Combatir la despoblación y sus consecuencias socioeconómicas se ha convertido en una prioridad nacional a la que cada vez destinan más esfuerzos las administraciones públicas
Haciendo frente al reto demográfico
La despoblación rural no es un fenómeno nuevo, pero sí un fenómeno que se mantiene y en el peor de los casos, se agrava. Tanto, que el 80% de los españoles ya reside en la gran ciudad y las predicciones apuntan a que esta cifra podría incrementarse hasta el 90% en 2050. Con las consecuencias que ello acarrea para la vida de sus habitantes en materia de falta de dotaciones sanitarias, de educación, vivienda, infraestructuras y empleo. Revertir esa tendencia de la ‘España Vaciada’ se ha convertido en una prioridad nacional, cada vez más estudiada, y a la que cada vez destinan más esfuerzos las administraciones públicas españolas. El Gobierno central, sin ir más lejos, lanzó el año pasado el Plan de 130 Medidas ante el Reto Demográfico (Plan 130), en colaboración con CC AA y municipios.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicaba recientemente los datos definitivos del padrón municipal en España a 1 de enero de 2021, que han certificado que nuestro país ha perdido población residente por primera vez desde 2016. Y aunque en los últimos 20 años, España ha crecido en 6,2 millones de personas, la población se concentra en las ciudades.
Algunas preocupantes conclusiones del informe del INE es que seis de cada diez municipios españoles (5.039, el 62 % del total) han perdido habitantes en las últimas dos décadas. En esas localidades, que se distribuyen por casi todas las provincias, viven ahora 1.131.149 personas menos que a comienzos de siglo.
Seis de cada diez municipios españoles (5.039, el 62% del total) han perdido habitantes en las últimas dos décadas. En esas localidades, que se distribuyen por casi todas las provincias, viven ahora 1.131.149 personas menos que a comienzos de siglo
La densidad de población media en España es de 93,6 habitantes por kilómetro cuadrado, pero mientras hay ciudades con más de 5.000 habitantes por km², como Valencia y Madrid, o más de 16.000, en Barcelona capital, ocho de cada diez municipios (6.636, el 81,6 % del total) tienen una densidad menor a la media, y en ellos viven 8.232.454 personas, el 17,3 % de la población española. Según los criterios de la Unión Europea, un municipio se encuentra en riesgo alto de despoblación cuando su densidad es inferior a 12,5 habitantes por km². En España hay 3.948 municipios con una densidad menor, albergando en conjunto 1.295.587 habitantes.
Si bien durante la pandemia, según datos publicados por la Universidad Autónoma de Barcelona y el Centro de Estudios Demográficos, la población de la España rural creció hasta un 20,5%, los mismos autores del estudio señalan que muy probablemente se trate de un dato coyuntural, y que lo que permanece que prácticamente el 80% de los municipios de España concentra apenas el 10% de la población española, suponiendo el 77% de la superficie española. Y las predicciones apuntan a que esta cifra podría incrementarse hasta el 90% en 2050.
Plan 130: ejes de actuación para la igualdad de oportunidades
Revertir esa tendencia de la ‘España Vaciada’ se ha convertido en una prioridad nacional a la que cada vez destinan más esfuerzos las administraciones públicas españolas. El Gobierno central, sin ir más lejos, lanzó el año pasado el Plan de 130 Medidas ante el Reto Demográfico (Plan 130), que pone el énfasis en cuatro ámbitos muy concretos: conectividad y movilidad; prestación de servicios; diversificación económica y creación de empleo; y vivienda y transformación urbana.

Las diferentes medidas tienen como objetivo mejorar la cohesión territorial del país, eliminar la brecha urbano/rural e impulsar las actuaciones en las áreas más afectadas por la desigualdad: los pequeños municipios y el conjunto de las áreas rurales.

A través de las medidas, se pretende transformar los territorios en espacios de oportunidades de desarrollo social y económico, que aprovechen los recursos locales a través de la generación de actividad económica, el fomento del emprendimiento y el aprovechamiento del talento asociado al entorno, a través de un modelo territorial sostenible que responda a los retos a los que se enfrenta nuestra sociedad. Incorpora la perspectiva de género, para abordar las brechas derivadas de la falta de cohesión territorial y la desigualdad hacia las mujeres.

