El PNV sigue siendo la pieza más sólida de la mayoría de la investidura, a pesar de lo sucedido en la votación del real decreto de la reforma laboral. Sin embargo, los jeltzales no están nada contentos con la escasa atención que Moncloa, a su juicio, les dedica, y su competencia electoral y estratégica con EH Bildu va a poner difícil aprobar las leyes que van a llegar al Congreso las próximas semanas, como la de Vivienda o la Audiovisual. De momento, PSOE y Unidas Podemos cuentan con ellos como ‘tercera pata’ del Gobierno para sacar adelante las reformas pendientes con Bruselas, como la reforma fiscal, mientras se completa la agenda de transferencias pendientes, con el Ingreso Mínimo Vital a la cabeza.
“Espero que el Gobierno salga escaldado” de la votación de la reforma laboral y se convenza de que “no tiene más camino que entenderse con PNV y ERC”. Así se expresaba esta semana, en una entrevista concedida a Onda Vasca, el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, expresando por enésima vez el malestar de los nacionalistas vascos por la poca predisposición del Gobierno, en su opinión, a llegar a acuerdos con ellos. Lo ha expresado muchas veces, desde la tribuna del Congreso, Aitor Esteban, pero Moncloa no termina de satisfacer las expectativas de los nacionalistas. Y eso que el calendario de transferencias acordado avanza.
El entendimiento con el PNV de cara a la votación de la reforma laboral estaba prácticamente cerrado
Desde Moncloa y desde Trabajo se volcaron para conseguir el apoyo del PNV en la votación del real decreto. De ahí que se haya acelerado la transferencia del Ingreso Mínimo Vital, pendiente sólo de cerrar detalles técnicos. Una transferencia que ha seguido a las que se hicieron a final de año, la de prisiones a Euskadi y la de Tráfico a Navarra. Y ya hay otras aprobadas, como la de puertos. Para más adelante queda una de gran calado: el del régimen económico de la Seguridad Social y, por tanto, de las pensiones. Esta es otra de las competencias recogidas por el Estatuto de Gernika y reactivadas en el arranque de la legislatura. Pero esta transferencia no es una más, amenaza con trastocar la caja única de la Seguridad Social y de darle munición a la oposición.
El desarrollo del calendario de traspasos de competencias irá en paralelo al despliegue de una agenda legislativa que se va a topar con muchos escollos y que va a determinar, en los próximos meses, la capacidad del Gobierno de llegar al final de 2023 y agotar la legislatura. Con este objetivo, no hay que perder de vista las palabras de agradecimiento que dedicó al PNV Yolanda Díaz, durante su intervención en el Congreso de la semana pasada. La vicepresidenta segunda lanzó un guiño a los diputados liderados por Aitor Esteban porque “sí han sido serios y sí han discutido de contenidos”. La buena sintonía entre la vicepresidencia segunda y los líderes jeltzales puede ser crucial en los próximos meses, porque puede compensar la frialdad entre Moncloa y Sabin Etxea.
A punto de apoyar la reforma laboral
Acelerado el traspaso a Euskadi del IMV, para más adelante queda otro de mayor calado, el de las pensiones
Según fuentes conocedoras de las negociaciones, el entendimiento con el PNV de cara a la votación de la reforma laboral estaba prácticamente cerrado. Es más, si el PNV no cambió su voto fue porque ERC tampoco lo hizo. Con EH Bildu en el ‘no’, el PNV no quiso regalar su apoyo al Gobierno sin que los republicanos abrieran una brecha en esa unidad de acción que han venido planteando en los últimos tiempos las formaciones lideradas por Oriol Junqueras y por Arnaldo Otegi. Y menos cuando encima de la mesa estaba la demanda de que los convenios autonómicos primaran sobre los estatales y Moncloa se resistía a modificarlo para no enfadar a CEOE -Trabajo había propuesto otras vías para avanzar por este camino, a medio plazo, sin modificar el real decreto-. Sólo ante la posibilidad real de que el PNV cambiara el sentido de su voto -su abstención habría servido para aprobar el real decreto- se explica que los diputados de UPN mintieran y dijeran que votarían que ‘sí’, acatando la orden de la dirección de su partido.
