José Luis Centella
En los últimos días se ha recrudecido el debate en torno a los efectos prácticos del impuesto temporal impulsado por el Gobierno de coalición para que los grandes bancos aporten un poco más a partir de los beneficios extraordinarios que llevan meses cosechando gracias a la subida de los tipos de interés, de las hipotecas, de la no remuneración del pasivo de las personas que aún consiguen ahorrar y de mantener altísimas comisiones.
Los dos gigantes del sector, Santander y BBVA, han batido con creces sus propios récords: el banco de Ana Patricia Botín ganó 9.605 millones de euros, mientras que el que dirige Carlos Torres Vila alcanzó los 6.420 millones de beneficio, con los que abonará a sus accionistas particulares el mayor dividendo en efectivo en los últimos 14 años
Todo ello marca con claridad una línea divisoria entre dos modelos para afrontar las situaciones de crisis. De una parte está la experiencia del último Gobierno del Partido Popular, el mismo que afrontó los efectos de la crisis económica generada desde 2008 a través de recortar los derechos sociales, la congelación de pensiones, mientras traspasaban fondos públicos a los bancos con préstamos que nunca pagaron.
Por otro lado está cómo actúa el actual Gobierno de coalición que, no sin dificultades y tensiones internas, sigue recuperando esos derechos sociales que recortó el partido que hoy dice liderar Alberto Núñez Feijóo, que revaloriza las pensiones de acuerdo al IPC, sube el salario mínimo (SMI) por encima de los 1.000 euros mensuales y requiere a los grandes bancos y multinacionales energéticas que traspasen una pequeña parte de sus beneficios extraordinarios para financiar servicios e inversiones públicas.
Este impuesto ha provocado una agria y coordinada respuesta de la derecha política, económica y mediática. Antes incluso de que se conociera su contenido al completo, la patronal bancaria anunció que lo llevaría ante los tribunales. Llegaron a plantear que tiene una intención confiscatoria y que daña gravemente la solvencia de los bancos y del resto de la economía. Añoran a esos gobiernos de la derecha que no sólo pasaban de pedirles un esfuerzo contra la crisis, sino que se hacían cargo de su mala gestión con dinero público.
Toda esta demagogia ha quedado clara cuando se han conocido los enormes beneficios de los grandes bancos en 2022, a pesar de estar encuadrados en una situación de fuerte inflación, de crisis en muchos sectores y de contención de los salarios para la inmensa mayoría de personas trabajadoras. Los datos son claros, incluso hirientes para cualquier usuario bancario que quiera acceder a una hipoteca: la gran banca ha ganado nada menos que casi 21.000 millones de euros en el año en que aún se arrastraban las consecuencias de la pandemia y empezaban las del estallido de la guerra en Ucrania, es decir, crisis energética y escalada de precios.
Los dos gigantes del sector, Santander y BBVA, han batido con creces sus propios récords: el banco de Ana Patricia Botín ganó 9.605 millones de euros, mientras que el que dirige Carlos Torres Vila alcanzó los 6.420 millones de beneficio, con los que abonará a sus accionistas particulares el mayor dividendo en efectivo en los últimos 14 años.
Las demás entidades presumen igualmente de resultados: CaixaBank ganó 3.145 millones de euros; Banco Sabadell aumentó sus beneficios un 62%, hasta los 859 millones; Bankinter cosechó 560,2 millones y Unicaja disparó sus beneficios un 88,9% respecto a 2021, tras ganar 260 millones de euros.
En un tiempo plagado de incertidumbres económicas, la Banca mejora también sus comisiones netas –la diferencia entre las comisiones que cobra y las que paga– y este diferencial suma 23.733 millones de euros.
Frente a todas estas cifras espectaculares, lo que tendrán que abonar ahora por el impuesto temporal en vigor, según cifras de los propios bancos, estará entre 1.170 y 1.210 millones de euros para las seis mayores entidades, lo que también deja en evidencia su insaciable voracidad.
Este impuesto a esos beneficios extraordinarios no sólo es justo, incluso escaso, sino que es imprescindible si queremos mantener y aumentar una política social para que, por una vez, la salida de la crisis no la paguen sólo las clases populares.
Responsable federal de la Conferencia Interparlamentaria de Izquierda Unida y presidente del Partido Comunista de España (PCE), partido del que ha sido secretario general entre 2009 y 2018. Maestro de profesión, fue concejal en el Ayuntamiento de la localidad malagueña de Benalmádena, provincia donde inició su actividad política y por la que fue elegido diputado al Congreso en 1993, 1996 y 2000. En la X Legislatura (2011-2015) volvió a la Cámara Baja como diputado por Sevilla, ocupando la portavocía del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA-La Izquierda Plural.
