Carles Campuzano
El Gobierno de Pedro Sánchez hizo pública hace unos días su “Agenda para el Reencuentro”. Se trata de un documento ambicioso y amplio, que el propio Gobierno define como “abierto“ y que tiene como aspiración principal “abrir vías de negociación y diálogo sobre el futuro de Catalunya”. El objetivo de la negociación, según dicho documento, es el de construir “soluciones políticas que reflejan los intereses de la mayoría de la sociedad catalana”. Una búsqueda de soluciones y acuerdos que además pretenden “evitar la judicialización de la política”, al mismo tiempo que se proclama que la búsqueda de soluciones se produzca “en el marco de la ley y el respeto a la seguridad jurídica”. El planteamiento del texto retorna a la ‘Declaración de Pedralbles’ de diciembre de 2018 y está en la línea de la moción que con el PSOE pacté en septiembre de 2018, en mi condición de entonces de portavoz del PDeCAT en el Congreso, y que finalmente se frustró. Y, además, el documento recoge y actualiza la agenda catalana sectorial que los presidentes Mas y Puigdemont trasladaron al presidente Rajoy hace ya unos cuantos años y, con escaso éxito, por cierto.
La sociedad catalana, en su conjunto, vive con cierto agotamiento el bloqueo de estos últimos años y reclama soluciones a los partidos. Soluciones que necesariamente deberán de abordar las raíces de fondo del problema, que están vinculadas básicamente al reconocimiento de la realidad nacional catalana y al poder político y financiero que Catalunya reclama, y a la situación de los presos y exiliados
Estamos, pues, en un nuevo escenario político, sustancialmente distinto a aquel que hemos vivido prácticamente en los últimos 10 años y que constituye una nueva oportunidad para encarar el conflicto. En esta ocasión, y ello es una diferencia notable respeto a la situación del otoño e invierno de 2018-2019, el Gobierno del Estado cuenta con una mayor fortaleza y solidez que el primer Gobierno de Sánchez, nacido con la moción de censura y una mayoría precaria en términos políticos. Vamos a ver qué ocurre durante las próximas semanas. En el encuentro entre el ‘president’ Torra y el presidente Sánchez se asumió el compromiso de poner en marcha durante este mes de febrero la Mesa de Diálogo.
El proceso abierto no va a ser fácil, en ningún caso. El clima preelectoral en Catalunya, abierto por el anuncio de propio ‘president’ Torra al dar por agotada la legislatura, introduce pocos incentivos al conjunto de partidos catalanes, tanto del bloque independentista como del resto de partidos, de avanzar con coraje en el proceso de diálogo. Al menos de entrada. Para los partidos del Gobierno de España la bandera del diálogo con la Generalitat no debería ser principalmente un argumento electoral, para denunciar las posiciones inamovibles de unos y otros; para los partidos que sustentan el Govern de la Generalitat, el enfrentamiento entre maximalistas y pragmáticos no debería de bloquear el avance y la posibilidad abierta. Y, además, para introducir mayor complejidad en el asunto, la cuestión de los presos políticos, los exiliados y el resto de procesos judiciales en marcha dificultan todavía más el camino. Sabemos que no va ser fácil.
Ahora bien, también es verdad que la sociedad catalana, en su conjunto, vive con cierto agotamiento el bloqueo de estos últimos años y reclama soluciones a los partidos. Soluciones que necesariamente deberán de abordar las raíces de fondo del problema, que están vinculadas básicamente al reconocimiento de la realidad nacional catalana y al poder político y financiero que Catalunya reclama, y a la situación de los presos y exiliados. Estos días un amplio sector de la ciudadanía catalana, por iniciativa de Ómnium Cultural, estamos reclamando la amnistía. Sabemos que sin libertad de los presos no habrá solución al conflicto.
Pero la sociedad catalana también reclama, y necesita, un buen y mejor gobierno. Y la “Agenda para el reencuentro” es también una oportunidad para avanzar en esa dirección. Se necesita progresar de manera decidida en la normalización de las relaciones entre los Gobiernos de Barcelona y Madrid en relación a las cuestiones concretas que afectan a la vida cotidiana de los catalanes y a los retos de presente y futuro que aborda la sociedad catalana, que dependen de los dos Gobiernos y de su capacidad de colaborar y cooperar.
Hay, pues, que trabajar a fondo en todos los frentes y consolidar con realidades concretas el nuevo escenario. Esperemos que así sea.
Licenciado en Derecho, trabajó entre 1986 y 1992 en el Departament de la Presidencia de la Generalitat de Catalunya. Ha sido secretario general (1989-1994) y presidente (1994-1996) de la Joventut Nacionalista de Catalunya, concejal del Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú (1987-1991), diputado en el Parlament de Catalunya (1992-1995) y diputado en el Congreso desde 1996 hasta 2019, además de miembro del Consell Nacional de Convergència Democrática de Catalunya hasta que se refundó en el Partit Demòcrata Europeu Català (PdeCat), del que ha sido portavoz en el Congreso hasta las elecciones del 28-A.
