E. S.
La irrupción del coronavirus a comienzos de 2020 trajo consigo bruscas transformaciones no solo en el estado de salud individual de las personas, también en las relaciones, las rutinas, el ocio, el consumo, el trabajo, las cuentas macroeconómicas o la percepción subjetiva sobre las condiciones de habitabilidad. En el informe ‘Juventud en riesgo. Análisis de las consecuencias socioeconómicas de la COVID-19 sobre la población joven en España’ del Consejo de la Juventud de España (CJE) y el Instituto de la Juventud (INJUVE), se aborda el impacto desigual de la crisis económica en la población joven. El análisis incluye sus mayores dificultades para la emancipación y acceso a la vivienda, capítulos que reproducimos a continuación.
En el informe Juventud en riesgo. Análisis de las consecuencias socioeconómicas de la COVID-19 sobre la población joven en España del Consejo de la Juventud de España (CJE) y el Instituto de la Juventud (INJUVE) se abordaba específicamente el impacto desigual de la crisis económica en las condiciones laborales de la población joven, corroborando la hipótesis de que, tal y como ocurre en otros ámbitos, quienes primero sufrieron los efectos de manera más brusca y perniciosa fueron las personas que previamente se encontraban en una posición de mayor vulnerabilidad, muchas de las cuales eran jóvenes.
En la misma dirección apuntaba una investigación reciente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), según la cual “el impacto de la pandemia en los jóvenes es sistemático, profundo y desproporcionado. Éste ha sido particularmente duro para las mujeres jóvenes, los jóvenes de menor edad y los jóvenes que viven en países de ingresos más bajos (…) La ocupación se consideró el principal determinante de la manera en que la crisis ha afectado de manera diferente a las mujeres y los hombres jóvenes, y las mujeres jóvenes indicaron mayores pérdidas de productividad en comparación con sus homólogos masculinos”.
El periodo de referencia de este Observatorio de Emancipación de Consejo de la Juventud de España es el primer semestre de 2020, incluyendo así lo ocurrido durante el período de vigencia del primer estado de alarma en España, del 14 de marzo hasta el 21 de junio de 2020. Teniendo en cuenta que los efectos de la crisis económica que ha acarreado el Covid han sido de una envergadura descomunal, cabe prever que vayan a alargarse más allá del mero estado de alarma, del mismo modo que las restricciones sociosanitarias han evolucionado, sin desaparecer, durante todo el 2020.
La emancipación, un reto
Hasta 2019 se venía señalando que la emancipación residencial de la población joven en España, es decir, la proporción de personas jóvenes que están ocupando una vivienda distinta a la de sus respectivos hogares de origen, estaba retrocediendo progresiva pero suavemente. Asimismo, se advertía que, al ser un proceso social multifactorial, era poco susceptible de experimentar oscilaciones súbitas, cualquiera que fuese la tendencia.
La crisis del Covid se ha encargado de romper con este apriorismo. En los seis meses que separan el cuarto trimestre de 2019 y el segundo trimestre de 2020, la tasa emancipación residencial de la población joven en España se redujo 1,3 puntos porcentuales, pasando del 18,7% al 17,3%.
Entre el cuarto trimestre de 2019 y el segundo trimestre de 2020, la tasa emancipación joven se redujo 1,3 puntos porcentuales
Habría que retroceder hasta el tercer trimestre de 1988, más de tres décadas atrás, para encontrar una disminución de mayor calibre. Con la información disponible a cierre de este informe, no era posible discernir si esta caída se produjo por una pausa en las perspectivas inmediatas que tenían las personas jóvenes de encontrar una vivienda propia en 2020 o por un retorno al hogar familiar de personas jóvenes que en 2019 estaban viviendo por su cuenta.