Superado ya el entuerto de la reforma laboral, queda por despejar los trámites parlamentarios de leyes cruciales, como la de Vivienda o la Audiovisual, ante la que el PNV ya ha presentado una enmienda a la totalidad. Los jeltzales arguyen tres problemas ante la ley Audiovisual: invade competencias del Gobierno Vasco, se entromete en la gobernanza de las televisiones autonómicas y “no tiene en suficiente consideración al euskera o a las lenguas oficiales del Estado español”. Este último elemento, el de la protección a las lenguas, tiene mucho recorrido porque era central en el acuerdo con ERC para aprobar los Presupuestos, que comprometía parte de los beneficios de plataformas como Netflix o HBO para el financiamiento de producciones audiovisuales en catalán. Más complicada incluso será la tramitación de la ley de Vivienda, porque con ella el Gobierno está lejos de PNV y ERC, pero tampoco tiene la complicidad de Ciudadanos y PDeCAT. La suma de estas dos formaciones y los nacionalistas vascos es la mayoría con la que sueña Moncloa para sacar adelante reformas como la fiscal, pero con Unidas Podemos elevando la presión en este tema, habrá que ver si es posible tejer ese acuerdo.
La carrera por cerrar acuerdos en Madrid
En las filas socialistas acotan la actitud del PNV, incluida la votación de la reforma laboral, a la competición que mantiene con EH Bildu para defender su posición como la fuerza política vasca capaz de negociar y conseguir cosas en Madrid. Bajo esta interpretación, los dos partidos son vasos comunicantes y las concesiones y atenciones que se le puedan dedicar a uno van en detrimento de las relaciones con el otro.
Fue esclarecedor lo que sucedió durante las negociaciones de los Presupuestos Generales del Estado. A los jeltzales no les gustó nada cómo se cocinaron esas negociaciones y la relevancia que ganó la izquierda abertzale en el proceso. Ante ese malestar, el Gobierno de Pedro Sánchez, dando una de cal y otra de arena, se apresuro a conceder a Andoni Ortuzar y los suyos un pacto para acelerar la llegada de los trenes de alta velocidad al País Vasco. Un acuerdo con el que el ejecutivo vasco se aseguraba gestionar las obras del AVE y el soterramiento de los accesos a Bilbao y Vitoria y al que en Sabin Etxea dieron mucho valor. Tanto, que el acuerdo se presentó en una rueda de prensa en la capital vasca, protagonizada por los portavoces en el Congreso y el Senado, Aitor Esteban y Estefanía Beltrán de Heredia, acompañados por Ortuzar.
El acuerdo presupuestario que había cerrado EH Bildu con el Gobierno incluía una partida de 10 millones de euros para infraestructuras. Otras cuestiones, como que ETB-3 -el canal infantil en euskera de la pública vasca- se emita en toda Navarra no son tan sensibles para el PNV. Pero las infraestructuras y la economía es su terreno, y el acuerdo con la izquierda abertzale hizo daño en Sabin Etxea. Moncloa se dio prisa en cerrar la brecha con un socio fundamental como son los jeltzales, en un ejemplo de que quizá el PNV pueda demandar más mano izquierda en algunas negociaciones, más contactos personales entre sus líderes, pero no quejarse de que el Gobierno no satisfaga la mayor parte de sus demandas.
Tras lo sucedido con la reforma laboral, todas las partes se han apresurado en dejar claro que van a seguir con la mano tendida, que lo sucedido no es una fractura irreversible. Pero está claro que lo sucedido es un antes y un después y que deja recelos y agravios que habrá que ver si es posible superar en lo que queda de legislatura. De momento, en un aviso a navegantes, Aitor Esteban ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez hacer un “esfuerzo especial” de la mano de sus socios de investidura para que la legislatura acabe “correctamente”.
