José Luis Centella
La reciente entrega a las autoridades españolas por parte de las brasileñas del asesino Carlos García Juliá, 43 años después de la matanza de Atocha que para algunos seguirá inolvidable de por vida, y tras 25 años de huida del coautor de este crimen por casi toda Latinoamérica, nos lleva a recordar irremediablemente el clima vivido durante la Transición. Sucesos como aquél no fueron casuales, sino que se gestaron como los últimos estertores de un régimen como el franquista sostenido en la represión.
Aunque tardía, la entrega a España de este asesino de la matanza de Atocha es un triunfo de la Justicia y del movimiento memorialista, y conlleva una razón más para seguir la lucha contra la impunidad del franquismo y el posfranquismo frente a las decisiones políticas y judiciales que no quieren reconocer el carácter imprescriptible de los delitos de lesa humanidad
Puede que a día de hoy, cuando hay quienes buscan blanquear el franquismo mientras se esconden detrás de una Constitución que ellos mismos o sus antecesores trataron de reventar violentamente para agarrarse y perpetuar aquel sanguinario régimen del que provenían, resulte positivo poner sobre la mesa este crimen fascista que acabó con la vida de cinco abogados laboralistas en un despacho vinculado a CC OO y al todavía entonces ilegal Partido Comunista de España en la noche del 24 de enero de 1977.
Hablamos de un golpe calculado por la ultraderecha con la complicidad de importantes sectores del tardofranquismo enquistados en las instituciones del Estado. Pretendían hacer descarrillar la lucha por la democracia, las libertades y la justicia social en nuestro país, donde el PCE desempeñaba un papel esencial por su implantación y coherencia durante la larga noche franquista.
De esta manera, si graves fueron los asesinatos cometidos en la calle Atocha, 55, no menos grave y vergonzosa fue la complicidad de los responsables del aparato del Estado que permitieron la fuga de García Juliá y la impunidad que acompañó a esta huida durante décadas. No olvidemos que hablamos del coautor de uno de los mayores atentados terroristas contra el avance de las libertades democráticas en España, que eligió como objetivo a quienes luchaban por los derechos de la mayoría social trabajadora.
En todo este tiempo Carlos García Juliá se mantuvo oculto gracias a los contactos del franquismo y la extrema derecha con las distintas dictaduras latinoamericanas por las que pasó y sus gobiernos correspondientes. Todos ellos fueron fieles aliados de la Administración de los Estados Unidos, que nunca movió un dedo para ayudar a resolver este caso.
Aunque tardía, la entrega a España de este asesino es una buena noticia. Es un triunfo de la Justicia y del movimiento memorialista, y conlleva una razón más para seguir la lucha contra la impunidad del franquismo y el posfranquismo, frente a las decisiones políticas y judiciales que no quieren reconocer el carácter imprescriptible de los delitos de lesa humanidad, que por imperativo del Derecho Internacional no pueden ser objeto de amnistía.
Hoy más que nunca es necesario continuar con esta lucha y señalar con toda fuerza a aquellos que pretenden escurrir el bulto de su responsabilidad amparándose en los supuestos efectos de una Ley de Amnistía que, una vez más, hay que recordar que no impide investigar ni condenar delitos como las torturas, los robos de bebés y las desapariciones forzadas.
Hay que reivindicar la memoria democrática en el actual contexto de avance de las posiciones ultraderechistas y anticomunistas, y su peligroso discurso legitimador del recorte de libertades. A Carlos García Juliá aún le quedan por cumplir cerca de 3.850 días de los 193 años a los que fue condenado. Esperamos que cuando pueda salir a la calle hayan podido cambiar muchas cosas y todas ellas para bien de nuestra democracia.
Coordinador de la Asamblea Político y Social de Izquierda Unida y presidente del Partido Comunista de España (PCE), partido del que ha sido secretario general entre 2009 y 2018. Maestro de profesión, fue concejal en el Ayuntamiento de la localidad malagueña de Benalmádena, provincia donde inició su actividad política y por la que fue elegido diputado al Congreso en 1993, 1996 y 2000. En la X Legislatura (2011-2015) volvió a la Cámara Baja como diputado por Sevilla, ocupando la portavocía del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA-La Izquierda Plural.
