La democracia española sube de nota

Desde el año 2008, los sucesivos Informes sobre la Democracia en España publicados por la Fundación Alternativas han incluido un índice de calidad democrática, construido a partir de un cuestionario realizado a decenas de expertos en ciencia política, sociología y otras ciencias sociales españoles o extranjeros conocedores de nuestro país. Como sabe quien haya leído nuestros anteriores informes, el índice, empleado de modo invariable desde hace doce años, está compuesto por cinco dimensiones o esferas. La primera comprende todos los apartados relacionados con la ciudadanía, la declaración y respeto de los derechos de los ciudadanos. La segunda analiza la vinculación de los ciudadanos con el Estado a través de la representación. La tercera se centra en el papel del Gobierno al evaluar la gobernabilidad y el rendimiento de cuentas. La cuarta examina la sociedad civil, centrándose en el papel de los medios de comunicación y la participación política de los ciudadanos. Finalmente, se considera también una quinta dimensión con los aspectos internacionales, es decir, las relaciones y vínculos institucionales con el exterior. Como se ha dicho en otras ocasiones, el principal objetivo de la auditoría es detectar qué puntos funcionan correctamente y cuáles son deficitarios en el funcionamiento de la democracia española. Al prestar atención tanto a la calidad de las instituciones y de los actores que las representan como a la garantía por parte del Estado de los recursos que requiere la ciudadanía para el ejercicio de sus derechos, se tienen en cuenta tanto aspectos formales como sustanciales.

En 2019, la democracia española fue percibida de modo algo más positivo que el año anterior por los expertos que vienen participando regularmente en la encuesta que evalúa su calidad, mejorando en tres décimas y continuando la progresión al alza de los tres años precedentes. Con una puntuación final de 6,1, esta se ubica casi al nivel de la obtenida la primera vez que se realizó este estudio, en el año 2007, antes de las elecciones generales que darían paso a la segunda legislatura de Rodríguez Zapatero, en los albores de la crisis económica. Entre ambos momentos, en los años de mayor gravedad de la crisis económica (2013-2015) se han llegado a obtener puntuaciones de hasta un punto por debajo. Teniendo en cuenta que 2019 estuvo cruzado por acontecimientos como el fracaso de las negociaciones para formar Gobierno y la consiguiente repetición electoral, o la sentencia del llamado juicio del procés y los disturbios y protestas ocasionados, el resultado de este año resulta notable.

En 2007, primer año en el que se llevó a cabo este estudio, la valoración de la democracia española estuvo en su más alto nivel con un 6,2. Posteriormente, con los dos primeros años de la crisis económica, experimentó un descenso de algo menos de media décima, valoración estable hasta la llegada del Partido Popular al Gobierno, momento en el que, coincidiendo con la crisis económica y los subsiguientes recortes de gasto, los expertos estimaron un notable descenso de la calidad de nuestras instituciones democráticas.

Comparadas estas cifras con las que se obtienen de otros cuestionarios realizados entre la ciudadanía española, puede observarse un curioso paralelismo entre la opinión de los expertos y la de aquella hasta el año 2015, con la excepción del repunte que experimentaron las encuestas del CIS en el último año en el Gobierno de Zapatero (2011). Sin embargo, expertos y ciudadanos divergen a partir de 2015, ya que los primeros apreciaban tenues signos de mejora, mientras que la ciudadanía consideraba que nuestro sistema democrático seguía empeorando con el tiempo hasta 2019, año en el que su valoración sube considerablemente hasta alcanzar el punto medio de la escala, algo que no conseguía desde el año 2012.

A lo largo del largo periodo analizado, se han valorado siempre por encima de la media global las dos primeras esferas estudiadas, ciudadanía y representación. Sin embargo, durante los Gobiernos de Rajoy, la representación salía mejor valorada que la ciudadanía. Esta relación también se presentó el año de la moción de censura de Sánchez. En el último año electoral, curiosamente se han igualado ambos aspectos de la democracia. Podríamos colegir que, durante los dos últimos Gobiernos del Partido Popular, el reconocimiento de la ciudadanía y los derechos —especialmente los sociales, en un primer momento, por los efectos de la crisis, y posteriormente los civiles— experimentó una merma apreciable. Las restantes tres esferas valoradas por la muestra aparecen por debajo del 6,1. No obstante, todas ellas, especialmente el componente internacional y el gubernamental, han subido más de medio punto en los tres últimos años. También sorprende, por su carácter simbólico, que sea la primera vez en la serie que el apartado de sociedad, que incluye la participación política y el papel de los medios de comunicación, supere el punto crítico del 5, tras una tendencia alcista desde la incorporación a la esfera política de nuevos partidos como Ciudadanos y Podemos.