Las 130 actuaciones están ordenadas en 10 ejes de acción orientados hacia un amplio conjunto de objetivos que impulsen la igualdad de oportunidades y la vertebración territorial, mediante: la diversificación económica de las zonas más desfavorecidas, el impulso de la innovación; la plena conectividad digital; el reforzamiento de los vínculos rurales y urbanos; la puesta en valor del territorio y de sus posibilidades endógenas de crecimiento; la adecuada prestación de los servicios básicos; o la incorporación de la perspectiva demográfica en el proceso de toma de decisiones del Gobierno.
El pasado mes de febrero, el Gobierno presentaba los avances en la ejecución del “Plan 130”, y constataba que, en menos de un año de vigencia del Plan, el 82% de las medidas ya se han iniciado y se han puesto en marcha actuaciones por valor de 3.777 millones de euros. Esa agilidad en la ejecución y puesta en marcha del Plan 130 está siendo posible gracias a la colaboración con las comunidades autónomas y las entidades locales, que han visto reforzada su capacidad para el despliegue de proyectos innovadores de lucha contra la despoblación y dinamización del medio rural, así como a la coordinación con los agentes económicos y sociales. En este sentido, el 74% de los fondos de 2021 han sido territorializados, fundamentalmente a través de acuerdos de las Conferencias Sectoriales y convocatorias de ayudas para pequeños municipios.
El Gobierno central lanzó el año pasado el Plan de 130 Medidas ante el Reto Demográfico, que pone el énfasis en cuatro ámbitos muy concretos: conectividad y movilidad; prestación de servicios; diversificación económica y creación de empleo; y vivienda y transformación urbana
El compromiso de Gobierno con la generación de oportunidades en el medio rural se refleja en los Presupuestos Generales del Estado de 2022, que incorporan por primera vez la perspectiva de reto demográfico y recogen una inversión de 4.200 millones en esta materia. Entre 2021 y 2022, por tanto, se habrán invertido 8.000 millones en los pequeños municipios, lo que sitúa a España en un momento clave para acelerar las actuaciones del Plan 130 y permitirá superar el objetivo de invertir 10.000 millones hasta 2023.
Uno de los principales objetivos era que el Plan 130 llegara a todos los pequeños municipios de España. Y teniendo en cuenta las actuaciones a las que se puede acceder por concurrencia competitiva, en 2021 esas ayudas han llegado a más de 4.300 municipios de menos de 5.000 habitantes (que suman 4,5 millones de residentes). Esto es, dos de cada tres municipios han presentado proyectos para optar a estas inversiones, lo que demuestra el interés de la España rural por participar en la transformación que supone el Plan de Recuperación.
Este interés es más que entendible porque hay muchas carencias que solucionar y retos que afrontar. No quieren ser tratados como municipios ‘de segunda’ y reclaman tejido industrial, conectividad, transporte, sanidad y educación y ayudas a las pymes para poder romper la asimetría que todos los estudios citados anteriormente revelan.
La España despoblada no es uniforme
Tampoco se trata de un problema ‘uniforme’, ni en el tipo de problemas que se afrontan ni en la gravedad de estos, como revela el informe ‘La despoblación de la España interior’, editado por Funcas, en febrero de 2021, en el que analiza el fenómeno de la despoblación en España acotando su dimensión temporal y geográfica, así como sus vínculos con los factores económicos que lo determinan. El informe detecta además que la España despoblada no es un todo uniforme. Hay un grupo de provincias especialmente afectadas por la despoblación y el declive demográfico, con una pirámide poblacional envejecida y cuyo ritmo de crecimiento está claramente por debajo de la media del país, aunque sus indicadores de renta por habitante o de tasa de paro –comparativamente positivos– puedan encubrir el deterioro de sus condiciones de progreso económico: es la España despoblada que decrece.
Según el informe ‘La despoblación de la España interior’, editado por Funcas, la España despoblada no es un todo uniforme. Hay un grupo de provincias especialmente afectadas por la despoblación y el declive demográfico: es la España despoblada que decrece
También hay, en la España despoblada, provincias que aún cuentan con una buena dotación de población joven y que no han sufrido con tanta intensidad la pérdida de empleos y de capital humano. Por el contrario, se trata de provincias con un peso considerable de la agricultura y escaso nivel industrial, con elevadas tasas de paro y renta per cápita muy por debajo de la media española: es la España despoblada que se estanca. Finalmente, un tercer grupo de provincias muestra, ya desde hace unos años, unos indicadores en clara mejoría, con elevado peso de la industria, bajas tasas de desempleo y un aceptable crecimiento económico, con capitales dinámicas que están ayudando a recuperar el resto del territorio: es la España despoblada que remonta. Caracterizar adecuadamente la geografía de la despoblación en España es, por tanto, necesario para realizar un buen diagnóstico de los problemas y diseñar un marco acertado de propuestas en línea con los objetivos de cohesión territorial. Excluyendo las capitales de provincia y las ciudades de más de 50.000 habitantes, las 23 provincias que formarían la ‘España despoblada’ son las nueve de Castilla y León (Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora), las tres de Aragón (Huesca, Teruel y Zaragoza), cuatro de Castilla-La Mancha (Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara), las dos de Extremadura (Badajoz y Cáceres), dos gallegas (Lugo y Ourense), dos andaluzas (Córdoba y Jaén) y La Rioja.
