La Quincena Judicial / José Mariano Benítez de Lugo
Mes de octubre del año 2013. Se realiza una infame venta por el Gobierno de la Sra. Botella (por la EMVS) a un ‘fondo buitre’ (Blackstone) de 1.860 viviendas sociales, junto con otras tantas plazas de garaje, trasteros y varios locales comerciales, sin cuidar ni tener en cuenta (ni siquiera informándoles) a sus modestos inquilinos (Informe de la Cámara de Cuentas, ‘dixit’). Pero hete aquí que, indignados por la citada operación, la atacamos por las dos vías siguientes, la penal en nombre de la Asociación de Afectados, frustrada en gran medida porque la ponente de la sentencia de la Audiencia Provincial era “parte interesada” dado que era socia y consejera de una sociedad dedicada precisamente al alquiler de viviendas, además de no ser juez de carrera (ya lo denunciamos en nuestra colaboración en esta revista el 4-11-2021).
Ya tenemos dos sentencias de la Audiencia Provincial de Madrid y una muy reciente Sentencia del Juzgado 69 de Madrid de 13-1-2023 (cuya titular es la magistrada López Frago), que han resuelto que se vulneró el derecho de los inquilinos a la compra de la vivienda en que vivían
Y, al mismo tiempo, habíamos interpuesto diversas acciones de retracto con el fin de que los inquilinos (modestas familias, insistimos) pudieran adquirir sus viviendas al mismo (irrisorio) precio que las había comprado el fondo especulativo, y resulta que ya tenemos dos sentencias de la Audiencia Provincial de Madrid y una muy reciente Sentencia del Juzgado 69 de Madrid de 13-1-2023 (cuya titular es la magistrada López Frago), que han resuelto que se vulneró el derecho de los inquilinos a la compra de la vivienda en que vivían. Nótese, por ejemplo, que el precio de la vivienda en la transmisión en el litigio del que trataba esta última sentencia fue de 53.000 €, con plaza de garaje y trastero.
Y tan fuerte es el impacto sufrido por Blackstone con motivo de las referidas sentencias reconociendo el derecho de adquisición preferente a los arrendatarios que, por un lado, incluso han cambiado de abogado y contratado al conocido y prestigiado bufete Garrigues, aunque ello afortunadamente no les ha supuesto ningún éxito (al menos de momento, pues han recurrido las sentencia dictadas), y por otro lado, que para los posibles acuerdos con los inquilinos ponen como condición que renuncien al derecho de retracto.
De momento, hemos conseguido que a cuarenta y tantas familias se les haya reconocido judicialmente el derecho a la compra de sus viviendas. Pero que no se preocupen en demasía en la cúpula del fondo (Blackstone), pues respecto de su pingüe operación de compra por ridículos precios de un total de 1.860 viviendas y anejos, sólo una parte de ese ingente números de afectados por la operación están reivindicando sus vulnerados derechos y ello merced a mi modesta colaboración, pero sobre todo, a la finura jurídica de algunos jueces –como la antes citada magistrada- que asumen la aplicación del Derecho de la forma más justa.
Es miembro del Colegio de Abogados de Madrid desde 1963 y Medalla de Honor de dicha institución concedida en 2016. Está en posesión de la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort por méritos a la Justicia y es presidente honorario de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa y patrono de la Fundación Justicia y Paz.