Recuérdese que durante los Gobiernos de Rajoy mostraron valores suspensos no solo esta esfera, sino también las correspondientes a la gobernabilidad y a la esfera internacional, las cuales se recuperaron en 2018. En definitiva, este es el primer año en el que todas las esferas de la democracia se han evaluado positivamente por las personas expertas que participan en este estudio. De este modo, la media global supera los seis puntos, valoración que no se daba desde el 2008. Quedan, sin embargo, tres aspectos que rebajan la evaluación notable que reciben la representación política y el reconocimiento de la ciudadanía: la sociedad, el Gobierno y las cuestiones internacionales. Po dría decirse que la democracia española está consolidada formalmente, pero aún tiene un largo camino que recorrer en el terreno de sus aspectos sustanciales.

Las debilidades del Gobierno y la sociedad española

En concreto, se analizarán en primer lugar las once que obtuvieron menos de 5 puntos, para abordar en el próximo apartado las de mejor valoración. Como ya se ha señalado, no cabe la menor duda de que, no solo a juicio de los expertos, la mayor debilidad de nuestra democracia es la corrupción. No obstante, a diferencia de anteriores años, el ítem relacionado con la persecución de la corrupción supera el punto medio de la escala, ubicado en 5. Ya en la evaluación del pasado año esta característica había salido del grupo de los diez enunciados con peor valoración, al alcanzar una media de 4,8. En contraste, los expertos no consideran que el poder político se encuentre protegido de las presiones del poder económico, ni que los cargos públicos se desempeñen con objetividad, sin sometimiento al dictado de los partidos. En estos aspectos la valoración se encuentra en torno al 4 y están entre los tres enunciados sobre la democracia peor valorados. En la misma línea, otro síntoma con baja valoración es el referido a la independencia financiera de los partidos. Aunque este aspecto esté incluido en el área del papel democrático de los partidos políticos, es indudable su gran relación con la corrupción y, de igual modo, es preocupante también la baja consideración que se tiene de la cercanía de los partidos a la ciudadanía.

De los once aspectos peor valorados que se contemplan en este apartado, cuatro atañen a la esfera de la sociedad. En este apartado, como en años anteriores, hay dos grupos de debilidades. Por un lado, aquellas que afectan a la dificultad de acceder al poder político, por cuanto que sus representantes políticos no son considerados cercanos a los ciudadanos, y las que estiman que el acceso de los distintos grupos sociales al poder político no es igualitario. Por otro, el bloque que concierne a los medios de comunicación, que son muy mal valorados tanto por su baja independencia como por su escaso respeto a los ciudadanos de este país.

Quedan por comentar dos cuestiones. La primera está relacionada con la esfera internacional. Si bien en los años inmediatamente anteriores este aspecto estaba entre los peores valorados, todo parce indicar que el nuevo Gobierno no ha descuidado esta parcela, al menos en lo que respecta al cumplimiento de las obligaciones europeas. Ello no quita que aún sean preocupantes las injerencias exteriores en nuestro país, que fue el aspecto peor valorado en el año 2013. En aquella fecha fueron valoradas con menos de 2, mientras que ahora se encuentra en un 4.

La segunda cuestión concierne a la estabilidad de los Gobiernos. Habría que recordar que hasta el 2016 este aspecto siempre había sido valorado con un notable. A raíz de los acontecimientos políticos relacionados con la ascensión y aparición en escena de nuevos partidos políticos en el arco parlamentario, junto con la cuestión de confianza y la repetición de elecciones, se ha mermado la valoración sobre la estabilidad política de los Gobiernos, quedando ligeramente por debajo del aprobado. En definitiva, siendo la corrupción, además de las injerencias financieras e internacionales, la principal lacra de nuestro país, ni representantes políticos, ni medios de comunicación parecen estar a la altura en nuestra ya no tan joven democracia. Queda como esperanza una tenue recuperación experimentada en todos estos aspectos a raíz de la lenta salida de la crisis económica.

