La Quincena Judicial / José Mariano Benítez de Lugo
Situémonos en hace poco mas de un año: el Partido Popular en su versión ‘casadista’ se viene negando a aplicar la ley referida a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), organismo éste que ya lleva más de tres años en situación de “prórroga de funciones”, debido al empecinamiento de sus dirigentes de que no se aplique la ley vigente al respecto, merced a que ahora existe mayoría conservadora entre los vocales del CGPJ, y consigue así el nombramiento para puestos clave en la Judicatura (Tribunal Supremo, presidentes de las Audiencias Provinciales), de jueces de carácter manifiestamente conservador (lo que por cierto no les era difícil de encontrar).
Con la modificación legislativa propuesta en la que se da un plazo al CGPJ para designar sus dos candidatos al Tribunal Constitucional, se ha originado un nuevo malestar en el órgano de gobierno de los jueces por la brevedad del plazo concedido para tomar su decisión
Pues bien, ante tal estado de cosas, el PSOE consigue la aprobación de una ley (núm. 4 de 2021) modificando un precepto de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por la que se priva al CGPJ de una serie de competencias básicas en cuanto a nombramientos, con el idílico objetivo de que ella provocaría un cambio de postura entre los dirigentes del PP. ¡Vano intento!, porque tal cercenamiento de competencias al CGPJ “en funciones”, no sólo implicaba molestia en la alta judicatura (no hay nombramientos), sino que tampoco consigue mover en un ápice la terca postura de los políticos conservadores.
Y así pasa otro año y nos hallamos ya en este mes de julio, en el que también hay que renovar diversos miembros del Tribunal Constitucional (TC) por parte del Gobierno y del propio CGPJ, pero éste, como la Ley 4/2021 le ha privado entre otras de esa función, no lo puede hacer, y como el PSOE considera -erróneamente- que si el CGPJ no efectúa sus dos nombramientos para el TC, el Gobierno tampoco puede hacerlo respecto de los dos miembros que a él le corresponde nombrar, no se le ocurre otra cosa que modificar ‘su’ decisión anterior contenida en la ya citada Ley 4/2021 en el sentido de que no se le prive al CGPJ la facultad de nombrar sus dos miembros del Tribunal Constitucional, para así (se considera por el PSOE) el Ejecutivo tener manos libres para nombrar los que al Gobierno le pertenecen.
Pero ¡nuevo vano intento!, pues los actuales dirigentes del PP encuentran con ese proyecto de Ley, otro absurdo motivo para rechazar la aplicación de la ley sobre la renovación del CGPJ, exigiendo que el PSOE debe abandonar su novedoso proyecto legislativo que recupera para el CGPJ la facultad de nombrar dos miembros del TC. Alucinante planteamiento éste pues, por una parte, es mezclar “churras con merinas”, y por otra, supone que se mantiene la privación al CGPJ de la expresada importante función.
Y la pregunta a hacerse es, ¿por qué el PSOE, a su vez, se empeña primero en hacer (2021) y luego en no retirar (2022) esa modificación legislativa si en todo caso el Gobierno puede nombrar dos miembros del TC ya cuando quiera, según está establecido en la Constitución, posibilidad ésta más allá de toda duda jurídica razonable? Deben ser motivos de tan alta política que no se alcanzan a la comprensión del ciudadano medio, y lo cierto es que, con la modificación legislativa propuesta en la que se da un plazo al CGPJ para designar sus dos candidatos al TC, se ha originado un nuevo malestar en el Órgano de Gobierno de los jueces por la brevedad del plazo concedido para tomar su decisión (tres meses) cuando por otra parte, todos los que nos movemos en el foro conocemos que los plazos que se dan a los jueces para adoptar sus resoluciones son ‘flatus vocis’, elucubraciones sin efecto práctico alguno.
Es miembro del Colegio de Abogados de Madrid desde 1963 y Medalla de Honor de dicha institución concedida en 2016. Está en posesión de la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort por méritos a la Justicia y es presidente honorario de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa y patrono de la Fundación Justicia y Paz.
