Alba del Prado
Aseguran que cuando el primer ministro británico Winston Churchill cedió el testigo a su sustituto en el poder, le recomendó que nombrara un buen ministro de Economía y se echara a dormir. Casi 70 años después parece que la frase -real o atribuida- mantiene plena vigencia. Tanto, que Pedro Sánchez y el equipo de campaña del PSOE tienen claro que, por mucho que la oposición se empeñe en intentar deslucirlos, los datos macroeconómicos se han convertido en el mejor aval de su gestión. Pero las campañas tienen sus propias exigencias: hay que destacarse de los rivales. Incluso de los socios. De ahí que subrayar las medidas y políticas sociales, asistenciales y más próximas a la gente sea otra prioridad de los socialistas.
Cierto que sin una buena base económica, el resto son fuegos fatuos; pero la macroeconomía no vende… Eso lo sabe bien el PP cuando acusa al Gobierno de ser el culpable de que los precios suban -aunque se niege a apoyar medidas de control de precios como los del alquiler y la energía- o que las hipotecas se encarezcan, pese a depender de las decisiones de política monetaria que adopta en Fráncfort el Banco Central Europeo (BCE).
Nadia Calviño parece estar también en la estrategia que ha llevado a los socialistas a alejarse ante el electorado del mensaje de que los logros sociales son cosa de la parte ‘podemita’ del Gobierno. Y eso se presenta como un doble valor electoral en alza -de la ministra y del concepto- especialmente ante la campaña de las Generales prevista para finales de año.
La gestión económica del primer gobierno de coalición de la democracia se mantiene en manos de Nadia Calviño que, desde su Vicepresidencia Primera, ha ganado enteros a lo largo de la legislatura tanto como gestora de la cartera de Economía, como en su rol parlamentario y, últimamente en el de político de calle.
Incorporada al Ejecutivo como independiente, Calviño gana paulatinamente peso en la política de partido. Tanto, que fue la elegida para abrir la campaña del PSOE en el mitin de Mislata (Valencia)
Bregada en los pasillos de Bruselas, Calviño parecía, en los primeros tramos de la legislatura, solo una tecnócrata sin ‘colmillo’ político. Parecía…
Si alguien tiene dudas puede pedir opinión al portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, que ha recibido más de un ‘zasca’ de la ministra coruñesa cuando le soltó aquello del “lo dice todo de usted que haya tenido que recurrir a la inteligencia artificial para hacer una pregunta al Gobierno”. O cuando le recomendó que cambiara de relaciones si no conocía a nadie que se hubiera visto beneficiado de las políticas sociales del gobierno: ERTEs, avales ICO, ingreso mínimo vital, reforma laboral, becas, sanidad pública, transporte público gratuito, ayuda a autónomos y a empresas, bonificación de combustibles…
Nadia Calviño, incorporada al Ejecutivo como independiente, gana paulatinamente peso en la política de partido. Tanto, que fue la elegida para abrir la campaña del PSOE en el mitin de Mislata (Valencia) donde resaltó y defendió las medidas económicas adoptadas bajo el «liderazgo» de Sánchez, al conseguir medidas económicas como los fondos europeos o la llamada ‘solución ibérica’ para poner tope al precio del gas que se incorpora en el cálculo de la tarifa eléctrica. Una propuesta conjunta de España y Portugal que, finalmente y pese a las burlas de la derecha y la ultraderecha, ha sido adoptada por toda la UE.
Si, como señalaba en Soria el candidato socialista a la presidencia de la Junta de Castilla y León, Luis Tudanca (secretario regional del partido), los compromisos socialistas se han «concretado y reflejado en el BOE»; el listado se ha hecho largo en esta campaña electoral.
Boletín Oficial en mano, el Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado proyectos por más de 13.000 millones de euros. Entre ellos, destaca el plan para movilizar 50.000 viviendas de la Sareb a precio asequible de precio tasado, además de abrir una línea de avales ICO sobre el 20% del precio de la vivienda para jóvenes que busquen emanciparse. El Ejecutivo, además, ha añadido otras 20.000 viviendas de nueva construcción que se erigirán en terrenos del Ministerio de Defensa en una operación similar a la de la antigua ‘Operación Campamento’ de Madrid, anunciada desde 2005.
Harto de que todo lo que suene a social en el gobierno de coalición parezca patrimonio de Podemos, el PSOE ha decidido reforzar sus políticas en Sanidad, Educación, Asistencia, Salud Mental, Ocio joven y la medida estrella de la campaña: la Vivienda social
La mitad de los 13.000 millones comprometidos, son avales respaldados con fondos europeos e ingresos del Estado. Otros 4.500 millones ya previstos en los Presupuestos de 2023, negociados en otoño, y que estaban a falta de ejecución y reparto entre administraciones por parte del Consejo de Ministros.
Poco antes de la precampaña, el Ejecutivo anunció una inversión de 1.300 millones para la Formación Profesional; además de un plan para ampliar en 45.000 el número de plazas y la instalación de 1.500 nuevas aulas de tecnología y emprendimiento.