Las fortalezas formales de nuestra democracia

En el apartado de las fortalezas destacan, sin duda, los aspectos electorales. En concreto, se juzga que el proceso electoral es limpio y que los ciudadanos ejercen el derecho al voto con libertad, sin coacciones ni intimidaciones. También se está de acuerdo en que los ciudadanos pueden crear, organizar y mantener partidos políticos sin impedimentos institucionales. Por tanto, los expertos valoran de modo notable uno de los aspectos fundamentales de la democracia, como es el de la concurrencia libre a elecciones celebradas con todas las garantías requeridas. Además de los procesos electorales, otro aspecto positivo de nuestra democracia es el que se vincula con la ciudadanía. Es de notar que siete aspectos relacionados con esta área se sitúan entre los trece que son valorados con un notable. En concreto, se considera que se respeta cualquier práctica religiosa, se tolera que la gente viva como quiera, se acepta la expresión de las personas en cualquier lengua, se disfruta de un alto reconocimiento sindical, se protege la libertad de asociación y queda garantizado el derecho a emplear cualquier lengua. Al igual que ocurriera en años precedentes, desaparece de esta lista el reconocimiento de la libertad de expresión, fruto en buena medida de seguirse manteniendo en vigor la Ley de Seguridad Ciudadana, también conocida por el entorno de izquierdas como “ley mordaza”, y de los juicios al procés, que pueden ser considerados como un límite a los derechos cívico-políticos de los ciudadanos y de sus representantes democráticamente elegidos.

Por último, entre los aspectos positivos de nuestra actual democracia, figura el ejercicio de los funcionarios en el desempeño de su tarea, la protección de la salud, la representatividad del Parlamento (en contraste con el periodo bipartidista de la democracia española, que se extendió desde 1986 a 2015) y la alta participación electoral. En cualquier caso, como novedad, este año se ha añadido a este grupo el cumplimiento efectivo de las obligaciones europeas. Como se ha indicado anteriormente, desde el nuevo Gobierno socialista de 2018, las puntuaciones en la esfera internacional han subido ligeramente.

La evolución parabólica de la evaluación de la democracia española

Los Gráficos 6 y 7 muestran los principales cambios que se han producido a lo largo de los doce años en los que se ha realizado esta encuesta. Como referencias, se establecen dos términos de comparación. La primera referencia es del informe 2008, es decir, el último año de la primera legislatura de Zapatero, antes del comienzo de la crisis. La segunda es, en contraste, el último año del Gobierno popular de Mariano Rajoy, es decir 2017. Ambos puntos de referencia se contrastan con la más reciente evaluación de 2019.

El año pasado, la comparación más extensa, que contrastaba el año 2018 con la primera aplicación de la encuesta a expertos, mostraba una fuerte degradación de la democracia española. Los únicos aspectos que habían mejorado sustancialmente (más de medio punto) había sido la participación ciudadana y la participación de la mujer, que partiendo de una posición bastante por debajo del 5, lograron alcanzar este valor central de la escala. Otras cuestiones relacionadas con la acción sociopolítica, como el acceso igualitario al poder y la libertad de los partidos, también habían mejorado; pero no tanto como las anteriores. Igualmente, elementos básicos, como la responsabilidad de los poderes autonómicos y locales, la participación alta en elecciones, la accesibilidad de los representantes, la independencia de las organizaciones ciudadanas, la representatividad del Parlamento, la pluralidad informativa y la persecución de la corrupción, habían experimentado un tenue ascenso en la valoración.

En el extremo opuesto, en el de las evoluciones descendentes, abundaban los asuntos que habían empeorado en la última década: más de tres cuartas partes de los aspectos evaluados habían bajado su puntuación. En este sentido, destacaban por su deterioro las evaluaciones de la protección de la libertad de expresión, la promoción exterior de los derechos, la estabilidad de los Gobiernos, la independencia de los jueces, la imparcialidad de la legislación penal, el respeto al derecho internacional, los derechos de los trabajadores y la convivencia de los distintos territorios del Estado.

