Joaquín Pérez Rey. Secretario de Estado de Empleo
Es una cuestión en la que creo que, más allá de plantearse una cuestión territorial, sea a España o Europa, habría que referirse preferentemente a qué tipo de sociedades queremos fomentar. Durante mucho tiempo hemos dedicado atención a la construcción institucional, sobre todo en el caso europeo, desatendiendo en ocasiones problemas o situaciones de nuestras sociedades. La respuesta que se dio a la crisis financiera de 2008 desde la Unión Europea y desde algunos gobiernos en particular, especialmente cruel en el caso de Grecia, es un ejemplo paradigmático de la falta de empatía y de desconexión de las instituciones europeas con los problemas económicos y sociales experimentados por las sociedades.
Afortunadamente, la crisis económica derivada de la pandemia ha permitido revisar radicalmente las fórmulas y las soluciones utilizadas en la crisis precedente. La inmediata decisión de la Unión Europea y también de España de optar por el incremento del gasto público para mantener las rentas del trabajo y de las empresas y el establecimiento de un importante dispositivo de protección social (en España, singularmente, los ERTE, el IMV, las ayudas y créditos a autónomos, entre otras) así como las medidas de protección del empleo frente al despido, contrasta notablemente con los recortes sociales, las devaluaciones salariales y la desprotección del empleo que protagonizaron las medidas adoptadas en las crisis de 2008.
La principal conclusión ha sido que es posible poner la protección de la gente, de la sociedad y del empleo en el centro y ello no solo no entra en contradicción con el desarrollo económico, sino que precisamente lo propicia y, además, mejorando los niveles de igualdad y cohesión social.
Esta enseñanza debería ser clave para afrontar la situación generada por la invasión de Ucrania y todas sus derivadas: económicas, sociales, políticas e incluso militares.
En primer lugar, estamos en pleno proceso de despliegue de los fondos europeos y es aún buen momento para preparar la política energética y la economía en general para un horizonte verde y descarbonizado. Esta apuesta y la preservación y la mejora del sistema de protección social de las clases populares deben convertirse en dos objetivos centrales en el desarrollo del modelo europeo. Para ello deben eludirse fórmulas fáciles y unilaterales como las subidas de tipos de interés e ir avanzando en modelos fiscales más avanzados y equitativos.
Esto, en todo caso, exige profundizar en los mecanismos democráticos en la Unión Europea que deben ganar protagonismo frente a los bancos centrales. En definitiva, tenemos que redoblar los esfuerzos para ensanchar la democracia, ganar en autonomía de las decisiones y promover un mundo en paz. No es un reto nada fácil, pero debemos trabajar en la dirección de la búsqueda de convivencia en un mundo que, en todo caso, ponga en su centro de interés las respectivas sociedades que lo integran.
