Miguel Martínez Cuadrado
El 23-F de 1981 se saldó con la perspectiva de la alternancia socialista en plazo no muy lejano y dejaba dos cuestiones mayores por resolver para la década de los años ochenta. Por una parte la adhesión a las Comunidades Europeas, que el presidente francés Giscard d’Estaing había cerrado con su veto en 1980. Por otro lado la integración en la Alianza Atlántica, que pedían con urgencia Estados Unidos y algunos países de Europa occidental, todavía en el período de la Guerra Fría.
El gobierno Calvo-Sotelo adelantó entre 1981 y 1982 la entrada en la Alianza (30 de mayo 1982), con la oposición tacticista del Partido Socialista, que consideraba de mayor interés y preferencia la admisión en las Comunidades Europeas. El presidente Reagan y los dirigentes de Inglaterra y Alemania hicieron presión al gobierno socialista de Felipe González para evitar el prometido referéndum de salida posible de la OTAN.
Adicto a la dialéctica sagaz y contundente, mantuve con Julián Santamaría debates en sus comparecencias en el Congreso de los Diputados sobre los modelos de dependencia de los órganos como el CIS
Al término del primer gobierno de González la cuestión se agudiza y tras un período extremadamente tenso entre los partidos políticos del arco parlamentario de la II legislatura (82-86) se convoca el referéndum el 31 de enero de 1986. El Tratado de Adhesión a las Comunidades Europeas se firmó en Madrid el 12 de junio de 1985, consiguiendo primero la integración en la Europa comunitaria de los Diez. El gran problema radicaba en que la opinión pública no se mostraba muy favorable a mantenerse en la OTAN y que los partidos políticos no socialistas se unían contra el gobierno de Felipe González.
Julián Santamaría, nombrado director del CIS, tras numerosas consultas previas, terminó acertando, con su equipo de profesionales y expertos internacionales, la complicada fórmula por la que finalmente una mayoría ajustada se inclinase por el ‘sí’ a la Alianza, bajo diversas reservas sobre la plena integración. Participaron el 59 por 100 de los electores. Ganó el ‘sí’ por el 56,86%. Y los noes alcanzaron el 43,15%.
De este modo en el primer semestre del año 1986 se resolvieron las dos cuestiones pendientes desde los gobiernos de Adolfo Suárez entre 1979 y 1981. El secreto del sociólogo pareció fundarse en la buena formulación de las preguntas a realizar y no tanto en las respuestas negativas que se sabía los electores darían sin la ‘cocina’ de los sondeos previos.
Felipe González pudo salir del formidable dilema que se le presentaba con la designación de un sociólogo al frente del CIS, militante del Partido Socialista pero que tenía una acreditada formación como docente, funcionario del más alto nivel (TAC), y que había pasado por la escuela de Carlos Ollero en la Universidad Complutense, en todo el recorrido de oposiciones hasta la Cátedra de Ciencia Política. Analista conspicuo en la ‘Revista de Estudios Políticos’ del Instituto de Estudios Políticos, dejó testimonio de su formación en las numerosas colaboraciones de aquella revista en los difíciles años sesenta y en las publicaciones y libros firmados con el propio Carlos Ollero.
Pasó por la Fundación de Estudios Políticos de París y trabajó con el profesor Juan Linz entre 1972-73, en la Universidad de Yale. En compañía de otros eminentes sociólogos como José Juan Toharia, Víctor Pérez Díaz o Gregorio Cámara. Bases formativas de alto nivel que luego motivaron, junto a la dirección del CIS, a Felipe González para su nombramiento como embajador en Estados Unidos, en la etapa del presidente Reagan en los años ochenta. En cuya misión realizó importantes logros para la política exterior que luego desempeñaría González con Francisco Fernández Ordoñez entre 1986 y 1991.
El especial sentido del humor y la ironía formaban parte del carácter de Julián Santamaría a lo largo de toda su vida. Desde su etapa de colegial de colegios mayores universitarios hasta su reintegración a la vida académica. Fue un singular profesor de Ciencias Sociales. Optó por las primeras cátedras de Ciencia Política y mantuvo hasta el final de su vida un especial seguimiento de la evolución, cambiante, de la opinión de los españoles, europeos y americanos.
La gran paradoja de fondo histórico radica en que dos viejos amigos del “Felipe”, José Pedro Pérez Llorca (1940-2019) y Santamaría, un tiempo también antagonistas, terminaron consiguiendo el mismo fin: la integración en la Alianza Atlántica. El primero como ministro de Asuntos Exteriores entre 1980 y 1982 y el segundo en la orientación del referéndum del 12 de marzo de 1985.
Adicto a la dialéctica sagaz y contundente, mantuve con Julián Santamaría debates en sus comparecencias en el Congreso de los Diputados sobre los modelos de dependencia de los órganos como el CIS. Con su vinculación a los gobiernos o, como yo sostenía entonces, más bien según el modelo anglosajón de no dependencia y, en su caso, vinculándolo al acuerdo y control en sede del Parlamento.
En 2006 confrontamos y publicamos opiniones diferenciadas sobre la reforma constitucional. Santamaría no era partidario por cuanto la compleja trayectoria dejada por el constituyente de 1978 era difícilmente realizable en tiempo de confrontación aguda de los partidos parlamentarios. Mi tesis de entonces se fundamentaba en abordar la cuestión en partes de posible concordancia precisamente en defensa de lo esencial del bloque constitucional. De otra manera la tentación de realizar reformas por otras vías cuasi constitucionales pudiera dibujarse en el futuro.
Entre los españoles de nuestro tiempo Julián Santamaría ha dejado constancia de grandes servicios al Estado y al interés nacional, sin perjuicio de su firme militancia en un Partido Socialista de cuño socialdemócrata.
Titular de Cátedra de Derecho Constitucional y Comunitario “Jean Monnet”. Miembro de la Comisión Ejecutiva del CFEME. Exdiputado a Cortes por Madrid en la III Legislatura. Ex miembro de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Fue ponente de Política General de la Asamblea del CdE, Estrasburgo, en 1989. Autor y director de la edición ‘Reforma constitucional en la UE y en España’ (25 autores, 1º ed. M. Pons. Madrid, 2019) patrocinado por el CFEME, y del libro ‘La Unión Europea. De la crisis a la Unión federa’, Ed. Escolar y Mayo (Madrid, 2016).