Estudios, manifestaciones, partidos… El mundo rural se moviliza

El término España vaciada o a veces España vacía hace referencia a las zonas de España que sufrieron emigraciones masivas durante el denominado éxodo rural de los años 1950 y 1960, que a comienzos del siglo XXI abarcan el 90 % del territorio español. El periodista Sergio del Molino publicó en 2016 un libro de título España vacía, en el que hacía un análisis de la situación de buena parte de la España interior. Partiendo de esa idea, posteriores análisis reivindicativos señalaron que esa parte de España no solo estaba vacía, sino que sucesivas políticas de todo signo la estaban vaciando, tanto de población como de acciones para revertir esa situación. El concepto nació de esta forma como un marco reivindicativo contra el abandono rural y su supeditación al desarrollo urbano, y fue utilizado como lema en las marchas que se llevaron a cabo en 2019 por la visibilización de estas áreas, movilizaciones de las que después han surgido varios partidos políticos que se han presentado a elecciones autonómicas y que en algún caso han conseguido escaños.
La fiscalidad, ayudas para el transporte y la vivienda, y para las pymes, principales armas para retener y atraer gente a sus municipios menos poblados
Las CC AA legislan contra la despoblación
Las primeras interesadas en un desarrollo rural sostenible y eficaz son las CC AA y sobre todo aquellas que, como Castilla-La Mancha, Castilla y León o Aragón, por poner tres ejemplos, sufren con más fuerza la despoblación de muchos de sus municipios. Pero todas ellas han decidido poner en marcha planes para retener a sus habitantes y atraer a nuevos gracias a medidas de tipo fiscal, ayudas para la vivienda y el transporte o apoyo a las pymes de la región. Medidas todas ellas que, aunque necesitan tiempo, comienzan a dar sus frutos.

En Castilla-La Mancha se adelantaron el año pasado al aprobar una ley pionera a nivel nacional de lucha contra la despoblación. Una norma que ya está dando sus primeros frutos, porque incluye desgravaciones fiscales para los habitantes en zonas despobladas que ya están teniendo efecto en la actual campaña de la renta. Se trata de una norma que incorpora conceptos novedosos como la Estancia Efectiva y el Impacto Demográfico. Se considera como estancia efectiva en un municipio de Castilla-La Mancha, aquella que pueda acreditarse con la certificación del padrón municipal y que coincida con los siguientes indicadores de permanencia en el municipio: certificación de tarjeta sanitaria, adscrita al centro de salud asignado en la ZBS de pertenencia del municipio donde se encuentre empadronada o, certificación, en su caso, de que las personas menores de edad, en edad de escolarización obligatoria, cuentan con una matrícula en alguno de los centros educativos de la localidad de referencia, para el municipio donde se encuentren empadronadas.
En Castilla-La Mancha se adelantaron al aprobar una ley pionera a nivel nacional de lucha contra la despoblación, que ya está dando sus primeros frutos, porque las desgravaciones para habitantes en zonas despobladas ya están teniendo efecto en la actual campaña de la renta
Respecto al impacto demográfico, la Ley establece la obligación de incorporar un informe sobre impacto demográfico en los procedimientos de elaboración de las normas, así como en la elaboración de planes y programas que se tramiten por la Administración Regional.
Entre otras, las principales ventajas fiscales que pone la ley sobre la mesa son: la deducción de hasta el 25% del IRPF por la estancia efectiva en zonas escasamente pobladas; deducción del 15 % para adquisición o rehabilitación de una vivienda habitual en zonas escasamente pobladas; reducción de más del 50 % en el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos para adquirir vivienda habitual o local para la implantación de centros de trabajo de empresas; deducción de 500 euros durante los dos primeros años en la cuota íntegra autonómica por traslado de vivienda habitual por motivos laborales en zonas escasamente pobladas. Las previsiones apuntan a que serán unas 90.000 las declaraciones de la Renta de este año con desgravaciones fiscales por estancia efectiva en zonas despobladas de Castilla-La Mancha por un importe aproximado de 30 millones de euros.
