Sin maldad / José García Abad
La semana pasada comentaba cómo la cena a puerta cerrada de Feijóo con la conservadora Asociación de Fiscales el 18 de abril en el hotel Claridge de Madridmostraba con más dramatismo de lo habitual los extremos a que ha llegado la politización de la justicia. Los fiscales expresaron su deseo de que el PP gane las próximas elecciones generales y aplaudieron la promesa de Feijóo de que no renovará el CGPJ en contra del mandato constitucional.
En opinión de Jiménez Villarejo, la reunión con Feijóo presenta signos preocupantes, expresados por fiscales de la máxima relevancia profesional como Consuelo Madrigal, Fiscal General durante el Gobierno del PP, y Antonio Narváez, quien fuera magistrado del Tribunal Constitucional por impulso del PP
Pues bien, ese cenáculo ha tenido la virtud de sacar del silencio profundo de Carlos Jiménez Villarejo, el primer fiscal anticorrupción que una vez que ha concluido la publicación del tercer tomo y último de sus Memorias titulado ‘Corrupción y Fraudes’, editado por Utopía, no quería hacer declaraciones a la prensa ni participar en foros públicos.
El veterano magistrado no estaba tan retirado como él creía, según me manifestó, y se ha manifestado a fondo en un articulo publicado en ‘El País’ del 4 de mayo, bajo el título aclaratorio de “El Ministerio Fiscal, al servicio de la derecha conservadora”.
Recuerda Villarejo, ‘el Bueno’, como le distinguen del impresentable excomisario con el que comparte apellido involuntariamente que el fiscal, según el artículo 124 de la Constitución, está sometido, por encima de su estructura jerárquica, a los principios de “legalidad e imparcialidad”. Bajo ningún concepto, al poder político, lo que no impide su estructura jerárquica que culmina, de forma exclusiva y excluyente, en el/la Fiscal General del Estado.
Por tanto, razona, “cualquier intromisión del poder político o de la clase política en el ejercicio de sus funciones, perjudicaría o perturbaría su imparcialidad o sujeción al principio de legalidad. Y, lamentablemente, constan incontables intromisiones políticas que han perturbado seriamente el rigor profesional y la lealtad democrática de los Fiscales”.
Posiciones radicalmente incompatibles con su condición profesional
En su opinión, la reunión con Feijóo presenta signos preocupantes, expresados por fiscales de la máxima relevancia profesional, como Consuelo Madrigal, Fiscal General durante el Gobierno del PP, y Antonio Narváez, quien fuera magistrado del Tribunal Constitucional por impulso del PP.
Ambos no han omitido opiniones abiertamente políticas, profundamente conservadoras y hondamente críticas con el actual Gobierno de Coalición, asumiendo posiciones radicalmente incompatibles con su condición profesional. Madrigal se atrevió a afirmar: “Hay una perversión del procedimiento legislativo”. Añadiendo que dicha “perversión” la han extendido al Ministerio Fiscal. Y Narváez: “El Gobierno ha deteriorado las instituciones”, expresando sus profundas raíces conservadoras cuando, refiriéndose al Gobierno, se permitió preguntarse qué hará Feijóo cuando llegue al Gobierno “con el deterioro institucional”. Reiterando, además, su alianza con los llamados “filoetarras”. Y aplaudiendo las falsas palabras de Feijóo sobre que el Gobierno “ha ocupado el CNI, la Fiscalía General, el CIS…”.
Lo expuesto es gravísimo para la institución, en cuanto los asistentes y los ya citados violaron gravemente el Código Ético del Ministerio Fiscal aprobado en 2020. En una de sus normas, de obligado cumplimiento, se dispone lo siguiente: “Las y los fiscales se comprometen a mantener la lealtad constitucional, fortalecer la confianza en la justicia y abstenerse de realizar cualquier acción que pueda ser percibida como una afectación a su independencia e imparcialidad y/o que vaya en demérito de la consideración que la ciudadanía debería dispensar a la administración de justicia”. Precepto abiertamente infringido por las asistentes a dicho encuentro y, especialmente, por los fiscales expresamente citados.
Predicó con el ejemplo
Me complace recordaros que Carlos Jiménez Villarejo militó bajo la dictadura, clandestinamente claro está, en el Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC), que fue la forma utilizada por el Partido Comunista para su presencia en Cataluña; que participó en la clandestina Justicia Democrática; que fue sancionado por su oposición a la dictadura con un traslado a la Fiscalía de Huesca.
Fue Jiménez Villarejo testigo de excepción como fiscal del ‘caso Banca Catalana’, junto con Mena, de la impúdica sentencia que liberaba a Jordi Pujol de sus responsabilidades en esta entidad por unos jueces a los que supongo avergonzados después de que el ‘molt honorable’, quien presidió la Generalitat durante casi un cuarto de siglo, confesara que había estado engañando al Fisco durante 34 años.
Sentencia Villarejo en su libro: “El delito fiscal es un delito gravísimo. Como dijo el que fue fiscal del cantón de Ginebra Bertrand Bertossa, que colaboró con la justicia española en el descubrimiento de los fondos que Luis Roldán tenía ocultos en Suiza, el delito fiscal no es neutral porque el que delinque lo hace en perjuicio directo de los contribuyentes honrados”.
En mi opinión, la justicia española tiene unos límites marcados por el conservadurismo de los jueces, que no aplican la misma vara de medir a los delincuentes comunes que a los de cuello blanco, y que no terminan de considerar como muy graves los delitos fiscales.
En la más autorizada de Jiménez Villarejo, “la persecución del delito económico desde las más altas posiciones de poder es aceptada con dificultades por la Administración de Justicia, jueces y fiscales, con las necesarias excepciones”. Considera significativo que, además de las excesivas dilaciones y de los reiterados pronunciamientos judiciales favorables a los presuntos responsables, el Ministerio Fiscal, en varios procedimientos, se alinease objetivamente con los imputados y acusados en lugar de servir a los intereses generales. Y señala que el impulso de estos procesos fue posible gracias al ejercicio de la acción popular por los ciudadanos”.
Lleva ejerciendo la profesión de periodista desde hace más de medio siglo. Ha trabajado en prensa, radio y televisión y ha sido presidente de la Asociación de Periodistas Económicos por tres periodos. Es fundador y presidente del Grupo Nuevo Lunes, que edita los semanarios El Nuevo Lunes, de economía y negocios y El Siglo, de información general.
