El Gobierno presentó el pasado viernes en el Congreso un proyecto de reforma del delito de sedición. Solo unos días después, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, también ha abierto la puerta a una posible revisión del delito de malversación. La postura gubernamental genera discrepancias no solo en una oposición, a la que el anuncio da un respiro para retomar su ofensiva tras unas semanas complicadas para Feijóo y Ayuso, sino también entre los socios de Gobierno y entre la propia militancia socialista.
El jueves por la noche el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en una entrevista a La Sexta que en la jornada siguiente presentarían en el Congreso de los Diputados una proposición de reforma del Código Penal para reemplazar el actual delito de sedición por uno de “desórdenes públicos agravados”. Un delito que, según el presidente, sería “homologable al de otras democracias europeas”. El anuncio llega tan solo unas semanas después de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, avanzara que el Ejecutivo estaba estudiando esta reforma.
Así pues, PSOE y Unidas Podemos presentaron en la Cámara Baja el viernes pasado la proposición de ley que rebajaría las penas máximas por delito de sedición a los 5 años de prisión y a 8 años de inhabilitación. Con la actual legislación, tanto la inhabilitación como las condenas a prisión por sedición están estipuladas entre los 10 y los 15 años. El tipo delictivo, por el cual fueron condenados los líderes del `procés´ independentista, sería modificado por vía de urgencia.
Si bien esta novedad ya entrañaba un riesgo político por sí misma, este mismo lunes el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, abrió la puerta a una posible revisión del delito de malversación ligada a esta reforma de la sedición, tal y como reclamaba ERC. «En la tramitación del de sedición se puede plantear modificar el delito de malversación (…) En el PSOE tenemos claro todos que la política de construir convivencia en Cataluña es buena para todos. Se hereda una tensión insoportable y con Pedro Sánchez se toman medidas valientes para el reencuentro.”, declaró el ministro en una entrevista a la Cadena Ser.
Malestar entre los barones, con el punto de mira en las autonómicas
Si bien la baronía socialista ha arremetido contra Sánchez mucho más levemente que cuando el Gobierno otorgó los indultos a los líderes independentistas, sí que ha habido críticas a la propuesta del presidente entre las partes más disonantes con el Ejecutivo. “Estamos en plena escalada de los precios y lo único que se va a abaratar es el ataque a la Constitución”, ha opinado Emiliano García Page, presidente de Castilla La-Mancha.
Su homólogo en Aragón, Javier Lambán, fue muy claro en su reacción ante el anuncio de su líder, mostrándose “en contra de la reforma del delito de sedición”. “El presidente del Gobierno sabe perfectamente cuál es mi opinión (…) Yo no soy una marioneta de nadie”, ha declarado el presidente aragonés. Tampoco el presidente de la Junta de Extremadura, el socialista Guillermo Fernández Vara, aunque de forma más discreta, se ha mostrado conforme con la decisión del presidente. “No me gusta nada de lo que le guste al independentismo”, ha opinado Fernández Vara en redes sociales.
Sin embargo, otros pesos pesados del partido, como el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, opinan que la derogación del delito de sedición está “en la dirección correcta”.
En cualquier caso, ningún presidente autonómico ha abierto una clara confrontación contra Sánchez. Los barones son conscientes de la relevancia de la cuestión en la política nacional, y puede que hayan visto en la prudencia la mejor aliada para que la polémica no se traslade a sus territorios de cara a las próximas elecciones autonómicas y municipales. Voces de la dirigencia del partido, como el portavoz parlamentario, Patxi López, aun defendiendo la propuesta, ya han advertido de que esta reforma del delito de sedición puede acarrear una pérdida de votos. Un coste que los líderes autonómicos, centrados en preparar una campaña electoral personal, no parecen dispuestos a pagar.
Opiniones dispares entre los socios de Gobierno
Las novedades presentadas por el Ejecutivo no han sido bien recibidas por todos los socios de Gobierno. En el caso de su principal apoyo, Unidas Podemos, la formación morada ve con buenos ojos la supresión del delito de sedición (pese a sus críticas a Díaz por no tenerles al tanto de la evolución del proyecto). Sin embargo, el apoyo no ha sido tan sólido en el caso de la posible reforma de la malversación. El portavoz del partido en el Congreso, Pablo Echenique, lo considera un asunto “delicado” y con “aristas” que hay que estudiar. Las declaraciones de Echenique llegan después de que Jaume Asens, presidente del grupo parlamentario y diputado de En Comú Podem, se posicionara totalmente a favor de que la reforma del delito de malversación secunde la ya anunciada sustitución del de sedición. También el diputado de Izquierda Unida, Enrique Santiago, se había mostrado a favor de modificar ambos delitos.
