Tema de Portada de El Nuevo Lunes / Nuria Díaz
El Gobierno ha dado luz verde al proyecto de Ley del Clima, una de las grandes apuestas de este Ejecutivo que, con la ministra Teresa Ribera al frente, inaugura una nueva etapa y acaba con una década que el sector considera pérdida para la causa de la transición energética. Las patronales renovables ha aplaudido la llegada, por fin, de esta ley con la que se pretende alcanzar la neutralidad de emisiones en 2050 e impulsar el coche eléctrico aunque, eso sí, echan en falta objetivos más ambiciosos en reducción de CO2, de electrificacion de la demanda y del autoconsumo, así como una fiscalidad más clara que ayude a luchar contra el cambio climático.
La Ley de Cambio Climático y Transición Energética (APLCCTE), una de las apuestas más claras de este Gobierno, se ha hecho esperar. El texto legal, cuyo primer borrador se remonta al otoño de 2018, inició su proceso de participación pública en febrero de 2019, y ahora, con la aprobación hace unos días por el Consejo de Ministros inicia su andadura parlamentaria. Quince meses después, con los problemas para formar gobierno, dos elecciones generales y una pandemia, parece que , ahora si, puede convertirse en realidad.
El sector llevaba años pidiendo una ley de estas características, después de que durante los gobiernos del PP, primero con el ministro José Manuel Soria, y luego con el ministro Álvaro Nadal, sus peticiones no encontraran sitio en la agenda política. Ahora se felicitan de que ,“por fin, una ministra se lo crea”, señala una fuente del sector“. Teresa Ribera es una profesional de mucho prestigio internacional y con una trayectoria clara en cuanto a la defensa de las energías renovables y la transición ecológica se refiere”, señalan todas las fuentes consultadas. “Este es un proyecto muy personal, un paso de gigante con respecto a la regulación que venía ordenando al sector”. Y así lo reconocen todas las asociaciones.
Las energías verdes ganan peso en la economía, y así, para 2030, al menos un 70% del sistema eléctrico deberá generarse con renovables y, al finalizar la próxima década, como mínimo el 35% del consumo final de la energía también deberá ser verde
Los objetivos de esta ley, que pretende ser inclusiva, se implementarán a través de sucesivos Planes Nacionales de Energía y Clima (PNIEC); el primero de ellos (2021-2030) permitirá reducir las emisiones en un 23% respecto a 1990 al finalizar la presente década, duplicando el porcentaje de renovables en el consumo final, hasta un 42%.
En 2030 las emisiones en el conjunto de la economía nacional deberán reducirse al menos un 20% respecto a 1990, un objetivo en la línea fijada por la Comisión Europea y que supone para España retirar una de cada tres toneladas que se emiten en la actualidad. Las energías verdes ganan peso en el conjunto de la economía, y así para 2030, al menos, un 70% del sistema eléctrico deberá generarse con renovables y al finalizar la próxima década, como mínimo, el 35% del consumo final de la energía también deberá ser verde. Según las estimaciones del Gobierno, la transición ecológica atraerá más de 200.000 millones de euros de inversión en los próximos diez años y generará entre 250.000 y 350.000 empleos netos anuales, mientras que las inversiones, el ahorro de energía y la mayor presencia de renovables permitan aumentara el PIB alrededor del 1,8% en 2030, respecto de un escenario sin medidas.
Con todo, y pese a que todas las asociaciones reconocen que es un paso de gigante –APPA la calificó de “hito” y una oportunidad de empleo y UNEF valoró positivamente el texto, porque “define un marco institucional claro y estable”–, algunas han sido más críticas. La Fundación Renovables, por ejemplo, lamenta la falta de ambición que como en los sucesivos borradores ha caracterizado esta iniciativa legislativa. “Aunque los objetivos sean considerados como umbrales o de mínimos no pueden ser inferiores a los ya considerados como mínimos del PNIEC“, señalan.