Impulso a las empresas
Las fiscales no son las únicas medidas con las que se pretende luchar contra el fenómeno de la “España Vaciada”. Además, la junta ha puesto en marcha una batería de medidas para apoyar a las empresas que van desde el ofrecimiento de hasta un 40% más de ayudas a autónomos y empresas para instalarse en zonas con problemas de despoblación a la garantía de del acceso a la fibra óptica y 5G en todas las localidades de Castilla-La Mancha, pasando por que cuentan con un fondo de 10 millones de euros para dar apoyo financiero a proyectos empresariales y de emprendimiento y un plan de captación de Talento.
Además, han puesto en marcha iniciativas para asegurar, en el terreno de la sanidad, recursos sanitarios a menos de 30 minutos de distancia y asistencia farmacéutica específica. Y en el de la educación, la apertura de colegios rurales con al menos cuatro alumnos garantizados, financiación de la educación superior y/o FP a aquellos jóvenes que decidan estudiar fuera y su familia se quede residiendo en el medio rural y un Erasmus Rural. En el terreno de los servicios sociales avanzados, se ha impulsado el servicio de ayuda a domicilio para mayores y recursos asistenciales a menos de 40 kilómetros de su hogar, en núcleos de población de zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación.
Paralelamente se ha venido desarrollando la Estrategia Regional Frente a la Despoblación (ERD) que es el principal instrumento de aplicación de la Ley y que fue aprobada en Consejo de Gobierno a finales de diciembre del pasado año. Una Estrategia que incluye un total de 210 medidas en cuatro ámbitos de actuación: servicios públicos, económico, social y territorial y que contempla además una dotación de 449 millones de euros en el primer año de aplicación.
Deducciones y bonificaciones favorables
Otras Comunidades también han seguido esta senda, con la fiscalidad como principal arma para combatir la despoblación. En Castilla y León, por ejemplo, iniciaban hace unos días en 81 municipios del medio rural de toda la Comunidad un servicio de atención presencial para la realización de las declaraciones del IRPF y deducciones autonómicas correspondientes a 2021.
La Junta de Castilla y León ha puesto a disposición de todos los usuarios de las rutas de transporte a demanda en las zonas rurales el Bono Rural, con el que se puede viajar por estas zonas, de manera gratuita e ilimitada
Desde la Junta explican que Castilla y León se encuentra entre las tres primeras comunidades autónomas que tiene regulado un sistema fiscal más favorable para el medio rural con apoyo a las familias residentes, con una deducción incrementada del 35% por nacimiento o adopción en el medio rural. Una deducción que se verá incrementada en más de un 40 % respecto a la general (actualmente está en tramitación en el Proyecto de Ley de Rebaja Impositiva Urgente). De esta manera, este año las familias residentes en el medio rural que tengan un hijo podrán deducirse 1.363 euros por el primero, 1.991 euros por el segundo y 3.173 euros por el tercero y siguientes. También ha medidas fiscales específicas para los jóvenes residentes en el medio rural, con deducciones en el IRPF por adquisición de la vivienda habitual en el medio rural, y también deducciones por arrendamiento, con deducciones de hasta un 25% del alquiler con un límite de 612 euros para jóvenes mejores de 36 años. También hay deducciones en el IRPF por cantidades invertidas en la rehabilitación de viviendas rurales destinadas a su alquiler de hasta el 15 % de las cantidades invertidas, con un máximo de 20.000 euros.
Aragón, por su parte, en un reciente Consejo de Gobierno extraordinario daba luz verde al proyecto de Ley de Dinamización del Medio Rural en Aragón, el marco legal que aglutinará todas las actuaciones que se acometan para dinamizar las áreas menos pobladas. Entre otras medidas, la normativa prevé una fiscalidad diferenciada para las zonas más castigadas del territorio aragonés e incorpora el denominado Mecanismo Rural de Garantía como principio rector en la Comunidad Autónoma.
Entre las novedades está en Mecanismo Rural de Garantía, destinado a que la Administración autonómica promueva, impulse y revise de forma sistemática todas las políticas sectoriales y de desarrollo socioeconómico mediante la observación de la perspectiva del cambio demográfico. Este principio rector alcanzará también a las subvenciones y sus bases reguladoras, que deberán incorporar criterios de discriminación positiva para promover acciones de dinamización, desarrollo y lucha contra la despoblación en las zonas rurales, siempre que las medidas resulten compatibles con el objeto y finalidad de las ayudas.
