Javier Quintana.
La ley del `sólo sí es sí´, si bien supuso en su aprobación un avance histórico para la libertad sexual de la mujer, sigue dando dolores de cabeza al Ejecutivo y amenaza la convivencia entre las dos formaciones políticas que lo forman. PSOE y Podemos han pugnado a lo largo de la legislatura por enarbolar la bandera feminista. El incesante goteo de rebajas en las penas de delincuentes sexuales ha obligado a volver la vista hacia la ley surgida del ministerio de Irene Montero. Los socialistas preparan una proposición de ley que según Podemos no respeta la esencia de su norma y se asemeja al anterior texto. Montero, figura clave en el gobierno de coalición, quedaría muy mermada en el caso de que se modificara sustancialmente su iniciativa.
Por paradójico que parezca, el feminismo ha conducido al autoproclamado `gobierno más progresista de la historia´ a uno de sus momentos más delicados. Las más de 300 rebajas de condenas y la veintena de excarcelaciones de agresores sexuales que han tenido lugar desde la entrada en vigor de la última ley de libertad sexual han supuesto un duro varapalo para el Ministerio de Igualdad. La norma, además de un paso enorme en la protección de los derechos de la mujer, nació con ciertos vacíos legales que los agresores y el sector más conservador del poder judicial están exprimiendo al máximo. La inexistencia de un derecho transitorio para la nueva norma deja dudas, según algunos juristas, en cuanto a su aplicación a presos con condenas previas a su arobación. No obstante, otros expertos opinan que el Código Penal ya contiene una disposición transitoria que establece que cuando la pena anterior puede ser impuesta también con la nueva norma, no cabe revisarla. En este caso las rebajas en las penas no tendrían justificación.
El pulso entre PSOE y Podemos por resolver la problemática pone en el centro del tablero a Irene Montero, cabeza visible de la formación morada.
Una modificación `excesiva´
La idea del equipo de Pedro Sánchez es proceder a una modificación de la normativa que ponga fin de inmediato a las incesantes reducciones de penas de los últimos meses. Los socialistas ya han anunciado que preparan una proposición de ley para presentar en el Congreso. La reforma que elabora Justicia dejaría las penas tal y como están en el tipo general. Sin embargo, añadiría una pena más alta en cada artículo en el caso de que la agresión “se cometiera empleando violencia o intimidación”. Es decir, las penas de tipo general volverían a ser de 1 a 5 años si hay violencia o intimidación de por medio (subsanando la rebaja de 1 a 4 que se ha dado con la última ley). En el caso de agresión con acceso vaginal, anal o bucal, por ejemplo, pasarían también de los 4 a 12 años actuales a penas de 6 a 12 años. Así sucedería con todos los artículos de la ley.
Desde el ministerio dirigido por Pilar Llop entienden que su propuesta no suprime la esencia de la ley diseñada por Igualdad. Su primer artículo (“sólo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona”) según Justicia, sería respetado con esta reforma. El problema es que los socialistas quieren un acuerdo con Unidas Podemos antes de presentar la ley en las Cortes, que por ahora se antoja lejano. Acudir al Congreso de los Diputados sin el apoyo de su principal socio escenificaría una importante ruptura en el Ejecutivo que el PSOE quiere evitar a toda costa.
La tensión sería mayor aún si la reforma saliera adelante con la negativa de Unidas Podemos y el apoyo del PP. El partido de Alberto Núñez Feijóo ya ha ofrecido a Sánchez su apoyo para la aprobación de este nuevo texto. El líder popular ofreció esta semana su respaldo “inmediato” a la norma, “tenga o no” el presidente del Gobierno apoyos en el Consejo de Ministros. Este apoyo de los populares a la modificación, por otro lado, podría hacer dudar al feminismo sobre la calidad de la propuesta socialista.
El PSOE está dispuesto a llevar a cabo una reforma que supondría admitir públicamente el fallo en una ley que, pese a ser promovida por Igualdad, apoyó todo el Ejecutivo. Tanto Pedro Sanchez como la vicepresidenta Yolanda Díaz, esta última con menos ahínco, defendieron el desempeño de Montero cuando empezaron a sucederse las rebajas allá por finales del mes de noviembre.