“El objetivo de reducción del nivel emisiones de GEI del 23% para 2030 respecto a 1990, planteado en la última versión del PNIEC, siendo ya insuficiente e incoherente a largo plazo con el objetivo de alcanzar la neutralidad climática en 2050, se ve reducido a un ínfimo 20%. De manera similar, los objetivos planteados en el PNIEC del 42% de penetración energías renovables respecto al consumo de energía final descienden incomprensiblemente a un 35% y el 74% de generación eléctrica con renovables al 70% y abre dudas sobre las características del modelo energético y la relación entre los objetivos de renovables y la reducción de emisiones. Todo lo cual coincide además con la propuesta de modificar sustancialmente los objetivos comunitarios para 2030 incluyendo un posible incremento en la reducción de emisiones del actual 40% hasta el 55%. Además, el texto sigue sin fijar un año concreto para el cierre de plantas de carbón y nucleares”, señalan.
Sin objetivos en autoconsumo
También critican que no se plantean objetivos de penetración de autoconsumo, ni en potencia ni en energía, “los cuáles, desde la Fundación Renovables, proponemos que deben llegar a aportar el 10% de la demanda de energía final en 2030. Por otro lado, el objetivo de penetración de energías renovables en el sistema eléctrico para 2030 pierde valor al no plantear conjuntamente un objetivo de electrificación del sector energético, para el cual nosotros proponemos que se alcance un 50% para 2030 y así contribuir decisivamente a la reducción de emisiones del sector en su totalidad”.
Para la Fundación Renovables falta una definición clara en relación a las medidas de política fiscal activa respecto al consumo de hidrocarburos y a la recaudación en los PGE para redistribuir e invertir en la lucha contra el cambio climático
Otro aspecto que la fundación Renovables echa en falta es el protagonismo que debe dar la Ley CCyTE a la actuación en ciudades y en los municipios, los cuales consideramos como los motores principales para el cambio del nuevo modelo energético. “Y también nos hubiera gustado un poco más de pedagogía”.
Por otro lado, señalan y aquí también les siguen otros expertos, que falta una definición clara en relación a las medidas de política fiscal activa respecto al consumo de hidrocarburos y a la recaudación en los Presupuestos Generales del Estado, para redistribuir e invertir en la lucha contra el cambio climático y la aceleración de la transición energética. “Es que hay una emergencia climática”, señalan fuentes del sector.
Coches ‘CO2 free’ en 2050
El conjunto de las Administraciones Públicas podrán en marcha medidas que posibiliten en 2050 un parque de turismos y vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas de CO2. Para ello, de acuerdo con la normativa europea, adoptarán medidas necesarias para que los turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos, excluidos los matriculados como vehículos históricos, no destinados a usos comerciales, reduzcan paulatinamente sus emisiones, de modo que no más tarde del año 2040 sean vehículos con emisiones de 0gCO2/km. A tal efecto, previa consulta con el sector, se pondrán en marcha medidas que faciliten la penetración de estos vehículos, incluyendo apoyo a la I+D+i.
Asimismo, el PLCCTE subraya el papel de las ciudades en la consecución de los objetivos de Clima, favoreciendo con ello la creación de espacios más habitables y saludables, con una calidad del aire mejorada. En este sentido, establece que los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares introducirán, en la planificación de ordenación urbana, medidas de mitigación que permitan reducir las emisiones derivadas de la movilidad, incluyendo la implantación de zonas de bajas emisiones no más tarde de 2023; acciones para facilitar los desplazamientos a pie, en bicicleta u otros medios de transporte activo; y la mejora y fomento del uso de la red de transporte público. También se deberá impulsar la movilidad eléctrica compartida y el uso de medios de transporte eléctricos privados.
La ley potenciará el desarrollo de las infraestructuras de recarga eléctrica en todo el territorio nacional.
En este sentido, el PLCCTE programa, con la suficiente antelación, la instalación progresiva de puntos en las estaciones de servicio con mayor volumen de venta, que representan en la actualidad el 10% de la red. Por otro lado, con el fin de conseguir un transporte más limpio en las ciudades, el Código Técnico de la Edificación (CTE), articulará la instalación de sistemas de recarga en edificios de nueva construcción, en intervenciones en edificios existentes y en los edificios de uso distinto al residencial privado que cuenten con una zona de uso aparcamiento con más de veinte plazas. En este último caso, el proyecto dispone que deberán cumplir con lo que disponga el CTE antes del 1 de enero de 2025.
