Destacado Económico / N. L.
El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, más conocida por sus siglas Sepblac, máximo órgano en materia de prevención del blanqueo y de la financiación de terrorismo, una especie de híbrido a caballo entre la Secretaría de Estado de Asuntos Económicos y el Banco de España, de donde proceden la mayor parte de sus funcionarios, insiste en expresar su descontento con la actuación de distintas entidades y profesionales respecto al blanqueo de capitales.
Desde el pasado 30 de octubre dirige este Servicio Pedro Comín, exresponsable de Supervisión del Banco de España e inspector jefe de Bankia que fue imputado por la salida de este banco a Bolsa y levantada la imputación cuando la Audiencia absolvió a sus responsables. Durante el proceso judicial, Comín defendió al Banco de España de las críticas del inspector de la entidad, José Antonio Casaus, avalando las cuentas de Bankia. Comín sucedió en el nuevo cargo a Juan Manuel Vega Serrano, nombrado en tiempos de Mariano Rajoy.
Se encuentran adscritas al Sepblac la Brigada Central de Inteligencia Financiera del Cuerpo Nacional de Policía, la Unidad de Investigación de la Guardia Civil y la Unidad de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Ante la banca no presencial
Reitera el Sepblac en su última memoria de actividades correspondiente al bienio 2018/2019 las críticas formuladas en años anteriores sobre la calidad de las comunicaciones de algunas entidades de crédito, insistiendo en la necesidad de realizar “un examen especialmente riguroso de las alertas analizadas con el objetivo de identificar verdaderos indicios de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo”.
Avisa el organismo de que ante el desplazamiento de la operativa bancaria hacia la banca no presencial es necesaria “una profunda transformación de las herramientas, aplicaciones y procedimientos aplicados por los departamentos de prevención del blanqueo de capitales para la generación de nuevas alertas específicamente diseñadas para este tipo de operativa, en la que el cliente no acude presencialmente a su oficina”.
El Servicio llama la atención contra el hábito de algunos bancos que ejecutan operaciones con indicios delictivos sin informar previamente al Sepblac, especialmente el abono de ordenes de transferencias internacionales vinculadas a fraudes y estafas en países extranjeros, una operativa que el organismo califica de “dañina para España desde la perspectiva reputacional internacional”.
Negligencia bancaria
También insiste en quejarse de la escasa atención con el fraude del IVA en operaciones intracomunitarias y en recordar a los bancos que la comunicación a la autoridad de indicios de fraude “debe realizarse sin dilación”.
Se deduce el enfado de la Autoridad por la negligencia bancaria en el siguiente párrafo expresado finamente: “La valoración de la calidad de las comunicaciones por indicio, en general, suele registrar en este apartado su peor calificación, por lo que existe margen de mejora. En consecuencia, se deben optimizar los procesos de revisión de las alertas y exámenes especiales para que aquellas operativas relevantes o trascendentes que deban ser objeto de comunicación por indicio lo sean sin dilación. Un número significativo de comunicaciones se recibe con un importante retraso desde que se materializó la operación sospechosa, reduciéndose considerablemente las posibilidades de explotación exitosa de la información”. El subrayado es nuestro. No es difícil concluir que el Sepblac está harto de repetir sus advertencias cada año con escasos resultados.
Banqueros, inmobiliarios, abogados, auditores y asesores fiscales, en la picota
Se queja la autoridad antiblanqueo reiteradamente de la mala conducta de la mayoría de los abogados, su bajo número de comunicaciones de los que realizan actividades sujetas a la normativa de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, situándose en torno a 20 los profesionales que remitieron comunicaciones al Sepblac en los últimos años.
“Es esta –juzga la Autoridad– una cifra muy baja para un colectivo profesional muy amplio, que como es sabido comporta un riesgo potencial elevado, en especial cuando realiza actividades diferentes a la de defensa jurídica de sus clientes, como la participación en el diseño y creación de estructuras societarias para la adquisición de propiedades inmobiliarias o la utilización de las propias cuentas bancarias para la canalización de operaciones de clientes, sin antes proceder a la aplicación efectiva de las correspondientes medidas de debida diligencia y especialmente a la verificación del origen lícito de los fondos”.
Tampoco quedan bien las inmobiliarias, los auditores, los contables y los asesores fiscales. En cuanto a los profesionales del sector inmobiliario, a pesar del incremento registrado en 2019, representan un número escaso para un colectivo tan amplio lo que, en opinión de la Autoridad antiblanqueo “comporta un riesgo de blanqueo de capitales, contrastado en numerosos informes de tipologías”.
“Es ésta –juzga la Autoridad– una cifra muy baja para un colectivo profesional muy amplio, que como es sabido comporta un riesgo potencial elevado, en especial cuando realiza actividades diferentes a la de defensa jurídica de sus clientes, como la participación en el diseño y creación de estructuras societarias para la adquisición de propiedades inmobiliarias o la utilización de las propias cuentas bancarias para la canalización de operaciones de clientes, sin antes proceder a la aplicación efectiva de las correspondientes medidas de debida diligencia y especialmente a la verificación del origen lícito de los fondos”. En la imagen, la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega Benito, en un acto público. / EUROPA PRESS
Añade el organismo que sus comunicaciones no deben basarse exclusivamente en datos objetivos, como el elevado importe o la nacionalidad de los intervinientes, sino que deben incorporar elementos indiciarios obtenidos de un adecuado conocimiento del cliente, de su actividad profesional o de la generadora de los fondos comprometidos, así como las conclusiones alcanzadas tras un análisis que acredite sospecha.
Y hace una referencia especial al problema criminal del Campo de Gibraltar y su zona de influencia, para cuya represión colaboran las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la Agencia Tributaria, y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). El Sepblac emitió un comunicado recordando la importancia de impedir la penetración en la economía formal y en el sistema financiero de los capitales de origen delictivo. Entre unos y otros consiguieron mil indicios bien fundados.
En cambio, el Sepbac se muestra más satisfecho con los notarios y los registradores de la propiedad y mercantiles, que han suministrado en los últimos años cerca del 70% de las comunidades que recibe, continuando la tendencia creciente desde el incremento significativo registrado en 2016.