Una particularidad de esta drástica disminución semestral de la emancipación residencial ha sido que, a diferencia de lo que había sucedido en 2019, fundamentalmente ha afectado a las personas de entre 16 y 29 años. Entre las personas de 30 a 34 años ha permanecido muy estable, aun cuando un año atrás había experimentado una reducción más acelerada. En el segundo trimestre de 2020, menos de siete de cada diez personas de entre 30 y 34 años en España, el 68,9%, estaban residiendo en una vivienda independiente. A finales de 2009, en el momento más álgido de los últimos años, llegó a superar el 75%.
Menos mujeres y castellano manchegos
Las mujeres jóvenes vieron como sus probabilidades de abandonar el hogar familiar empeoraban en mayor medida que las de los hombres jóvenes en el primer semestre de 2020, puesto que su tasa de emancipación residencial descendió 1,5 puntos porcentuales en comparación con el cuarto trimestre de 2019, frente a los 1,2 puntos de los hombres jóvenes. Sin embargo, el contraste de la tasa de emancipación residencial entre mujeres y hombres siguió siendo notable (20,8% para las mujeres y 14,0% para los hombres), así como la desproporción en el peso relativo de los hogares unipersonales: mientras que en el segundo trimestre de 2020 tan solo el 12,9% de las mujeres jóvenes emancipadas vivía sola, prácticamente uno de cada cuatro hombres jóvenes lo había conseguido (24,8%).
La emancipación residencial de la población joven retrocedió en el primer semestre de 2020 en prácticamente todas las Comunidades Autónomas. Las únicas excepciones fueron Canarias (debido a un aumento reciente de la inmigración), La Rioja (cuyas cifras están sujetas a un elevado error muestral) e Islas Baleares (donde se mantuvieron en cifras muy similares a las de finales de 2019).
En todas las demás las reducciones no fueron homogéneas. En Galicia (-0,9 puntos porcentuales), la Comunidad de Madrid (-1,2 puntos porcentuales), la Región de Murcia (-1,0 puntos porcentuales) y Navarra (-0,8 puntos porcentuales) la disminución fue inferior a la del conjunto de España.
En el extremo opuesto, con caídas que superaron los dos puntos porcentuales, se encontraron Asturias (-2,1 puntos porcentuales), Euskadi (-3 puntos porcentuales) y Extremadura (-2,5 puntos porcentuales). Curiosamente, estas tres últimas comunidades registraban a finales de 2019 unas tasas de emancipación superiores a la media estatal; en el primer semestre de 2020 ya se han situado por debajo, aunque sin igualar los mínimos que seguían registrando Andalucía, Cantabria, Castilla y León y Castilla-La Mancha.
Vivienda estancada
Si el mercado de trabajo sufrió durante el 2020 muchas alteraciones de calado, el mercado de la vivienda se mantuvo bastante estable. El volumen de viviendas en oferta aumentó durante los meses de confinamiento debido a la paralización del mercado inmobiliario, pero las variaciones en los precios no pueden considerarse especialmente relevantes (en comparación con el mismo período de 2019, los precios medios de venta en España disminuyeron un 1,67% y los de alquiler subieron un 2,73%, aunque ralentizaron su alza en comparación con otros años). Así pues, si el mercado de la vivienda no se ha vuelto más accesible pero la capacidad de acceso de la población joven ha empeorado, la posibilidad de acceder a una vivienda libre durante el primer semestre de 2020 continuó fuera del alcance de la mayoría de las personas jóvenes.
En el caso de la compra de una vivienda libre, las dificultades no radicaron tanto en las condiciones específicas de financiación (el tipo de interés efectivo de los nuevos préstamos hipotecarios se situó en el 1,75% en el segundo trimestre de 2020, el valor más bajo en tres décadas), como en los requisitos que se exigían para obtener un préstamo hipotecario, que podrían resumirse en volumen de ahorro previo y solvencia económica a medio y largo plazo.