La evaluación del año 2019 ha propiciado que el panorama comparativo no sea tan negativo. Ahora, 25 de los 57 elementos analizados han evolucionado positivamente, entre los que cabe destacar los siguientes: la participación ciudadana y electoral, la inserción de la mujer en la sociedad, la responsabilidad de los poderes autonómicos y locales, la libertad de los partidos políticos, la representatividad del Parlamento, el acceso igualitario al poder y la persecución de la corrupción. Si se realiza una comparación más próxima, entre la valoración que hicieron los expertos a finales de 2018 con la que efectuaron a finales de 2019, tras dos convocatorias a elecciones generales, se constata que ha habido una gran mejora en casi todos los aspectos contemplados. Pese a las críticas de ciertos sectores de la sociedad catalana, española e internacional que suscitaron las condenas del juicio del procés, entre los cinco aspectos que más han mejorado en el último año se encuentran la independencia de los jueces y la protección de la libertad de expresión. Otras cuestiones que han sido bastante mejor valoradas que el pasado año son la participación alta en elecciones, el acceso igual a la justicia y el respeto al principio de cooperación internacional. En el lado opuesto, solo dos aspectos se han deteriorado: la estabilidad de los Gobiernos y la efectividad de la oposición.

Todo ello se expresa sintéticamente en el Gráfico 8, que refleja la evolución de las evaluaciones de los expertos al conjunto y a cada una de sus correspondientes esferas. En los tres primeros años valorados, se produce un tenue descenso motivado por la llegada de la crisis económica. Este descenso se ve ligeramente atenuado con la subida de la valoración en el último año de la legislatura de la mayoría simple socialista (2011). Posteriormente, con la llegada de los populares al Gobierno, la puntuación en todas las esferas, salvo en la de la representación política, concerniente al aspecto electoral y la organización de los partidos políticos, sufre un gran retroceso, que se mantiene durante los tres primeros años de la legislatura y se recupera levemente en el año electoral de 2015. La excepción a esta tendencia se localiza en la esfera de la sociedad civil y la participación, porque su recuperación se realiza paralelamente dos años antes de las elecciones, sin duda, influida por el ascenso de los partidos emergentes, que pondrán en cuestión el bipartidismo y darán lugar a un nuevo ciclo en la política española caracterizado por la ausencia de un partido hegemónico capaz de conseguir la investidura gubernamental.

A partir de 2015, fecha de las elecciones que dieron lugar al primer Parlamento incapaz de elegir a un presidente de Gobierno —o si se quiere, al final de la mayoría absoluta del Partido Popular, o al comienzo de la salida de la crisis económica—, se observa un ascenso paulatino en todas las esferas que deviene en una valoración global muy similar a la que se dibujaba en 2010. Sin embargo, hay algunos matices en la composición de esa puntuación. En primer lugar, cabe destacar que la esfera más estable durante todo este periodo ha sido la de la representación política, esto es, aquella relacionada con las elecciones y la acción de los partidos políticos. En segundo lugar, cabe fijarse en que la única esfera que ha bajado en el último periodo (2015-2019, cuatro décimas menos) es la esfera de la ciudadanía, las leyes y el derecho. Ello podría explicarse en buena medida por las muchas y graves tensiones políticas derivadas del conflicto catalán.

Otra esfera de la democracia que aún no se encuentra en el nivel de 2010 es la internacional, cuya diferencia es aún de seis décimas, aunque con tendencia a la baja. En este sentido, puede haber algunos factores ligados a la crisis que hayan incidido en que esta valoración sea menor que hace 8 años: por un lado, la fuerte injerencia de la Unión Europea a la hora de establecer ajustes de los presupuestos y, por el otro, la menor participación de nuestro país en la cooperación internacional. En contraste con estas dos esferas, hay otras dos que superan, aunque mínimamente, la del punto de inflexión de 2010. Se trata de la esfera de la participación de la sociedad civil y la de la gobernabilidad y rendición de cuentas. A ambas es seguro que ha contribuido la respuesta social a la crisis, así como las nuevas tecnologías de la comunicación, que han permitido ampliar el número de participantes en el debate público.

En definitiva, puede apreciarse que 2019 se caracteriza por ser el único momento en toda la serie en el que todas las esferas se encuentran por encima del cinco. La semejanza con la situación del 2008 es evidente. Solo son apreciables dos pequeños contrastes. De un lado, el descenso en la evaluación de la esfera internacional, que de estar por encima de la media global ahora aparece por debajo; del otro, el leve ascenso de la esfera de la participación de la sociedad civil, que pasa del suspenso al mero aprobado.