influencia y le empieza a pasar lo que a Alfredo Pérez Rubalcaba en los tiempos del famoso ‘comando Rubalcaba’, que en torno a él se empieza a mezclar realidad y ficción, para tejer un relato de hombre con una influencia infinita entre bambalinas.
La realidad es que Redondo salió reforzado de la repetición electoral, ‘ascendiendo’al frente de un nuevo Comité de Dirección de la Presidencia del Gobierno –del que depende la secretaría de Estado de Comunicación- y una oficina de Prospectiva y Estrategia de País a Largo Plazo. Luego, estuvo en el comité de gestión de la desescalada en la pasada primavera. Y, además, será la Oficina Económica de Moncloa, a sus órdenes, la que supervisará la gestión del fondo europeo de reconstrucción.
En Ferraz, no faltaron quienes quisieron ‘matar’ a Redondo tras el resultado electoral del 10-N. Se las prometían felices quienes no le perdonan que asesorara a Antonio Basagoiti en su etapa al frente del PP vasco, que llevara a la alcaldía de Badalona a Xavier García Albiol –en esa polémica y recordada campaña que vinculaba la delincuencia a inmigración- y que consiguiera que José Antonio Monago arrebatara a los socialistas la presidencia de Extremadura en 2011. Algunos también recuerdan que en esa época las malas lenguas le apodaban ‘el octavo consejero’, por la influencia que ganó en un gobierno del que, teóricamente, no formaba parte. Redondo está lejos del estatus que se le achaca en Extremadura, pero su influencia sigue yendo a más, para disgusto de los socialistas que prefieren un entorno presidencial más próximo al partido.
