La inflación no está generando presiones salariales al tiempo que las empresas trasladan a los precios sus incrementos de costes

Destacado Económico / N. L.

Obviamente la inflación es la gran preocupación del momento en España, en Europa y en el mundo mundial. Sobre este asunto se han expresado con amplitud estos días, no siempre correspondida por la agudeza, distintos organismos: públicos como el Banco de España; privados como la CEOE y medio pensionistas, digamos de la sociedad civil, como la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA).

El más fiable es el informe del Banco de España que nos sorprende afirmando que no se observa que la inflación esté generando presiones salariales. Se refiere el Banco al terreno real de las relaciones industriales, lo que no ha negado la CEOE, aunque ésta lamenta que no hubiera llegado a un acuerdo con los sindicatos en las negociaciones para el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) ante la «diferencia insalvable» con la cláusula de revisión salarial que pedían los representantes de los trabajadores.

Y es que una cosa es el terreno de lo ideológico que es el propio del AENC, en el que sindicatos y patronales expresan sus irrenunciables principios, y otra la realidad de la calle en la que los interlocutores sociales se rinden con pragmatismo ante la realidad.

Los hay aprovechados

El Banco de España revela que algunas empresas están trasladando a los precios sus incrementos de costes, de lo que no hay que sorprenderse. Sin embargo, denuncia el hecho lamentable de que algunos sectores que no han sido afectados seriamente por el encarecimiento de la energía y por las dificultades de abastecimiento provocadas por la guerra de Ucrania han aprovechado la canción de la inflación para subir los precios.

Resalta el Banco de España que el nivel persistentemente elevado de los precios de la energía ha continuado siendo un determinante de primer orden en los desarrollos económicos en nuestro país. España importa el gas y el petróleo que consume, por lo que una subida de precios como la que se ha observado desde comienzos de 2021 tiene un pronunciado impacto negativo sobre el poder adquisitivo de las rentas y, por tanto, sobre el gasto de los agentes privados.

En cualquier caso, más allá del fuerte repunte de los precios de la energía —también de los alimentos—, en los primeros meses de 2022, asimismo, en el componente subyacente de la inflación, o sea, al margen de la elevación de los precios energéticos.

Señala el Banco que la prolongación del período de incrementos de costes de los ‘inputs’ ha hecho que los aumentos de la inflación se hayan ido transfiriendo de modo creciente (y con una intensidad mayor de lo previsto) a los componentes de bienes industriales no energéticos y a los servicios del Índice Armonizado de Precios de Consumo (IAPC) que mide, armonizada, la inflación de los precios de consumo en la zona del euro. Reitera que “apenas se aprecian, por el momento, señales de que el repunte de los precios de consumo esté siendo trasladado a las demandas salariales”.

Recuerda el Banco de España que para asegurar, desde la perspectiva del área del euro, que la inflación retorna en el medio plazo al objetivo del 2%, el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) decidió, el 9 de junio, adoptar nuevos pasos en la normalización de su política monetaria, que, entre otros, incluyen un preanuncio de su intención de elevar sus tipos de interés en julio –en 25 puntos básicos–  y en septiembre –en una cuantía que dependerá de la evolución de las perspectivas de inflación de medio plazo–.

Fedea no remonta los tópicos

Nos parece útil y meritoria la labor de investigación económica que realiza la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), fundada en 1985 por Luis Ángel Rojo, director en aquel momento del Servicio de Estudios del Banco de España, con el objetivo de ser un puente entre el mundo académico, la sociedad civil y los gestores públicos.

Hemos recogido con amplitud en las páginas de ‘El Nuevo Lunes’ sus informes, habitualmente pertinentes y objetivos como el que ofrecía ideas para mejorar la natalidad en España; o el dedicado a las finanzas autonómicas; o cómo afectan los impuestos y las prestaciones públicas a los hogares en riesgo de pobreza entre otros apasionantes asuntos.

No es el caso del último debate público organizado por Fedea y el Consejo General de Economistas de España con el atractivo título “Estrés económico y social, y posicionamiento sobre pacto de rentas”, sobre la conveniencia, o no, de un acuerdo social de estas características y sobre la forma en la que debería encararse, donde han primado los tópicos y facilones lugares comunes.

Y es que a veces a algunos economistas les pasa como a algunos generales, que montan su estrategia de acuerdo con la guerra pasada. En este caso, los economistas que participaron en este debate parece como si se inspiraran en un pasado tan pasado como interesante en términos históricos como fue el Pacto de la Moncloa. Desde entonces ha llovido mucho, casi siempre para bien.

Esperábamos algo más de los organizadores, lumbreras del estudio económico. De Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas de España (CGE); de Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea, y de Jordi Alberich, vicepresidente coordinador del Instituto de Estudios Estratégicos.

Lo más significativo de su posición es la crítica al Gobierno por los impuestos especiales a las eléctricas y a la banca, que pudiera interpretarse maliciosamente a que en el patronato de la Fundación participan, junto al Banco de España, los grandes bancos y algunos de los grandes del Ibex.

