J. Q.
El Govern de Catalunya se reunió el pasado lunes de forma extraordinaria para aprobar el decreto ley que responde a la sentencia judicial de TSJC que obliga al uso del castellano en el 25% de las horas lectivas de los centros educativos catalanes.
Este decreto sigue la misma línea que la proposición de ley que actualmente se está tramitando en el Parlament catalán. Incluso éste va un poco más allá en cuanto a la sentencia sobre el uso del castellano, ya que establece “la inaplicación de parámetros numéricos, proporciones o porcentajes en la enseñanza y uso de las lenguas”. Señala además al catalán como única lengua vehicular a pesar de la sentencia (que estableció que el castellano también lo era). Contradice así no solo a este Tribunal Superior de Justicia, sino a sentencias anteriores del Constitucional o el Supremo.
El decreto ley, publicado este lunes, tendrá que ser ratificado por el Parlament en un camino que no será nada fácil para el Ejecutivo presidido por Pere Aragonés. El PSC ya ha mostrado su rechazo, pese a apoyar la propuesta de ley de lenguas. La CUP también se ha mostrado reticente a apoyarlo. Uno de sus diputados, Carles Riera, en una entrevista a la SER, ha opinado que el decreto “consagrará la segregación escolar por motivos de lengua”.
El presidente del PSC, Miquel Iceta, por su parte, se ha mostrado decepcionado con el Govern tras no contar con los socialistas para promulgar este decreto. “Extraña que el Govern tuviera tanto interés en pactar la proposición de ley y que ese interés no se haya dado en relación con el decreto”, declaraba Iceta.
La portavoz del Govern, Patricia Plaja, aboga por que cada centro educativo, teniendo en cuenta su diversidad sociolingüística, establezca los parámetros que vea convenientes. Todo esto garantizando siempre “el dominio oral y escrito del catalán y el castellano”.