Harto de que todo lo que suene a social en el Gobierno de coalición parezca patrimonio exclusivo de Podemos, el PSOE ha decidido reforzar sus mensajes y actuaciones en Sanidad, Educación, Asistencia, Salud Mental, Ocio joven y la medida estrella de la campaña: la Vivienda social.
De ahí que, por ejemplo, el Consejo de Ministros haya aprobado el reparto de más de 2.500 millones de euros en becas para un millón de estudiantes. Medida que se verá acompañada con la creación de un nuevo subsidio universal de 400 euros anuales que percibirán cerca de 240.000 alumnos con necesidades educativas especiales.
Además, el Gobierno destinará -tal como anunció en Alicante- 560 millones a reforzar la calidad de la educación y garantizar la formación de 5,5 millones de alumnos de primaria y secundaria en robótica y programación.
Pero también ha comprometido fondos para garantizar que en las zonas rurales haya médico y escuela a un máximo de media hora. Un proyecto al que el Ejecutivo central destinará 580 millones de euros para reforzar la atención primaria pese a tratarse de una competencia (Sanidad) transferida a las Comunidades Autónomas.
La línea de refuerzo de políticas sociales ya sustanciales ha llevado al Gobierno de Sánchez a incidir en un área que concita todo tipo de críticas de los usuarios y en la que apenas puede hacer más que lanzar políticas horizontales. En esta misa línea se inscribe el anuncio, hecho en Valladolid, de que reforzará con 38 millones de euros la atención a la salud mental.
Pero hay más política, como el hecho de que obligará por ley a que el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial sean paritarios.
Y hay más propuestas sociales, aparte de la vivienda, como el anuncio de que se subvencionará la mitad de cada billete de Interrail que compren los jóvenes este verano y aplicará descuentos en trenes y autobuses nacionales para el mismo segmento de edad durante tres meses.
Respaldo fiscal
Según el Ministerio de Hacienda que lidera María Jesús Montero, el Gobierno tiene margen para ‘presionar’ sobre el apartado de gasto e inversión. Y lo tiene gracias a la buena marcha de la economía y, por lo tanto, de la recaudación. No obstante, el ritmo de crecimiento de los ingresos se va moderando, y si el Ejecutivo quiere cumplir con la tasa de referencia del déficit (3,9% del PIB para 2023) comunicada a la UE, deberá cuidar mucho el gasto.
En términos de recaudación fiscal, los últimos datos de la Agencia Tributaria, muestran que, en el primer trimestre, los ingresos totales suben el 2,6% respecto al mismo periodo de 2022, hasta los 56.150 millones de euros
Las retenciones del trabajo aportan la mayor parte de estos ingresos del Estado, mientras la recaudación bruta por IVA, mantiene una desaceleración como consecuencia de dos factores. Por un lado, la bajada de tipos en algunos productos que ha generado una caída de los ingresos por Impuestos Especiales (tabaco, alcohol, combustibles y energía). Y, en segundo lugar, por la moderación del consumo de las familias para hacer frente a los efectos de las subidas de los tipos de interés y de la escalada de los precios.
En términos de recaudación fiscal, durante el primer trimestre de 2023 los ingresos totales han subido el 2,6% respecto al mismo periodo de 2022, hasta los 56.150 millones de euros.
Pese a los malos augurios con que se cerró 2022 y se inició este año, el crecimiento económico (PIB) español evoluciona mucho mejor de lo esperado. De hecho, todo tipo de analistas, privados y públicos, españoles o internacionales, mantienen desde principios de año una constante revisión al alza de sus previsiones. Uno de los últimos ha sido Funcas. El think thank de las antiguas cajas de ahorro ha vuelto a elevar el objetivo de crecimiento económico para este año hasta el 1,7% cuando, a finales de 2022, apenas se hablaba del 1,2%. Y, lo más llamativo, que el crecimiento de la economía española se mantiene por encima de la media de la Unión Europea y continuará así, al menos, hasta 2025, según las estimaciones de CaixaBank Research.
Para los analistas de Funcas, el sector exterior será el que más contribuirá a este crecimiento hasta aportar prácticamente la mitad (el 0,7%) de este aumento del Producto Interior Bruto (PIB).
No son los únicos. El Banco de España opina de forma parecida. El supervisor bancario español prevé un crecimiento del PIB de 0,3 puntos porcentuales en el año hasta el 1,6%; mientras prevé que la inflación caiga al 3,7% después de bajar 1,2 puntos porcentuales debido a la menor contribución del componente energético, aunque espera que el precio de los alimentos sigan al alza.
Y, por encima de esas cifras, Bruselas acaba de mejorar las previsiones para España con una revisión al alza de cinco décimas, que sitúan su previsión de PIB en el 1,9%.
En términos de empleo, la última Encuesta de Población Activa (EPA) que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE) muestra, al cierre del primer trimestre del año, un aumento del empleo en 368.000 personas (el 1,83%) en los últimos doce meses; hasta situar las personas ocupadas por encima de los 20,45 millones de trabajadores.