Asimismo, se contempla además la descentralización administrativa como instrumento de dinamización del medio rural. Se establece por ley la delimitación y zonificación de los municipios y asentamientos aragoneses, lo que permitirá visualizar su realidad territorial y rural de todos los asentamientos de Zaragoza, Huesca y Teruel.
La mayor novedad en el caso de Aragón estriba en la fiscalidad diferenciada que se implanta en dos tipos de áreas a partir de la clasificación de asentamientos: los asentamientos rurales con alto riesgo de despoblación y los asentamientos en riesgo extremo
La mayor novedad estriba en la fiscalidad diferenciada que se implanta en dos tipos de áreas a partir de la clasificación de asentamientos establecida en su artículo 28: los asentamientos rurales con alto riesgo de despoblación y los asentamientos en riesgo extremo, siempre que tengan un índice sintético de desarrollo territorial (ISDT) inferior a 100. El ISDT es una variable que expresa numéricamente el desarrollo territorial de los asentamientos y municipios de Aragón en relación con un valor medio que se establece en 100 puntos. Estas dos catalogaciones abarcan 1.026 de los 1.553 asentamientos que hay en Aragón (un 66%) y en ellos tienen fijada su residencia 70.700 aragoneses (un 5% de la población total). Por provincias, los asentamientos beneficiados por las rebajas fiscales alcanzan a 26.429 vecinos de núcleos de la provincia de Teruel, 24.875 de la provincia de Zaragoza y 19.452 de la provincia de Huesca. En ambas áreas, la ley prevé diversas bonificaciones fiscales sobre la Renta de las Personas Físicas en la cuota autonómica al objeto de contribuir a la dinamización de la economía rural y a la fijación de la población en el medio rural de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Además, los habitantes de las zonas en riesgo extremo de despoblación –y, de nuevo, un ISDT bajo, menor de 100- tendrán una ayuda añadida, ya que podrán deducirse 600 euros anuales de la cuota íntegra autonómica de la Renta.
Conexión a través de transporte público: movilidad a demanda

Junto a la fiscalidad para atraer, el transporte para vertebrar. esde la Junta de Castilla-La Mancha, se ha apostado por un transporte sensible a la demanda. Esto, ¿en qué consiste? Pues en que los vehículos que lo conforman no tienen un horario ni una ruta establecida, sino que los recorridos se generan cada día en función de la demanda y de las necesidades de la población. Han implantado desde el pasado mes de marzo una primera experiencia pionera en la Serranía Alta-Alcarria de Cuenca que beneficia a más de 15.000 habitantes de 72 núcleos de población que abarcan una extensión de 5.000 kilómetros cuadrados. Para que se hagan una idea, esta es la superficie de Cantabria (5.321 km2) o La Rioja (5.045 km2). Y seguidamente pondrán en marcha los proyectos piloto de Campo de Montiel en la provincia de Ciudad Real y en los de Sierra Norte y Señorío de Molina en la provincia de Guadalajara, Comarca de La Jara en la provincia de Toledo y Sierra del Segura en la provincia de Albacete.
También es una apuesta en Castilla y León. En esta comunidad hay 123 zonas con 1.945 rutas que dan servicio a 5.022 núcleos de población. Desde el inicio del transporte a la demanda e integrado, en el año 2004, han utilizado estos servicios un total de 4.213.341 viajeros en Castilla y León, 223.006 en el año 2021. La Junta de Castilla y León, ha puesto a disposición de todos los usuarios de las rutas de transporte a la demanda en las zonas rurales el Bono Rural, con el que se puede viajar por estas zonas, de manera gratuita e ilimitada. La inversión estimada de la puesta en marcha de este bono rural es de 600.000 euros anuales, ya con las 123 zonas completadas. También se ha iniciado un nuevo servicio de reserva de viajes vía web, que convive con el número gratuito 900 20 40 20 y que supone, junto con la utilización del smartphone como medio de pago, un salto cualitativo en la implantación de las tecnologías al servicio de la mejora del transporte público en el mundo rural. Tras 18 años de funcionamiento (desde 2004), se ha demostrado la utilidad y ventajas (reconocidas nacional e internacionalmente) del transporte a la demanda en un escenario de dispersión y baja densidad demográfica (26 habitantes km2). Esta forma de gestión permite que los servicios se programen y presten previa petición del usuario, que interactúa con la Administración y/o el operador a través de medios telefónicos o telemáticos. En el nuevo modelo de movilidad pública para Castilla y León derivado del próximo Mapa de ordenación del transporte se otorga un papel preponderante del transporte a la demanda frente al regular general convencional. Se potencia ampliando su zonificación a la totalidad del territorio de la Comunidad Autónoma. Se prevé que se incremente en un 78 % (llegando a equivaler al 50 % de la oferta) y que dé servicio a más de 1,7 millones de viajeros.
