La cohesión que el Gobierno demostró mientras había que sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado, se está agrietando por momentos una vez sorteado ese escollo y estabilizado el escenario político. PSOE y Unidas Podemos se están permitiendo airear sus diferencias con el convencimiento de que son tensiones de corto alcance, que no suponen un riesgo serio para la estabilidad del Gobierno. Pero las discrepancias a corto plazo en torno a la ley trans o la ley de vivienda, sumados la voluntad de anticiparse al socio de gobierno en según qué cuestiones, no sientan los mejores cimientos para despejar el camino hasta el final de la legislatura. Y más con unas elecciones catalanas de resultado muy incierto que amenazan con socavar los apoyos del Ejecutivo en el Congreso.
Tras la rueda de prensa del Consejo de Ministros, María Jesús Montero ha venido a pedir a la opinión pública que no tengan en cuenta ciertas cosas –sobre todo en el caso de Pablo Iglesias- porque los partidos están en campaña. La ministra portavoz y de Hacienda despejaba así la pregunta sobre las palabras del vicepresidente de Derechos Sociales en una entrevista en el diario Ara, afirmando que “no hay plena normalidad política y democrática en España cuando los líderes de los dos partidos que gobiernan en Catalunya uno está en la cárcel y el otro en Bruselas”. Ya hace unos días señalaba en La Sexta que él no va a contribuir a la criminalización de los líderes independentistas catalanes, y levantaba ampollas equiparando la situación de Carles Puigdemont con la de los exiliados republicanos tras la Guerra Civil. El jueves, en RAC 1, insistía y matizaba al mismo tiempo, señalando que «es una obviedad que vivimos en una democracia mejorable» y añade que «precisamente por eso» nosotros existimos.
“Declaraciones que se pueden escuchar estos días hay que contextualizarlas en el marco de la campaña. Fuera de este marco no se comprenderían”, afirmaba Montero. Son polémicas que otros partidos reciben alborozados porque les sirven para hacer aspavientos dialécticos -y más cuando arranca un juicio sobre tu financiación irregular, como le sucede al PP- y que ayudan a los medios a llenar titulares y muchos minutos de televisión y radio. Esta es la interpretación del Gobierno, aunque luego haya ministras y ministros que deslicen críticas gruesas a Iglesias en las crónicas de algunos periodistas. Pero incluso quienes siguen mirando el bosque y no los árboles no obvian que estas escaramuzas no contribuyen precisamente a la cohesión y armonía interna del Ejecutivo. Y más cuando hay cuestiones espinosas por resolver.
La ley de Vivienda, en stand by
El ministro José Luis Ábalos paralizaba los contactos con la vicepresidencia de Derechos Sociales hasta después de las elecciones catalanas por las diferencias insalvables que existen hasta ahora
Por ejemplo, en la Ley de Vivienda, cuyo anteproyecto debería aprobar el Gobierno en la segunda quincena de febrero, según los plazos marcados, existen varios obstáculos por ahora insalvables. Tanto, que el ministro José Luis Ábalos paralizaba los contactos con la vicepresidencia de Derechos Sociales hasta después de las elecciones catalanas. Una de ellas es la definición de gran tenedor. Unidas Podemos busca rebajar a cinco propiedades la barrera por encima de la cual se estaría incluido dentro de esa figura, cuando en otras normas que ha aprobado el Gobierno, como las de las ayudas a los alquileres, el corte para esa figura estaba por encima de las diez propiedades. En el Ministerio de Transportes y Agenda Urbana no ha sentado bien esa idea. La perciben como un elemento que se desmarca del criterio aplicado hasta ahora y que viene a enredar aún más la elaboración de la ley.
Definir la figura del gran tenedor es relevante porque sería a quienes la ley podría imponer ciertas obligaciones o cargas. Por ejemplo, la responsable de las negociaciones por parte de la vicepresidencia segunda, la secretaria de Estado de Agenda 2030, Ione Belarra, ya ha trasladado a su contraparte, el secretario general de Vivienda, David Lucas, su propuesta de obligar a estos grandes tenedores a sacar al mercado el 30% de sus viviendas para dedicarlas a alquiler social. Sin embargo, en Transportes consideran estas propuestas expropiatorias y, de momento, no tienen intención de incluirlas en el anteproyecto. Según los cálculos de la vicepresidencia segunda, esa medida supondría sacar al mercado, de forma inmediata, entre 140.000 y 150.000 viviendas.