Por otra parte,, si la cifra que se busca es la de afiliados a la Seguridad Social, la evolución del primer trimestre del presente año marca un crecimiento de casi 152.000 afiliados más hasta los 20,53 millones de empleados en el país. Eso supone que, hoy, España cuenta con 1,1 millones de afiliados más que antes de que se iniciara la pandemia de COVID en febrero de 2020.
Nueva política industrial
Es evidente, pues, que España aprovecha como nadie el efecto tractor de los Fondos NextGeneration de la UE. No solo es el miembro de la Unión Europea que mayor cantidad de fondos ha gestionado y cobrado, sino que se mantiene en cabeza de las solicitudes para el desarrollo de la primera política industrial que tiene el país en décadas.
Dinero, hay. España recibirá cerca de 140.000 millones de euros de la UE, de los que 60.000 millones corresponden a transferencias no reembolsables y hasta 80.000 millones de euros en préstamos.
Para gestionar esta inmensa cantidad de dinero procedente de Europa, España cuenta con los ya famosos PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica). Con ellos, el gobierno de Sánchez ha puesto en marcha doce políticas de promoción y reorientación del tejido industrial y productivo español, que abarca desde el desarrollo del vehículo eléctrico y conectado, a la salud de vanguardia (innovación diagnóstica, terapéutica y preventiva en el Sistema Nacional de Salud); el desarrollo de energías renovables, hidrógeno renovable y almacenamiento o la reconversión del sector agroalimentario español mediante la promoción de un desarrollo integrado de toda la cadena agroalimentaria a través de la digitalización de los procesos y de la incorporación de conocimiento e innovación.
Dinero, hay. España recibirá de la UE cerca de 140.000 millones de euros, de los que 60.000 corresponden a transferencias no reembolsables y hasta 80.000 a préstamos
A ellos se unen, en el ámbito de las nuevas tecnologías, los PERTE de la Economía Circular (modelo de producción y consumo que busca extender la vida útil de los productos y que en la práctica se traduce en reducir los residuos generados al mínimo), el de la industria naval, el de la industria aeroespacial; el de microelectrónica y semiconductores (chips) o el de descarbonización Industrial.
En un ámbito más social, destacan, por ejemplo, el PERTE de Economía Social y de los cuidados, que pretende potenciar y consolidar las alianzas entre los centros de investigación, organizaciones, cooperativas y entidades de todo el país que trabajan en la economía social y de los cuidados.
O el de digitalización del ciclo del agua que pretende transformar y modernizar los sistemas de gestión del agua (en ciclo urbano, riego e industrial) con el fin de mejorar la eficiencia y, por tanto, ahorrar en el consumo de agua y energía. O el PERTE de la nueva economía de la lengua, que busca desarrollar las oportunidades que presenta el español como un activo para impulsar la economía con desarrollos como Inteligencia artificial, ciencia en español, aprendizaje del español en el mundo, turismo de la lengua, la promoción de industrias culturales o la promoción de las lenguas cooficiales.
Según el tercer Informe de Ejecución del Plan de Recuperación presentado a mediados de febrero por la propia vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, y la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, España aceleró en 2022 la ejecución de los fondos NextGenerationEU, con más de 23.300 millones de euros en convocatorias de ayudas y licitaciones resueltas a cierre de 2022 con las que se financian más de 190.000 proyectos de empresas, centros de investigación, ciudadanos y administraciones en todos los territorios.
Deuda y déficit al alza
Sin embargo, hay dos grandes magnitudes que parecen resistir tanto como la inflación: la deuda y el déficit público y que, a juzgar por los vientos que empiezan a soplar en Europa, el Gobierno deberá meter en cintura más pronto que tarde.
Con datos del Banco de España, la deuda de las Administraciones Públicas, según el Protocolo de Déficit Excesivo (PDE) utilizado por el Banco Central Europeo (BCE), llegaba a 1,49 billones de euros en enero de este año; lo que supone una tasa de crecimiento del 4,5% en términos interanuales.
El déficit se situará dos décimas por encima de lo previsto, según la AIReF; aunque en 2024 se espera una reducción próxima a un punto, como consecuencia de la retirada de las medidas y ayudas temporales.
En esa misma línea, el Programa de Estabilidad de la economía española -aprobado por la Unión Europea- prevé que el déficit público se reducirá al 3% en 2024, un año antes de lo previsto, por el crecimiento económico, el control del gasto público, el incremento de los ingresos y el dinamismo del mercado laboral.
El déficit público cerró 2022 en el 4,8% del PIB, tras una reducción del 50% en dos años. Para 2023, se prevé que acabe situado en el 3,9% del PIB.
A principios de este mes de mayo, la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) señalaba que el déficit de las Administraciones Públicas se situará en el 3% del PIB en 2026; es decir, cinco décimas por encima del previsto.
Para este año, las previsiones de este organismo pasan porque el déficit se situará dos décimas por encima de lo previsto, mientras que en 2024 espera una reducción del déficit próxima a un punto, como consecuencia de la retirada de las medidas temporales.
Algo que, tal como apunta la campaña electoral de mayo, no tiene visos de acabar hasta que se abran las urnas de las que debe salir el próximo Parlamento y, con él, el próximo Gobierno a finales de año.