La posibilidad de acceder a una vivienda libre durante el primer semestre de 2020 continuó fuera del alcance de la mayoría de las personas jóvenes
Junto con la necesidad de contar con un ingente ahorro previo para cubrir los gastos de la operación de compraventa y el importe del precio de la vivienda que no cubre la financiación (que ascendía en 2020 a 3,9 veces el salario completo que percibe una persona joven en todo un año), las entidades financieras suelen vincular la suscripción de una hipoteca a la contratación de productos adicionales que aseguren la fidelización de los clientes y al aporte de unas garantías de estabilidad de los ingresos, poco justificables si, por ejemplo, se cuenta con un trabajo temporal de corta duración o una vida laboral incipiente.
La mayoría de las personas jóvenes tampoco cumple con otro de los criterios determinantes que intervienen en la aprobación de una solicitud de un préstamo hipotecario asociado a la compra de una vivienda libre, según el cual no debería destinarse más del 30% de la renta neta disponible al pago de la primera mensualidad de la cuota hipotecaria. En el segundo trimestre de 2020, aun alcanzándose el mínimo desde mediados del año 2000, una persona joven asalariada en España tendría que haber reservado el 56,4% de su salario neto individual solamente para hacer frente al importe de la hipoteca. En este cálculo están excluidas las personas jóvenes que no trabajan (más de la mitad, el 66,5%) y, por ende, no cuentan con una fuente regular y autónoma de ingresos.
El alquiler no es la panacea
El alquiler se erige, entonces, como la principal alternativa ante la imposibilidad de adquirir una vivienda libre. De hecho, el 58,8% de las personas jóvenes emancipadas en España en 2019 vivía de alquiler. Pero no es que constituya precisamente una vía más económica, sino todo lo contrario: hacer frente a los 904 euros al mes que, de media, se pedían por una vivienda libre en oferta en España en el segundo trimestre de 2020, equivaldría al 92,9% del salario neto de una persona joven para el mismo período.
La ventaja del alquiler es que, sin entrar en consideración sobre las características de las viviendas en cuanto a localización, estado de conservación, dimensiones o accesibilidad física, no conlleva ni un compromiso económico tan dilatado ni un ahorro previo tan abultado (aunque nada despreciable, al incluir la fianza, los honorarios de intermediación, el alta de suministros…) como la compra mediante una hipoteca.
Por otra parte, la necesidad de acreditar una sólida capacidad adquisitiva es, cada vez más, una práctica habitual en el proceso de constitución de un contrato de alquiler, que afecta especialmente a ciertos colectivos. En un reciente informe de la asociación Provivienda, se constata que las personas migrantes en búsqueda de una vivienda de alquiler suelen padecer distintas modalidades de discriminación, que van desde el rechazo por cuestiones idiomáticas, raciales o de indumentaria, hasta el tipo de vivienda ofrecida, pasando por la documentación excesiva, la exigencia de mayores garantías o la inclusión de cláusulas abusivas.
La debilidad de las personas jóvenes ante el mercado de la vivienda no se ha limitado en exclusiva al momento de acceso, cuando intentan encontrar una vivienda con la que iniciar un proyecto personal y residencial autónomo. También se ha materializado una vez han logrado establecerse en una vivienda propia, ya que suelen presentar un mayor riesgo de sobrendeudamiento e inestabilidad en los ingresos.
Basta con señalar, por ejemplo, que con la masiva pérdida de puestos de trabajo de 2020 aumentó hasta el 20,7% la proporción de hogares jóvenes en los que no había ninguna persona ocupada, 7,5 puntos porcentuales más que en 2019.
La ausencia de una renta salarial se intensificó en una tipología de hogares que, por lo general, asumía con mayor frecuencia pagos regulares por su vivienda, sea porque era de alquiler o porque mantenía una hipoteca en curso y que, incluso antes de la pandemia, se desmarcaba por soportar un mayor riesgo de sobrendeudamiento. En 2019, un 10% de los hogares jóvenes en España estaba destinando más del 40% de todos sus ingresos al pago de la vivienda.
