Cumplido un año de la segunda investidura de Pedro Sánchez, el primer Gobierno de coalición desde la II República empieza a acusar el desgaste. El Gabinete ha salido muy vivo de la gestión de la mayor pandemia en cien años y cohesionado por la oposición de tierra quemada de PP y Vox, que pensaron que el COVID tumbaría al Ejecutivo y sólo había que apretar un poco. Sin embargo, con la campaña de vacunación en marcha, las diferencias entre Sánchez e Iglesias empiezan a hacerse más profundas. El vicepresidente segundo se ha apuntado varios tantos políticos y en Moncloa consideran que es la hora de marcar territorio, especialmente en el área económica.
El Gobierno PSOE-Unidas Podemos cumple un año con un saldo razonablemente bueno. El desgaste de la pandemia en las encuestas no es preocupante y han conseguido su gran objetivo, aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2021, que les garantiza la estabilidad y encarrilar la legislatura. Sin embargo, como si la misión de aprobar las cuentas hubiera opacado las diferencias en el consejo de ministros, los conflictos empiezan a hacerse patentes. A medio plazo aparecen nudos gordianos por desatar, como la revisión de la reforma laboral o la ampliación del periodo de cómputo de las pensiones, que habrá que ver cómo trastocan la salud del Ejecutivo.
Como si la misión de aprobar las cuentas hubiera opacado las diferencias en el consejo de ministros, los conflictos empiezan a hacerse patentes. A medio plazo aparecen nudos gordianos por desatar, como la revisión de la reforma laboral o la ampliación del periodo de cómputo de las pensiones
Para Unidas Podemos el saldo ha sido positivo, a pesar de que hayan tenido que renunciar a algunas banderas de su política económica, como el impuesto a la banca y a las grandes fortunas o a hacer de Bankia una banca pública. También han tenido que amoldar su republicanismo a la cortesía institucional hacia el Rey y soportar un frente judicial liderado por el laberíntico -y veremos si finalmente hueco- ‘caso Dina’. A cambio, Iglesias y los suyos han conseguido sentar en el Consejo de Ministros a la izquierda más allá del PSOE por primera vez desde la II República y dejar su sello en la política económica y social.
Sin embargo, quien mejor está aguantando en las encuestas es el PSOE. Tras un año de mandato y en medio de la segunda ola de la pandemia, los socialistas se mantienen en torno del 28% de los apoyos de media, el mismo resultado que en las elecciones del 10-N. Unidas Podemos sí sufre algo más de desgaste, en la suave pero sostenida tendencia a la baja que viene manteniendo desde las elecciones de abril de 2019, donde alcanzó un 14,3% de los votos, que se transformó en el 12,8% en las de noviembre y que hoy estaría, según la mayoría de las encuestas, un punto por debajo, en el 11%.
Crisis de confianza
Hace un año, los ministros arrancaron con una especie de luna de miel entre ellos, sorprendiéndose gratamente los unos a los otros. Los socialistas descubrieron que los ministros de Unidas Podemos y sus equipos son personas capaces y discretas a los que, salvo excepciones, no les ha pesado la falta de experiencia de gobierno. Mientras, los morados se encontraron afinidades con las que no contaban y constataron que los ministros socialistas no tenían intención de apartarse del programa de gobierno. De hecho, en la vicepresidencia segunda hasta tenían buenas palabras para Nadia Calviño y su equipo en Economía. Eran las semanas en las que la vicepresidenta tercera consensuó el cuadro macro que se envió a Bruselas con el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez.
Hubo roces, sí. Fue el caso de la ley de Libertad Sexual, cuyo borrador fue acusado de bisoñez desde el Ministerio de Justicia y por parte de la vicepresidenta Carmen Calvo. Pero no fue difícil desencallar estas y otras cuestiones con la interlocución directa entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Todavía en verano, desde el equipo de Iglesias se afirmaba que entre el presidente y el vicepresidente segundo hay una relación “cada vez más fluida”. Lo cual no dejaba de ser sorprendente, teniendo en cuenta que el vínculo entre Sánchez e Iglesias ha pasado por todo tipo de fases, pero en general ha primado la falta de química.
Hasta ese momento, la gran inquietud en el sector morado del Gobierno estribaba en verse relegados en la negociación de las prórrogas del estado de alarma, pilotadas por Carmen Calvo, y en las que se llegó a acordar, por ejemplo, la extensión de los ERTE. Las alarmas se encendieron del todo cuando Inés Arrimadas afirmó que su partido no iba a sentarse a negociar nada con Podemos. Y por “nada”, se refería a los Presupuestos Generales del Estado.