Por parte de Esquerra, que juega un papel protagonista en la cuestión, Gabriel Rufián ha especificado que la reforma del delito de malversación, que según él ya se está negociando con el Gobierno, está contemplada en el marco de la sedición, pero no en el de la corrupción.
La deriva de las reacciones ha sido similar entre el resto de socios. Si bien hay un consenso general en cuanto al reemplazo del delito de sedición, el apoyo a la propuesta que el Ejecutivo ha lanzado sobre la malversación no ha tenido tan buena acogida.
Desde Compromís, si bien aplauden el anuncio del Gobierno sobre la sedición, evitan apoyar esta segunda reforma. “El tema de la malversación no lo tenemos tan claro porque no está tan claro que se pueda diferenciar el asunto del lucro personal”, apuntó Joan Baldoví en el Congreso. Aparte de los republicanos y el PDeCAT, el resto de aliados del Ejecutivo son cautos respecto a esta reforma de la malversación. PNV y EH Bildu esperan a conocer más detalles sobre la misma, mientras que desde Más País se limitan a indicar que “hay que ser capaz de desligar un instrumento útil contra la corrupción de un uso punitivo que en ocasiones se ha utilizado para intentar resolver con el Código Penal cuestiones que son de naturaleza política”.
Oxígeno para Feijóo y Ayuso
Al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, el anuncio de Sánchez le pilló de regreso a España tras su gira latinoamericana. Después de varias semanas difíciles para el líder de los populares, en las que se ha hablado de un posible agotamiento del “efecto Feijóo”, la propuesta del Gobierno podría darle una tregua.
El viernes, nada más aterrizar, compareció ante los medios para valorar la reforma, la cual calificó de “irresponsabilidad histórica”. Feijóo, además, prometió “revertir” la medida si llega a la Moncloa. Unos días más tarde, este mismo lunes, el gallego ha anunciado que su partido presentará una propuesta para que la sedición continúe vigente en el Código Penal, introduciendo además como delito “cualquier convocatoria ilegal para separar una comunidad del resto de España”. En cuanto a la posibilidad de que la reforma se extienda al delito de malversación, el presidente popular apuntó que eso “ya sería el colmo”.
Oficialmente Feijóo rompió hace escasas semanas el diálogo con los socialistas sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial amparándose en las intenciones del Ejecutivo de reformar este delito de sedición. La confirmación de estas intenciones podría dar legitimidad a esta ruptura y apaciguar las voces que indican que la decisión del líder podría haber estado motivada por las presiones de figuras como Ayuso. La cuestión catalana ha sido durante los últimos años uno de los pilares del argumentario de la derecha contra la gestión de Sánchez. Por tanto, este movimiento del Gobierno podría dar una oportunidad a Feijóo para arremeter contra el mismo y reafirmar su mermada figura.
La propia Ayuso, que también ha sido muy crítica con Sánchez estos días, podría salir igualmente beneficiada de estas últimas novedades de Moncloa. Tras copar portadas la pasada semana por la crisis en la asistencia sanitaria que asola Madrid, que culminó en la multitudinaria manifestación del domingo pasado, la presidenta madrileña se toma un respiro estos días en los que la sedición y la malversación monopolizan el debate político.
La preocupación por Cataluña, a años luz de 2017
Las cuestiones que más polémica suscitan de estas posibles reformas son, por un lado, qué podría pasar con los condenados por los hechos del 1-O y, por otro, si estos cambios en la legislación podrían allanar el camino hacia un posible referéndum de autodeterminación catalán. Estas dudas que genera la reforma del Código Penal son las que, tal vez, podrían acarrear un coste en forma de votos a los socialistas. Sin embargo, el CIS deja claro que la preocupación de la sociedad hoy en día por la cuestión catalana dista mucho del clima que se vivió en 2017. En septiembre de ese año, el 30% de la sociedad posicionaba la cuestión catalana entre los tres problemas más graves del país. Según los últimos datos de octubre, apenas un 0,9% de los encuestados considera la independencia de Cataluña un mero problema.
Los acontecimientos de los últimos días podrían no haber tenido el efecto que Sánchez pretendía. Las dudas al respecto del anuncio entre los socios de gobierno son palpables, y la mala situación que vivían Ayuso y Feijóo las últimas semanas hace pensar que tal vez el momento de dar un paso al frente en esta cuestión no haya sido el más propicio. A falta aún de unos meses para las elecciones municipales y autonómicas, y de un año para las generales, está por ver cómo afectará a las encuestas el desarrollo de este asunto.