El duelo Calvo-Montero por la ley Trans
Desde Igualdad llaman la atención de que el borrador de la ley va en la misma línea de las propuestas que manejaba el PSOE hasta que Calvo dejó de ser la ministra
Mucho más enconada y agria se avecina la Ley Trans, cuya redacción ultima el ministerio de Igualdad liderado por Irene Montero, y que, entre otras cosas, incluye un concepto que ya está vigente en las leyes de 13 autonomías -desde que Andalucía aprobara la primera en 2014- pero que levanta ampollas en ciertos sectores del feminismo: la autodeterminación de género. Esta inquietud la expresaba esta misma semana la vicepresidenta Carmen Calvo, explicando que: “me preocupa fundamentalmente la idea de pensar que se elige el género sin más que la mera voluntad o el deseo, poniendo en riesgo los criterios de identidad del resto de los 47 millones de españoles; eso tiene que tener unas garantías”.
Más allá de la discusión estrictamente jurídica y generacional en las filas del feminismo, desde el Ministerio de Igualdad llaman la atención de que el borrador de la ley va en la misma línea de las propuestas que manejaba el PSOE hasta 2018, que se han dado la vuelta como un calcetín desde el momento en que Calvo dejó de ser la titular de Igualdad en beneficio de Montero. Fue en junio de 2020 cuando la secretaría de Igualdad del PSOE, pilotada por Calvo, difundió un documento en el que acusaba a las leyes que recogían la autodeterminación de género de “borrar” a las mujeres. Igualdad está a punto de llevar el anteproyecto de ley al Consejo de Ministros, pero estas dos posiciones todavía están por casar.
Coger al socio con el pie cambiado
Desde la vicepresidencia segunda se quejan de la Ley de Igualdad de Trato de los socialistas que, en teoría, deberían haber presentado conjuntamente. Pero ya antes hizo algo parecido Unidas Podemos con la enmienda antidesahucios
Tampoco transmiten buena imagen del Ejecutivo los regates que se hace mutuamente con diferentes iniciativas. La última, tiene que ver con la intención de Unidas Podemos de registrar una reforma de los delitos sobre la libertad de expresión, que los morados anunciaron el lunes por la tarde. Pocas horas después, Moncloa hacía lo propio. Según explicó María Jesús Montero en rueda de prensa, el Gobierno decidió acometer la reforma tras conocer la condena al rapero Pablo Hasel, cuyos “excesos verbales tienen que quedar al margen del castigo penal” por entender que hay una “falta de proporcionalidad” del castigo.
Como sucede con la ley de Vivienda, los objetivos de los socios son similares, pero sus enfoques son totalmente diferentes. Así, tanto Unidas Podemos como PSOE quieren impedir que se termine encarcelando a tuiteros, cómicos o músicos por sus opiniones. Pero mientras Justicia tiene en mente una reforma del Código Penal que rebaje la gravedad de las sanciones y las saque de la vía penal, los morados proponen eliminar del Código Penal delitos como el enaltecimiento del terrorismo, a los sentimientos religiosos o las injurias a la corona.
No es la primera vez que los socios tratan de coger al otro con el pie cambiado con iniciativas como estas. Desde la vicepresidencia segunda se quejan de que ya lo hicieron los socialistas con la Ley de Igualdad de Trato, conocida como ley Zerolo, que presentaron hace algunas semanas y que, en teoría, deberían haber presentado conjuntamente. Pero ya antes hizo algo parecido Unidas Podemos con la enmienda antidesahucios que presentó junto a ERC y EH Bildu en plena negociación de los Presupuestos. De momento, estos tira y afloja no amenazan seriamente la estabilidad del Gobierno, pero no son el terreno ideal para resolver conflictos más profundos que puedan surgir en el futuro.