En este clima de nerviosismo en la vicepresidencia segunda, la fusión entre Caixabank y Bankia y la marcha de Juan Carlos I a Abu Dhabi, de las que en la vicepresidencia segunda se enteraron por la prensa, empezaron a romper el buen clima que hasta entonces se puede decir que se respiraba en el Gobierno. Sobre la situación del Rey emérito, el propio Iglesias llegó a explicar en la Ser -de una forma que tampoco gustó nada en algunos sectores de Moncloa y del PSOE- que el presidente y él tuvieron “una discusión fuerte” por este asunto y que Sánchez terminó disculpándose y reconociendo que tenía que habérselo dicho, lo cual “le engrandece”. Iglesias dio por buena las disculpas del presidente, así como su explicación sobre la confidencialidad de la operación entre Caixabank y Bankia. Del otro lado, se mantuvo de puertas para adentro el malestar por el hecho de que el vicepresidente aireara conversaciones privadas en los medios. Y así, finalmente, la sangre no llegó al río.
Las medallas de Iglesias
Hasta ahora, el vicepresidente segundo ha conseguido la mayor parte de sus demandas, ya sea por la voluntad de entendimiento de Sánchez o por su firmeza a la hora de negociar. Por ejemplo, Iglesias consiguió estar en dos foros políticos clave: la Comisión Delegada de Inteligencia –donde se tratan las cuestiones de seguridad en manos del CNI- y la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat –de la que se cayó en la primera convocatoria por una amigdalitis-.
Además, entre otras cosas, consiguió acelerar la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital –a pesar de que no se den las condiciones para su funcionamiento óptimo- y acaba de arrancar un compromiso para corredactar la futura Ley de Vivienda junto al ministerio competente, el de Transportes y Agenda Urbana. Pero un elemento verdaderamente clave para los morados es haber introducido al secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, en la ronda de negociación presupuestaria con el resto de grupos políticos. De nuevo tras una conversación con Iglesias, el presidente accedió a que Álvarez estuviera en las conversaciones con voz y voto. A partir de ahí, Iglesias se ha colgado su principal medalla política del curso: evitar que Ciudadanos se incorporara a la mayoría de los Presupuestos, como prefería Moncloa, cosiendo la alianza con ERC y EH Bildu.
Muchos escollos por sortear
Con Iglesias ganando terreno político -aunque no se traduzca en las encuestas- en Moncloa interpretan que es hora de marcar ciertos límites, especialmente en el área económica. Nadia Calviño, que está decidida a ejercer su cargo, el de máxima responsable del área económica, con la congelación del SMI, el aplazamiento de la ‘contrarreforma laboral’ y el aumento del periodo de cálculo de las pensiones. Más capítulos en la historia de lo que siempre ha sido un desencuentro, porque salvo en las primeras semanas de gobierno, nunca ha habido afinidad, ni personal ni mucho menos política, entre Calviño y los ministros de Unidas Podemos, con Iglesias a la cabeza.
La vicepresidencia de Asuntos Económicos, con el apoyo del presidente, ya ha dejado claro que nada se hará sin el acuerdo de los agentes sociales, que en ministerios como Trabajo y en las direcciones de CCOO y UGT traducen como una forma de abrir la puerta a que CEOE tenga derecho de veto
Ya con la primera declaración del estado de alarma se evidenció la diferencia de criterios, con Calviño frenándola, bajo el argumento del daño profundísimo que haría a la economía, frente a Iglesias y ministros como José Luis Ábalos, que apostaban por adoptar esa decisión cuanto antes. Las diferencias fueron a más cuando lo que se debatía en el Consejo de Ministros era la ambición de las políticas de gasto que estaba dispuesto a poner en marcha el Gobierno para afrontar las secuelas sociales y económicas de la pandemia.
Nada se sabe de una contrarreforma laboral cuyas negociaciones deberían haber empezado en otoño. La cuestión se ha ido posponiendo, pero sigue sin haber fecha para sentarse y en la vicepresidencia de Asuntos Económicos, con el apoyo del presidente, ya ha dejado claro que nada se hará sin el acuerdo de los agentes sociales, que en ministerios como Trabajo y en las direcciones de CCOO y UGT traducen como una forma de abrir la puerta a que CEOE tenga derecho de veto. La patronal estaba en desacuerdo con subir el SMI en línea con las pensiones y los sueldos de los empleados públicos y ha quedado congelado, por lo menos de momento.
En este escenario, Antonio Garamendi no tiene ninguna intención de prestarse a dar marcha atrás en la reforma laboral de 2012 para devolver a la negociación colectiva el estatus que ésta le despojó. Y menos ahora, que ha encontrado cierta afinidad tanto en la vicepresidencia económica como en Moncloa. Además, sobre la reforma de las pensiones que maneja el ministro José Luis Escrivá, que amplía el periodo de cómputo de 25 a 35 años, Iglesias y los suyos no quieren ni oír hablar. No está en el acuerdo de gobierno ni en las recomendaciones que el Pacto de Toledo acaba de aprobar. Sin embargo, cuadrar las cuentas de la Seguridad Social es una preocupación que la Comisión Europea ha venido subrayando en los últimos años.
Sánchez e Iglesias se reunían el lunes para preparar el nuevo curso político, en el que se avecinan curvas para un Gobierno de coalición por el que muchos no apostaban, pero que ha conseguido estabilizar la legislatura.
