P.P.
La Ley de Memoria Democrática presentada por el Gobierno ha pasado este jueves su primera prueba importante en el Congreso de los Diputados: el rechazo a los vetos que el Partido Popular y Vox han presentado y la enmienda con texto alternativo por parte de ERC. Es ahora cuando el proyecto de ley, dirigido entonces por la exvicepresidenta primera, Carmen Calvo, será puesto bajo lupa.
Tanto los socios del Gobierno de coalición como los colectivos memorialistas se han mostrado insatisfechos con el proyecto de ley, tras haberle dado el visto bueno el Consejo de Ministros el pasado julio. Teniendo en cuenta que el fin del proyecto era renovar la ley de Memoria Histórica, vigente desde 2007, e incluir las recomendaciones sobre Derechos Humanos por parte de los organismos internacionales, lo que buscaban era algo que poseyese mayor ambición.
La derecha y la ultraderecha presentaron las dos enmiendas de devolución dado que, según aseguraron, la ley es “innecesaria” y supone dar una versión “sectaria y distorsionada de la Historia”. Mientras, ERC busca admitir “cualquier perjuicio económico o patrimonial sufrido por personas físicas o jurídicas” mártires del franquismo y su derecho a ser reparado. Asimismo, ha cuestionado la inexistencia de denominación de Crímenes contra la Humanidad a todos aquellos llevados a cabo por los franquistas sin castigo ninguno y el mantenimiento de las distinciones concedidas a dichos criminales.
El texto de los republicanos demanda que la Audiencia Nacional, tribunales militares y superiores de Justicia aprueben “sentencias de nulidad”. Consideran que se trata de “un brindis al sol”, puesto que la ley rechaza claramente las reclamaciones patrimoniales que procedan de reconocer a las víctimas del golpe de Estado, la guerra y la dictadura.
Por otra parte, el proyecto de ley realizado por el Ministerio de Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, sostiene que el reconocimiento de esas víctimas termina con la aprobación de la Constitución de 1978. Algo con lo que ERC no está de acuerdo. Los catalanes proponen extender tal periodo, así como la derogación de la Ley de Amnistía de 1977, entre otras peticiones, para así conseguir que la Ley de Memoria Democrática ponga fin a la impunidad del franquismo.
De cualquier forma, Bolaños ha expresado que el proyecto de ley de Memoria Democrática es “flexible”, tanto como para que “mejoras” y “enmiendas” sean bien recibidas. Con esto, el Gobierno quiere apartar las diferencias con ERC, al estar en medio de las negociaciones por los Presupuestos Generales del Estado. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha contestado contundente, acusando a PSOE y Podemos de “cobardes”.
