Manuel Capilla.
Pedro Sánchez se ha apuntado un tanto crucial con la sentencia del juicio al ‘procés’. El tribunal presidido por Manuel Marchena asume casi en su totalidad las tesis de la Abogacía del Estado y permite al presidente reforzarse como líder de la “mayoría cautelosa” a la que quiere liderar para seguir en la Moncloa. Lo decidido por el Supremo cuadra con el plan ideado por Iván Redondo y el núcleo duro de Moncloa cuando se decidió ir a elecciones. Pero quizá no contaron con el riesgo de que la situación se desboque en Cataluña y, sobre todo, con la posibilidad de que las encuestas no sean todo lo halagüeñas que cabría esperar. El PSOE, en el mejor de los casos, se quedaría como está tras el 10-N y quien sale tremendamente reforzado por el nuevo escenario es el PP de Pablo Casado, que se coloca en la frontera de los 100 escaños.
“Mayoría cautelosa”. Este es el término de moda en las conversaciones monclovitas. Un término patentado por el jefe de gabinete presidencial, Iván Redondo, y que viene a ser un remake de ese mítico centro político hacia el que el dedo de José María Aznar señaló en los años 90. La mayoría cautelosa es la viga maestra de la opinión pública, que en tiempos de tribulaciones inclina la balanza electoral hacia la estabilidad, la certidumbre y la moderación. La mayoría silenciosa es quien le entregó el gobierno a Aznar en los tiempos de la corrupción vinculada a los gobiernos felipistas; quien encumbró a José Luis Rodríguez Zapatero tras el trauma del 11-M, sobre el que el Ejecutivo de Aznar construyó un relato que resultó ser falso; quien entregó las llaves de la Moncloa a Mariano Rajoy para enfrentarse a una crisis económica que Zapatero no supo prever ni corregir; quien aupó a Albert Rivera a liderar las encuestas antes de la moción de censura, cuando arreciada la corrupción del PP; y quien ahora mantendría en el gobierno a un Sánchez que sería el candidato más adecuado para mantener el status quo del sistema político del 78 frente a las crisis sociales y territoriales que afronta España.
Con la sentencia suscrita por el tribunal presidido por Manuel Marchena, Sánchez sale reforzado para ocupar esa posición de liderazgo, de figura central a la que la mayoría cautelosa dirigiría sus miradas. No sólo porque la sentencia asume, casi en su totalidad, las tesis de la Abogacía del Estado, sino porque con la derecha y la izquierda incómodas con la sentencia, Sánchez aparece casi como el único defensor del Estado.
No hay que olvidar las fuertes críticas mediáticas y políticas que recibió el Gobierno hace un año, cuando la Abogacía del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia, presentó su escrito de acusación. El texto se apartaba de las tesis de la Fiscalía y descartaba el delito de rebelión para defender el de sedición. El escrito lo terminó firmando la abogada general del Estado, Consuelo Castro, porque el anterior responsable del caso y hoy diputado de Ciudadanos, Edmundo Bal, se negó a firmarlo. ¿Qué hubiera pasado la Abogacía del Estado no hubiera dado este paso? Nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que, por el momento, los acontecimientos han estado encajando con el plan diseñado en Moncloa en agosto, cuando se decidió que no habría acuerdo con Unidas Podemos y se iría a elecciones.
Un viaje para el que no hacían falta alforjas
El problema es que las encuestas empiezan a colocar a Sánchez en una posición delicada, prácticamente con los mismos escaños que tiene ahora –si no menos- y con idénticas o mayores dificultades para formar gobierno. Y es que los escaños que perdería Unidas Podemos no irían a parar totalmente ni a manos socialistas ni a las de Más País, que tendría dificultades para superar el 5% de los votos a nivel nacional, imprescindible para formar grupo parlamentario.
Iñigo Errejón podría llegar a encontrarse en el Grupo Mixto con un Albert Rivera que se está despeñando en las encuestas a una velocidad inaudita. De quedarse en abril al borde del sorpasso al PP, con el 16% de los votos, ha pasado a estar en la frontera del 10%. Y cayendo. La posibilidad de articular una mayoría parlamentaria PSOE-Ciudadanos, como podría haber sucedido esta legislatura, queda enterrada.
La opción más sencilla –e improbable, hoy por hoy- es la gran coalición con el PP del nuevo Pablo Casado, que nada más abandonar el histrionismo de línea dura de Cayetana Álvarez de Toledo por el conservadurismo marianista de Ana Pastor, remonta vertiginosamente y ya está en la barrera de los 100 escaños. El PP estaría lejos de poder formar gobierno, porque aunque Vox se mantiene, el descalabro de Ciudadanos –que podría convertirse en la quinta fuerza, tras los de Santiago Abascal- y la ausencia de aliados le aleja de cualquier mayoría parlamentaria. Pero este escenario empieza a confirmar los temores de quienes, en la cúpula socialista, advertían de que ir a elecciones era un riesgo innecesario.