Digitaliza sus oficinas y dota de tecnología a sus carteros en estas zonas, al tiempo que trabaja activamente por la inclusión financiera
Correos, comprometida con el medio rural
Correos quiere ser un agente activo en el fortalecimiento de la calidad y el acceso a servicios públicos en las pequeñas poblaciones, sirviendo de vertebrador del territorio. Su objetivo: hacer frente al reto demográfico, para reducir la brecha existente entre las zonas urbanas y las zonas rurales y para ello tiene en marcha varias iniciativas que van desde la digitalización de sus oficinas en estas poblaciones, a la dotación tecnológica de sus carteros y las soluciones financieras a domicilio.

Correos quiere contribuir a fortalecer la calidad y el acceso a servicios públicos en las pequeñas poblaciones y por eso ha presentado 23 proyectos a los ministerios para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; Industria, Comercio y Turismo; y Asuntos Económicos y Transformación Digital, con el objetivo de optar al reparto de los Fondos Europeos y poder poner su granito de arena en este proceso de poner soluciones a los problemas de la ‘España Vaciada’. Uno de los principales proyectos, es el que pretende la digitalización de sus oficinas en zonas rurales. Así, hace algo más de un año, Correos lanzaba un proyecto para la digitalización de los 2.295 puntos de atención al público de que dispone en estas zonas.
Uno de los principales proyectos es la digitalización de los 2.295 puntos de atención al público de que dispone en estas zonas rurales
La iniciativa arrancaba en mayo de 2021 con la informatización de siete oficinas en las localidades de Benahadux (Almería), Gerena (Sevilla), Benajarafe (Málaga), Catoira (Pontevedra), Liérganes (Cantabria) y Lesaka y Los Arcos (Navarra). En julio anunciaron que a ellas se unirán antes de finales de año nueve oficinas más ubicadas en las localidades de Canet de Berenguer y Almoines (Valencia), Alhendín (Granada), Burguillos (Sevilla), Puente Domingo Flórez (León), La Alberca (Salamanca), Fermoselle (Zamora), Arenas de Cabrales y Grandas de Salime (Asturias). Y los planes de digitalización continúan.
El objetivo es la incorporación de estos puntos de atención al público a la red informatizada de oficinas de Correos, lo que supone una mejora en eficiencia y agilidad. Por una parte, todas las operaciones de admisión y entrega de correspondencia y paquetes se registran en un sistema que permite una mejor identificación y seguimiento de los envíos. Por otra, la conexión tecnológica a la red de oficinas favorecerá la realización de operaciones “en tiempo real” como el giro inmediato, envío de dinero fuera del país, cobro de recibos de empresas de energía, recarga de tarjetas prepago, gestiones con la DGT o reintegros e ingresos en cuentas del Banco Santander.
Estos puntos de atención al cliente son atendidos por la plantilla de reparto rural durante determinadas horas al día, en dependencia de una oficina informatizada. Cuando se concluya su total digitalización, tendrán acceso directo a los sistemas de Correos y podrán completar operaciones que, hasta ahora, quedaban supeditadas a su posterior grabación en las oficinas de referencia.
En concreto, esta iniciativa se enmarca en las acciones de Correos relacionadas con el reto demográfico, uno de sus compromisos más importantes con la sociedad y su entorno, para acercar la digitalización y las nuevas tecnologías al medio rural. La informatización de los 2.295 puntos de atención al público en zonas rurales permitirá ofrecer, no solamente servicios postales o de paquetería, sino también acercar las Administraciones Públicas a la ciudadanía mediante el acceso a los registros de las entidades adheridas a la Oficina de Registro Virtual (ORVE), pago de tributos, cobro de recibos, acceso a servicios financieros mediante Correos Cash, compra de distintivos de la DGT y nuevos productos y servicios.
De esta manera, Correos contribuirá a fortalecer la calidad y el acceso a servicios públicos en las pequeñas poblaciones, e impulsará el emprendimiento y la actividad económica rural con la ampliación de los servicios y productos disponibles.