En resumen, las principales conclusiones de la jornada fueron las siguientes: los agentes sociales y el Gobierno deberían consensuar de manera urgente un pacto de rentas amplio que debería incluir a empleados públicos y pensionistas al nivel que corresponda.

También habría de incrementarse aún más la protección a los ciudadanos en riesgo de exclusión y a los sectores productivos más golpeados por el alza de precios mediante ayudas directas en forma de transferencias no condicionadas; y debería deflactarse la escala de gravamen del IRPF, ajustando al alza los intervalos de renta a los que se aplica cada tipo, con el fin compensar la pérdida de poder de compra real de las rentas.

En cuanto a los nuevos impuestos a las compañías energéticas y a las entidades financieras anunciados por el presidente del Gobierno, el Consejo General de Economistas y Fedea advertían, “a la espera de una mayor concreción”, de que la introducción de impuestos ‘ad hoc’ que graven de forma diferenciada a determinados sectores no suele ser recomendable, entre otras cosas, porque introduce un elemento de inseguridad jurídica que hace el país menos atractivo para la inversión y la actividad económica.

Advertía de que los impuestos a las eléctricas deberían ser diseñados con cuidado pues ya existen otros mecanismos para detraer posibles rentas extraordinarias del sector y, como advierte la Comisión Europea, un exceso de celo en esta línea tenderá a desincentivar la inversión en nueva capacidad renovable.

En el caso de las entidades financieras, además, sentenciaban que  es muy difícil argumentar que el inicio de la normalización de los tipos de interés pueda estar generando grandes beneficios atípicos. Al contrario, el sector lleva años operando en un escenario complejo, caracterizado por la estrechez de los márgenes y se enfrenta  en el futuro inmediato a significativos riesgos de morosidad derivados de la pandemia.

CEOE pronostica que la inflación se mantendrá elevada

El presidente de la Confederación Empresarial, Antonio Garamendi, se refirió en la Asamblea General de la CEOE  a la posibilidad de un pacto de rentas, como algo que va más allá de la negociación de la AENC.

A su juicio, el pacto de rentas debe abarcar en todo caso también la evolución salarial de los funcionarios o cómo se van a revalorizar las pensiones. Un punto éste que entiende que debe tratarse en el marco del Pacto de Toledo, con informes de expertos y actuarios. “Hablamos de hacer las cosas bien y no hacernos trampas en el solitario”, ha señalado. “Nosotros –recordó– firmamos la primera parte de la reforma de las pensiones por el Pacto de Toledo, con una condición: que se siguiera manteniendo un factor de sostenibilidad, a lo que el Gobierno se comprometió.

La realidad es muy dura. La inflación se aceleró de nuevo en el mes de julio hasta el 10,2%, la tasa más alta desde abril de 1985. El encarecimiento de los productos energéticos continúa siendo el principal elemento inflacionista debido al incremento de las materias primas en los mercados internacionales. También comienzan a observarse aumentos de precios notables en otros componentes, como los alimentos.  De esta manera, el servicio de estudios de CEOE pronostica que la inflación se mantendrá elevada en el corto plazo.

Por su parte, la inflación subyacente aumenta seis décimas, situando su tasa de variación en el 5,5% interanual en junio, casi cinco puntos por debajo del IPC general, lo que estaría reflejando el esfuerzo del tejido productivo, en una situación todavía muy delicada para muchos sectores, para no repercutir todo el aumento de costes en sus precios finales de bienes y servicios.

Dentro del componente subyacente, los precios de los Servicios aumentan su ritmo interanual en cuatro décimas hasta el 3,8%; los precios de los Bienes industriales sin productos energéticos incrementan en seis décimas su tasa de variación hasta el 4,2%; y los Alimentos con Elaboración, Bebidas y Tabaco aceleran su tasa interanual 1,1 puntos hasta el 11,1%, destacando el aumento de Aceites y Grasas (37,0%).

Los precios de los Alimentos sin Elaboración también aumentan su tasa de variación interanual en 3,5 puntos hasta el 13,6%. Destaca el incremento de los precios de productos tan básicos como los cereales, el pan, la carne de ovino, de vacuno o de ave, todos ellos con crecimientos por encima del 10%, o de los huevos o la leche, por encima del 20%.

Los precios de los productos energéticos incrementaron su tasa interanual hasta el 40,8%, frente al 34,2% de mayo, debido al aumento del precio de las materias primas energéticas. El precio del petróleo en junio se situó en 127,4 $/barril de media, el más elevado desde 2008, y con un crecimiento anual del 73,8% en dólares y del 98,3% en euros, debido a la fortaleza de la divisa estadounidense. En los primeros días de julio, el precio del crudo muestra cierta moderación por la desaceleración de la economía mundial y el miedo a la recesión en algunas regiones. Aun así, el precio medio en lo que va de mes es de 119,4 $/barril, que supondrá incrementos interanuales del 57% en dólares y del 84% en euros por la debilidad de la moneda europea, que cotiza en mínimos frente al dólar.

En este contexto, concluye CEOE, resulta especialmente relevante evitar un escenario en el que los aumentos de los precios y salarios se retroalimenten entre sí, para no producir efectos de segunda ronda que nos lleven a una espiral inflacionista.