Sánchez, hombre de Estado en prime time
La intervención de Sánchez en la sala de prensa Moncloa –en pleno prime time, por cierto- fue el mejor ejemplo de la estrategia monclovita. Hablando única y exclusivamente a esa “mayoría cautelosa”, el presidente en funciones alabó la “profesionalidad y coordinación” con la que están actuando la Policía, la Guardia Civil y los Mossos y dejó claro que será “garante de quienes ejercen su derecho a manifestarse”, pero que “quienes aspiran a quebrar las leyes democráticas no van a conseguir su propósito”. Para ello, ha trabajado “diferentes escenarios de respuesta” con un “comité de planificación” que está “en alerta permanente” desde hace unos días. Sánchez subrayó que “la moderación en la respuesta es otra forma de fortaleza”, pero que no descarta “ningún escenario”. Habrá que ver si Sánchez aguanta la presión de la subasta punitiva que han abierto Pablo Casado y Albert Rivera.
Casado está tratando de regatear a quienes de puertas para adentro le insisten en que critique la sentencia del Supremo, en que defienda que lo que sucedió en septiembre y octubre de 2017 fue un golpe de Estado. No faltan quienes empiezan a ver un regreso del marianismo reencarnado en quien fue el cachorro del aznarismo y, como poco, están inquietos. Miembros del PP que se sienten identificados con Cayetana Álvarez de Toledo, cuando afirma que le “cuesta disimular” su “decepción” con la sentencia, y que se suben por las paredes cuando oyen a Casado mostrar su respeto por “un proceso judicial ejemplar”.
De momento, Casado trata de contentar a los duros anunciando un hipotético endurecimiento de penas si llega a la Moncloa y pidiendo severidad al Gobierno. No con el 155, sino con la Ley de Seguridad Nacional, que permitiría al Gobierno desplazar a la Generalitat de la cadena de mando y asumir directamente el control de los Mossos. Por su parte, Rivera –que según el día es halcón o paloma, pactista o radical- sube la apuesta y pide un 155 “de verdad”. Lo más curioso es que acusa a Joaquim Torra de ser “un conductor suicida” y “un peligro”, cuando alguno más a este lado del Ebro quizá debiera aplicarse la recomendación de rebajar el tono.
España no es país de mano dura
En Moncloa no pierden de vista las encuestas que han venido señalando que una mayoría de españoles prefieren una solución dialogada al conflicto catalán, frente a la mano dura que han venido proponiendo Casado y Rivera. En uno de los más recientes, elaborado por GAD3 para La Vanguardia y publicado el pasado mes de septiembre, el 59% de los españoles apuestan por el diálogo entre gobiernos –una cifra que sube al 82% en Cataluña-, mientras que sólo el 32% defiende una nueva aplicación del artículo 155 de la Constitución.
¿Cuáles serían las salidas negociadas en ese diálogo? Según este sondeo, el 62% de los españoles y el 65% de los catalanes apuestan por una reforma constitucional que de lugar a un nuevo Estatut, con competencias bien delimitadas. Una segunda fórmula pasaría por un nuevo sistema de financiación. El 66% de los catalanes apoya esta opción, por el 54% de los españoles. El referéndum de autodeterminación sólo es defendido por el 41% de los españoles, por el 64% de los catalanes.
Asimismo, la opción del indulto como “un gesto de conciliación para facilitar la solución del conflicto” catalán tropieza con la oposición del 57% de los españoles a una medida que sólo apoya el 32%. En Cataluña respaldan el indulto el 55% de los consultados, aunque más de un tercio lo rechaza. Al margen de la solución concreta, parece claro que una mayoría de los españoles no apuesta por la mano dura. Y ahí quiere estar Sánchez en la campaña electoral del 10-N.
El Govern dadá
Pero para que Sánchez pueda resistir la presión de Casado y Rivera, Quim Torra y el Govern tendrían que ponérselo fácil. Y hasta ahora les está costando. Principalmente porque sus contradicciones empiezan a hacerse evidentes, dando pie a momentos surrealistas, dignos de maestros de la comedia.