Además, está también el plan de conectividad a través de satélite mediante un proyecto piloto en las oficinas ubicadas en poblaciones con dificultades de acceso a internet gracias a Hispasat
Para Correos, este proyecto es un avance más en su compromiso para hacer frente al reto demográfico, en el convencimiento de que la lucha contra la brecha existente entre las zonas urbanas y las zonas rurales, carentes a menudo de servicios e infraestructuras básicos, es la mejor manera de garantizar el desarrollo económico y social de todo el país.
Como parte de este proyecto de digitalización de sus oficinas rurales está también el proyecto de conectividad a través de satélite mediante un proyecto piloto en las oficinas ubicadas en poblaciones con dificultades de acceso a internet gracias a un acuerdo firmado con Hispasat.
Este proyecto piloto, extensible al resto de puntos de atención rural de la compañía con dificultades de conectividad, comenzó a llevarse a cabo en seis localidades: tres en Zamora (Santa Cristina de la Polvorosa, Fermoselle y Coreses), dos en Teruel (Valdealgolfa y Mosqueruela) y una en Soria (Duruelo de la Sierra).
1.500 cajeros en localidades de toda España
También comenzaba el año pasado la instalación por parte de Correos de 1.500 cajeros automáticos en localidades de toda España. De ellos, 1.200 se ubicarán en diferentes oficinas de Correos de todo el territorio nacional y los 300 restantes se instalarán en localidades de entre 500 y 3.000 habitantes de zonas rurales que no cuentan con oficina bancaria o van a quedarse sin ella en los próximos meses. Los cajeros se instalarán en fachadas accesibles al público 24 horas o en los vestíbulos de acceso a las oficinas de Correos en su horario de apertura. Para afrontar este despliegue de cajeros, Correos a través de una licitación ha seleccionado para facilitar e instalar los dispositivos en las ubicaciones elegidas por Correos es Euronet Worldwide, líder global en el procesamiento de transacciones financieras electrónicas seguras para bancos, minoristas y operadores móviles.
Con este nuevo despliegue de cajeros automáticos, se amplía significativamente el proyecto que Correos inició en el mes de marzo consistente en la instalación de 109 cajeros automáticos en oficinas de toda España. Esta iniciativa, que actualmente está a punto de completarse, se amplió posteriormente a 20 ubicaciones más, en localidades de menos de 3.000 habitantes sin oficina bancaria.
Correos Cash: por la inclusión financiera
Y ya a comienzos de este año, la compañía puso el foco en facilitar las operaciones financieras en aquellas poblaciones en las que ya sea por falta de oficinas bancarias o por otros problemas para acceder a ellas, los habitantes necesitan soluciones. Con este objetivo, en enero, Correos puso en marcha el servicio ‘Correos-Cash’ para servicios financieros fundamentales, un servicio de la compañía logística que ya ha superado las 166.000 operaciones de ingreso y retirada de efectivo realizadas por los clientes de las distintas entidades bancarias con las que Correos mantiene un acuerdo de colaboración. Gracias a ‘Correos Cash’, los clientes de las distintas entidades bancarias pueden realizar retiradas e ingresos de efectivo en los 4.675 puntos de atención al ciudadano de Correos (2.393 oficinas y 2.282 puntos de atención rural) y los carteros pueden entregar dinero en cualquier domicilio de España.
Tiene en marcha el servicio Correos Cash para servicios financieros fundamentales, con más de 166.000 operaciones de ingreso y retirada de efectivo de los clientes de las distintas entidades bancarias con las que colabora
‘Correos Cash’ resulta especialmente útil y eficaz a personas de entornos rurales, con difícil acceso a una sucursal bancaria. En la actualidad, las entidades bancarias que mantienen un acuerdo con Correos para ofrecer ‘Correos-Cash’ son Banco Mediolanum, Triodos Bank, Evo Banco, BancoFar, Santander e Ibercaja. En este sentido, Correos seguirá impulsando la colaboración con todas las entidades interesadas en ofrecer este servicio que, sin duda, supone un paso más en la inclusión financiera de miles de personas que viven en municipios donde los servicios financieros no están presentes físicamente.
No es la única iniciativa llamada a fomentar la inclusión financiera. Además, la compañía continúa avanzando en la línea estratégica de acercar servicios a la ciudadanía, ofrecerle nuevas soluciones que faciliten su día a día y afianzarse en los ámbitos rurales como instrumento útil para contribuir al desarrollo económico, la lucha contra la despoblación y al fomento de la inclusión financiera. Por ejemplo, con la instalación de 109 cajeros automáticos en oficinas y posteriormente se ubicaron otros 20 en localidades de menos de 3.000 habitantes. Este servicio se extenderá a otras 1.200 oficinas y a 300 pequeñas poblaciones rurales que no cuentan con oficina bancaria o van a perderla. Los cajeros se instalarán en las distintas provincias según las necesidades, en fachadas accesibles al público las 24 horas o en los vestíbulos de acceso a las oficinas en su horario de apertura.
