E. S.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha concedido la inmunidad de Oriol Junqueras y, con ello, ha complicado aún más las cosas a un Gobierno condenado a entenderse con los independentistas. La sentencia de Luxemburgo deja margen a la interpretación del Tribunal Supremo y la Fiscalía ya ha pedido la comunicación inmediata al Parlamento Europeo de su inhabilitación, pero para ERC y JxCat representa un triunfo moral y un arma política de la que sin duda harán uso en su permanente pulso con el Estado.
Oriol Junqueras goza de inmunidad desde el momento en que fue proclamado eurodiputado, esto es, desde que el 13 de junio de 2019 adquiriera la condición de miembro la Eurocámara estando en la cárcel de forma provisional por la causa del procés en la que fue condenado a 13 años de prisión por sedición y malversación el pasado 15 de octubre.
Según la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) conocida el jueves, 19 de diciembre, eso significa que debía haberse levantado la prisión preventiva “al objeto de permitirle desplazarse al Parlamento Europeo (PE) y cumplir allí las formalidades requeridas” y, si el tribunal, en este caso el Supremo, estimaba que habían de mantenerse las medidas cautelares, “ha de solicitar a la mayor brevedad al PE que suspenda dicha inmunidad”.
La sentencia de Luxemburgo queda abierta a la interpretación provocando una cascada de reacciones en instituciones, partidos y particulares
La sentencia de Luxemburgo queda abierta a la interpretación. Para empezar la del tribunal español que, según el fallo del TJUE, ha de aplicar la sentencia. A partir de ahí, toda una cascada de instituciones, partidos y particulares han comenzado a mover ficha. Desde el Parlamento Europeo, que tras saber de la inmunidad de Junqueras puso en marcha un estudio urgente para evaluar cómo afecta a los políticos huidos, hasta el instructor de la causa, Pablo Llarena, que daba un plazo de cinco días a la Fiscalía, las acusaciones particular y popular, y a las defensas de Carles Puigdemont y Antoni Comin para formular alegaciones tras la sentencia relativa a Junqueras al poder tener la misma incidencia en sus respectivas causas.
Efectos colaterales
Porque el exvicepresidente de la Generalitat no era el único pendiente de TJUE, cuya sentencia ha sido la primera ficha en caer de un dominó del que participa desde el tribunal belga que ha de decidir sobre la solicitud de extradición del líder de PxCat en Waterloo hasta la Abogacía del Estado, con un plazo también de cinco días para pronunciarse bajo la atenta mirada de ERC, que el mismo jueves anunciaba la suspensión de las negociaciones con el PSOE hasta conocer su posición y, por tanto, la del Gobierno en funciones.
Si algo ha conseguido esta sentencia es insuflar ánimos en las filas independentistas. En las de Esquerra, que prácticamente descartaba la posibilidad de que Pedro Sánchez fuera investido presidente del Gobierno antes de final de año, y en las de JxCat, que a falta de otros tantos fallos judiciales ve ya el camino despejado hacia su regreso a la política activa e, incluso, a una posible nueva candidatura para presidir la Generalitat de Cataluña.
La mejor arma política
“¡Exigimos la nulidad del juicio y la libertad inmediata!”, decía el perfil de la formación republicana en Twitter nada más conocerse la sentencia. Después eran sus diputados en el Parlament los que, en una comparecencia conjunta, volvían a exigir la salida de prisión de Junqueras.
La sentencia ha insuflado ánimos a los independentistas. En ERC, que maneja los tiempos de la investidura, y en JxCat, que ve despejado el camino de Puigdemont
No parece que esa vaya a ser la respuesta de la Justicia española. Para empezar, la Fiscalía del Tribunal Supremo reaccionaba a la sentencia oponiéndose a la excarcelación del líder de ERC y solicitando a la sala que lo juzgó la ejecución inmediata de su pena de inhabilitación como europarlamentario, entendiendo que no está sujeto a la prisión provisional a la que se refiere la sentencia del TJUE sin que está “ejecutoriamente condenado”.
Por eso ERC espera a conocer la valoración de la Abogacía del Estado jugando la mejor baza política de la que han gozado hasta la fecha, sintiéndose legitimados por la Justicia europea y con trece votos que valen un Gobierno.
Contención en el PSOE
El TJUE ha dado al traste con las cábalas sobre las posibles fechas para celebrar la sesión de investidura de Pedro Sánchez. El 19 de diciembre, fecha en que hacía pública la sentencia, los días 30 de diciembre e incluso 5 de enero parecían perder sentido. Sobre todo después de que ERC diera por suspendidas las conversaciones.
Frente a la euforia independentista, el PSOE reaccionó con contención y, sobre todo, apelando una y otra vez a la separación de poderes. En intervenciones públicas, como las de la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, o el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, y en el comunicado enviado por La Moncloa. Un comunicado de ocho puntos donde seis se refieren a asuntos de carácter judicial y, por tanto, no competen al Ejecutivo, y dos dan escuetas pistas sobre su posición.
Tras conocerse el fallo de Luxemburgo, Calvo decía que la Abogacía del Estado ayudaría «de la mejor manera» al Supremo a cumplirlo
Así, en uno de ellos dice que “el Gobierno, en el ámbito político, se ratifica en la necesidad de abrir una nueva etapa de diálogo, negociación y acuerdo entre todos los actores políticos, desde el respeto a las legítimas diferencias, en el marco de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho”. En otro defiende que “la Abogacía del Estado está estudiando con el debido detenimiento la sentencia y presentará su escrito en los próximos días”.
A este respecto, Calvo ha añadido algo más de contenido. Así, preguntada por su primera reacción, declaraba a los medios que la Abogacía del Estado está “estudiando detenidamente” el fallo para saber qué posición ha de adoptar para poder “ayudar de la mejor manera” al Supremo a cumplir el fallo del TJUE.
Cabe señalar, como recordaba Alberto Pozas en la Cadena Ser, que la Abogacía del Estado negó en junio que estuviera protegido por la inmunidad parlamentaria, pero pidió que Junqueras pudiera tomar posesión como eurodiputado.
Otra vuelta de tuerca
Si hubiera pocas noticias judiciales el mismo día en que se hacía pública la sentencia de Luxemburgo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña condenaba a año y medio de inhabilitación y una multa de 30.000 euros al presidente de la Generalitat, Quim Torra, por desobedecer la orden de la Junta Electoral Central de retirar los lazos amarillos de los edificios públicos en período electoral.
Torra, con una condena a año y medio de inhabilitación recurrible ante el Supremo, pide una votación en el Parlament «a los que quieran oponerse a la represión»
La reacción de Torra después de conocer la condena, en suspenso por ser recurrible ante el Tribunal Supremo, ha ido en línea con su habitual manera de desenvolverse en el cargo. “A mí no me inhabilitará un tribunal con motivaciones políticas, porque sólo puede hacerlo el Parlament de Cataluña”, ha asegurado en una declaración institucional.
Por eso ha invitado a los grupos que le apoyaron en la investidura “y a los que quieran oponerse a la represión y a la utilización de la Justicia para hacer política” a que lo demuestren “en una votación en el Parlament” porque, ha añadido, “se trata de dejar bien claro que los presidentes de este país no los deciden los tribunales con procedimientos irregulares, politizados y con sentencias ya redactadas antes del juicio”.
