L.H.
El lunes de esta semana, varias asociaciones de jueces y fiscales han anunciado la convocatoria de una huelga indefinida si no se atienden sus peticiones sobre sus retribuciones, que llevan congeladas diez años y sobre la falta de medios de la Administración de justicia, que consideran colapsada. Se unen, por lo tanto, a la huelga iniciada la semana pasada de los funcionarios de la Administración de Justicia. Además, si no se resuelven sus peticiones en las próximas reuniones con el mnisterio que dirige Pilar Llop, el colectivo ha anunciado que sus movilizacionesse endurecerán a partir de mayo.
Las asociaciones en este caso reclaman una subida del complemento general, que se ha enfrentado con la negativa del ministerio y la falta de otra alternativa que pudiera satisfacerles sobre la falta de dotación a la justicia y los pocos recursos dedicados a este ámbito por los Presupuestos Generales del Estado, que afectan a la calidad de la justicia. Además reclaman que no se puede recurrir como única solución a los planes de refuerzo para la sobrecarga de trabajo, ya que el problema que hay que arreglar es estructural y esto sería solo un parche.
Las asociaciones han anunciado la huelga a partir del 16 de mayo, con intención de lograr un acuerdo previo, que consideran que no llega. La ministra de Justicia, Pilar Llop ha declarado desde Sevilla, donde asistía a la Feria de Abril, que su intención es también la de negociar pero que considera que, “no es el momento de adoptar determinadas medidas de presión”, ya que admite que pueden ser legítimas pero que es más importante, mirar “por el ciudadano y por el buen servicio público”. La imagen de la ministra disfrutando de la feria de Sevilla, mientras los procesos están bloqueados ha hecho enfadar aún más a los jueces que esperaban tras el anuncio de la huelga una negociación inmediata. El paro de la justicia, por tanto, se muestra inevitable a pesar de que, aunque la Constitución reconoce este derecho, prohíbe a los jueces afiliarse a los sindicatos. Además, la huelga de letrados de la Administración de justicia del mes pasado, ha incentivado al resto de funcionarios a secundar este paro, por conseguir un acuerdo que sí contemplaba una mejora salarial.