Por otra parte, desde 2020 hasta el 31 de diciembre de 2021, los clientes con tarjeta prepago han realizado más de 5.205.253 operaciones de recarga y reintegro en oficinas, que han movido un importe total superior a los 1.021.682.418 euros. En la actualidad, el número total de clientes con tarjeta prepago-activa supera los 639.600.
Correos ofrece así sus servicios a empresas, instituciones y administraciones para impulsar y desarrollar la actividad de la red de oficinas, un activo que garantiza el acceso al servicio público a todos y todas y contribuye a la cohesión territorial y al desarrollo económico de personas y empresas, tanto en ámbitos urbanos como en las zonas rurales de España.
#ViveDondeQuieras#: hay un cartero con una PDA para facilitarte la vida

El año pasado Correos comenzó a dotar a su platilla de reparto con 26.915 nuevos dispositivos portátiles de movilidad (PDAs), con características técnicas que mejoraban las prestaciones de las que tenían anteriormente. Hoy, todos los carteros y carteras rurales de Correos pueden ofrecer a domicilio muchos de los servicios que hasta ahora solo se prestaban en las oficinas o en la tienda online de la compañía, porque se ha finalizado el despliegue de dichos dispositivos entre los 6.011 profesionales de reparto rurales con los que cuenta Correos en toda España. De esta forma, los ciudadanos atendidos por los carteros y carteras rurales de Correos podrán, desde la puerta de su casa, ingresar y retirar dinero en efectivo, enviar y recibir paquetería, pagar recibos y tributos, adquirir embalajes, sobres y sellos, gestionar servicios de luz, gas y telefonía, y muchos servicios más que se prestan en las 2.370 oficinas de Correos. Y pagar esos servicios con tarjeta bancaria utilizando el mismo dispositivo electrónico portátil (PDA) con el que ya cuentan para otras funciones. El lector NFC con el que se ha dotado a estos nuevos terminales permite la lectura de cualquier tarjeta contactless, smartphone o, incluso cualquier reloj inteligente.
Para darlo a conocer a la sociedad, Correos lanzó su campaña, #ViveDondeQuieras, con la que pone en valor su papel como facilitador del día a día de la ciudadanía que vive o tiene pensado trasladar su lugar de residencia al entorno rural. Porque a raíz del impulso del teletrabajo cada vez son más las personas que han decidido o están pensando cambiar su lugar de residencia de una ciudad a un pueblo. A todos ellos se dirige, principalmente, esa campaña, rodada íntegramente en la localidad de Villanueva de la Vera, provincia de Cáceres, con personas reales en sus casas y lugares de trabajo habituales, buscando la máxima honestidad.
Hoy, todos los carteros y carteras rurales de Correos pueden ofrecer a domicilio muchos de los servicios que hasta ahora sólo se prestaban en las oficinas o en la tienda online de la compañía, porque se ha finalizado el despliegue de dichos dispositivos entre los 6.011 profesionales de reparto rurales con los que cuenta Correos en toda España
Varios agricultores; un matrimonio con su propio taller de carpintería; una psicóloga que tras recorrer medio mundo decidió regresar a su pueblo natal junto a su pareja para formar allí una familia; una pareja de fruteros que se conocen desde niños y llevan juntos desde los 15 años; una camarera y sommelier con espíritu viajero; una pareja de jubilados; una estudiante de bachillerato para la que el pueblo, su familia y sus amigos lo son todo; o una pareja de portugueses que decidieron instalarse en esta localidad y actualmente regentan el bar de la piscina…Ejemplos todos de personas que viven desde siempre, desde hace tiempo o que han decidido recientemente abandonar la ciudad e irse a vivir al mundo rural, como una familia, formada por una diseñadora gráfica, un músico y sus tres hijas, que decidió hace unos años dejar su vida urbanita para irse a vivir a Villanueva de la Vera, donde tienen una casa al lado de la piscina municipal que han ido reformando poco a poco como su mejor proyecto personal.
La intención es clara. Comunicar que, junto a todos ellos está Correos, que, a través de sus profesionales, es un agente facilitador del día a día en el entorno rural. Porque como dice el claim de la campaña: «Ellos te lo quieren poner fácil. Nosotros también».