Bruno Estrada
Hace unos pocos días se ha producido un importante cambio en una empresa pública del Ayuntamiento de Alcorcón, que ha tenido mucha menos repercusión pública de la que debería tener, al aceptarse la incorporación de dos representantes de los trabajadores a su Consejo de Administración. La empresa es ESMASA, una empresa muy relevante con más de 600 trabajadores, que desde hace más de 25 años se dedica a la limpieza viaria de ese municipio de casi 200.000 habitantes de la Comunidad de Madrid.
Asimismo, se han producido otras modificaciones muy importantes en sus estatutos, en el quórum exigido para la toma de decisiones en relación con la externalización de actividades, la modificación de los Estatutos Sociales, la adquisición, la enajenación o la aportación a otra sociedad de activos esenciales o la transformación, la fusión, la escisión o la cesión global de activo y pasivo. Se requiere para estas cuestiones el voto favorable de “al menos dos tercios de los miembros de la Corporación constituida como Junta General”, es decir, se está planteando una fuerte minoría de bloqueo por parte de los representantes de los trabajadores que en la práctica casi hace imposible que en el futuro se pueda privatizar esta empresa, como ya lo intentó el PP cuando gobernaba ese ayuntamiento.
Es indudable que la participación de los trabajadores en las empresas es una garantía de continuidad y mejora productiva de la industria ya que los trabajadores son los primeros interesados en la permanencia de la empresa y de sus puestos de trabajo
Esta importante decisión, impulsada por el teniente de alcalde de Alcorcón Jesús Santos, me recordó una reflexión de Sara Lafuente en su capítulo dedicado a la cogestión alemana en el libro ‘¿Una empresa de todos?’, publicado por la Plataforma por la Democracia Económica.
En dicho artículo la autora se preguntaba sobre las razones por las cuales se permitió que se aprobara la Ley de Cogestión alemana de 1951 en una Alemania ocupada aún por los aliados, que daba un inmenso poder de decisión a los trabajadores. Hay que recordar que en esos años la zona más industrializada de Alemania, la cuenca del Ruhr que luego sería el Estado de Renania del Norte-Westfalia, el más poblado de la República Federal Alemana, estaba bajo ocupación británica.
Parece ser que los británicos, con la aprobación tácita de estadounidenses y franceses, que también fueron fuerzas de ocupación hasta 1955, permitieron esa legislación ‘socialista’ porque pensaban que el hecho de que los trabajadores tuvieran un importante poder de decisión en las empresas alemanas del carbón, el acero y el metal mermaría a medio plazo la competitividad de la industria alemana en competencia con la británica.
Sin embargo, los hechos han sido tozudos: la industria británica representaba a principios de los años sesenta un 37% del PIB del Reino Unido, un porcentaje similar al que representaba la industria alemana en esos años. Hoy en día la industria alemana representa un 22% del PIB germano mientras que la industria británica está reducida a un 9,7%.
Es cierto que no es la única causa, pero es indudable que la participación de los trabajadores en las empresas es una garantía de continuidad y mejora productiva de la industria, ya que los trabajadores son los primeros interesados en la permanencia de la empresa, y de sus puestos de trabajo. Mientras que, en multitud de casos, los accionistas prefieren recolocar sus inversiones en otras empresas que ofrecen una mayor rentabilidad cortoplacista desentendiéndose de la reinversión productiva de los beneficios, que es la principal garantía de competitividad a largo plazo de una empresa.
Visto desde una perspectiva de décadas, la presencia de los trabajadores en los órganos de decisión de las empresas se ha confirmado como un mecanismo mucho más útil para el mantenimiento de una importante industria nacional que la propiedad pública. Ya que el cambio de las mayorías políticas puede provocar la privatización de las empresas públicas, como estuvo a punto de suceder en Alcorcón hace unos años. Es una realidad contrastada que la tradicional fuerte presencia del Estado francés en su industria nacional no ha sido capaz de impedir que en la actualidad el peso de su industria sea de tan sólo un 11,2% del PIB.
Economista, coordinador de la Secretaría General de CC OO. Es director adjunto del Programa Modular de Relaciones Laborales de la UNED. Presidente de la Plataforma por la Democracia Económica. Fue miembro fundador de Economistas Frente a la Crisis. Ha publicado diversos libros, los más recientes: ´1968. El año de las revoluciones rotas´, ‘Conciencia de clase. Historias de las comisiones obreras’ (et alt.),’20 razones para que no te roben la historia de España’, ‘La Revolución Tranquila’. Autor de la obra de teatro ‘Escuela Rota’.