Rechazo pleno a la propuesta
Para Unidas Podemos la modificación pretendida por el PSOE sería un paso atrás. El condicionante de que la agresión “se hubiera cometido empleando violencia o intimidación sobre una víctima que tenga anulada por cualquier causa su voluntad” implica para Podemos un viaje de vuelta a la justificación de la existencia de violencia, punto clave de su ley. En Igualdad son conscientes de la necesidad de aumentar las penas, pero exigen no tocar este apartado fundamental. Así lo ha aclarado este miércoles Irene Montero, que admitió “fuertes discrepancias en torno al consentimiento”. La ministra, en una entrevista a Telecinco, ha declarado como vital “no volver al modelo anterior, basado en la violencia y la intimidación”, que para Montero propicia que las mujeres “tengan que pasar por el calvario de tener que probar con las heridas en el cuerpo si se resistieron lo suficiente”. Para la ministra, el PSOE habría sucumbido a la presión de “la derecha judicial, política y mediática”.
Igualdad cree que la proposición de ley del PSOE trastoca la esencia de la norma
Montero, además, indicó que lo que está ocurriendo en los juzgados a raíz de la promulgación de la ley del `sólo sí es sí´ no es nada nuevo. Tal y como explicó la ministra en su intervención, la Ley de Violencia de Género aprobada en el año 2004 aumentó en un 158% el número de sobreseimientos. Asimismo, 187 jueces presentaron cuestiones de inconstitucionalidad a la norma. Este episodio o la actual coyuntura podrían ser prueba de cierto sesgo machista en la Justicia, término también utilizado por Montero. No obstante, la titular de Igualdad ha destacado que “la mayoría” de los jueces “está aplicando la norma de forma correcta”. Pero desde Podemos insisten en la “incorrecta aplicación” de la norma por parte de un sector judicial.
Respecto a las palabras de Carmen Calvo, líder del sector feminista más arcaico del PSOE y una de las voces más críticas con Montero tanto por esta norma como por la `Ley Trans´, que aseguró que Igualdad había sido advertido de las posibles rebajas de penas, la ministra ha explicado que (junto con Justicia) se estudiaron “centenares de casos” y se trató de que el Código Penal “evitase las rebajas de condenas”.
Ione Belarra, secretaria general de Podemos, también ha advertido a Sánchez del “error político y traición a las mujeres” que supondría pactar con el PP “volver al modelo anterior”. “Si Pedro Sánchez pacta con el PP, lo pagará”, sentenció la ministra de Derechos Sociales.
Podemos propone diez medidas no penales para “facilitar la correcta aplicación” de la ley. Entre ellas destacan reforzar los juzgados exclusivos sobre violencia contra la mujer o garantizar la asistencia jurídica gratuita a las víctimas.
Un acuerdo irrenunciable para ambas partes
La materia feminista ha sido uno de los grandes puntos de desencuentro de los socios de gobierno a lo largo de la legislatura. Este reciente debate sobre la modificación de la ley de libertad sexual es una nueva pugna entre PSOE y Podemos por erigirse como principal garantía de los derechos de la mujer. La gran escisión en las filas socialistas en torno a este debate ha favorecido la perpetuación de la tensión entre las formaciones.
El PSOE optó en un principio por cerrar filas en torno a la nueva ley ante las primeras rebajas de condenas, dejando que el Ministerio Fiscal emitiera un comunicado al respecto. Las rebajas siguieron sucediéndose y la campaña de descrédito hacia la ley fue creciendo. En el Día de la Constitución Sánchez se abrió por primera vez a realizar “pequeños retoques” a la norma. La alarma social y la presión de la derecha no ha cesado en las últimas semanas, lo que ha derivado en el choque actual entre ambas formaciones políticas.
No obstante, ninguno de los dos partidos puede permitirse un desacuerdo en lo referente a esta cuestión. Irene Montero es, desde la salida del Gobierno de Pablo Iglesias, el principal eslabón de Podemos en el Ejecutivo. Su nombramiento como ministra de Igualdad ya fue fundamental para lograr el acuerdo de coalición en 2019, y su relevancia ha ido en aumento a lo largo de la legislatura. Sánchez, pese a ser consciente de que su decisión de otorgarle la cartera ministerial no contentaba a todos los sectores de su propio partido, cedió en pos de un acuerdo que facilitara el gobierno. Si bien su relación con el presidente ha sido buena, la creación del proyecto Sumar ha deteriorado la relación de Montero con la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que en ciertos momentos de bombardeo mediático sobre la ministra prefirió mantenerse `de perfil´ y no respaldar férreamente a su compañera.
Una modificación sustancial de la norma formulada por Igualdad supondría socavar la imagen no ya de la ministra, sino de toda la formación. Para los morados esto supondría una traición del PSOE que podría conducirlos a un punto de no retorno. El PSOE, por su parte, es consciente del suicidio político que supondría romper con su principal socio y, además, aprobar una norma en el Congreso con el apoyo del principal partido de la oposición. Por eso mismo todas las voces, procedentes de un bando y otro, llaman a la conciliación y al pacto.