El momento más dadá de la semana lo protagonizó el martes la portavoz del Govern, Meritxell Budó, incapaz de explicar su apoyo a las protestas y, al mismo tiempo, defender a los Mossos d’Esquadra. Budó justificaba las cargas en El Prat –“puntuales”, según ella- con el fin de “proteger a los propios manifestantes”. “A veces estas acciones se tienen que llevar a cabo para preservar otras acciones que puedan ser peores”, explicaba en RAC 1, como las acusaciones de “sedición” por ocupar las pistas del aeropuerto.
Quizá no sorprenda que esto suceda desde el puigdemonismo y por parte de un presidente/activista como es Torra –que sólo salió a condenar los disturbios, a regañadientes, cuando el caos se había apoderado de Barcelona la noche del miércoles-. Pero si llama más la atención de quien, en teoría, encarna el sector posibilista, razonable, del mundo independentista: los líderes de ERC. Y es que mientras el vicepresident Pere Aragonès ha asegura que “estamos del lado de los 17.000 Mossos”, el portavoz de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, afirmaba en el pleno del Parlament que “una policía democrática no atropella”, en referencia a lo sucedido en Tarragona la noche del miércoles, en el que una furgoneta de los Mossos se llevó por delante a un joven que estaba detrás de una barricada.
Elecciones en primavera… o antes
Del cisma en el seno del Govern da cuenta el hecho de que Torra se descolgara en el pleno de esta semana con la propuesta de celebrar un nuevo referéndum esta misma legislatura y, además, con la redacción de una constitución catalana que estaría lista en la primavera de 2020. Una propuesta que no fue pactada con sus socios de gobierno y que llevó a un Sabrià totalmente descolocado a decir que “estudiaremos” la propuesta, aunque “no es el momento de poner fechas, sino de trabajar los consensos del 80% de la ciudadanía”.
A estas alturas, nadie en ERC oculta que su opción preferida es un adelanto electoral. El propio Oriol Junqueras abría la puerta a esa posibilidad el pasado mes de agosto, fijándola como posible respuesta a la sentencia del Supremo. Los republicanos no ven la hora de que llegue otra oportunidad de confirmar unas encuestas que los vuelven a colocar como el partido soberanista más votado. Pero claro, en la órbita de JxCat nadie quiere esos comicios. No sólo por las malas perspectivas de los sondeos, sino porque todavía no está claro cómo se resolverán las contradicciones y las pugnas que los posconvergentes tienen en su propio seno.
Artur Mas se deja querer
Artur Mas, cuya inhabilitación por la consulta de noviembre de 2014 termina en febrero, empieza a tomar posiciones y a dejarse querer. Hace pocas semanas, en una entrevista concedida a RAC 1, afirmaba que “bastante gente, de manera creciente”, le pide que vuelva a la primera línea política y se presente de nuevo como candidato a la presidencia de la Generalitat. Según él, ya no tiene “el deseo y la voluntad”, pero como le pasa a todos los políticos que no quieren asumir responsabilidades, si los suyos se lo piden no se pueden negar.
Mas ha venido defendiendo la independencia y la vigencia del PDeCAT, frente a un Carles Puigdemont que quiere superarlo para integrarlo a una Crida construida por sus fieles. Así que todavía queda mucha tela que cortar para terminar de rediseñar el mapa de un soberanismo que se resquebraja. Un mapa en el que probablemente tendrá voz el núcleo de exdirigentes del PDeCAT, críticos con la estrategia puigdemonista, que se han articulado en torno a la nueva plataforma ‘El País de demà’. Un núcleo de dirigentes que es, precisamente, a quien más dejó en herencia el PDeCAT, como la senadora y excoordinadora del partido, Marta Pascal, el exportavoz en el Congreso, Carles Campuzano, y los exdiputados Jordi Xuclà y Marta Pigem.
‘El País de demà’ surge como un think tank, una plataforma cívica sin intención de concurrir a las elecciones como un partido político. Pero habrá que ver qué influencia pueda tener y cómo se mueven las personalidades que le han brindado su apoyo. De entrada, un gesto simbólico. El País de demà se constituyó a mediados de agosto en el Monasterio de Poblet, donde se custodio el archivo de Josep Tarradellas, el hombre que personificó la recuperación de la autonomía tras el final de la dictadura.
Habrá que ver si las tensiones en el seno del Govern le permiten sobrevivir en las próximas semanas, porque el calendario señala que se prevén aún más curvas. El juicio a Torra por desobediencia tendrá lugar el 18 de noviembre. Y pocos días más tarde, a los miembros de la mesa del Parlament. Ya en diciembre, salvo sorpresa de última hora, se prorrogarán los Presupuestos de 2017, los que se aprobaron sólo después de que Carles Puigdemont se comprometiera a celebrar el referéndum, como exigía la CUP. De aquellos polvos, los lodos que van a manchar el 10-N.
