Juan Ignacio López-Bas
La reciente información sobre el rechazo del Pleno del CGPJ a la ponencia del informe solicitado por el Gobierno a su anteproyecto de Ley de Vivienda, en tanto que parece incidir en cuestiones tan relevantes como la inconstitucionalidad del mismo, pone a Sánchez, de nuevo, ante el abismo. Una vez más, cierto, aunque en esta ocasión se le ofrece, una vez más también, la oportunidad para legislar de la mano de formaciones respetuosas con el marco constitucional. Que Sánchez vuelva a rechazar acuerdos de país con quienes creen en España, esta vez en materia de políticas de vivienda, para entregarse de nuevo a quienes quieren trocearla es sólo decisión y responsabilidad suya. Pero tendrá que volver a explicarse algún día, también sobre esto.
La alternativa para Sánchez sería enterrar el anteproyecto de Ley de Vivienda y negociar un nuevo texto con partidos que se han mostrado abiertos a una regulación de la vivienda dentro del marco constitucional. Pero de todo el marco constitucional
La postura que presumiblemente adoptará en su informe el CGPJ, de confirmarse lo conocido sobre el primer intento de documento, será alertar de que el anteproyecto de Ley del Gobierno no respeta, por un lado, ni el derecho fundamental a la propiedad, garantizado por el art. 33 de la Constitución ni, por otro, el reparto competencial que la misma Constitución, en su art. 148.1.3ª, establece en materia de vivienda al señalar la posibilidad de que las CC AA asuman esas facultades, algo que es una realidad, de facto y jurídica desde hace muchos años, al haberlo hecho todas ellas en sus respectivos Estatutos de Autonomía. Sobre estos puntos ya habían alertado diversas formaciones políticas, Ciudadanos entre ellas.
Ante la eventualidad de no recabar suficientes apoyos para sacar adelante su ley, el presidente y su ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana pueden enrocarse en defender su texto asumiendo sólo parte de lo que será un informe preceptivo pero no vinculante, cierto, negociando así con formaciones nacionalistas exclusivamente para respetar sólo el reparto constitucional de competencias (ya es curioso que a los nacionalistas esta parte de la Constitución sí les interese y la defiendan a capa y espada…), pero dejando a las CC AA y al color ideológico de turno en cada una de ellas la aplicación de cuestiones básicas que afectan al derecho de propiedad, como es, por ejemplo, la limitación de los precios del alquiler de manera forzosa o restringiendo injustamente las facultades jurídicas de propietarios no poseedores, derechos indiscutibles como de todos, más allá de en qué Comunidad habiten. Estaríamos ante una nueva suerte de dejación de competencias y responsabilidades estatales en materia de vivienda y al igual que hemos visto, por ejemplo, en materia sanitaria con ocasión de la pandemia del coronavirus: lo polémico e incómodo se le deja a las CC AA y en Moncloa se ponen la medalla del diálogo territorial.
Pero Sánchez no debería olvidar que en el marco regulatorio de las políticas de vivienda ha de tenerse en cuenta lo previsto por el art. 149.1.1ª CE en cuanto a la competencia exclusiva del Estado para garantizar las condiciones de igualdad de los ciudadanos en toda España en el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes constitucionales. Y no debería olvidarlo porque ese argumento subyace justamente en el fondo de los motivos por los que se halla recurrida ante el TC por este mismo Gobierno la ley catalana de 2020 que, al modificar en Cataluña la regulación procesal de los desahucios o limitar la voluntad de las partes en los contratos de alquiler, estaría atacando esas competencias exclusivas del Estado, más allá de las competencias reconocidas en materia de vivienda a las CC AA. El Gobierno lo sabe. Y no sólo eso, sino que lo ha hecho valer hace poco ante el TC.
La segunda alternativa para Sánchez, pues, sería enterrar el anteproyecto de Ley y negociar un nuevo texto con partidos que se han mostrado abiertos a una regulación de la vivienda dentro del marco constitucional. Pero de todo el marco constitucional. Es decir: sí a una regulación legal que es un compromiso con la UE como condicionante para la llegada de los fondos Next Generation, pero, más allá de esto, sí a una normativa que de verdad aporte y ponga en marcha soluciones a un problema cierto y real en el acceso a la vivienda de muchos españoles. Y con ello, sí también, a una norma que respete el reparto de competencias que la Constitución establece y que llega, incluso, a una Administración Pública como la local a través de la normativa autonómica.
Pero este segundo camino impone a Sánchez y al PSOE volver a posiciones coherentes con lo que un día se dijo incluso desde ese partido y desde su lado del Gobierno que debía ser el contenido de esa Ley de Vivienda, contenido que apuntaba a regular preservando y defendiendo la propiedad privada y los pactos entre partes de un contrato. Contenido que luego olvidó por la presión populista de Unidas Podemos y resto de formaciones nacionalistas, fundamentalmente de izquierdas. Ello implica sentarse a negociar un texto legal con los partidos que han manifestado en sede parlamentaria ser conscientes del problema de la vivienda en España y tener soluciones adecuadas y respetuosas con nuestra Constitución. Con toda ella, y no sólo con el obstáculo del reparto competencial. Supone no abandonar de nuevo al resto de los ciudadanos de España en un supuesto favor a parte de ellos, que realmente es un favor a determinados partidos.
Si Sánchez quiere dar una solución a un problema de los españoles, y si quiere incluso solucionar su propio problema puesto de manifiesto por lo anunciado desde el CGPJ, tiene con quien sentarse a hablar. Como sabe también ya con quien no tiene nada que negociar sobre vivienda a la vista del resultado, y no sólo de estos, sino de sus propios actos antes ante el TC. Sería un ejercicio de pura coherencia: rechazar tanto recentralizaciones improcedentes por inútiles como promover un acuerdo de país respetuoso con el orden constitucional que nos hemos dado. Otra cosa, evidentemente, es generar una grieta en el Gobierno y la mayoría que lo sustenta o lo puede sustentar, obviamente.
Déjenme simplemente recordar que desde Ciudadanos siempre dijimos que este anteproyecto de Ley estaba destinado a fracasar. Si fracasa ahora, en este momento, podremos encontrar alternativas que funcionen. Si fracasa porque el Gobierno vuelve a hacer malabarismos buscando apoyos e ignorando las señales rojas que le advierten del ataque a nuestros principios constitucionales, el fracaso será del Gobierno, pero el perjuicio será de todos. Sánchez tiene, de nuevo, una oportunidad para no equivocarse.
Juan Ignacio López-Bas Valero (Orihuela, 1969). Diputado nacional de Ciudadanos por Alicante y portavoz de la formación liberal en las Comisiones de Ciencia, Innovación y Universidades, y Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Concejal en el Ayuntamiento de Orihuela (Alicante) entre 2011 y 2019. Licenciado en Derecho y abogado.
